Manuel González

China es un gran país, sin duda alguna, de hecho, es tan grande como toda Europa prácticamente, lo que significa que, a pesar de que para nosotros todos los chinos sean iguales, las diferencias en ese gran país son tan grandes como entre los distintos países que componen la Unión Europea.

Así, sin ir más lejos, mientras en la ciudad de Langfang, al norte del país, han prohibido la celebración de la Navidad y todas sus expresiones, otra ciudad china, Yiwu, se vuelve a coronar como la ciudad de la Navidad por excelencia.

En Lanfang, una mediana ciudad china del tamaño de Madrid, funcionarios comunistas han ordenado que se retiren todas las decoraciones navideñas de las calles y casas, advirtiendo a las tiendas que no vendan objetos que recuerden la Navidad. Además, advirtieron que si sorprenden a alguien vendiendo árboles, coronas o figuras de Papá Noel serán castigados. La Navidad es un momento para manifestar la fe con los seres queridos, “no sólo se trata de comprar regalos”, refieren las autoridades chinas para justificar tales medidas.

Sin embargo, en Yiwu, como todos los años, la Navidad se celebra todos los días como la gran fiesta del capitalismo. Bautizado como “El pueblo de Navidad de China”, Yiwu es el hogar de 600 fábricas que colectivamente llevan a cabo más del 60% de toda la decoración y accesorios de Navidad del mundo; desde brillantes árboles de fibra óptica hasta los clásicos sombreros de Santa. Los “duendes” que trabajan en estas fábricas son trabajadores migrantes, que trabajan 12 horas al día por un máximo de entre 315 y 450 dólares mensuales, y resulta que muchos de ellos ni siquiera tienen muy claro lo que es la Navidad.

El mercado mayorista de Yiwu tiene unas dimensiones difíciles de imaginar para los estándares occidentales: tiene nada menos que 62.000 puntos de venta y recibe la increíble cifra de 40.000 visitantes por día, 5.000 de los cuales son compradores extranjeros. Tanto es así que el complejo fue declarado por la ONU como el “mayor mercado mayorista de pequeña producción mercantil en el mundo”.

El mercado no es tanto un centro comercial, sino más bien una gran feria interminable, diseñada para contentar a los intermediarios más importantes: compradores minoristas, que acuden desde China y el resto del mundo para negociar envíos de contenedores llenos de productos baratos.

Los pasillos están repletos de tiendas que venden todo lo relacionado con la Navidad: árboles, papa noeles y renos de plástico, guirnaldas y luces parpadeantes de todos los colores. Cualquier cosa relacionada con la festividad más importante de Occidente está en este mercado de Oriente.

La industria de la Navidad mueve 5.600 millones de dólares al año en China, pese a ser un país donde esta festividad apenas se celebra. Y solo en la ciudad de Yiwu se fabrica el 70 % de todos los productos navideños que exporta China.

Estados Unidos compra el 90 % de sus luces de Navidad a China. El año pasado se importaron luces por un valor de 419 millones de dólares y otros artículos navideños por valor de 2.300 millones. Y pese a los nuevos aranceles, que gravan con un 25% productos como el papel de regalo o las luces de navidad, nada hace prever que esta cifra disminuya, entre otras cosas porque, a pesar de estos aranceles, los productores chinos siguen teniendo la mayor variedad de productos al mejor precio. Es más, los productores no han notado disminución de las ventas debido a esta circunstancia, siendo las grandes plataformas de venta por internet las que más daño les están haciendo.

