Europa Press

Madrid es la comunidad autónoma que más empresas ha logrado atraer en los últimos tres años, con un total de 407, mientras que Cataluña es la que más ha perdido, con 279, según el estudio ‘Cambios de domicilio 2016’, publicado por Informa D&B, compañía de CESCE.

El estudio muestra además que el 91% de las sociedades que cambiaron de domicilio en 2016 lo hizo en su misma comunidad. De hecho, de las 44.726 sociedades que se mudaron, tan solo un 9%, 4.142, lo hicieron fuera de su comunidad.

En todo caso, la cifra de empresas que se mueven de autonomía se ha incrementado un 11% desde 2013. Madrid es la comunidad elegida por un mayor número de estas empresas, 1.401, y también lidera las salidas, con 994, aunque tiene un balance positivo de 407, el mejor del total de autonomías. El 22% de las compañías que se traslada a Madrid viene de Cataluña.

En Cataluña se han instalado menos empresas provenientes de otras comunidades, 504, mientras que las que se han ido en 2016 se elevan a 783, por lo que pierde 279 empresas. Este saldo negativo es el más abultado registrado en el conjunto del país el pasado año.

La siguiente con peor comportamiento sería el Navarra, que reduce en 73 el número de sociedades. Las empresas que llegan a Cataluña lo hacen principalmente desde Madrid, un 43%.

La directora de estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, explica que “los cambios de domicilio de las empresas tienen consecuencias económicas y en 2016 Baleares es la que más se beneficia, con un incremento de casi 1.300 millones de euros, superando a Madrid, que es la que tiene un mejor saldo en número de empresas, debido al traslado de la empresa Hotelbeds Product SL desde Canarias”.

Andalucía es la tercera comunidad, tras Madrid y Cataluña, a la que más empresas se trasladaron durante 2016, con 453, y mantuvo un saldo positivo de 132, solo superada por Madrid.

Valencia fue la siguiente, ya que recibió 380, aunque salieron más, 433. En ambos casos, Madrid es la comunidad originaria de la mayoría de las compañías, seguida de Cataluña.

Del conjunto de autonomías, seis tienen un saldo positivo entre entradas y salidas de empresas en 2016. A Madrid y Andalucía se añaden Baleares, con 76, Cantabria, con 9, Murcia, con 8, y La Rioja, con 4. Ceuta permanece igual y el resto pierden empresas.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves el real decreto ley que el Gobierno ha presentado a votación para reformar la estiba portuaria, un documento que tampoco contaba con el apoyo de los representantes de los trabajadores del sector afectado.

El decreto ley ha sido derribado con 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en las filas de Unidos Podemos).

Tras varias semanas de negociaciones fallidas en las que la estiba había convocado paros laborales, los representantes del sector han cancelado las huelgas que iban a tener lugar desde el próximo día 17 y hasta el 24 de marzo.

Pero, ¿cuáles serán los siguientes pasos en este asunto?

El recurso que el TJUE interpuso contra España por el incumplimiento de la sentencia de este mismo tribunal del 11 de diciembre de 2014 que obliga al Reino de España a liberalizar por completo el sector propone, a la espera de que se dicte sentencia, una sanción correctiva a España por la cantidad de 134.107,2 euros por día de retraso en la ejecución de la misma.

Además, la propuesta de la Comisión pasa por que España abone también una multa por la cantidad resultante de multiplicar 27.522 euros diarios por el número de días de persistencia de la infracción hasta que se dicte sentencia de dicho recurso o se acate por completo lo dictaminado en la primera resolución. Solo en este aspecto, hasta principios de febrero de 2016, España acumulaba una multa de 21,5 millones.

Ante los últimos acontecimientos, tanto el ministro de Economía, Luís de Guindos como el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo han asegurado que “no existe un plan B”.

De Guindos ha subrayado que la Comisión Europea dio el visto bueno al decreto ley del Gobierno y defiende que el Ejecutivo ha utilizado “todo el margen disponible” y ha llevado a cabo una negociación “larga” con los estibadores.

Por su parte, el titular de Fomento, Iñigo de la Serna, ha defendido que el Gobierno ha actuado con “responsabilidad” y no ha apuntado cuáles serán los pasos que se darán a partir de ahora para garantizar que el sector de la estiba legalmente encaje con la norma europea y evitar así la sanción.

