Europa Press

El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, ha asegurado que “no existe un Fondo de Reserva lo suficientemente grande para garantizar las pensiones si no hay crecimiento económico y creación de empleo”.

Guindos, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha subrayado que las pensiones están garantizadas, no sólo por las cotizaciones a la Seguridad Social, sino también por el resto de ingresos tributarios.

El ministro ha reconocido que le preocupa el déficit de la Seguridad Social en la medida en que las cotizaciones no llegan para pagar las pensiones, pero ha insistido en que las pensiones están garantizadas y se ha mostrado abierto a explorar nuevas formas de financiación, por ejemplo para las pensiones no contributivas.

“Es una posibilidad. Ahí existe un cierto consenso político y es bastante razonable”, ha apuntado Guindos, que cree que las medidas a tomar en la Seguridad Social y la reforma de la financiación autonómica podrían ser temas que acercaran al PP y al PSOE para formar Gobierno, no así la reforma laboral, que el ministro se opone a derogar.

“La derogación de la reforma laboral no puede ser un punto de partida (para las negociaciones dirigidas a formar Gobierno) porque está funcionando. Otra cuestión es que se pueda completar y tomar medidas adicionales para favorecer la contratación indefinida frente a la temporal”, ha señalado el ministro, que ha recordado que Bruselas valora de forma muy positiva esta reforma.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto este viernes de 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones contributivas.

Con esta disposición, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanza a 1 de julio un importe de 25.176 millones de euros (precio de adquisición), que supone un 2,33% del Producto Interior Bruto (PIB), según ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por su parte, los rendimientos generados en lo que va de año alcanzan los 1.395 millones de euros. Desde su creación y hasta este viernes, el Fondo de Reserva ha generado rendimientos netos por valor de 27.490 millones de euros.

Empleo ha explicado que en los meses de julio se produce una necesidad adicional de financiación para hacer frente al abono de dos mensualidades de pensiones (paga ordinaria y extraordinaria).

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afirma que un plan “eficaz y realista” contra el fraude fiscal podría aumentar la recaudación en unos 40.000 millones de euros anuales, según las propuestas realizadas por el sindicato de cara a las elecciones generales del 26 de junio.

De acuerdo con Gestha, el fraude y la evasión fiscal tienen un “alto coste” para la sociedad en su conjunto, pues no sólo suponen un “agujero” en la recaudación de las arcas públicas, sino también en el bolsillo de los contribuyentes, ya que pagan cada año 2.000 euros más de media en impuestos.

Los Técnicos de Hacienda indican que el fraude y la evasión, unidos a la crisis económica, han lastrado la recaudación fiscal desde 2008 en un total de 253.559 millones de euros acumulados en ese periodo. Este desplome, añade, se ha notado especialmente en el Impuesto de Sociedades, que entre 2007 y 2014 bajó un 58,2% (173.370 millones acumulados en ese período) ante la caída de la actividad económica y las técnicas de “ingeniería fiscal” que usan las grandes multinacionales, que actualmente tributan a un tipo medio efectivo de alrededor del 6%, cuando el resto de empresas lo hace al 15%.

Según Gestha, esta pérdida recaudatoria se produce, además, en un contexto en el que la presión fiscal en España sigue estando por debajo de la media europea y de las principales potencias económicas vecinas. Según los últimos datos facilitados por la oficina estadística comunitaria Eurostat, relativos al año 2014, en España la presión fiscal es del 34,4% del PIB, frente al 40% de la media de la UE y siete puntos por debajo de la correspondiente a la zona euro, que asciende al 41,5% del PIB, y más de 10 puntos por debajo de países como Francia (47,9% del PIB).

Gestha explica que si la presión fiscal se ajustara a los estándares medios de la UE, España recaudaría al año alrededor de 60.000 millones de euros, una cantidad que mejoraría la situación de las arcas públicas, permitiendo además recortar el agujero del déficit público, que ha superado los objetivos marcados por Bruselas en 10.000 millones de euros en 2015.

En este escenario, los Técnicos reclaman al nuevo gobierno que salga de las urnas que ponga en marcha un plan “integral, eficaz y realista” contra el fraude y la evasión fiscal que permita reducir la elevada e histórica bolsa de economía sumergida que sufre España, que asciende al 24,6% del PIB, o lo que es lo mismo, a 253.000 millones de euros.