El año pasado, la ciudad exportó unos 1.920 millones de yuanes (278,02 millones de dólares) en productos navideños entre enero y octubre, un 23,9% más que el año anterior, según datos del gobierno. Los datos de este año aún no fueron publicados, pero la evidencia anecdótica es sombría después de que la pandemia global casi detuvo los viajes de negocios internacionales cuando muchos países prohibieron la entrada de extranjeros. Los días de gloria del mercado parecen haber quedado en el pasado: ahora está perdiendo ante los gigantes de internet como Alibaba y Made in China que, aunque se nutren en gran medida de estos mismos productores, los márgenes de negocio están mucho más ajustados, lo que se traduce en pérdidas, si se compara con utilizar los canales de venta tradicionales. Además, en Alibaba, por ejemplo, se pueden solicitar 1,4 millones de diferentes decoraciones de Navidad para que lleguen a la puerta de tu casa con un solo click. En comparación, el mercado de Yiwu, posee apenas 400 mil productos.

Esta enorme galería comercial se llena de visitantes durante el verano para realizar grandes pedidos para la temporada de Navidad. Este año ha sido una auténtica debacle, ya que las restricciones de los viajes debido a la pandemia del coronavirus han frenado en seco la llegada de extranjeros, convirtiendo la ciudad en un enorme mercado vacío.

Hasta 270 proyectos de investigación hay en el mundo ahora mismo para encontrar una vacuna eficaz contra la Covid-19. Es la gran carrera para hacerse con el jugoso pastel que todos los países del mundo están dispuestos a pagar para acabar con una pandemia que está asfixiando sus economías. Sólo en Europa ya se han presupuestado 2.150 millones de euros para la adquisición de 900 millones de dosis (el doble de toda la población, que es de 446 millones de personas), cerrando el acuerdo ya con Pfizer-BioNTech (para adquirir 300 millones de dosis), con Moderna (160 millones), con AstraZeneca-Universidad de Oxford (400) y con Janssen Pharma-Johnson&Johnson (otros 400), así como con la alianza franco-británica Sanofi-GSK (300 millones de dosis) y con la alemana Curevac (405 millones). Según la proporcionalidad que rige este proceso, a España le tocaría un 10% de estas dosis.

Entre los proyectos más avanzados figuran los que desarrollan la estadounidense Pfizer con la alemana BioNTech, la vacuna rusa “Gam-COVID-Vac” (o “Sputnik V”), la de la británica AstraZeneca con la Universidad de Oxford y la china Sinovac con el Instituto Butantan de Brasil. Sin olvidar a las vacunas chinas de Sinopharm con el Instituto de Wuhan y con el de Pekín, la también china de CanSino Biologics y las estadounidenses de Moderna, de Novavax y de Janssen Pharma-Johnson&Johnson.

A todo esto, no hay que olvidar que desde que empezó la carrera de las farmacéuticas por encontrar una vacuna contra la Covid-19, la mayor parte de las farmacéuticas ha recibido financiación pública para respaldar sus proyectos, que fundamentalmente ha llegado por una doble vía: donaciones directas para investigación y dinero por adelantado a riesgo, garantizando la reserva de un número de dosis si finalmente la vacuna experimental concluye con éxito.

Así, aunque apenas hay ninguna información oficial al respecto, el precio estimado por dosis que va a pagar Bruselas se situaría aproximadamente entre los tres y los 31 euros, según el laboratorio. Como una gran parte de las vacunas se administra a doble dosis, este precio se duplicaría por cada ciudadano inmunizado. La vacuna de Moderna sería la más cara: entre 27 y 31 euros (54 o 62 euros por persona); mientras que la de Oxford/AstraZeneca sería la más barata: aproximadamente tres euros (seis euros, a doble dosis). Otras vacunas, como de la de Pfizer/BioNTech rondarían los 15,5 euros (31 euros por vacunado); la de la farmacéutica alemana Curevac se situaría en unos diez euros (veinte por persona inmunizada) o la de Johnson & Jonhson costaría aproximadamente 8,5 euros, con la ventaja de administrarse en una única dosis.

