Manuel González

Cuando se habla de inmigración nos imaginamos hordas de hambrientos saltando vallas, o cruzando en mar en embarcaciones poco menos que improvisadas, para inundar nuestras calles de delincuencia y de gente tan desesperada que no les importa cometer cualquier tropelía para subsistir.

Sin embargo, lo cierto es que existen muchos detalles con respecto a este tema que se desconocen por parte de la mayoría de las personas de a pie. Como por ejemplo que, lejos de las espectaculares imágenes de los asaltos a las vallas, o el intenso tráfico de pateras y embarcaciones aún más improvisadas que se da en el estrecho, la mayor parte de la inmigración ilegal entra por los aeropuertos. En ellos, con un permiso de entrada, con el pasaporte en regla, visado, unos cuantos cientos de euros en tarjeta o efectivo y, por supuesto, con la intención de no volver a su país de origen.

Los países de los que más personas llegaron en 2017 fueron Venezuela, Colombia e Italia; el cuarto fue Marruecos, seguido de Honduras, Perú, Brasil, República Dominicana y Argentina. Los inmigrantes son habitualmente gente con un nivel de educación por encima de la media en su país de origen y que vienen a España en busca de trabajo.

De hecho, esta es la segunda suposición errónea: la mayor parte de los inmigrantes suelen ser gente con más nivel cultural y económico que la media de su país de origen, por lo que el nivel de conflictividad social no es tan elevado como se supone: de hecho, la mayor parte de los inmigrantes busca ganarse la vida en medio de un agradable anonimato. No desean llamar la atención por lo que suelen ser muy discretos y buscan una adaptación al sistema que les permita integrarse sin problemas.

Esta integración es la que nos lleva al tercer gran supuesto erróneo. El de que la inmigración supone una carga para el erario público. Según un estudio de la Obra Social de La Caixa, los inmigrantes aportan más a las arcas públicas de lo que reciben. Su trabajo ayuda al sostenimiento del sistema de pensiones y en 2.017 aportaron 5.500 millones de euros en impuestos a las arcas del Estado. Esto, además, se ve corroborado por todos los estudios realizados en países de nuestro entorno.

Pero hay otro gran mito que tampoco es real: el de que sólo los pobres emigran. Según el informe Global Health Migration Review, unos 108.000 millonarios cambiaron su país de residencia en 2.018, lo que supone un aumento del 14% respecto al año anterior. A nuestro país llegaron alrededor de un millar, siendo Australia, Estados Unidos y Canadá los principales receptores. En el caso de Australia, su alto nivel de seguridad, la ausencia de impuestos de sucesiones, el clima y los fuertes vínculos comerciales con China, Japón o Corea del Sur son los motivos por los que 12.000 millonarios se mudaron a este país en 2018, un 3% más que en 2017

Los motivos de estas inmigraciones “vip” son la falta de oportunidades de negocio en sus países de origen y, sobre todo, la delincuencia o las tensiones políticas y religiosas. Aunque, por supuesto, también hay razones fiscales, siendo este el principal motivo de inmigración entre los países desarrollados.

Entre los países que más millonarios ceden al resto del mundo están Rusia y China. La primera perdió alrededor de 7.000 millonarios, posiblemente huyendo de las sanciones económicas derivadas de la anexión de Crimea. En cuanto a China, la salida de grandes fortunas puede deberse al cada vez mayor control del gobierno chino sobre las salidas de capital, lo que ha colocado a muchos de los ciudadanos más ricos del país en la mira de las autoridades de recaudación fiscal. Por su parte, el Reino Unido, también perdió 3.000 grandes fortunas el año pasado debido, sin duda, a la incertidumbre provocada por el “Brexit”.

Venezuela, por su parte sigue con su sangría, aunque, a estas alturas, pocas grandes fortunas quedan ya que no estén vinculadas al régimen de Maduro.

Indudablemente, el que se marchen las personas con elevado patrimonio de un país puede ser una señal de que algo malo está sucediendo o va a suceder, ya que son estas personas las que tienen los medios y la información para escoger el momento adecuado, sin embargo, también es cierto que no es un indicador claro, ya que estas personas son las primeras cuyo nivel de vida ya les permite residir buena parte del año en el lugar que deseen, de modo que, en muchos casos, el cambio de domicilio sólo es un simple trámite burocrático.