De la Serna ha hecho un llamamiento a esperar el resultado de la negociación entre la patronal y los sindicatos quienes tienen prevista una reunión para el próximo martes citada a partir de la propuesta de acuerdo que este miércoles presentó el Gobierno.

CONSECUENCIAS EN LOS PUERTOS

Además de las sanciones con las que amenaza Bruselas, el conflicto de la estiba ya se ha dejado sentir en algunos puertos españoles con el desvío de buques a otras infraestructuras portuarias en Europa y el Mediterráneo.

Es el caso de Maerks, naviera danesa, que a inicios de marzo anunció la desviación de sus buques con destino a Algeciras a otros puertos en estas regiones. Los puertos de Tánger y Marsella podrían ser algunas de las opciones más factibles para acoger este tráfico de contenedores.

Hay que recordar que el puerto de Algeciras es la primera infraestructura en España por tráfico de contenedores en tránsito, esto es, se trata de un ‘hub’ de distribución de contenedores para el Mediterráneo, África y América.

La central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia y operada por EDF, ha registrado hacia las 10.00 horas de este jueves una explosión que podría haber dejado heridos, según informa el diario local ‘Oues-France’.

Hasta el lugar se han desplazado ya los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario, no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear.

Los bomberos han indicado que se ha producido una explosión que ha ocasionado un incendio en el corazón de la central, fuera de la zona nuclear de la misma.

El salario anual de las mujeres debería incrementarse un 30% para equipararse al de los hombres o, lo que es lo mismo, ellas deberían trabajar 109 días más al año para cobrar el mismo sueldo que los varones por igual trabajo o por un trabajo de igual valor, según un informe de CC.OO.

De acuerdo con este estudio, la ganancia media anual de las mujeres en el año 2014 fue de 19.744 euros, casi 6.000 euros menos que la de los hombres, de manera que el salario medio masculino (25.727 euros anuales) equivalía en dicho ejercicio al 130% del salario femenino.

El sindicato atribuye el menor salario de las mujeres a factores como el tipo de jornada, la modalidad de contrato, la edad, la ocupación o el nivel de estudios.

La secretaria de Mujer e Igualdad de CC.OO., Ana Herranz, ha denunciado que las mujeres no sólo sufren una ‘brecha salarial’ en el mercado de trabajo, ya que también existe una brecha respecto al tipo de jornada que realizan.

“Las mujeres siguen trabajando mayoritariamente a tiempo parcial, lo que conlleva menor salario y cotización y una mayor desprotección social en situaciones de desempleo y en las pensiones de jubilación”, explica Herranz.

El 27% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, frente al 8% de los varones, que además ganan una media de 338 euros más al año que ellas. Esta diferencia se amplía hasta los 3.276 euros en el caso de empleos a tiempo completo. Además, las mujeres que trabajan a tiempo parcial cobran un 26% menos por hora que las que trabajan a jornada completa.

Según CC.OO., en todas las ocupaciones existe una brecha salarial entre hombres y mujeres sin importar el mayor o menor grado de cualificación. La diferencia retributiva entre ambos sexos es menor en ocupaciones de alta cualificación (directivos) que en las ocupaciones que exigen una cualificación media (administrativos, por ejemplo) y en aquellas para las que no se requiere cualificación.

El informe constata además que el mayor nivel de formación de las trabajadoras no se traduce en un mayor salario medio y que el sueldo va en aumento con la edad y la antigüedad, pero siempre en mayor medida para los hombres.

Para combatir la brecha salarial, CC.OO. reclama que se fomente el empleo de calidad entre las mujeres y se impulse, desde el principio, la contratación indefinida a tiempo completo.

También demanda la inclusión de cláusulas de acción positiva en los convenios colectivos para promocionar a las mujeres y establecer planes de igualdad en las empresas, y políticas de conciliación que ayuden a la mujer a permanecer en el mercado laboral y desarrollarse profesionalmente.

La mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el PP y Ciudadanos, apoyará este jueves en el Congreso la toma en consideración de la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CC.OO. y UGT.

El Pleno de la Cámara Baja previsiblemente votará a favor de la toma en consideración de la iniciativa, para la que los sindicatos recabaron más de 700.000 firmas, gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP y Ciudadanos, con lo que podrá iniciar su tramitación y abrir un periodo de enmiendas. De hecho, el pleno ya aprobó en diciembre una moción del PSOE que reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones.