Sin embargo, hay un detalle en el que poca gente parece fijarse: todos los laboratorios implicados en la carrera por la vacuna está claro que compiten por hacerse con la mayor parte del pastel en estas vacunaciones masivas que, a nivel global, van a producirse, pero la parte más importante del negocio, posiblemente no esté ahí. Esta enfermedad, según todos los estudios hasta ahora, ha venido para quedarse, por lo que se convertirá en una endémica compañera de viaje del ser humano. Es por eso que el negocio importante estará en los años sucesivos, en los que se calcula que moverá alrededor de 10.000 millones de dólares anuales, y sin que las farmacéuticas estén ya en el ojo del huracán mediático ni tengan una supervisión tan estricta de los gobiernos.

Es por tanto una guerra a largo plazo de la que no conocemos casi ningún detalle y en la que, sin duda, se ven involucrados muchos aspectos económicos y políticos de los que poco conocemos.

Así, por ejemplo, poco se sabe por estos lares de las vacunas chinas, salvo que también andan muy avanzadas y que se están centrando más en países emergentes, como Brasil o México. El porqué de esto bien podría ser que los chinos, que nos engañan como a europeos, sabiendo que a largo plazo el mundo es suyo, prefieren apartarse del foco mediático y dejar a occidente con sus cosas, tan preocupado siempre de sí mismo.

Al fin y al cabo, todo indica que China va a cerrar el año con un crecimiento económico positivo y sin haber entrado en recesión técnica. Es decir, a pesar de que el coronavirus golpeó primero a China hundiendo su PIB en el primer trimestre, las férreas políticas de Pekín para controlar al virus y la expansión de la Covid hacia el resto del mundo han propiciado que éste sea el único país con opciones de lograr un crecimiento del PIB tan fuerte como la caída sufrida en el primer trimestre y cerrar la brecha de producción. Por el contrario, regiones como EEUU o la zona euro sufrirán contracciones del PIB de entre el 5 y el 10% este año, demorando el cierre de esta brecha hasta, al menos, 2022.

Si bien es cierto que el virus surgió en China, también es verdad que eso mismo colocó al país dos o tres meses por delante de las recuperaciones en otros lugares. Si a esto le unimos las políticas de contención que el gobierno chino impuso desde el primer día, tenemos que el país ha producido y exportado todo lo que las economías afectadas no podían generar porque se encontraban en el confinamiento. China ha abastecido al mundo en lo peor de la pandemia y eso ha beneficiado a su economía de forma evidente, al menos, en el corto plazo.

Es por esto que, a pesar de que podamos pensar que la carrera por la vacuna va a tener como ganadores a las empresas occidentales, a largo plazo, que es como los chinos suelen planificar, el reparto del pastel de seguro que va a tener acento cantonés.

En 2017, el ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kenneth Rogoff), profesor de políticas públicas en Harvard, publicó un libro llamado “Reduzcamos el papel moneda”, en el que hacía un llamamiento a acabar progresivamente con los billetes para reducir la corrupción, la evasión fiscal, el tráfico de drogas y la economía sumergida apostando, en su lugar, por la tecnología. El planteamiento proponía acabar con “el lado oscuro” del papel moneda hilvanando un plan para hacer desaparecer gradualmente la mayor parte de los billetes durante los próximos 15 años, comenzando por los de mayor valor.

En este sentido, ya en enero del 2019, el Banco Central Europeo dejó de emitir billetes de 500 euros, aunque no haya una fecha para su retirada de la circulación. Se prevé que el billete de 200 euros no tardará demasiado en seguir este camino.

Un caso aparte lo constituyen las monedas de bajo valor de 1 y 2 céntimos de euro. Éstas, al contrario que los billetes grandes, que son atesorados y se acumulan en manos de los grandes evasores de impuestos y de los actores de delitos de toda índole, van pasando de mano en mano, sin que nadie las quiera porque vale más el espacio que ocupan y la molestia de llevarlas, que su valor como medio de intercambio.

El caso es que el efectivo en circulación, sostiene el autor, alimenta la evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo, el tráfico de drogas y de personas y la economía sumergida, en especial el papel moneda de mayor denominación, por lo que su restricción dificultaría estas actividades delictivas.