Pero hay otro motivo más para que un millonario decida un cambio de domicilio. Desde el 2.017, los bancos y otras instituciones financieras están revelando datos sobre titulares de cuentas extranjeras a la autoridad fiscal correspondiente, de acuerdo con la Norma de Información Común (CRS, de sus siglas en inglés), introducida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2017. Más de 100 países se han sumado a la CRS, sentando un nuevo precedente para el intercambio mundial de datos.

Esto esté provocando que muchas grandes fortunas busquen alternativas para reducir los riesgos asociados con la difusión de información sobre sus cuentas. Mientras tanto, en octubre del año pasado, la OCDE publicó una lista negra de 21 jurisdicciones, entre ellas Malta y Chipre, que dice que están socavando los esfuerzos internacionales para combatir la evasión fiscal.

En radio y televisión, en cualquier momento, casi a cualquier horario y, sobre todo, en todo lo que rodea casi cualquier evento deportivo, sobre todo en el futbol. Las casas de apuestas deportivas han pasado de no existir a serlo todo en apenas unos pocos años. De la mano de las principales empresas de juego del país, y con un sostén de miles de locales físicos en los que el juego, de cualquier tipo, es el rey indiscutible.

Nada más salir de casa, es muy probable encontrarse de frente con una pizarra en la que te muestran que, por una pequeña apuesta de unos pocos euros, en unos resultados que tu sentido común te indica que no son ni mucho menos descabellados, puedes quintuplicar tu beneficio. Si entras, será muy posible que esa tarde ya te haga descubrir una experiencia con posibilidades de cambiar tu vida para siempre.

Suelen ser lugares agradables, con una estudiada penumbra, para destacar lo que importa: las máquinas tragaperras, las ruletas, las pantallas de televisión retransmitiendo eventos deportivos, los puntos de apuestas y la barra, en la que te sirven alcohol o algo de picoteo, a precios más baratos que los de un bar.

Todo vale con tal de que, una vez hayas entrado, no puedas salir fácilmente. El diseño un tanto laberíntico, a cada paso algo que te llama la atención (menos la puerta de salida, que esa, desde dentro es bien discreta, como el cartel de “Juega con responsabilidad”) y unas ventanas inexistentes, todo para que se pierda la noción del tiempo, para que no se sepa si es de noche o de día, porque cuanto más tiempo esté el cliente ante las tentaciones, más fácil será que vaya cayendo en todas ellas.

Para colmo, cada empresa de apuestas tiene una página web y una aplicación móvil. Esas mismas máquinas y ruletas (y otras muchas más), esas mismas apuestas más la posibilidad de jugar al póker online, están disponibles desde el sofá de casa. Todo al alcance de un clic.

Después de pasar un tiempo indeterminado perdido en el local, llega la vuelta a casa, los eurillos de la apuesta inicial que te incitó a entrar se han convertido en unos cuantos más, quizás nada grave, puedes pensar. Pero el gusanillo ha entrado. La tarea de condicionamiento a la que has sido sometido empieza a tener sus frutos desde el momento en que piensas que no es un mal plan para pasar una tarde tonta, no sale tan caro y además puede acompañarte la suerte y sacar un buen pellizco. A partir de ese momento, cada vez que entres te será más difícil dejar de entrar, porque como en todas las adicciones lo malo no es su uso en sí, sino que la dosis cada vez ha de ser más alta para intentar alcanzar el mismo estado de bienestar.

A esto se le llama ludopatía, y a lo que hacen esas empresas de manera evidente y desvergonzada es fomentarla. Está claro que no todo el mundo que entre a una casa de apuestas es o se convertirá en un ludópata, pero todos se verán sometidos a la misma presión ambiental que les empujará a jugar, algunos cederán y otros resistirán. Unos y otros sin apenas ser conscientes de ello.

Y todos, desde los legisladores permisivos o ignorantes de las tretas y argucias psicológicas empleadas, pasando por los clubes deportivos que se prestan a llevar publicidad a cambio de patrocinio, hasta los presentadores de televisión que lo mismo te invitan a una partida de algo que a tener una cita con una persona desconocida (que no deja de ser otra clase de apuesta), son responsables del aumento de la ludopatía que está teniendo lugar en nuestro país, sobre todo en la gente más joven.

