Manuel González

Locales vacíos, tiendas cerradas de las que sólo nos acordamos cuando tenemos algo muy concreto que comprar (¿dónde buscaríamos hoy algo tan usual como unos botones con un poco de variedad?) y centros de las ciudades en las que el pequeño comercio está siendo sustituido por tiendas de grandes cadenas y letreros de “Se alquila”.

Según la Confederación Española de Comercio (CEC), con datos a 2018, las ventas en el pequeño comercio cayeron un -2,5%, frente a los crecimientos de pequeñas cadenas y de grandes superficies, que crecieron un 2,5 y un 2,6% respectivamente, y el más relevante, el crecimiento del 5,4% en las ventas de grandes cadenas.

Esto significa que el pequeño comercio se halla abocado a un proceso de degradación y muerte que sólo un profundo proceso de adaptación podría revertir. Sólo aquellos que logran aguantar y prosperar son los que consiguen explotar las ventajas propias de su modelo de negocio.

Así, estos pequeños negocios van paulatinamente desapareciendo, engullidos por otro tipo de tiendas con menos personalidad pero con ventajas que también apreciamos como consumidores. Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el año 2018 terminó con 6.998 empresas de comercio activas menos que en 2017. Esto sólo tiene un significado, el sector está viviendo una lenta debacle cuyo mayor síntoma es la inexorable pérdida de puestos de trabajo.

Esta pérdida de empleo apenas se puede enjugar con el crecimiento de la demanda de trabajadores. Por mucho que el sector de la logística que alimenta el comercio electrónico crezca, no lo hará en igual medida que el empleo que destruye.

De hecho, con datos de la encuesta de población activa (EPA) que van desde el 2008 hasta el 2017, el sector del pequeño comercio minorista ha reducido su número de trabajadores en 76.000 personas, lo que supone una caída del 3,8%. Por el contra, el sector de la logística y el transporte, en el mismo periodo, ha crecido en porcentaje un 18% en número de empleados, lo que supone la creación de 29.500 puestos de trabajo.

Pero el que se ha declarado como el gran competidor del pequeño comercio no es otro que el comercio por internet. De hecho, las pequeñas tiendas apenas han logrado sobrevivir al fenómeno de las grandes superficies, instalándose en ellas para aprovechar las ventajas que para el consumidor tienen en lo concerniente a agrupación y la variedad de la oferta, la amplitud de horarios y la oferta de servicios complementarios más enfocados en el sector lúdico. En los últimos años, esta competencia se ha visto agudizada por el auge imparable del comercio electrónico.

La salida que le queda al sector del pequeño comercio no es otra que aprovechar sus ventajas.

Por un lado, al igual que hace con las grandes superficies, alquilándoles espacios para establecerse, puede asociarse con el sector de los gigantes del comercio electrónico, bien sea para establecerse como un punto de entrega, en el que los compradores pueden recoger sus envíos, bien como participante activo en estas plataformas, ofertando sus productos sin necesidad de tener que abrir una tienda online. Esto les permitiría acceder a mercados con millones de consumidores potenciales con márgenes de beneficio más bajos, pero con volúmenes de venta potencialmente más altos.

Pero indudablemente, donde reside la ventaja del pequeño comercio es donde los canales de internet no pueden llegar, y es en el trato humano. Las tiendas físicas tienen todo su potencial y atractivo en la relación personal con el cliente. Lo que provoca una fidelización más fuerte, pues cliente y vendedor se conocen personalmente. Por lo que la confianza y transparencia del negocio se hacen más evidentes y palpables. Como valor añadido, el fomento del comercio local redunda en el beneficio de toda la zona, estableciéndose unas relaciones entre los negocios de la zona y la comunidad que trascienden lo meramente económico.

La proximidad al consumidor proporciona la posibilidad de interaccionar con el mismo directamente, con todo lo que ello significa: mayores posibilidades de persuasión, mejor conocimiento del cliente y de sus necesidades, pero también la posibilidad de convertir tu tienda física en un lugar que vaya más allá de lo tradicional. Cada vez es más común encontrarse con pequeños negocios que desarrollan actividades que van más allá de la venta: clubes, asociaciones, eventos, etc. que buscan aprovechar el trato humano para promocionar sus productos a nivel local.