El que fuera economista jefe del FMI de 2001 a 2003 propone desvincular la economía del papel moneda, un elemento que “puede entorpecer” la política monetaria, debido a que los inversores acumulaban efectivo. En este sentido, el plan de Rogoff pasa por eliminar el dinero físico paso a paso y, para esa transición, aborda cuestiones como la estabilidad de los precios y la necesidad de proporcionar tarjetas de débito subsidiadas a los más desfavorecidos.

Pero no queda ahí la propuesta. El libro detalla cómo la desaparición de los billetes podría beneficiar a las monedas digitales, en un ámbito que en su opinión en el futuro debería estar controlado por los gobiernos y no en manos privadas. Ya que pocos elementos hay más asociados a los Estados y a la soberanía que la emisión de una moneda propia.

Y es en este sentido en el que quizás se muestre un encaje al documento publicado por el Banco Central Europeo “Report on a digital euro”, de octubre de 2020, en el que se habla de un eventual lanzamiento de un euro digital.

Independientemente del libro de Rogoff, lo cierto es que el lanzamiento de la Libra de Facebook (que sin tener el éxito que se preveía ha servido como un serio toque de atención a las autoridades monetarias de todos los países), unido al anuncio de lanzamiento de la moneda digital china, ha servido para que el BCE se lance a anunciar el posible nacimiento del euro digital, como una apuesta para frenar a “los proveedores de pago extranjeros”, así como “al dinero digital extranjero”.

En ese informe se expone que el planteamiento del BCE no es otro que preservar “la independencia estratégica de la UE”, reforzando el papel del euro a la hora de atraer a inversores extranjeros. Esto quiere decir que el nacimiento del euro digital está más ligado a aspectos de carácter político, directamente ligados a la soberanía y a la competencia entre Estados, que a una necesidad real del mercado.

¿Pero en qué consistirá este euro digital? Partiendo de que el euro digital no es una nueva divisa, ni un criptoactivo, ni siquiera dinero bancario, y de que para el consumidor no va a existir diferencia a la hora de realizar sus pagos o cobros, la principal característica de este euro consistirá en la eliminación de intermediarios entre el banco central y el ciudadano.

Cuando realizamos un movimiento con dinero bancario (el que tenemos en nuestras cuentas), hay que tener en cuenta que éste forma parte de la oferta monetaria como dinero creado por los bancos comerciales. El dinero en efectivo, sin embargo, forma parte de la base monetaria: es dinero creado directamente por el banco central. El euro digital será, en este sentido, como el efectivo, creado por el banco central directamente y puesto a disposición del ciudadano. El euro digital pondrá a disposición de todo el mundo un dinero electrónico “público”, permitiendo a la gente abrir una cuenta directamente con el banco central, sin intermediarios. Hoy, solo los bancos privados (y otras contadas instituciones financieras) tienen acceso a ese tipo de dinero electrónico a través de las reservas que guardan en el banco central. Los saldos de nuestras cuentas en esos mismos bancos están mayormente formados por dinero creado por la banca a través del multiplicador monetario.

Aunque se afirme desde todos los estamentos de la Unión Europea que el euro digital no pretende sustituir al efectivo (aunque lo cierto es que, en su implantación, por cada uno digital que se emitiera, se retiraría uno físico), lo cierto es que éste se usa cada vez menos y seguramente será cuestión de tiempo que vaya cayendo en desuso.

No obstante, este proyecto aún se encuentra en ciernes y quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo se accederá a este euro digital? ¿Se les permitiera a los ciudadanos abrir directamente una cuenta digital en el BCE, lo que podría, en la práctica, significar otro golpe más para la banca? ¿Si se diese el caso, se aplicarían a esta cuenta bancaria tipos de interés negativos, como los actuales? ¿Hasta qué punto supondrá una amenaza para el papel intermediador de la banca tradicional?