Por poner un ejemplo, sólo en Madrid, en cinco años, el número de personas que han decidido inscribirse voluntariamente en el llamado registro de prohibidos, para que no se les permita la entrada a estos locales se ha multiplicado por cuatro. De 4.227 que había en 2.013 pasó a 17.735 a finales de 2.017.

Según la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Hacienda, el perfil medio del jugador es claro: hombre de entre 18 y 43 años, que vive en pareja y tiene un bajo nivel de ingresos y estudios. Por regla general existe un detonante a la hora de caer en el juego patológico, como la muerte de un amigo o familiar (presente en el 53% de los casos), los problemas económicos (45%) y cambiarse de domicilio (34%). Sólo el 7% de los jugadores habituales son mujeres.

Pero son los más jóvenes los que más crecen en las estadísticas, sobre todo en el campo de las apuestas deportivas junto con los casinos y de modo online. Mientras que otros juegos como bingo y póker van disminuyendo su peso específico, después del auge habido de éste último hace unos años.

Sobre la presencia de menores en salones de juego o que directamente apuestan online es el deber de cada operador de juego asegurarse de que ninguno usa su plataforma. Algo que, según comprobó un estudio de la OCU, no siempre se realiza: son numerosas las casas de apuestas que no piden el carné de identidad a sus clientes, ni cuando entran en el local ni cuando juegan.

Lo que está claro es que estas empresas del juego se han beneficiado de las reformas legales habidas que lo único que han conseguido es demostrar que el legislador siempre ha ido dos pasos por detrás del problema.

Así, hasta la irrupción del juego por internet, sólo se permitía, en buena parte de las autonomías, el juego en locales autorizados, cuya actividad no se viera desde la calle o que estuvieran a una distancia mínima del núcleo de población, lo que provocó que los casinos estuvieran en las afueras de las ciudades.

Con la llegada del juego online en los primeros años de los 2.000, las casas de apuestas y casinos online fuero ganando adeptos año tras año. En aquellos momentos, estas empresas online tributaban los ingresos obtenidos en España en países como Malta o Luxemburgo, donde habían logrado licencias por tratarse de naciones que regularon esta actividad de forma temprana.

Con el cambio de legislación del 2.011 de Zapatero se obligó a que estas empresas que obtenían sus ingresos en España tuvieran también que tributar aquí y acogerse a su legislación. Lejos de controlar el mercado, lo que provocó esta ley fue el estallido del mismo. El negocio online abandonó su periodo de incertidumbre y dio el salto al establecimiento físico.

Pero, además, coincidiendo con el patrón de jugador, estos establecimientos parecen tener mayor presencia en barrios y distritos con rentas bajas, mientras que los de rentas altas apenas están viviendo este boom de aperturas.

El Ayuntamiento de Madrid es el único con datos lo suficientemente completos como para poder comprobar tal sospecha. El resultado es que barrios humildes como Usera, Tetuán o Carabanchel tienen una densidad mucho mayor de establecimientos por habitante que los barrios de rentas superiores como Fuencarral, Hortaleza o Retiro.

Por si fuera poco, este aumento de apertura de locales tampoco ha tenido un gran impacto sobre el empleo, ya que la mayoría de jugadores no necesitan para jugar más que un panel luminoso con botones por software.

Esto ha llevado a que la industria de los juegos de azar (sin contar ONCE y Loterías y Apuestas del Estado) presentase en 2.017 un volumen de negocio de más de 20.000 millones de euros. Una cantidad muy superior a la de otras industrias en España como la musical, la del alcohol o la del tabaco, y casi al nivel de lo que facturan Telefónica, Orange y Vodafone combinadas.

Puestos así, y ahora que los nombro, la ONCE y todas las loterías y quinielas del Estado ¿se pueden considerar como incitadoras a la ludopatía? La respuesta es no. Incitan al juego, se publicitan y mucha gente gasta semanalmente bastante dinero en ellas. Pero a todos estos sorteos les falta un componente básico para la generación de comportamientos ludópatas: la inmediatez de la recompensa. Un ludópata necesita recibir inmediatamente la respuesta a su comportamiento, cosa que estos sorteos no proporcionan.

