Manuel González

El Pacto de Toledo del Congreso de Diputados nació en 1995, con el apoyo de todos los partidos políticos con el fin de garantizar por ley el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, con medidas que asegurasen la sostenibilidad financiera del sistema. Igualmente, otro de sus objetivos fue separar y clarificar las fuentes financiación para el pago de las prestaciones. Este acuerdo determinó que las pensiones contributivas se abonasen con las cotizaciones sociales aportadas por empresa y trabajador, y que las no contributivas (y también los gastos sanitarios y asistenciales) se financiasen a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En este Pacto también se llevó a cabo la creación, en el 2000, del famoso Fondo de Reserva o “hucha de las pensiones”, cuyo objetivo era acumular recursos económicos en los años con superávit en ingresos por cotizaciones para los años de “vacas flacas”. El dinero proviene de los excedentes de ingresos, del superávit de la Seguridad Social. Gracias al Fondo de Reserva, la Seguridad Social ha podido pagar las extras a los pensionistas en los últimos años, si bien a día de hoy está prácticamente agotado.

Pues bien, después de tres años de reuniones, preacuerdos y desencuentros, este Pacto, que tenía como objetivo llegar a un principio de acuerdo para renovar las recomendaciones del 2011, ha fracasado. Con el borrador acordado y a la espera de un acuerdo que se antojaba sencillo, Podemos ha roto la baraja introduciendo votos particulares a todas las medidas y levantándose de la mesa sin acuerdo (lo que no está claro es si antes, después o coordinados con el PP). Ante tal hecho los portavoces del resto de los grupos ya dan por agotadas las negociaciones y asumen que las pensiones entran de lleno en el debate electoral.

Y es que ya no queda prácticamente tiempo físico para cerrar un acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolverá las Cortes el próximo 5 de marzo, por lo que el Pacto de Toledo tendrá que volver a empezar de cero en la próxima legislatura. Es decir, si la ruptura de las negociaciones se consolida, el Pacto de Toledo tendrá que comenzar de nuevo sus trabajos desde el principio en la próxima legislatura. Esto significa que tendrán que volver a pasar por la comisión los más altos cargos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, así como de los agentes sociales (sindicatos y patronales) y expertos. Tras estas comparecencias se iniciarán las negociaciones, que podrán culminar finalmente en unas recomendaciones que se tendrán que aprobar. Justo el paso que ahora ha fracasado.

Los puntos en los que Unidos Podemos se ha mostrado más intransigente han sido el referente a la edad de jubilación, que propone que vuelva a los 65 años, y el aumento de las bases máximas de cotización y la suficiencia de las prestaciones, en definitiva, aclarar a cuánto tienen que ascender las cotizaciones para lograr unas prestaciones dignas.

La consecuencia principal a corto plazo de esta ruptura es que las pensiones entran de lleno en la campaña electoral, lo que permitirá a los políticos realizar cualquier promesa a los millones de votantes pensionistas. Este fue precisamente el motivo del nacimiento de este pacto: el poder desvincular las pensiones del debate político. Las propuestas de Podemos, sin ir más lejos, pasan por elevar la pensión mínima hasta 1080 euros mensuales lo que supondría un aumento de hasta un 70%, teniendo en cuenta los 607 euros al mes de una pensión mínima contributiva de viudedad sin cónyuge a cargo, y esto sin empezar la campaña.

Sin embargo, lo cierto es que fue el PP el primero en romper con el consenso con su reforma del 2013, en la que tiró de mayoría absoluta, dejando al Pacto malherido. De hecho, en la negociación que se acaba de romper, tiempo le faltó al PP, tras la sorpresa de Podemos, para levantarse de la mesa de negociación, que poco le apetece a Casado, darle una victoria a Sánchez con las pensiones a un paso de las elecciones.