Pero hay otro elemento que marca una ventaja del pequeño comercio frente a los grandes distribuidores. Es la capacidad de adaptación, la capacidad de improvisar. En una multinacional es muy difícil tomar decisiones, y mucho más aún, intentar modificar estrategias ya comenzadas o planteamientos ya iniciados. Básicamente, hay demasiada gente que depende a su vez de demasiadas otras personas, y que cualquier decisión que tomen, implica la tarea de otro montón de personas. Así pues, cualquier cambio, movimiento y bifurcación supone un esfuerzo muy grande, que pone el peligro toda la integridad del conjunto. Así se explica, por ejemplo, que muchas empresas sigan haciéndolo mal a pesar de ser conscientes de ello.

Por último, comentar un fenómeno que se está dando en el comercio y que está afectando por igual tanto al pequeño comercio como a las grandes superficies. Se trata del “showrooming”, que consiste en que los clientes acuden a la tienda, a ver y probar el artículo que ya han mirado por internet, para luego adquirirlo, finalmente, a través de Internet. Es decir, el “showrooming” relega el papel de la tienda física al de “probador”. Las tiendas se llenan, se reclama información, los clientes prueban los productos,… pero el resultado no se traduce en ventas porque éstas se producen al final por el canal online. Dentro de ser un coste añadido al comercio que lo sufre, lo cierto es que es una oportunidad de venta el mero hecho de que un consumidor potencial entre a tu establecimiento.

Históricamente, en España, el problema de la vivienda ha sido siempre el mismo, la falta de oferta de viviendas asequibles y suficientes para los diferentes estratos sociales. En especial, para aquellos estratos o colectivos que por su situación de exclusión social están fuera del mercado.

El primer laboratorio de vivienda social en nuestro país tuvo lugar con la Ley de Casas Baratas (1911-1937), que estableció un programa de construcción de viviendas en los extrarradios de las ciudades, bien en propiedad, bien en alquiler, con ayudas oficiales o préstamos de bajo interés, dirigido a la clase obrera.

Tras el lógico parón de la guerra civil, el gobierno franquista se centraría en una defensa a ultranza de la familia, ya que hizo del hogar uno de los puntos centrales de su discurso. De esta forma, en 1939 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda, que se enfrentaría al gran reto de la reconstrucción de una guerra en la una buena parte del parque de viviendas había sido dañada o destruido.

Esta nueva versión de la legislación de casas baratas promovió la construcción de un enorme parque de viviendas basándose en una calidad ínfima en suelos baratos. De este modo, la construcción de la “vivienda obrera”, además de generar ganancias fabulosas a constructores, promotores y, en general, a especuladores, propició la formación de barriadas enteras en todas las ciudades del país. Ya que, además de la reconstrucción, hubo que hacer frente al fenómeno de la emigración masiva hacia las ciudades de la población rural. Ni qué decir que en estos barrios obreros desde el equipamiento urbano hasta los servicios ofrecidos a los habitantes fue como mínimo insuficiente. De hecho, a día de hoy existen todavía barrios con falta de plazas escolares y de atención médica, carencias en el alumbrado y en el pavimento, espacios verdes inexistentes o insuficiencia en el transporte público. Aun con todas estas carencias, lo cierto es que alrededor de 7 millones de viviendas de protección oficial fueron construidas en España en esta época.

El éxito de esta ingente política de dotar a cada familia de un empleo, un hogar y un “seiscientos” propició que el parque de vivienda en alquiler descendiera del 51,1% en la década de 1950 al 18,8% en la década de 1980. Es precisamente en esta década en la que la política de vivienda se va transfiriendo a las Comunidades Autónomas.

En los últimos años de la década de los 80 se produjeron fuertes tensiones en el mercado inmobiliario que llevaron a fuertes incrementos en los precios, tanto del suelo, como de las propias viviendas y a una fuerte disminución de las viviendas acogidas a algún sistema de protección oficial. Esto llevó a que a principios de los 90 se tuvieran que adoptar medidas para paliar las tensiones. Así, en 1991 se aprobaron una serie de medidas entre las que destacaron la configuración y desarrollo del mercado hipotecario, la creación de Fondos de Inversión Inmobiliaria, la reforma de la legislación sobre arrendamientos urbanos y las modificaciones referentes al Impuesto sobre la Renta en materia de vivienda, al igual que se redactó un Plan de Vivienda para el periodo 1992-1995.