La construcción vuelve a coger fuerza como motor económico y de creación de empleo en nuestro país. Así, el 2.018 se despidió con un ritmo de creación de empleo en el sector que no se veía desde el 2.000. Además, en el primer trimestre de este año, en las actividades inmobiliarias, el número de ocupados creció un 7%, respecto al primer trimestre del año anterior, lo que debería alegrarnos porque un sector tan fundamental para nuestra economía, por fin vuelve a despegar.

Sin embargo, algo no parece ir bien. Y, aunque según todos los expertos, la recreación de una burbuja inmobiliaria es altamente improbable, existen dos problemas que enturbian el crecimiento del sector. Uno es la endémica falta de suelo construible, en poder, mucho de él, de especuladores, fondos de inversión y entidades financieras, que ostentan lo que se podría denominar un “monopolio del suelo” que encarece la obra nueva sin haber puesto un ladrillo.

El segundo problema es más curioso y muy propio de los tiempos que nos ha tocado vivir. La falta de mano de obra especializada. Y no se habla aquí de arquitectos, ingenieros o aparejadores, de los cuales estamos bien surtidos, sino de albañiles, fontaneros, electricistas, …

Cuesta creer que sólo una década después del gran estallido de una crisis que dio lugar a un millón de despidos en el sector de la construcción, a día de hoy, cueste encontrar cuadrillas de trabajadores para obras nuevas. Así, según el portal construyendoempleo.com, que viene a ser el principal portal de empleo del sector de la construcción, el año pasado se registraron más de 10.000 puestos vacantes. Encofradores, albañiles, peones, gruistas, electricistas y fontaneros son los perfiles más demandados. Aparentemente inexplicable, pero todo tiene un sentido.

Las razones son varias. Para empezar, muy pocos de estos trabajadores han permanecido ociosos esperando su oportunidad para volver a la obra. Muchos de los empleos perdidos en la construcción hace 10 años han sido absorbidos por el sector de la restauración, de modo que ahora son camareros, con un sueldo suficiente (que no generoso), un empleo más o menos estable y con menos exigencias físicas que la obra (que 10 años no pasan en balde) y un mal recuerdo imborrable de cómo acabó todo con la crisis.

Si a esto le unimos que los sueldos que ahora se están ofreciendo en la construcción no tienen nada que ver con los que se cobraban en aquella época, la explicación está servida. De los 4.000 euros netos mensuales que podía cobrar un peón se habla ahora de 1.100 brutos como mucho.

De hecho, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción, el salario medio ofrecido a un gruista, electricista o alicatador es de 1.200 euros brutos mensuales de media. Si se habla de un “auxiliar de obra”, o ayudante de peones, estaríamos hablando de hasta un contrato de prácticas.

Otro de los problemas es la formación profesional. En nuestro país hemos pasado en pocos años de aprender el oficio de albañil directamente en la obra, aprendiendo directamente, en muchos casos, del padre, a que se exija titulación oficial. Los cambios habidos en los últimos años en el mercado laboral en el sector de la construcción han propiciado la exigencia de cualificación oficial para trabajar en la obra. El auge de la construcción industrializada ha llevado a las promotoras a reinventarse y a transformar a sus obreros. Esto ha significado que muchos trabajadores que fueron al paro con la crisis no puedan ahora regresar por no tienen la titulación exigida ni, por ahora, convalidar sus años de experiencia para obtenerla.

Tras el estallido de la crisis, en España se destruyó el 42% del trabajo en la construcción. Es decir, cuatro de cada 10 empleados pasaron a engrosar la lista del paro. El perfil de la mayoría de estas personas correspondía casi siempre al mismo patrón: varón de más de 40 años y con escasa formación académica. A día de hoy, estos trabajadores se han jubilado, o reciclado en otros sectores, mientras que los jóvenes son una especie en extinción en la obra a los que además se les exige titulación adecuada para un trabajo que ya no tiene el aliciente de un salario adecuado.

