Europa Press

ElComité Federal del PSOE votó hoy a favor de que los diputados socialistas se abstengan en la segunda votación de investidura para facilitar que Mariano Rajoy sea elegido presidente del Gobierno. De los 237 miembros del Comité Federal votaron a favor de la propuesta de la abstención 139, mientras que 96 lo hicieron en contra. Otros dos no votaron.

El Euríbor, índice que al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, se ha hundido al -0,074% en tasa diaria y ha perforado un nuevo mínimo histórico tras la reunión de tipos de interés que celebró este jueves el BCE, que ha decidido mantener el precio del dinero en el 0% y ha garantizado que el final de sus compras de bonos será gradual.

El índice, que en septiembre encadenó ocho meses consecutivos en negativo, se encamina a cerrar la tasa mensual de octubre también en mínimos. A falta de seis valores para cerrar el mes, el Euríbor se ha establecido en el -0,068%.

Desde el pasado mes de febrero, el índice se ha hundido en tasas negativas, lo que en un principio llevó al debate público la posibilidad de que los bancos acabaran pagando por conceder hipotecas.

Sin embargo, la caída del índice aún no compensa los diferenciales medios, que rondan el 1%, por lo que los expertos consultados por Europa Press descartan que el capital a devolver se reduzca por los niveles históricamente bajos del Euríbor.

Con estos valores, las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor+1% a las que les toque revisión tendrán una rebaja de unos 128 euros en su cuota anual o, lo que es lo mismo, unos 10 euros y medio al mes.

“A pesar de los esfuerzos del BCE por lograr que el crédito fluya hacia la economía real, si los bancos no encuentran rentable prestar dinero, el escenario macroeconómico puede complicarse”, ha advertido el analista de XTB Carlos Fernández en declaraciones a Europa Press.

El contexto de bajos tipos de interés y su impacto en el Euríbor están presionando los márgenes de los bancos, que afrontan serías dificultades para hacer negocio ante el proceso de desendeudamiento de las familias y empresas.

La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha afirmado este jueves que el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy, si se pone en marcha la nueva legislatura, es hacer compatible el cobro de la totalidad de la pensión de jubilación con un empleo.

Desde mediados de marzo de 2013, se permite compatibilizar el cobro del 50% de la pensión de jubilación con un trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, a quienes hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación y no tengan derecho a pensión completa. Es lo que el Gobierno denomina “pensionista activo”.

Hasta que esta medida entró en vigor, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Ahora el Gobierno del PP se propone elevar del 50% al 100% el importe de la pensión a percibir por quienes decidan seguir trabajando una vez alcancen la edad de jubilación ordinaria.

Durante su intervención en el ciclo ‘Pensar en España’ de El Mundo y Expansión, la ministra ha apuntado que ésta es una medida del envejecimiento activo para que los españoles se sientan con la capacidad de aportar voluntariamente su experiencia a la sociedad a través de un empleo.

Sobre el pago de la paga extra de diciembre de 2017, la ministra en funciones ha apuntado que las pensiones en España se pagan con empleo y que éste es el primer “gran” compromiso del Gobierno de España. En este contexto, ha afirmado que van a seguir creando empleo de “calidad” para hacer que el sistema de pensiones sea sostenible en el medio y largo plazo.

“En 2011 por cada nueva pensión en España se destruían tres empleos, mientras que este año por cada nueva pensión que entra en el sistema se crean siete empleos. Esa es la fortaleza de nuestro modelo de bienestar, un modelo admirado y querido por todos los españoles”, ha añadido.

Báñez ha destacado además que la recaudación actual de ingresos por cotizaciones está creciendo al 4%, un ritmo superior al de la afiliación a la Seguridad Social.

LA HUCHA, UN INSTRUMENTO DE USO TEMPORAL

Por otro lado, Báñez ha recordado que el Fondo de Reserva de las pensiones es un instrumento de uso temporal, “no un fin en sí mismo” y ha subrayado que las pensiones en España se van a seguir pagando con empleo y con la cotización del empleo de los españoles.

“Hay una comisión que se ocupa de la inversión de los activos del Fondo de Reserva de las pensiones en el mercado para conseguir la mayor rentabilidad”, ha apuntado.

“Las pensiones forman parte de la vida de los españoles y es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, a pesar de las dudas que existen sobre el modelo de pensiones en España”, según ha afirmado la titular de Empleo y Seguridad Social en funciones.