Entre lo que se pierde tras esta ruptura de negociaciones está la derogación del polémico Índice de revalorización para la determinación de la subida de las pensiones, que pasaría de nuevo a vincularse con el IPC (a pesar de que ya Bruselas ha advertido que no lo ve claro). También se proponían medidas para conseguir la estabilidad de ingresos adecuada para garantizar un equilibrio en las cuentas.

Entre estas medidas se encontraría la revisión de la normativa del trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) para limitar la figura del “falso autónomo”; pero también algo mucho más innovador, como es contemplar vías alternativas de financiación para la Seguridad Social ante la problemática del crecimiento de la productividad de la economía sin creación de empleo. Es decir, si la robotización provoca una reducción del empleo y los salarios, esto limitaría la disponibilidad de recursos para las pensiones. La solución sería una posible contribución de las empresas que utilicen robots para ayudar al sostenimiento del sistema público de pensiones.

Este concepto lleva años debatiéndose en los círculos económicos y sería la forma de generar recursos para los segmentos de la población expulsados del mercado de trabajo por culpa de la automatización.

Esta cotización de los robots es una alternativa, otra posible es incrementar el impuesto sobre sociedades, ya que la sustitución de trabajadores por robots lo que hace es aumentar los márgenes de beneficio. En cualquier caso, medidas destinadas a elevar la tributación de la tecnología que provoca la pérdida de rentas salariales.

Si complementamos esto con la propuesta del PP de fomentar la natalidad olvidándose del aborto, se entiende cómo no conseguiremos un acuerdo que garantice las pensiones. Lo que sí está claro es que una enorme cantidad de tonterías se van a escuchar con respecto a este tema, algo que, por su especial sensibilidad para muchas familias, debería prohibirse.

Los Presupuestos de un país contienen la previsión normativa de gastos y la estimación de ingresos de la actividad económico-financiera del sector público, lo que los convierte en una pieza fundamental de la economía de un país, al tiempo que no deja de ser una clara expresión de la salud democrática del mismo, ya que han de ser votados y aprobados para su puesta en marcha.

Sin embargo, a pesar de la creencia popular, la duración de los mismos no es de un año, sino de tres. Esto es porque en un Presupuesto, la duración del mismo abarca desde su planificación y elaboración hasta que se cierra políticamente su realización. Es decir, el ciclo presupuestario tiene tres fases de un año aproximadamente de duración cada una:

• Planificación y elaboración por parte del Ejecutivo, que viene seguida de un periodo que puede ser más o menos complejo dependiendo de los apoyos parlamentarios del Gobierno y que comprende la discusión y aprobación de las cuentas.
• La fase de ejecución, que es la que comúnmente se entiende como Presupuesto.
• La fase de control por el Tribunal de Cuentas, que durante los doce meses siguientes velará por el cumplimiento de las cuentas.

En España, la Constitución y la Ley General Presupuestaria (LGP), fundamentalmente, son las encargadas de regular el procedimiento relativo al documento presupuestario. Adicionalmente, para evitar la parálisis de la actividad del sector público, el art. 134.4 de la CE, así como el art. 38 de la LGP, posibilitan la prórroga del Presupuesto aprobado para el ejercicio anterior.

Ésta, no obstante, es una medida excepcional cuya particularidad reside en las razones por las el Presupuesto debe ser prorrogado siendo lo más común inestabilidad parlamentaria o bien tensiones significativas. Por no hablar de que, tanto estas causas, como el efecto de la prórroga presupuestaria, la imagen que se transmite a la sociedad, al contexto internacional y a los interlocutores públicos y privados es un factor que afectará a la credibilidad, la confianza y las expectativas.

Y en estas estamos. El veto a los Presupuestos del 2019 tiene, en principio, más consecuencias políticas que económicas. Para empezar, España no se queda sin presupuestos públicos: seguirán en vigor los de 2018, aunque éstos ya se prorrogaron a la espera de que hubiera unos nuevos. Pero las grandes medidas de gasto contempladas en el proyecto económico del Gobierno de Pedro Sánchez (como la subida de las pensiones) ya estaban aprobadas a través de decretos leyes, y siguen en vigor. El problema viene por la parte de los ingresos. Los impuestos para sufragar parte del nuevo gasto no verán la luz por lo que el déficit público será indudablemente peor.