Como solución a este problema, las empresas apuntan a las escuelas de formación profesional como una de las soluciones para la carencia de obreros. Creen que debería de haber más cursos para hacer frente a la actual demanda de vivienda nueva. Por este motivo, la Fundación Laboral de la Construcción se encuentra desbordada. Al año son cerca de 75.000 personas las que se inscriben en los cursos de esta fundación. De esta institución salen muchas personas con un trabajo asegurado.

Otras empresas optan por realizar la formación por ellas mismas, sin embargo, esta es una táctica de doble filo, ya que puede ocurrir que los obreros, una vez formados, se dejen tentar por otras ofertas más jugosas de la competencia, con lo que perderían su inversión en capital humano.

El sistema de prestaciones y ayudas al fomento del empleo y a la lucha contra el desempleo no funciona. Nuestro mercado laboral protege mucho al trabajador indefinido, dejando desprotegidos al resto, que se convierten en carne de cañón para los ajustes de empleo.

De hecho, es indiferente el indicador que tomemos, todos señalan que los ajustes en horas y salarios son más duros para aquellos trabajadores que perciben salarios más bajos, siendo los peor parados los trabajadores poco formados, jóvenes, inmigrantes, mayores de cincuenta años y mujeres.

Pero aún hay más, es un hecho que las ayudas públicas en España están casi todas ligadas a haber tenido empleo. Cuanto más se haya trabajado mayor será la prestación de paro o la pensión recibida, obviando en gran medida la magnitud de las necesidades. Esto significa dos cosas: la primera es que las políticas públicas son ineficaces para aliviar el problema (y esto es una conclusión de un estudio reciente de la Comisión Europea); la segunda es que así se explica el enorme crecimiento de las solicitudes de ayuda a asociaciones de beneficencia como Cáritas.

De hecho, son estas entidades las que han funcionado como unas redes de protección, que han conseguido paliar de alguna manera el efecto de la pobreza, alejándonos un poco de la situación de países como Bulgaria, Grecia o Lituania, el furgón de cola de la desigualdad en Europa.

En cuanto a las empresas, esto ha sido explicado varias veces por el Banco de España, con la crisis financiera, las compañías reaccionaron elevando sus márgenes para poder autofinanciarse a la vez que caía la demanda. Es decir, tuvieron que ajustar costes. Y el primero que redujeron fue el salarial. En muy poco tiempo, las remuneraciones en salarios se redujeron en 65.000 millones de euros. Gracias a esto, las empresas lograron aumentar sus rentas en 30.000 millones, logrando mantener las cifras en los años sucesivos. Por otro lado, las empresas se volcaron en aumentar las exportaciones y el pago por intereses disminuyó exponencialmente. Con todo esto se consiguió el mantenimiento de los beneficios.

Con la recuperación, los excedentes empresariales crecieron hasta los 267.000 millones a cierre del 2.017. Pero las retribuciones a los trabajadores no crecieron al mismo ritmo, con lo que las empresas han logrado volver a las cotas de inversión previas a la debacle, pero pudiendo destinar 15.663 millones de euros más a dividendos, lo que supones un aumento del 33% respecto a los números de antes de la crisis. Gracias a la mejora de la economía, pero también a una reforma laboral que claramente ha favorecido al empresariado.

Así, según el Banco de España, las empresas han aumentado su capital en 200.000 millones y tienen un pasivo mucho más saneado; en parte por la mejora, en parte porque la crisis acabó con las empresas más débiles. De hecho, parte del problema de la desigualdad podría estar generado porque con la desaparición de muchas empresas, bien por absorciones o fusiones, bien por quiebra, lo que se podría estar dando es una falta de competencia en aquellos sectores protegidos de la competencia exterior. De esta forma, según qué empresas en según qué sectores podrían haber reforzado su posición en el mercado obteniendo “rentas monopolísticas extraordinarias”, según un informe del servicio de estudios del BBVA.

Volviendo a los trabajadores, este vaivén de magnitudes económicas importa poco. Si una empresa desaparece, sus activos y su cuota de mercado son rápidamente absorbidos por otra, de modo, de modo que en poco se afecta a la oferta de bienes y servicios. Lo que sí queda es el drama de los trabajadores. Muchos de ellos, buenos desempeñantes de su trabajo, pero adiestrados en técnicas normalmente obsoletas, con demasiados años a sus espaldas y desentrenados y desmotivados en el reciclaje profesional y en la búsqueda de empleo. Hablamos de muchas personas con una edad a partir de los 45-50 años que nunca habían pensado en verse en una situación así. Además, proceden de empresas que llevaban años arrastrando problemas, lo que significa que eran empresas sin planes de formación y reciclaje de sus empleados, ya que estos planes son las primeras víctimas de los recortes empresariales. Si a eso se le añade ser mujer posiblemente el caso ya no tenga solución.