Y fue en el periodo siguiente, entre 1997 y 2008 en el que se configuró la llamada burbuja inmobiliaria. Con la llegada del PP al gobierno en 1996 la tendencia a la protección social de la vivienda cambió y se aceleró el proceso para convertir las viviendas sociales en vivienda libre. Además, aunque continuó la política que determinaba, desde el planeamiento, que una parte de los suelos calificados se destinasen a la promoción de vivienda social, las facilidades para descalificarlas una vez construidas fueron (y son) tan grandes que muy pocas de las viviendas construidas desde entonces mantienen el sistema de protección que pudiera facilitar su recuperación para atender a las familias que no pueden acceder al mercado de compra o alquiler.

Tantas facilidades, tanto fue el empeño puesto en “liberalizar el suelo” que se provocó a nivel popular el comienzo de la especulación con bienes inmuebles. Una enorme cantidad de propietarios de casas unifamiliares acabaron lanzándose a la aventura de la promoción inmobiliaria, bien por cuenta propia, los menos, bien a través de promotoras. Teniendo en cuenta que, en el año 2010, el porcentaje de propietarios rozaba el 90% de todos los hogares españoles y que, además, de todas las viviendas principales, sólo el 23% están hipotecadas, comenzó, gracias al fenómeno del “crédito fácil” una escalada sin precedentes en la especulación sobre la vivienda. Todo lo que se construía se vendía gracias a los créditos que, tanto para la construcción, como para la compra, otorgaba la banca.

La cultura tan hispánica que daba tan alto valor a una vivienda en propiedad no era más que una estrategia popular de protección contra la precariedad, de la cual supieron sacar buen provecho las entidades financieras. Y de este modo la funcionalidad de la vivienda cambió: ya no se trataba de satisfacer un uso meramente residencial, sino que se convirtieron en objeto de inversión, desarrollando así una economía de rentas que, con la llegada de la crisis, provocó que 3.443.365 de viviendas estuvieran vacías en 2011 (según el Ministerio de Fomento) mientras una buena cantidad de jóvenes no podían emanciparse por falta de vivienda.

La llegada de la crisis provocó la parálisis del sector de la construcción, lo que tuvo un efecto dominó sobre toda la economía, disparando el desempleo y elevando los impagos y la morosidad, lo que se tradujo también en problemas para las propias entidades financieras. Éstas, que habían participado de la fiesta del ladrillo multiplicando por diez los créditos de actividades inmobiliarias en ocho años, mientras que, en el mismo periodo, su capital sólo lo hizo por dos, tuvieron un problema de insolvencia que acabó con la intervención por parte del Estado de algunas, la absorción de otras y un rescate bancario para la mayoría de ellas.

En los últimos 25 años en España se ha construido más que nunca, de las 200.000 viviendas anuales construidas durante los primeros años de los 90 se acabaron construyendo más de 650.000 al año entre el 2004 y el 2007. Y tras eso, el parón. Hasta hace bien poco, que parece que la construcción vuelve a desperezarse. Pero toda esta construcción no ha respondido a las necesidades y a las demandas de alojamiento de la población.

A día de hoy sigue existiendo un exceso de oferta que no se adecúa a las necesidades de la demanda, bien por la disminución de la capacidad de compra, el endurecimiento del crédito o la disminución en la formación de nuevos hogares. Por otro lado, el estancamiento de los precios hasta ahora, ha expulsado a la demanda especulativa del mercado. En estas circunstancias, el mercado tenderá al ajuste entre una oferta sobreabundante y una demanda débil. El aumento de la precariedad y del riesgo de pobreza de los hogares, han hecho desplomarse a la demanda, muchos hogares han sido desahuciados, y los jóvenes y los trabajadores precarios no pueden acceder al mercado por falta de solvencia. Y, además, la crisis económica ha inducido una crisis demográfica alarmante, que contrae aún más la demanda, y cuyas consecuencias a largo plazo son imprevisibles.