Así, los pensionistas tienen ya aprobada por Decreto el aumento de la pensión del 1,6% (un 3% las pensiones mínimas). Otro tanto ocurre con los funcionarios, que tienen asegurada su mejora de nómina del 2,25% gracias a un decreto del 22 de enero. Esto significa que el Ejecutivo socialista tiene ya comprometidos unos gastos de 153.000 millones de euros en pensiones (casi 9.000 millones más que el año anterior); mas 23.000 millones de salarios a funcionarios (con 1.000 millones de aumento por el aumento salarial y de plantilla).

Por otro lado, se comprometieron unas transferencias de 105.000 millones de euros para las comunidades autónomas por las entregas a cuenta del sistema de financiación. Otra partida que no se verá afectada.

En cuanto a la inversión pública, que crecía un 40%, ofrece una de cal y otra de arena. Aunque una buena cantidad de proyectos puede ver comprometida su ejecución, lo cierto es que buena parte de las nuevas infraestructuras proyectadas dependen de las empresas públicas, como Aena, Adif o Renfe, que tienen presupuestos estimativos y pueden desarrollar sus proyectos sin depender de la tramitación presupuestaria del Congreso, con lo que podrían continuarse las licitaciones.

Sin embargo, el problema vendrá por la parte de los ingresos. El Gobierno había planeado subidas de impuesto por importe de 5.600 millones de euros, que en gran medida no podrán llevarse a cabo. Entre ellas figuran la subida del pago mínimo para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas o la subida del diésel. Los nuevos impuestos como la tasa Google o el impuesto sobre transacciones financieras no están afectados por los Presupuestos, porque la creación de nuevos impuestos no se puede hacer con los Presupuestos. Unas medidas con las que el Gobierno pretendía llegar a los 227.000 millones de euros de ingresos totales.

El problema es que la parálisis parlamentaria que tendrá lugar, imposibilitará la aprobación de la creación de estos impuestos, como pronto, hasta final de año. Por lo que los 2.000 millones de euros que el Gobierno pensaba recaudar, posiblemente queden en nada.

Por esto, la principal consecuencia negativa de una prórroga presupuestaria será sin duda una importante desviación del objetivo de déficit público pactado con Bruselas. Del objetivo del 1,3% del PIB, se pasará al 2,2 o 2,4%, según la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto significará que se perderá, como mínimo, un año en la lucha para el ajuste del déficit.

Y después de las elecciones, vendrá el momento de formar gobierno, momento en el que se seguirán viendo extraños compañeros de viaje. Menos mal que, entre el futbol y hacer apuestas sobre dónde colocamos el cadáver de Franco estaremos la mar de entretenidos.

En 2017 una ola de quiebras, que afectó a tres importantes compañías europeas en rápida sucesión: Monarch, Airberlin y Alitalia, tuvo lugar en el mercado de las líneas aéreas. Posteriormente, el otoño pasado, varias aerolíneas más pequeñas fracasaron: la low cost danesa Primera Air (después de anunciar una ambiciosa expansión y vuelos de largo radio, incluso desde España), Cobalt Air de Chipre, Azur Air de Alemania, Small Planet Airlines de Lituania y Swiss SkyWork.

Por eso, no termina de sorprender la reciente declaración de insolvencia de la compañía alemana Germania, cuando todavía resuenan los ecos del cierre de Air Berlín, en 2017, que dejó a 8.000 empleados en la calle.