Si nos remontáramos al comienzo de 2020, el mundo en el que vivimos hoy sería irreconocible. Para proteger la salud pública, la economía mundial entró en situación de estancamiento. Las tiendas cerraron, las fábricas suspendieron su actividad y la libertad de la gente se vio severamente restringida. Ningún país ha podido esquivar las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de la crisis de la COVID-19. Trágicamente, cientos de miles de personas han muerto y millones han sido infectadas. El FMI proyecta que la actividad económica mundial disminuirá en una escala no registrada desde la Gran Depresión. Se trata, sin duda, de una crisis sin precedentes.

Y todo esto a raíz de lo que se nos vendió como “una gripe un poco más fuerte de lo habitual”, opinión que yo también compré durante un tiempo, pero que está llamada a ser la peor pandemia desde la de la gripe española de principios del siglo XX, con el agravante de que, en aquella ocasión, el mundo casi entero acababa de librar una guerra que hizo que los esfuerzos no se pudieran centrar en combatir al nuevo enemigo.

En nuestro país, la guerra contra la expansión de la enfermedad se ha visto salpicada de nuestro más genuino producto nacional: la inoperancia de nuestra clase política que, centrada en sus respectivos réditos electorales, deja de lado la gestión de lo necesario para centrarse en la gestión de lo “importante”.

Y es por esto que, a pesar del asombro que despertamos en medio mundo (del otro medio simplemente no despertamos interés) por haber sido el país que más ha sufrido todos los efectos negativos de esta crisis, llámese primera oleada, consecuencias económicas debidas a un confinamiento radical y segunda oleada, de cuyas consecuencias aún no hemos visto, probablemente ni el principio.

Así no ha de extrañar el artículo del New York Times de hace unos días en el que se hablaba sin tapujos de que el mejor aliado para la expansión de la enfermedad no ha sido otro que la incompetencia de nuestros gobernantes. Y el ejemplo, sin entrar a valorar quien tiene razón, porque ninguno la tiene, es el enfrentamiento entre administraciones públicas en la Comunidad de Madrid en torno a las medidas más oportunas para combatir la propagación del virus. Mientras las organizaciones sanitarias a nivel internacional se sorprenden de que España sea el país con mayor incidencia, tanto en la primera como en la segunda oleada del coronavirus, dentro de nuestras fronteras se libran batallas ante la opinión pública que sólo buscan cómo mejorar las expectativas propias de cara al futuro y cómo destruir las del adversario.

España llegó a tener controlado el virus cuando puso fin al estado de alarma el 21 de junio. El presidente del Gobierno “proclamó que ‘hemos derrotado el virus y controlado la pandemia'” y “después del bloqueo más estricto de Europa, España se apresuró a su liberación”. “El verano hizo el resto: prestando atención al triunfalismo de Sánchez, los españoles volvieron a su feliz convivencia habitual en bares, discotecas y reuniones familiares”. Se organizó una desescalada apresurada que incluyó la reapertura del turismo y devolvió las competencias sanitarias a las regiones autónomas. La responsabilidad pasó de un gobierno que había gestionado la pandemia con torpeza (no debemos olvidar que el país lideró las cifras de mortalidad y trabajadores de salud contagiados) a 17 administraciones que lo han hecho con desidia, sin haber preparado nada, sin haber aprendido nada y sin tomar nota de cómo otros países lo habían hecho, ni escuchar lo que tuvieran que decir expertos (muchos de ellos de nuestro propio país) acerca de las medidas a tomar.

Así, una de las claves principales para frenar la propagación del virus, como es la realización de pruebas PCR a la mayor parte de la población posible que haya podido estar en contacto con el virus, se ha encontrado con tres problemas fundamentales: las pruebas son escasas, llegan tarde y a destiempo; la localización de los sospechosos es ridícula, de tal modo que, hasta un país como Zambia, que no destaca precisamente por su sistema de salud espacialmente organizado, nos supera y, por último, la clase dirigente está más centrada en sus ideologías y partidismos que en una gestión eficiente y honesta, siendo este el problema que origina los otros dos.