La Semana Santa se anuncia interesante en política, más de uno pensará en el calvario y buena parte de los políticos esperará la resurrección en las urnas. Y mientras las encuestas auguran una subida del PSOE, lo cierto es que ninguna se atreve a dar un claro ganador, dando como resultado más probable un empate técnico que podría desembocar en un largo periodo de pactos y contraofertas hasta hacer viable una investidura. La elección de esta fecha es claramente una estrategia para aprovechar dos circunstancias de sus adversarios: por la derecha, la foto de Rivera con Casado u Abascal va a ser más que explotada, por otro, el cisma de Podemos en Madrid, que abre un periodo de incertidumbre para los morados.

Pero sea quien sea el que al final logre hacerse con el ansiado sillón, lo cierto es que tendrá que enfrentarse a una herencia que, no por corto el periodo de gobierno de Sánchez, deja de tener varios regalos envenenados.

Sánchez dejará al final de su Gobierno en este periodo (ya veremos si renueva) una economía en clara desaceleración y con una importante desviación del déficit que habrá que corregir en la recta final del año, principalmente logrando una aprobación del Presupuesto. Además, la creación de empleo está cada vez más sustentada en la Administración.

Los ocho meses de duración han sido demasiado intensos en medidas y demasiado corto para valorar el efecto de las mismas. La tónica de crecimiento se mantiene, aunque cada vez a menor ritmo, agudizado además con el adormecimiento del comercio internacional, lo que sugiere un agotamiento de ciclo de crecimiento económico a nivel mundial que, en nuestro país, puede ser más pronunciado.

La prueba de este decrecimiento de la actividad económica se aprecia en las previsiones de crecimiento versus crecimiento real alcanzado: hace 8 meses, la Comisión Europea preveía un crecimiento del 2,9% para 2018 y un 2,4% en 2019. Ahora, Bruselas calcula que la economía española apenas avanzó un 2,5% el año pasado y prevé un 2,1% para este año.

Esta pérdida de dinamismo quizás se deba a factores externos, como la caída del turismo extranjero por la recuperación de Turquía y Egipto, o a la ralentización de la demanda internacional y, por tanto, de las exportaciones, o quizás a que el consumo nacional también está perdiendo fuerza. El caso es que el crecimiento está cayendo y sólo el grifo del gasto público ha enjugado un poco estas cifras, al tiempo que sirve como medida preelectoral.

Esto, no obstante, tiene un coste. Ya la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero ha avisado que el déficit se podría desviar hasta el 2,4%. Esto es, 13.800 millones más de lo pactado con Bruselas. Esta cifra se debe a que algunas medidas de gasto de los Presupuestos ya se han puesto en marcha (la subida de las pensiones o el alza salarial para los funcionarios), mientras que los nuevos impuestos se han quedado pendientes, a falta de aprobar un Presupuesto. Por no hablar de los 8.000 millones de euros de maquillaje contable que el propio gobierno de Sánchez se encontró a su llegada a la Moncloa.

Así, la legislatura de Pedro Sánchez termina con una subida de la deuda pública, que se incrementó en 26.536 millones a lo largo de 2018. Con esto se alcanza un montante total de 1.170 billones de euros, el 97% del PIB, según los datos publicados por el Banco de España. Esto supone una décima más que la previsión del Gobierno recogida en los Presupuestos (situada en el 96,9%). Esto sólo significa una cosa, sea el que sea el que gobierne, le tocará comenzar con los ajustes, a saber, recortes de gastos y subidas de impuestos. Lo que tendrá un efecto directo sobre el empleo.

Pero no solamente esto es lo que va a afectar al empleo. En este último año ya hemos visto una destrucción de empleo en la industria (en el último cuatrimestre), debido sobre todo a los cierres y despidos que numerosas empresas ha realizado, véase Cemex o Vestas. Sin embargo, sustentando los todavía buenos datos del empleo ha estado todo el sector público, que ha acaparado la creación de uno de cada cinco puestos de trabajo. Y a todo esto, falta por ver el efecto que puede tener sobre la economía la subida del salario mínimo interprofesional, efecto que los más alarmistas cifran en la destrucción de hasta 125.000 puestos de trabajo.