Germania llevaba tiempo sobreviviendo con pérdidas. Había presentado en 2016 unas cuentas con 7,7 millones de euros en negativo, empeorando la situación de cierre de 2015, año que cerró con 6,8 millones de pérdidas, y aunque en las últimas semanas se habían redoblado los esfuerzos por captar inversores, el déficit en sus cuentas de 32 millones de euros ha podido más que una posible inyección de capital. El resultado es que 10.000 pasajeros se han quedado en tierra y mil empleados en la calle. Además, su operativa en 18 aeropuertos con conexiones a más de 60 destinos en Europa, África del Norte y Oriente Próximo queda disponible para ser absorbida por otras compañías.

El caso es que esta compañía ha tenido como principal problema su éxito, unido a su modelo de negocio. Pasajeros ha tenido, lo que ha redundado en su beneficio, pero la dura competencia vía alquiler de slots en los aeropuertos y el alto precio del carburante ha lastrado sus costes más allá de sus posibilidades. De hecho, en la actualidad, sólo las compañías más grandes, con un resistente pulmón financiero están pudiendo subsistir en un mercado cada vez más incierto.

En esta tesitura la que puede salir como gran beneficiada es Lufthansa, que mantiene su posición como la aerolínea más grande de Europa tras comprar la mayor parte de la insolvente Air Berlin y aviones de Small Planet. Hasta 142,3 millones de personas volaron con Lufthansa y sus subsidiarias. Estas cifras representan un 10% más que el año anterior.

Pero no es la única noticia respecto a este incierto mercado que nos llega estos días. Los problemas de Norwegian, que lleva arrastrando largo tiempo, se confirman con el anuncio de sus resultados del 2018. Según éstos, el año pasado se cerró para la compañía sueca con unas pérdidas de 150 millones de euros, que han sido atribuidos a “los problemas de los motores, las pérdidas en coberturas de combustible y la dura competencia en un período de fuerte crecimiento”.

La compañía noruega transportó en 2018 a más de 37 millones de pasajeros, un 13% más que el anterior. Aun así, los problemas financieros de Norwegian obligaron hace unas semanas a la aerolínea a anunciar una ampliación de capital por 308 millones de euros. Ello, después de que IAG descartara lanzar una opa sobre la aerolínea noruega y anunciara la venta de su participación. Las consecuencias para nuestro país han sido el anuncio del cierre de sus bases en Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife.

Por si fuera poco, Ryanair también ha publicado sus cuentas del tercer trimestre, con una pérdida de 19,6 millones de euros netos. La primera pérdida desde el 2014, achacada, según la compañía, a la reciente bajada de precios en el sector, un descenso de hasta el 6% durante la temporada invernal por el exceso de capacidad. Esta noticia contrasta con los resultados del mismo trimestre del año anterior, periodo en el que obtuvo unos beneficios de algo más de 105 millones de euros.

Tras estos malos resultados, la primera medida de la compañía ha sido retirar de la gestión directa al polémico presidente Michael O’Leary, quien continuará por cinco años más, en la estructura organizativa del grupo, como consejero delegado, para concentrarse en la dirección central del grupo. Indudablemente, en esta decisión ha pesado también la gestión del conflicto, aun no del todo resuelto, de las huelgas de pilotos del año pasado, así como del tema, en plena ebullición de las indemnizaciones a los pasajeros afectados por estas huelgas.

Aunque cada empresa tiene sus propias dificultades, todas las líneas aéreas se enfrentan a presiones a la baja sobre los precios a medida que aumenta la capacidad en el sector de bajo coste. Sin ir más lejos, según un análisis de Barclays, en el último trimestre de 2018, la capacidad de las aerolíneas low cost de Europa, medida por el número de asientos, creció un 11%, incluso después de que muchas aerolíneas hubieran recortado su crecimiento. A esto se une el que las compañías low cost son más vulnerables ante las subidas de costes ya que, por su propia naturaleza, las subidas de tarifas son poco menos que impensables. Así, ante una subida en el combustible, estas compañías sólo pueden disminuir otros costes o ingeniárselas para cobrar nuevos servicios a los pasajeros, con menor o mayor acogida.