Para la ministra, en España, después de iniciar una recuperación y superar una crisis, se pagan más pensiones que nunca y el importe también es mayor, ya que la media de éstas supera los 1.000 euros al mes.

Asimismo, ha recordado que el sistema de pensiones también es “más justo que nunca”, ya que por primera vez las mujeres que han trabajado y han aportado más de dos hijos a la sociedad pueden tener hasta un 15% más de complemento en la pensión cuando se jubilan.

En lo que respecta al Pacto de Toledo, la ministra en funciones ha señalado que se han iniciado los trabajos de la Comisión.

La ministra considera que para que haya confianza en el sistema son “básicas” la transparencia sobre el modelo de pensiones y el fortalecimiento del envejecimiento activo en España.

El Gobierno en funciones se ha comprometido con Bruselas a prorrogar el Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017.

Así figura en el plan presupuestario para 2017 que el Ejecutivo en funciones ha remitido este sábado por la tarde a Bruselas, que supone una prórroga de los Presupuestos de 2016 e incluyen las previsiones de ingresos y gastos, y el conocido como informe de acción efectiva, que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año (4,6%) y registrar un déficit del 3,6% en 2017, cinco décimas por encima de lo comprometido con la Comisión Europea.

En concreto, el Gobierno en funciones propone para cumplir el objetivo de déficit la no-bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no sea así.

También plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles, se regulan a su vez año a año y por periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las variaciones en el IBI son competencia del ayuntamiento, si bien el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación en 24 millones de euros.

Junto a estas dos medidas, el Gobierno informa a la Comisión del adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se eleva al 25% para las entidades de crédito.

El Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6% este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.

No obstante, como resultado de las proyecciones de ingresos y gastos realizadas en un escenario “sin cambio de políticas públicas” por la situación de interinidad del Ejecutivo, el déficit estimado para 2017 por el Gobierno es del 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del objetivo del 3,1% fijado en el marco del procedimiento por déficit excesivo. De esta forma, el próximo Gobierno tendrá que aprobar medidas de ajuste por importe de 5.000 millones para cuadrar las cifras de déficit del año que viene.

DÉFICIT RÉCORD EN LA SEGURIDAD SOCIAL ESTE AÑO

En detalle, el escenario que estima el Gobierno es de un déficit del 4,6% para este año, distribuido entre el Estado (2,6%), las administraciones territoriales (0,3%) y la Seguridad Social, cuyo desajuste entre ingresos y gastos alcanzaría el 1,7%, lo que supone seis décimas de lo previsto anteriormente y un déficit récord de entorno a 18.000 millones de euros.

Para el año que viene, sin embargo, la previsión es que el déficit de la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el 1,4%, lo que junto a la bajada del déficit en el Estado (2,1%) y las administraciones territoriales (0,1%) situaría el déficit de España en el 3,6%, a falta del ajuste de 5.000 millones a realizar por el próximo Gobierno para alcanzar el umbral del 3,1% comprometido.

LAS COTIZACIONES CRECERÁN UN 2,9% EN 2017

Las previsiones son de un crecimiento interanual de las cotizaciones sociales del 2,9% y del 2,5% en 2016 y 2017, respectivamente. Además, de acuerdo con la recuperación del mercado laboral prevista para el próximo año y la evolución de los beneficiarios, se estima que el gasto en prestaciones por desempleo se reducirá en torno a un 7% en 2017.

En 2016 y 2017 se estima una creación neta acumulada de 900.000 empleos y una reducción del paro de un millón de personas, situándose el número de ocupados en 19 millones y la tasa de paro por debajo del 17% de la población activa, a finales de 2017.

En este sentido, las cotizaciones seguirán una tendencia creciente, con un crecimiento cercano al 3% en 2016 y del 2,5% en 2017, impulsadas por la recuperación del mercado de trabajo y la estabilización de la remuneración de asalariados.

Con todas estas variables, el Gobierno calcula que la ratio de ingresos alcanzará el 37,8% del PIB en 2016, proyectándose para 2017 un importe equivalente al 37,7%, mientras que por el lado del gasto, la ratio se reduce hasta el 42,4% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 2017.

Así, la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,3% el año que viene, tal y como se recogía ya en la previsión del cuadro macroeconómico realizada por el Gobierno el pasado julio.