Los sindicatos se reunieron el lunes con Unidos Podemos y el martes con el PSOE, PNV, Bildu y PDECat, que en todos los casos adelantaron su respaldo a la tramitación de la propuesta, especialmente los socialistas, que defenderán la iniciativa durante el debate de la toma en consideración.

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, asistirán al debate de la iniciativa tras haberla defendido hace dos semanas en la Comisión de Empleo del Congreso y garantizar que la aprobación de la renta mínima es “asumible”.

REQUISITOS Y CUANTÍA

La proposición de ley busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

En concreto, los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.

LAS POSTURAS DE LOS GRUPOS

Desde los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista han apoyado desde el principio la creación de una renta mínima para personas sin ingresos propuesta por los sindicatos. De hecho, este planteamiento ya iba en el programa electoral socialista y el PSOE, que defenderá la iniciativa en el pleno, tiene la intención de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley.

Por su parte, desde Unidos Podemos ya anunciaron que respaldarían la iniciativa, pero presentarán enmiendas. Para la formación ‘morada’ la renta debería alcanzar los 600 euros mensuales, y conforme al Plan de Rentas que presentó en 2015, debería haber una “complementaria” para los trabajadores que tengan sueldos inferiores a los 900 euros, lo que en conjunto afectaría a 7,8 millones de personas y costaría alrededor de 15.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB.

A su vez, el PDECat ha mostrado también su apoyo a la iniciativa aunque ya anunció que presentaría enmiendas parciales relacionadas con la cuantía de la prestación.

De su lado, el PP rechazará la toma en consideración de la ley al ser económica y políticamente “inasumible”, a lo que se suma que, a su juicio, una renta así podría “desincentivar” la búsqueda de empleo.

En esta línea, el grupo parlamentario de Ciudadanos tampoco apoyará la creación de esta prestación de ingresos mínimos porque supone el elevado coste que supone, que considera que no se puede financiar en estos momentos, y pidió “no hacer políticas públicas basadas en ocurrencias”.

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha abogado este martes por elevar la edad de jubilación, ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones y complementar el sistema de reparto con un sistema de capitalización a fin de garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

“El sistema de pensiones es insostenible. Está reventado y hay que buscar fórmulas para darle sostenibilidad. Hay que intensificar las reformas paramétricas (…). Si no lo hacemos así, no es que quiebre el sistema, es que las pensiones serán más bajas”, ha subrayado Vega de Seoane durante un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja.

Además de reformar el sistema de pensiones, el presidente del Círculo de Empresarios ha defendido la necesidad de reformar el actual sistema educativo, “que es mediocre”, para conectar la formación con las necesidades del mercado, actuales y de futuro.

También se ha mostrado partidario de efectuar una revisión “completa” del sistema fiscal, porque, según ha denunciado, “se ha parcheado pensando en la recaudación” sin tener en cuenta los efectos que las reformas realizadas tienen sobre la posición competitiva de España.

Asimismo, el presidente del Círculo de Empresarios ha apostado por acometer cambios regulatorios para facilitar que las empresas puedan ganar tamaño, eliminando las barreras laborales, fiscales y administrativas a las que se enfrentan las empresas de más de 50 trabajadores y seis millones de facturación. “Queremos que esos umbrales suban a 100 trabajadores y 20 millones de facturación”, ha planteado.

“VAMOS A TENER PRESUPUESTOS”.

El presidente del Círculo de Empresarios ha señalado que España necesita aprobar unos Presupuestos Generales del Estado y confía en que el PSOE y PNV, además de Ciudadanos, den su apoyo al Gobierno del PP para sacarlos adelante.

“Si el Gobierno actual no tiene capacidad de aprobar un Presupuesto no sé si no tendría más remedio que convocar nuevas elecciones. Esto sería malísimo para la imagen de España, pero también para el PSOE por la situación que tiene, pero yo creo que sí vamos a tener Presupuestos”, ha apuntado.

Vega de Seoane considera que sería más fácil llegar a un acuerdo con el PNV que con el PSOE, porque los socialistas, ” en cualquier movimiento que hacen siempre están pensando en su deriva interna”, mientras que el PNV está en una posición “de mayor tranquilidad y sosiego”.