UN NUEVO PLAN.

Las medidas que propone Gestha permitirán recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año gracias, entre otras iniciativas, a una mayor coordinación y colaboración entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal o a la creación de una base de datos única accesible para los efectivos de todas estas administraciones.

Asimismo, el colectivo considera imprescindible que las entidades españolas que operan en paraísos fiscales a través de filiales faciliten información a la Agencia Tributaria sobre los titulares de cuentas y productos en estas entidades.

Además, Gestha considera “primordial” que se destinen más efectivos a la lucha contra el fraude, ya que actualmente la Agencia Tributaria solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de contribuyentes (860) o los 729 de Alemania. En concreto, el colectivo calcula que España necesita 26.718 nuevos funcionarios para combatir el fraude con plenas garantías.

Por último, exige la creación de un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda para que los 8.500 técnicos actuales cuenten con mayores competencias para investigar los casos de fraude más sofisticado, lo que mejoraría la eficacia a la hora de prevenir y reducir estas prácticas, sobre todo de los grandes patrimonios, multinacionales y corporaciones empresariales, que son los responsables del 72% del fraude fiscal en España.

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, ha sugerido que el crecimiento económico de España se reduciría prácticamente a la mitad en 2017 si tras las elecciones de este domingo 26 de junio alcanzara la Moncloa un gobierno de Unidos Podemos. Concretamente, el PIB podría pasar de crecer un 3%, con una creación de alrededor de medio millón de empleos, al 1,7% entre 2016 y 2017.

Así lo ha indicado durante la presentación del informe de coyuntura económica ‘España en la encrucijada: la disciplina fiscal es innegociable’, en el que Feito no ha escatimado en avisos al considerar que este escenario político supone un “cóctel explosivo” a nivel fiscal, que contribuirá a “llevar al país al desastre” y a generar “daño y destrucción”.

En primer lugar, el ‘Think Tank’ de CEOE prevé que el avance del PIB ronde el 3% en 2016, “significativamente por encima de lo que los analistas habían previsto en los últimos tres o cuatro meses”. “España no va a resentirse de las turbulencias ni de la incertidumbre asociada al ‘Brexit'”, ha afirmado Feito, para añadir que, en este contexto, la tasa de paro bajará “significativamente” del 20% al final del ejercicio, con un monto de parados bastante por debajo de los cuatro millones.

Ahora bien, el presidente del IEE ha señalado que de cara 2017 se presenta una amplia brecha entre el crecimiento máximo que podría producirse y el mínimo. De entrada, la esperada subida de tipos o del precio del petróleo y otras materias primas llevaría a la economía española a moderar su crecimiento hasta el 2,5%. En este punto, ha asegurado que el desafío independentista en Cataluña no tendrá ningún impacto.

No obstante, ha indicado que unas políticas adecuadas, enfocadas a seguir ganando competitividad, podrían permitir crecer aún en el entorno del 3%. Por el contrario, el crecimiento podría sufrir una caída “estrepitosa” si se adoptan medidas “dañinas” como las que, según ha dicho, aparecen en algunos programas políticos.

“Si un gobierno adoptara medidas dañinas para el crecimiento económico afectaría a los pronósticos de crecimiento”, ha dicho, para añadir que “no se debe descartar debido a los sondeos”, en relación a las encuestas que sitúan a Unidos Podemos como segunda fuerza política.

UN HORIZONTE DE “DAÑO Y DESTRUCCIÓN”.

Preguntado por mayores concreciones al respecto, Feito ha dicho que “cualquier Gobierno de PP, PSOE y Ciudadanos tendría mayorías abrumadoras a juzgar por sus propuestas”, y que “PP y PSOE todavía podrían tener mayorías suficientes si se pusieran de acuerdo en cuestiones razonables”.

En este punto, ha indicado que “hay muchas posibilidades dentro de ese orden de partidos que respetan reglas básicas de la economía de mercado y no aspiran a derrumbar el capitalismo”, lejos de “las momias ideológicas que han resucitado de sus ataúdes”.

“No va a haber opción porque se puede engañar a los votantes, pero no a los mercados”, ha remachado, para añadir que “podría resultar que el programa más radical de la izquierda fuera lo mejor”, porque al ser “irrealizable” derivaría en un caso como el de Grecia, en el que Syriza ha claudicado y ha acabado poniendo en marcha políticas de consolidación y reequilibrio “más radicales que las del PP”.