El caso es que se avecinan tiempos extraños para la política y la economía en España. Ya no solo es el periodo de campaña y un tiempo prudencial hasta que el nuevo Gobierno le coja el pulso a su cometido, el problema es que no va a haber mayorías absolutas (salvo sorpresa mayúscula). De hecho, el proceso de formación de Gobierno vendrá condicionado seguramente por las elecciones municipales y autonómicas de un mes más tarde, de modo que los pactos, acuerdos y hasta posiblemente las gobernabilidades de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas se hallen sobre la mesa de cara a conseguir un Gobierno estable.

A mediados del año pasado, la producción eléctrica con energías fotovoltaica y eólica alcanzaba una producción de un millón de megavatios en todo el mundo. Estas energías han necesitado 40 años para alcanzar dicha cifra. La tecnología, sin embargo, va a acelerar este proceso y se espera que el siguiente millón se consiga en los próximos cinco años y, además, a la mitad de precio. Teniendo en cuenta que hablamos de una industria que no tiene más de tres décadas, se convierte en un ejemplo de la aceleración del desarrollo tecnológico en el que vivimos inmersos.

Sin embargo, esta tendencia creciente a nivel casi mundial, tiene sus excepciones. De hecho, un pequeño país en el sur de Europa se resiste a subirse a este carro. Además, es un caso curioso, ya que este país pudo en su día considerarse pionero en los primeros pasos de las renovables y, por si fuera poco, goza de las mejores condiciones naturales.

Históricamente, ha sido precisamente la pobreza de recursos energéticos el principal lastre en el desarrollo industrial y económico de nuestro país. La escasez de recursos ha condenado tradicionalmente al sistema energético nacional a una situación de déficit y dependencia exterior. Sin embargo, algo cambió con el nuevo siglo. A partir del año 2000 comienza un aumento de las energías renovables, hasta tal punto que en 2009 estas fuentes energéticas llegaron a cubrir el 26% de la demanda, con especial mención a la energía eólica, que en 2013 llegó a cubrir el 21% de la demanda.

Pero han sido las regulaciones normativas las que más han influido en el devenir de estos acontecimientos. Desde mediados de los años 90, la política energética se había orientado a impulsar las energías renovables. De hecho, el gran empujón legislativo tuvo lugar entre los años 2004 y 2007, bajo el gobierno de Zapatero, que mediante el RD 436/2004 primero, que fijó las tarifas y primas para las renovables, y el RD 661/2007, que aumentaba las primas para la energía solar. Con esta regulación se primó a la generación de las energías renovables de tal modo que, por ejemplo, para la fotovoltaica se estableció un precio de 44 céntimos de €/kWh que, en comparación del precio medio de 5 céntimos de €/kWh, suponía un precio 9 veces superior al precio normal para un periodo de 25 años.

Esta legislación provocó un aluvión de instalaciones y, por consiguiente unos costes de más de 30.000 millones de euros traducidos en el famoso déficit de tarifa. Y es que aunque el déficit eléctrico ya existía desde los tiempos de Aznar, tras la congelación del precio del Kwh realizado por Rodrigo Rato debido a que, por motivos políticos, se decidió que el coste del kWh para el consumidor no podría superar el 2% de la subida del IPC. Este déficit fue engrosando por el mecanismo de primas a las renovables diseñado por el gobierno de Zapatero e incrementada de forma constante por la inacción de todos los gobiernos desde que se definieron las condiciones para que surgiera dicho déficit.

En 2012 se publicó el RD 1/2012, el cual paraliza el sistema de primas a las renovables, por lo que gran cantidad de inversores, que habían contado a la hora de calcular el retorno de sus inversiones con estas primas, se vieron abocados a la penuria económica, en muchos casos a la ruina y, en casi todos a los tribunales.

En concreto, las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. De este modo, nuestro país se ha convertido en el que más demandas internacionales tiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, acumulando 32 reclamaciones.

Y los resultados que se van obteniendo hasta ahora de estos arbitrajes son desoladores. El último resuelto a favor de la compañía estadounidense Nextera Energy, que reclama el pago de 291 millones de euros por los daños provocados por el recorte a la rentabilidad de las renovables de 2014. Este recorte provocó la cancelación de las inversiones de más de 600 millones en dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios.