Para complicar más la situación, muchas de estas compañías se van a ver afectadas por un factor tan incontrolable como es el Brexit. Ya que, aunque tanto Londres como Bruselas han garantizado la estabilidad en el mercado, todavía siguen quedando una infinidad de incógnitas en el aire. Así, Bruselas otorgará a los grupos de aerolíneas de ambos lados como IAG -holding de British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus- un plazo de siete meses para revisar la composición de su accionariado con el fin de conservar todos los derechos de vuelo dentro de la Unión Europea si el Reino Unido sale del bloque europeo sin un acuerdo. Es de prever que muchas compañías, y ya no sólo se hablaría de las aéreas, forzarán o pactarán ventas de acciones con el fin de permanecer operativas en el mercado que les interese.

Según datos del estudio (PDF) elaborado por el Instituto Cerdá, que coinciden con los aportados por el Colegio de Agentes de la Propiedad, a fecha de mayo del 2017, en España hay más de 87.000 viviendas ocupadas, lo que equivale a decir que aproximadamente 260.000 personas viven en España ocupando ilegalmente viviendas.

El principal motivo de estas cifras de ocupación viene dado, según el estudio, por tres motivos principales: por un lado, el déficit de parque dedicado a vivienda social; por otro, el hecho que desde el 2007 los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado un 76% en España y, por último, por la existencia de un abundante parque de viviendas vacías, superior al medio millón. El resultado de esta mezcla es que el número de desalojos de inmuebles por orden judicial se ha multiplicado por 2,25 desde 2008.

Pero dentro de estas ocupaciones, son las conflictivas que, aunque sólo suponen entre alrededor del 18% del total, generan impactos negativos en el entorno en el que se producen. La inseguridad, el ruido, el deterioro del entorno urbano y el impacto sobre los comercios y negocios del entorno generan un impacto económico negativo que el estudio cuantifica entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda ocupada. Además de que se estima que la ocupación ilegal supone una pérdida de valor de los inmuebles ocupados de entre el 40 y el 60%.

Coloquialmente, la “okupación” es la práctica de tomar una vivienda por la fuerza, constituyendo de esta forma un delito de usurpación, con consideración de leve y penado con entre tres y seis meses de privación de libertad. La cada vez mayor “profesionalización” del movimiento “okupa” y su cada vez mayor relación con bandas criminales, que suelen aprovecharse tanto de la vivienda ocupada, como del ocupante, es lo que motivó, a mediados del año pasado, la aprobación de la “ley del desahucio exprés” (Ley 5/2018).

Los principales puntos a destacar de esta ley se resumen en tres:

1. La ley busca habilitar una vía rápida para que el dueño de la vivienda pueda recuperar su uso en un plazo que se estima, de manera muy optimista, de entre 20 días a un mes. Esto se consigue habilitando, a través de la vía civil, una medida cautelar rápida. Tras la denuncia de dueño de la vivienda se establece un plazo de cinco días desde la notificación del juzgado (y aquí puede venir un retraso importante dependiendo de la carga de trabajo del juzgado) para que el ocupante acredite la existencia de título jurídico de la casa (contrato de alquiler, escritura de compra…). Si no lo hace, el juez autoriza el desahucio, acordando fecha y hora de lanzamiento. Y, además, el auto es irrecurrible.
2. Esta ley está pensada para proteger a los propietarios, organizaciones sin ánimo de lucro y también a las Administraciones públicas con vivienda social, de modo que bancos, fondos buitre, etc. quedan excluidos, a priori, de poder adherirse al procedimiento exprés. Por tanto, estas asociaciones criminales podrían tener aún un amplio espectro de inmuebles sobre los que seguir operando.
3. La ley contempla la comunicación a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación. Sin embargo, no se prevé la entrada de estos servicios sociales de oficio, sino con el consentimiento de los interesados, lo que puede significar, en la práctica, que a los desalojados podría no proporcionársele una vivienda alternativa. Tan sólo establece la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda “medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial“, con el fin de “dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible” a casos de vulnerabilidad.