No obstante, Feito también ha dicho que “hay partidos que no tiene programas tan agresivos, pero que luego se podrían quitar el disfraz y resultar el lobo en lugar de la abuelita”. En referencia al PSOE, el presidente del IEE ha dicho que “no solo en el programa de Podemos hay cosas que, aunque se hayan matizado, preocupan”, aunque ha insistido en que los socialistas han mostrado hasta ahora “más pragmatismo”.

En cualquier caso, Feito ha sugerido que si el ideario de Unidos Podemos pudiera “contaminar” un Gobierno, “llevaría al país al desastre”.

BAJAR COTIZACIONES.

En otro orden de cosas, Feito se ha centrado en lo que, a juicio del IEE, habría que hacer para preservar el crecimiento y la competitividad. En concreto, en lugar de derogar la reforma laboral, como planean PSOE y Unidos Podemos, clarificar la norma para evitar la judicialización de los despidos colectivos.

En materia de salarios, el presidente del IEE ha señalado que “lo ideal sería que no bajaran”, aunque se produzca un aumento de los precios del petróleo y las materias primas que amenace la competitividad de las empresas.

En su lugar, ha apostado por rebajar cotizaciones para acelerar el proceso de creación de empleo. A su juicio, la dinámica de ingresos de la Seguridad Social no se vería alterada en el largo plazo si la merma de recursos se viera compensada por una mayor creación de empleo, generada a su vez por un aumento de la “flexibilidad” en el mercado laboral y una profundización en la reforma de las pensiones. “No tendrían por qué caer los ingresos”, ha añadido.

Ahora bien, si no se llevaran a cabo dichas medidas o si fueran insuficientes, Feito ha señalado que los menores ingresos por cotizaciones se podrían compensar por la vía de los impuestos indirectos.

LOS DESEQUILIBRIOS PENDIENTES.

Sea como fuere, desde el IEE se señala que hay desequilibrios que costará reconducir, como el caso del déficit público, que espera que se sitúe en el 4% del PIB este año, cuatro décimas más de lo que espera el Gobierno y tres por encima del margen que ha planteado Bruselas.

Además, Feito ha avisado de la necesidad de seguir reduciendo la deuda pública y ha alertado de que costará entre tres y cuatro años recuperar los niveles de empleo previos a la crisis.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha indicado este lunes que si gobierna Podemos, aunque sea en coalición con otros partidos, el impacto negativo sobre el PIB y sobre el empleo sería “muy rápido y muy intenso”.

“Un Gobierno de Podemos sería muy malo desde el punto de vista de la percepción de los mercados, habría un aumento muy rápido de la prima de riesgo y una caída fuerte de la Bolsa, y se deterioraría la confianza de una forma muy intensa y profunda”, advirtió el ministro, que participó este lunes en ‘El Ágora’ de ‘El Economista’.

En este sentido, apostó por la “gran coalición”, un gobierno entre el PP y el PSOE, dado que un Ejecutivo en minoría del PP tampoco lo considera la mejor opción con un Parlamento tan fragmentado. “A este Gobierno se podría sumar Ciudadanos”, indicó.

La deuda del conjunto de las administraciones públicas bajó en abril en 16.333 millones de euros y se situó en 1,078 billones de euros, lo que supone el 99,03% del PIB, frente al porcentaje cercano al 101% que alcanzó en marzo, según los últimos datos del Banco de España.

Este ratio de deuda está calculado partiendo del dato de PIB nominal de los últimos cuatro trimestres (entre el segundo trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016) y se encuentra por debajo del objetivo de deuda del Gobierno para todo el año, situado en el 99,14% del PIB, de acuerdo con el último Programa de Estabilidad.

Fuentes del Ministerio de Economía han señalado a Europa Press que se cumplirá este objetivo pese a las oscilaciones que se puedan producir a lo largo del año por el diferente calendario de amortizaciones y emisiones.

El Tesoro ha emitido hasta la fecha el 56,1% de la previsión de deuda a medio y largo plazo para el conjunto del ejercicio (120.300 millones de euros), con un coste de emisión a 31 de mayo del 0,87%, en niveles históricamente bajos.