Estas personas, al igual que los jóvenes que acceden al mercado laboral con una baja cualificación, entran de lleno en el ciclo pernicioso de la precariedad con una serie de efectos de difícil resolución:

El ajuste de cinturón ante la caída de los ingresos tiene como límite el mínimo vital que muchas de estas familias no pueden ni cubrir, con lo que entran de lleno en el circuito de malas condiciones de vida, endeudamiento creciente y la sombra de la ruina total siempre acechando.

Estas personas sólo pueden acceder a los puestos de trabajo más precarios, con peores condiciones laborales y salarios más bajos, con lo que, lo único que consiguen es seguir sobreviviendo.

También se enfrentan al coste de oportunidad de poder decir no a un trabajo con vistas a uno mejor o a iniciar una mejora sustancial de su formación: han de aferrarse a lo primero que les ofrezcan y, normalmente, sin poder negociar condiciones o salarios.

Además, la precariedad se cronifica, ya que, cuanto peor sea la situación, peor será en el futuro: se van agotando recursos y cerrando puertas. Por si fuera poco, la desgracia del trabajador, la heredan los hijos, que se enfrentan al fantasma de no poder acceder a oportunidades y al del fracaso escolar.

Según las últimas estadísticas de tráfico, en 2.018 se produjeron 1.072 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que han fallecido 1.180 personas y 4.515 heridos han sido hospitalizados, lo que supone un descenso en el número de fallecidos y heridos graves de -1,5% y -7,6% respectivamente y un aumento del 0,7% en el número de accidentes mortales.

Esto ha supuesto una ruptura de la tendencia al alza en la siniestralidad vial de los últimos cuatro años ya que ha habido 18 fallecimientos menos que en 2017. Todo ello en un escenario en el que, gracias a la mejoría económica, los desplazamientos han aumentado un 2% (7,8 millones más), el parque de vehículos ha aumentado un 3% (con lo que se alcanza un parque de vehículos de 33,7 millones) e, igualmente, el número de conductores se ha situado en 26,8 millones lo que supone un aumento del 1% respecto al año anterior.

Evidentemente, el coste humano de estos accidentes es incalculable, por tanto, sólo es valorable como tragedia para las familias afectadas. A no ser que el fallecido sea un conocido futbolista, en cuyo caso, el mundo parece detener su pulso, dando la sensación de que a todo el mundo se le ha muerto algo.

Al drama humano que va asociado a los accidentes de tráfico, se suman una serie de costes económicos a los que debe hacer frente la Administración. Según el informe elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social “Los accidentes de tráfico y su incidencia en el Sistema de la Seguridad Social”, a la hora de cuantificar el impacto económico directo, se debe atender a una clasificación en tres tipos.

Los costes de los servicios de emergencia. Suponen los derivados del rescate, primera atención y traslado de los pacientes a los centros sanitarios, y dependen de los medios que sea necesario movilizar. Esta partida incluye los gastos generados en los servicios centrales de coordinación de los servicios de emergencia.

La segunda parte de los costes, corresponde a los gastos médicos y sanitarios, tanto de hospitalización, como de tratamiento ambulatorio, generados por el 85% de los heridos leves.

La tercera partida es la determinada por las secuelas de las personas afectadas, que incluye las prestaciones tanto de las víctimas directas (hablaríamos de pensiones por discapacidad), como prestaciones para los familiares afectados, como serían pensiones de orfandad o de viudedad.

Esto nos llevaría a una media de 250 millones de euros al año en los años que contempla este estudio, que son los que van desde el 2.000 al 2.010 y que tiene su pico más alto en el 2.007, con 275 millones de euros de coste directo sobre las arcas del Estado.