Según el laudo del tribunal de arbitraje, se determina que la decisión del Gobierno español “incumplió la obligación de dar un trato justo y equitativo en la protección de las expectativas empresariales para obtener una rentabilidad según la inversión realizada y el desarrollo de las plantas”. A los 291 millones que la energética estima que le costó la decisión del Gobierno, la compañía pide sumar un interés según la rentabilidad del bono español a 5 años.

A esta decisión del tribunal se une el anterior arbitraje (también con decisión en contra de nuestro país) y llevado a cabo ante la Cámara de Comercio de Estocolmo, con Athena-Greentech, Goresight y GWM como contrarios y con una reclamación de 39 millones más intereses y gastos. Fue esta misma Cámara de Comercio la que ya falló a favor de NovEnergia por 53 millones en otro proceso similar. Si sumamos a estas dos las tres sentencias en contra de España por parte del Ciadi, a favor del fondo Antin (112 millones), el fondo británico Eiser y su filial luxemburguesa (128 millones) y Masdar, fondo del emirato de Abu Dabi (por 64 millones), España suma sanciones por 396 millones. Y los que seguirán llegando, el siguiente el de la compañía danesa European Solar Farms, para finales de año. Y pendiente todavía la valoración económica del fondo de inversión Reeff, que pedía 441 millones de euros pero los árbitros han pospuesto el cálculo de la cantidad a un proceso posterior, con lo que España logra demorar la indemnización.

Y desde luego falta todavía por llegar la demanda interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a casi 2.000 millones de euros, casi la cuarta parte del importe de todas las reclamaciones iniciadas.

Aun así, la respuesta española está definida: solicitar anulación del proceso y forzar a las compañías a seguir pleiteando para ganar más tiempo. Mientras tanto ya ha conseguido que Europa se posicione en el lado español, aunque por ahora sin ningún efecto, ya que las demandas se están presentando en tribunales de Estados Unidos. Aun así la estrategia es clara, retrasar y recurrir para intentar la rectificación o la anulación de las decisiones.

Es un hecho, por desgracia, cada vez más constatado y aceptado por nuestra sociedad que el sistema de pensiones de nuestro país se encuentra en graves problemas de sostenibilidad. Factores como la diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, el envejecimiento de la población, el alto paro, la abultada deuda pública, la baja productividad y los bajos sueldos hacen insostenible el sistema de pensiones español.

Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2016/2019, mientras que en 2013 el porcentaje de personas mayores de 64 años respecto de la población en edad de trabajar fue del 26,8%, en 2050 será el 62,3%. Esto es, en 2050, año en el que se jubilará la generación más numerosa de la historia de nuestro país, tendremos que cada dos trabajadores activos sostendrán a tres pensionistas. Esto sólo puede significar que las pensiones serán entonces mucho más bajas.

Para que un sistema de reparto como el de nuestro país pueda sobrevivir es necesario que se cumplan los siguientes tres factores. Una estructura poblacional en forma de pirámide con una base sólida, es decir, elevadas tasas de natalidad; un mercado laboral con altas tasas de ocupación y que la esperanza de vida sea consistente con la duración vida laboral. Ninguno de estos tres supuestos se da en nuestro país. El índice de natalidad es de los más bajos del mundo, el mercado laboral adolece de altas tasas de desempleo y a la vez es muy sensible a los ciclos económicos. Por si fuera poco, disfrutamos de una de las mayores esperanzas de vida del mundo.