Lo cierto es que ha pasado medio año desde la entrada en vigor sólo se han podido apreciar dos efectos claros. Por un lado, lo que se preveía, la carga de trabajo y el colapso de muchos juzgados por su falta de medios, han provocado que los plazos de tiempo desde la presentación de la denuncia hasta la incoación del expediente y la subsiguiente notificación, no varíen en gran cosa de los plazos con la legislación anterior. Por lo que, por ahora la mejora no se aprecia de una forma generalizada.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por medio centenar de diputados de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la ley, apenas cuatro meses después de su aprobación, por lo que es muy probable que esto pueda significar más retrasos y recelos en su aplicación.

Mientras tanto, las mafias proliferan y es frecuente encontrarse en portales de anuncios por internet tanto ofertas de estas viviendas, como demanda de las mismas. Los cazadores de pisos vacíos, bandas organizadas o buscadores solitarios que han hecho de esto su forma de vida, ofertan un lugar barato en el que vivir durante al menos dos años. El tiempo que suele demorarse una sentencia para ejecutar un desahucio. En ellos, una compra cuesta entre 1.000 y 2.000 euros. El alquiler ronda los 300 al mes.

Es un hecho contrastado que el ser humano está explotando de forma desmedida los recursos naturales de la Tierra, poniendo en peligro su supervivencia. Así, la Global Footprint Network y la New Economics Foundation (NEF) demostraron que habiendo solo transcurrido ocho meses del año 2012, la humanidad ya había agotado todos los recursos naturales que el planeta podía proveer de forma sostenible para ese año. Lo que conlleva que los seres humanos, para mantener su nivel de vida, sobreexplotan los recursos naturales del planeta, de modo que éste no logra recuperarse de la explotación de los recursos renovables y, por supuesto, aún menos de los que no lo son.

De esta manera, surge la necesidad de implementar medidas que protejan el medioambiente. Pero a la misma vez deben permitir el desarrollo de las actividades que exige el mundo moderno, como por ejemplo la búsqueda de nuevas fuentes de recursos naturales por fuera de los límites terrestres. Según varios estudios científicos, el espacio cercano a nosotros tiene varios cuerpos celestes que contienen un amplio número de recursos naturales. Específicamente, en el sistema solar la Luna y el planeta Marte cuentan con una gran cantidad de recursos minerales. Así pues, la extracción y explotación de estos en el espacio aparece como una posible respuesta a su sobreexplotación y agotamiento. Por tal motivo, en los últimos años se han incrementado los deseos de enviar misiones al espacio con el fin de cumplir este objetivo.

En este sentido se engloba el último logro de China en su carrera espacial. El hecho de haber logrado alunizar con éxito, más allá del logro a nivel científico que supone, con toda la batería de pruebas de crecimiento de plantas, investigaciones acerca del proceso de formación de nuestro planeta o analizar las reservar de agua congelada, es muy posible que se centre más en investigar, por ejemplo, la presencia de helio, un elemento que escasea en la Tierra y que se espera que sea uno de los combustibles del futuro al ser la base del funcionamiento de la fusión nuclear.

China ha llegado la última al espacio, pero su programa es el más ambicioso actualmente. Tanto es así que, si nada lo remedia, cuando en el 2024 acabe su vida útil la Estación Espacial Internacional sólo China tendrá presencia en el espacio. Sobre todo debido a que los planes chinos contemplan la construcción, a partir del año que viene, de su propia estación espacial. De la relación entre Putin y Trump dependerá de si Rusia se apunta al carro con China o sigue su estrecha colaboración con Estados Unidos.

Con un presupuesto que se cifra en miles de millones de dólares, aunque nadie conoce la cifra exacta, el país asiático se ha propuesto reflejar el poderío económico de China también en sus proyectos espaciales. Pocos podían imaginarse en 1970, cuando Mao Zedong, lanzó el primer satélite chino al espacio, que en el 2016 su país marcaría un récord anual en lanzamientos.