La primera oleada de la pandemia se saldó para nuestro país con más de 27.000 muertos (según cifras oficiales), un aumento del paro sin precedentes y un aumento de deuda de 250.000 millones de euros. En este sentido, la previsión del FMI es que al final del 2021 nuestra deuda alcanzará los 1.438 millones de euros. Aunque por suerte, una gran parte de esta factura la asumirá el BCE convirtiéndola en deuda perpetua, lo mismo que está haciendo la Reserva Federal con los quebrantos norteamericanos o el Banco de Inglaterra con la factura de Reino Unido.

Según la propuesta de la Comisión Europea, la fórmula prevista será utilizar 77.000 millones en transferencias, ayudas que no hay que devolver. A eso habrá que añadir 63.000 de créditos sin intereses y a larguísimo plazo. Otros 110.000 tendrá que conseguirse en el mercado contando con el respaldo del aval del banco europeo. Un auténtico plan Marshall para la reconstrucción de Europa.

Lógicamente, las autoridades europeas nos pondrán condiciones para prestarnos esa cantidad de dinero. Los inversores también exigirán una política económica capaz de impulsar el crecimiento y la productividad, que tradicionalmente ha sido muy baja, para garantizar que a medio y largo plazo podamos devolverles lo que les debemos.

Y esto nos lleva de nuevo al otro virus que nos afecta: el de la incompetencia de nuestros políticos. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones endogámicas y herméticamente cerradas al talento exterior. Los españoles solo pueden votar a sus candidatos en bloque, a través de listas cerradas elaboradas por los propios partidos tras un proceso de selección donde la intriga y las relaciones cuentan más que la preparación. La mayoría de nuestros representantes llegan a puestos de responsabilidad sin más experiencia que su militancia política. Solo el 36 por ciento de los diputados del Congreso declaraban haber trabajado alguna vez en la empresa privada en 2018.

Por tanto, urge cambiar la ley electoral para que los votantes escojan a sus representantes en listas abiertas, replantearse una organización territorial que ha provocado una gran descoordinación entre regiones y renovar las instituciones de gobierno para que dejen de ser una agencia de colocación de políticos y militantes afines a los partidos en el poder. Y, sin embargo, nada de ello servirá mientras no se responsabilice a los dirigentes españoles por sus fracasos y que estos tengan consecuencias políticas en las urnas, es decir, mientras sigamos siendo tan torpes y nos sigamos mereciendo a los políticos que nos gobiernan. Lo peor es que para esta enfermedad no se espera vacuna.

En lo que llevamos de año, las denuncias por ocupación ilegal de vivienda ascienden a 7.450, lo que significa un aumento de 357 respecto al año anterior, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Aunque los ocupas siempre han sido un problema en nuestro país, el gran momento de este movimiento ocurrió a raíz de la crisis de la década pasada. Fue entonces cuando ante el creciente número de desahucios de familias golpeadas por la crisis, surgieron movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que dieron cuerpo a la oposición activa a los desalojos y lucharon por una legislación más humana con el desalojado. Sin embargo, como en todo lugar en el que se mueva el dinero, pronto a estos movimientos se unieron otra serie de perfiles que ya no eran de familias que habían perdido trabajo, ahorros y vivienda por culpa de la crisis.

Estos nuevos allegados al movimiento okupa han demostrado ser más una forma distinta de entender el mundo, se han profesionalizado y han hecho de la okupación un modo de vida. Es por esto que no pocos son los dueños legales de viviendas que han vistos las mismas ocupadas sin que pudiesen hacer mucho más que denunciar y enfrentarse a una situación legal que, aun amparándoles como legítimos propietarios, les deja indefensos ante la ocupación durante meses y, a veces, años.