Para el FMI la cuestión es clara, y las medidas a adoptar, también. Ellos, tirando de la doctrina más rancia y conservadora proponen los siguientes puntos:

• Que la revalorización de las pensiones no dependa del IPC. El FMI considera que, de no tomar acciones adicionales que eleven los ingresos, el ligar los incrementos de las pensiones con los precios, puede hacer insostenible el sistema de pensiones. De hecho, se calcula que para 2050 el gasto en pensiones podría aumentar entre 3 y 4 puntos de PIB si éstas se ligan al IPC sin medidas adicionales.
• El FMI propone que, conforme al continuo aumento de la esperanza de vida, la edad de jubilación debería aumentar más allá de los 67 años. Ya en 2011 se inició la subida paulatina de esta edad de jubilación desde los 65. Esta reforma acabará de implantarse en el 2027. Aun así, según la opinión del FMI, esta subida hasta los 67 sería todavía insuficiente.
• La medida más etérea y de Perogrullo: hay que reducir la diferencia entre ingresos y gastos. O bien aumentar los primeros, o bien reducir los segundos, lo que no se deja claro son las medidas para realizar lo uno o lo otro.
• Revisar al alza la cotización de los autónomos, que prefieren mantener su cotización mínima, independientemente de su nivel de ingresos. De hecho, es una práctica común por parte de los autónomos complementar su pensión mínima con planes de pensiones privados antes que con cotizaciones más altas.
• Aumentar la transparencia del sistema de pensiones para que un trabajador pueda calcular el importe de su futura pensión y pueda así planear cuánto le conviene aportar a planes de ahorro privados o cuántos años quieren trabajar.
• Acometer medidas encaminadas a reducir la deuda pública, el desempleo y a aumentar la productividad. De hecho, este es un punto que, independientemente del problema de las pensiones, el FMI repite como un mantra para solucionar los problemas de cualquier país.

Según Martin Feldstein, de la Universidad de Harvard, sólo existen dos opciones para evitar un colapso de todo el sistema. La primera es conseguir que las pensiones crezcan menos que el conjunto de la economía para que se puedan financiar sin un incremento sustancial de los impuestos. La segunda es cambiar el sistema de pensiones: pasar de un sistema de reparto a un sistema combinado que complemente el sistema tradicional con retornos de inversiones financieras, es decir, un modelo de capitalización.

Es decir, las alternativas propuestas son una disminución de la renta disponible de los jubilados, para poder hacer frente a sus pensiones, cada vez más numerosas y más duraderas en el tiempo, o bien establecer un sistema mixto que combine una prestación mínima con el sistema actual con una prestación complementaria obtenida de planes de pensiones, bien privados, bien gestionados por el Estado.

Según el estudio Pensiones en transición, del Instituto Aviva, y el Global Pension Index, que cada año elabora la consultora Mercer, la tendencia en la mayoría de los países es un alejamiento del modelo de reparto de las pensiones, que obliga a aportaciones fijas, y una aproximación a la capitalización individualizada, que permite aportar más o menos, con un límite mínimo y poder suspender temporalmente la cotización si se atraviesa una mala época.

Entre los ejemplos de países que han alcanzado una cierta estabilidad en su sistema de pensiones, atendiendo a criterios de idoneidad, sostenibilidad e integridad, se encuentran Dinamarca, seguida a distancia por Holanda, Finlandia o Australia. Hay que decir que nuestro país no aparece en el informe porque no es posible medir esas variables.

En todos ellos se combina una pensión pública mínima establecida con un sistema de reparto y complementada con prestaciones provenientes de un sistema de capitalización, con una parte obligatoria y otra voluntaria para el que desee tener en el futuro una pensión más elevada. A destacar el caso de Holanda, que figura en todos los registros internacionales como el país con menor porcentaje de su población mayor de 65 años por debajo del umbral de la pobreza (apenas un 2%). Lo cual es un éxito si se tiene en cuenta que este umbral se encuentra en Holanda cercano a los 28.000 euros, casi lo mismito que en España.

El sector industrial español se está tomando un respiro. Si sólo se trata de un ajuste o de algo de más profundo e inquietante recorrido es algo de lo que nadie se atreve a dar una predicción. Lo cierto es que en los últimos tiempos dos fábricas de Cemex (en Gádor y LLoseta), otras dos de Alcoa (en Gijón y La Coruña), la fábrica de Gallina Blanca en Sant Joan Despí, la de La Naval de Sestao, la de Siemens-Gamesa en Miranda de Ebro y un largo rosario más, han decidido echar el cierre aduciendo sus sedes centrales multitud de motivos más o menos fundados. Los principales, motivos organizativos o de reducción de costes.