Sin embargo, si atendemos al informe presentado por la fundación Línea Directa, titulado “El impacto de los lesionados por accidente de tráfico en la seguridad vial – Análisis y evolución de una década”, elaborado con los datos del 2.006 a 2.015, los accidentes de tráfico en España tienen un coste cercano a los 10.000 millones al año, a los que hay que sumar los desperfectos provocados, cuyo coste asciende a unos 3.500 millones al año. Datos que coinciden con los manejados por la OCDE para nuestro país, que determina que el coste estimado de la factura total de los accidentes de tráfico en España podría superar los 13.000 millones de euros.

Según este informe de la fundación Línea Directa, en esta valoración de costes se incluyen los directos de salud (servicios médicos, rehabilitación, ambulancias, etc.) o daños a la propiedad, los derivados de los desperfectos provocados, así como las pérdidas de ingresos en general (ocasionada por la imposibilidad de trabajar del accidentado) u otros costes relativos a temas legales o judiciales.

Volviendo al informe de la OCDE, aunque en el mismo se alaban los grandes progresos de nuestro país en los últimos años, se señalan varios frentes en los que nuestro país aún deben mejorar. El primero es el alto porcentaje de accidentes en los que los involucrados se hayan bajo el efecto de drogas o alcohol, o lo más preocupante y tendencia al alza, la combinación de alcohol con cocaína o cannabis.

El segundo frente preocupante es el aumento de los accidentes debidas a las distracciones, en las que el uso del móvil es el protagonista y que va a provocar un cambio inminente de normativa que endurezca las sanciones, con más pérdida de puntos y más coste económico para el infractor.

El tercer frente es el clásico exceso de velocidad. La inconsciencia, unida a las altas cilindradas de los vehículos, y el exceso de confianza suelen provocar los accidentes más absurdos. Llámese el reciente más mediático, en el que, con todos los respetos a su persona y a su carrera profesional, sobrepasar los límites de velocidad porque tienes un coche de alta gama que te permite correr y porque tienes prisa y un exceso de confianza que te da conocer el trayecto, no justifica el convertirte en un aspirante a homicida al volante. Por mucho que en tu entierro un Guardia Civil se cuadre, emocionado por el momento y admirador de tus logros profesionales.

Desde su fundación en 2.015, la empresa Glovo ha llevado sus repartos a más de 100 ciudades de todo el mundo. Fundada por Sacha Michaud y Oscar Pierre, ha llenado medio mundo de mochilas amarillas, ya que, tras España, vinieron Italia, Francia, Portugal y no hace mucho que han ampliado a Turquía, Ucrania, Georgia, Costa Rica, Puerto Rico… Hasta un total de 100 ciudades en 23 países.

De esta forma, en sus 4 años de vida, Glovo ha entregado en el mundo más de 10 millones de pedidos, a más de tres millones de usuarios registrados en su aplicación y procedentes de 10.000 establecimientos asociados. Recientemente cerró una ronda de financiación de 150 millones de euros, con los que espera crear su propia cadena de supermercados online.

Pero junto a las llamativas mochilas vienen los detractores a su modelo de negocio. Críticos con el mismo, señalan que la empresa se está enriqueciendo de manera ilegal “sustentando su modelo de negocio en la elusión de la normativa laboral”, contratando falsos autónomos. Desde el momento en que los repartidores de Glovo (o glovers, o riders) han de ser autónomos, la empresa se ahorraría 10.000 euros (4.000 euros en salario y 6.000 en cotizaciones) anuales por cada uno de ellos, según UGT.

Así, según el sindicato, la Seguridad Social estaría dejando de ingresar una cantidad estimada de 93 millones de euros anuales, y subiendo. Además, estos trabajadores no tendrían derecho a vacaciones pagadas, ni estarían cotizando a la Seguridad Social (a no ser que se dieran de alta como autónomos), ni tienen turnos previsibles ni las medidas en prevención y seguridad que una relación laboral establece legalmente, obligándoseles, además, a estar geolocalizados para poder asignárseles pedidos.