Cuando escribimos en internet la palabra “okupa”, entre las primeras entradas aparece la biblia de este movimiento: el Manual del Okupa. En él se detallan instrucciones sobre cómo proceder para la ocupación de una vivienda (enfocado a una vivienda deshabitada, normalmente propiedad de un banco) y de los pasos a seguir para dificultar el desahucio.

Así, en entre estos pasos, se habla de aspectos tan elaborados como la recopilación de datos del inmueble (en Registros de la Propiedad, el Catastro o en el Ayuntamiento), o la vigilancia (tanto del inmueble, como del dueño de la vivienda), o de cómo dificultar la acción policial con la colocación de cadenas y candados o retrasando la identificación de los implicados, o de cómo dilatar el proceso judicial retrasando declaraciones.

Los okupas de hoy en día conocen al pie de la letra este manual, cuya última edición (la segunda) salió a la luz en mayo del 2017. Allí obtienen todo tipo de información: desde cómo forzar entradas y puertas, romper bombines y llevar a cabo una ocupación exitosa sin que los desalojen aprovechándose de la lentitud de la justicia o de vacíos legales.

Tanto es así, que puede llegarse a la paradoja de okupas que, para estar amparados por esta legalidad, llegan a autodenunciarse, obligando al dueño de la vivienda a seguir la vía legal, favorable al ocupante ilegal de la vivienda. Esta jugada les suele servir para aprovecharse de uno de los aspectos más polémicos de la legislación actual: para demostrar que su ocupación lleva más de 48 horas en marcha. A partir de ese límite de tiempo hará falta una orden judicial para desalojarles, lo cual, y más si hay menores por en medio, puede eternizarse.

Lo curioso del caso es que todo el amparo legal que reciben estos okupas proviene de la Ley 5/2018 de 11 de junio por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupación ilegal de viviendas, que entró en vigor el 2 de julio de 2018, a la cual se le dio en llamar “ley del desahucio exprés”.

Esta ley pretendía proteger a los propietarios que vivan en el domicilio y no a los bancos y entidades financieras; no obstante, también incluye el derecho a recibir atención de los servicios sociales por parte de los okupas, lo que termina siendo una sucesión de burocracia en la que los afectados pueden pasar meses o años.

El caso es que la norma es insuficiente y provoca indefensión para el propietario porque la primera notificación del juzgado suele llegar a los seis meses de inicio del procedimiento. Debido a la carga de trabajo en los tribunales y la falta de medios de los mismos, los procesos se dilatan en el tiempo, lo que provoca que, ante la falta de consecuencias para el intruso, las ocupaciones no hagan sino seguir aumentando.

Pues bien, durante el estado de alarma, el Gobierno ha protegido a las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, imponiendo medidas como la imposibilidad de desahuciar a las personas que se encuentren en estas situaciones económicas críticas. Así, por decreto se ha prohibido el desahucio de las personas que no puedan pagar un alquiler al encontrarse en situación de desempleo a causa de la crisis sanitaria. Del mismo modo, no se podrá desahuciar a los trabajadores que hayan sido incluidos en un ERTE. Tampoco se podrá desahuciar a los empleados que hayan visto reducida su jornada laboral por el cuidado de niños o personas mayores, así como a los que hayan visto afectada su economía durante la crisis sanitaria por otros motivos.

En los casos en los que la persona que se haya visto afectada viva con sus familiares, formando una unidad familiar, tampoco podrá ser desahuciada en caso de cumplir con los requisitos de vulnerabilidad económica establecidos por el Gobierno. Los okupas están incluidos en estas medidas.

En el ámbito civil, más allá del lanzamiento del desahucio, no existen consecuencias para el okupa porque siempre resultan insolventes y no tienen que hacer frente ni a indemnización por daños, ni por el tiempo de ocupación, ni tan siquiera al pago de los suministros de agua, luz y gas consumidos, que durante todo el tiempo de la ocupación deben ser asumidos por el dueño, ya que, de lo contrario, se enfrentaría a un delito de coacciones.