El peso del sector industrial en el PIB español es del 16%, lo que equivale a generar 196.877 millones de euros y emplear a 2,7 millones de personas de forma directa. Y lo cierto es que este sector, ayudado por las buenas perspectivas de crecimiento y el buen comportamiento de las exportaciones había estado creciendo y creando empleo de buena calidad desde el 2013. Es un hecho que el establecimiento de una de estas factorías en cualquier núcleo urbano actúa como agente dinamizador de la economía, creando un tejido social y económico que genera empleo de larga duración, fija la población y hace la economía menos vulnerable y la libera de la estacionalidad que conlleva el gran sector productivo de nuestra economía, que es el turismo. Ni hablamos del drama que supone para una de estas poblaciones pequeñas el cierre de la factoría que da de comer a medio pueblo.

Pues bien, este sector, por primera vez desde hace cinco años ha entrado en recesión. Y aunque es un fenómeno que se está dando en otros países de la Eurozona, como Alemania o Italia el caso de nuestro país resulta más alarmante, ya que la economía española mantiene un ritmo de crecimiento mayor que muchos de sus socios. En el conjunto europeo, sólo se están observando modestas expansiones en Francia, Austria y los Países Bajos.

Así, los nuevos pedidos registraron una contracción por primera vez desde julio de 2016, principalmente como consecuencia del declive de las exportaciones. Ante la menor entrada de pedidos, los trabajos pendientes se redujeron por segunda vez en los últimos tres meses, mientras que el nivel de dotación de personal se mantuvo prácticamente sin cambios, registrando el ritmo de incremento más débil de los últimos cinco años.

Entre las causas de este fenómeno está una de fondo, que afecta a todas las empresas del mundo casi por igual. La globalización, azuzada por un cada vez más acelerado proceso de inmersión tecnológica, es un fenómeno que acelera los cambios y aumenta los niveles de incertidumbre, de tal forma, que los riesgos están ahora interconectados, tienen más implicaciones y son más difíciles de gestionar. Así, según un informe de Richard Foster, la vida media de las empresas del índice S&P, en el que cotizan las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, ha pasado de 61 años en los años 60 a 17 años de media en la actualidad. En España, las dos terceras partes de las empresas del Ibex 35 en el 92, a día de hoy ya no existen.

En un ecosistema, cuando se introducen variables que estresan a los animales que forman parte de él, la primera respuesta de los mismos es, a poco que tengan tiempo para ello, acelerar su ciclo de vida: las especies reducen su tamaño, alcanzan su madurez antes y mueren más jóvenes. Esto es precisamente lo que parece estar pasando a nivel mundial en el mundo empresarial, la expansión acelerada de la innovación tecnológica, los continuos desafíos de una economía cada vez más global, en el que los problemas y la incertidumbre se transmiten a la velocidad del rayo, mientras que las soluciones lo hacen a paso de mula, se traducen en un vaivén de empresas emergentes que nacen con una fuerza casi imparable para desaparecer poco tiempo después.

Pero es que aquí en España, la lucha puede que sea aún más dura. Según AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía), que agrupa un total de 80 plantas industriales repartidas por toda España, y cuyo consumo de electricidad supone el 11% de la demanda anual eléctrica peninsular, el problema radica en el precio de la energía. Según esta asociación existe un diferencial de tarifa de 20-25 euros por megavatio hora con respecto a Europa. Esto significa que para empresas con un alto uso energético el coste del precio industrial de la electricidad puede suponer hasta un 40% de los costes. Lo cual no deja de tener su importancia, ya que, si una empresa española debe competir con otra que no tenga costes energéticos tan altos, es evidente que para poder hacerlo ha de reducir otras partidas de costes que igualen la partida, llámese salarios, por ejemplo.

Para concluir, una reflexión. Por ahora, estamos lejos de las ventajas que la globalización supuestamente aportaría: que los procesos de innovación se universalizarían, es decir, que permitirían que cualquiera, desde cualquier sitio, podría influir en el mercado, podría acceder al desarrollo y hacer su aporte al proceso innovador. Lo que está ocurriendo realmente es que se están creando zonas que actúan como polos tecnológicos que crean y atraen talento innovador, de la misma manera que en el pasado nacieron zonas industriales, normalmente al amparo de las grandes cuencas mineras.