Según la empresa, que dice tener 21.000 repartidores en el mundo, de los que una tercera parte está en nuestro país, la lista de espera para trabajar, sólo en Madrid, es de más de 1.000 personas. Se defiende diciendo que un 44% de los repartidores activos estaba en el paro antes de empezar su “colaboración” con la plataforma y gana una media de 4-5 euros por reparto, lo que les lleva a unas ganancias de 1.000 euros al mes de media por trabajar unas 27 horas semanales. Dice igualmente que el 79% de esta no plantilla está satisfecha con su trabajo porque valoran la flexibilidad del horario, el poder conseguir un complemento a sus ingresos y la facilidad para hacerlo.

Pero claro, este taburete aún tiene una pata más. Al fin y al cabo, la existencia de la precariedad laboral no es culpa de Glovo, esta empresa sólo se aprovecha de la misma. Como tampoco es culpable de las cifras de paro de nuestro país ni de que la desigualdad económica y social hayan aumentado con la crisis y no se hayan reducido con la recuperación económica.

La Comisión Europea señala nuestro país como uno de los que presenta mayores diferencias de renta en su población. En la media de la UE, el 20% de la población que más gana obtiene cinco veces más que el 20% de la población que menos ingresos tiene. En España no son 5 veces, son seis veces y media, lo que significa que la brecha entre población con altos ingresos y población con menos es más profunda que la de la media europea. Con nosotros en el furgón de cola, los de siempre: Grecia, Bulgaria y Lituania.

Sin embargo, estamos dando buenos datos macroeconómicos sobre crecimiento, como tampoco son malas las cifras de empleo. Pero se dan una circunstancia determinante. El sector de la construcción, intensivo como pocos en mano de obra, fue el más dañado por la crisis, generando cifras de paro que sólo ahora están siendo enjugadas por el crecimiento de dos sectores: comercio y hostelería, por un lado, y el sector industrial enfocado, sobre todo, a exportaciones.

Estos dos sectores han tirado de la economía de tal manera que hemos alcanzado niveles de riqueza similares a antes de la crisis, pero con 1,7 millones de trabajadores menos. Esto, bajo una perspectiva moderna globalización, progreso y desarrollo económico, significa un avance, ya que demuestra que somos más productivos al haber disminuido los costes laborales para producir lo mismo.

Normalmente, uno de los indicadores más usado para medir la desigualdad suele ser el coeficiente de Gini, que lo que hace es medir cuánta concentración hay de rentas en una sociedad, siendo 0 el caso en el que todos los individuos tienen la misma y 1 el supuesto en el que una sola persona se apropia de todo.

Según este índice la desigualdad no se estaría reduciendo tras la salida de la crisis, como ha sucedido en otras, ya que estaríamos enfrentándonos a factores que está incidiendo sobre la economía con un papel desconocido hasta ahora. La globalización, que propicia, entre otras cosas, que las empresas puedan ubicar la parte de su producción más intensiva en trabajo en países donde éste sea más barato y los avances tecnológicos, que proporcionan un avance de la robotización, o sustitución de empleados por máquinas en trabajos más mecánicos y que requieren poca o nula formación, están incidiendo negativamente sobre el mercado laboral para personas con poca formación. A pesar de que sean fenómenos muy buenos para los márgenes de negocio, y por tanto, para los inversores, y para el consumidor final.

Así, el elevado desempleo de larga duración, el mayor peso de los contratos de corta duración, la escasa intensidad de horas trabajadas entre los menos formados, la reforma laboral o la división del mercado de trabajo entre fijos y temporales y entre los que han mantenido el empleo y los que no, son factores que están incidiendo de forma negativa sobre la corrección de la desigualdad, explicada por un peor comportamiento del índice de Gini.

Es decir, la desigualdad no ocurre por un crecimiento desaforado de lo que ganan los de arriba, que también lo hay. Según los expertos, se debe a que hay menos horas trabajadas en los colectivos de menos ingresos, bien sea por el desempleo, por la alta rotación de contratos o por el trabajo a tiempo parcial no deseado. Da igual el indicador que se tome, todos ponen de manifiesto que el ajuste en horas y salarios ha golpeado más a quienes perciben las rentas más bajas. Y los colectivos que aparecen peor son los trabajadores poco formados, jóvenes, inmigrantes y mujeres.

En este contexto, la “glovolización” tiene un caldo de cultivo y unas expectativas de crecimiento acordes con la desesperación y la falta de alternativas de los repartidores que hacen posible su existencia.