A día de hoy, y tras el éxito preliminar de la misión a la cara oculta de la luna, el siguiente objetivo será conseguir rocas del satélite y transportarlas a la Tierra. Este objetivo, de lograrlo, implicará un avance sin precedentes en los vuelos y cargueros espaciales. Pasos necesarios para su meta a largo plazo: instalar en el 2050 una base lunar operada por robots y a la que viajarán astronautas ocasionalmente.

Pero los sueños del país asiático no acaban aquí, según los planes de la Administración Espacial Nacional China (CNSA), para el 2020 su programa contempla tener una sonda para explotar asteroides. Esto significa que el establecimiento en la luna puede ser una primera fase para la futura explotación minera de esos asteroides. El plan sería localizar el asteroide en cuestión, lanzar la sonda, que contactaría con el mismo y lo remolcaría hasta llevarlo a una órbita lunar. Comenzaría entonces el proceso de explotación y transporte de los minerales, proceso llevado a cabo por plantas robotizadas.

Una plan ambicioso y caro, pero que en el medio-largo plazo puede suponer el suministro de materiales, como podría ser el platino, necesario para reducir los costes de aparatos electrónicos o facilitar la construcción económica de los motores eléctricos. Si tenemos en cuenta que en un asteroide de 500 toneladas podría haber más platino que en toda la superficie de la tierra, los costes del carísimo programa espacial chino podrían verse ampliamente recompensados.

Pero nada se obtiene sin esfuerzo. El progreso de China en el espacio inquieta a otras potencias, especialmente a Estados Unidos, quien mantiene un veto de colaboración entre la NASA y la agencia espacial china, alegando motivos de seguridad. Esta es la razón por la que el país asiático no puede formar parte de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Aun así, China colabora con la Agencia Espacial Europa (ESA) en varios proyectos como la formación de astronautas y, negocia desde el 2015 con Rusia la posibilidad de crear una estación espacial conjunta. Ante esto, la reacción de Trump fue a la altura de lo esperado, anunciando la creación de una nueva división en el Ejército que llamaría “fuerza espacial”.

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) lleva desde 2010 desarrollando proyectos enfocados al análisis y resolución de la pobreza energética. Es decir, la incapacidad de las personas para pagar la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a hacer frente a la factura energética de su vivienda.

El concepto de pobreza energética nació en 1991 con la publicación del libro “Fuel Poverty” por la profesora Brenda Boardman de la Universidad de Oxford. Desde entonces, las islas británicas han sido el epicentro de la investigación, definición conceptual y acción política para mitigar la pobreza energética. En 1997 el debate estaba tan extendido en la sociedad que el Gobierno adoptó la minimización de la pobreza energética como parte de sus objetivos y en el 2000 aprobó la “Warm Homes and Energy Conservation Act” (WHECA). Esta Ley definió formalmente el concepto en Europa.

En España, la pobreza energética es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico, según apuntaba la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en su informe “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis”. Según ese estudio, el promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 2014 fue de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa un promedio de 7.100 muertes al año.

Esto significa que, aunque se haya mejorado, la pobreza energética sigue siendo un problema en España. Según la Oficina de Estadística Europea (Eurostat), un 10,1% de la población española es incapaz de calentar su hogar de manera adecuada, un porcentaje superior a la media europea, que se sitúa en el 8,7%, según los datos publicados correspondientes al año 2016.

Si tomamos como referencia los datos energéticos europeos, la electricidad y el gas son más caros en España, un 123,07 y un 140,68% respectivamente superiores que la media de la Comunidad Europea en el 2016. Y siguiendo en la misma línea, si en 2016 el 8,7% de europeos se encontraban cercanos a una situación de vulnerabilidad energética, en España ese porcentaje era del 10,1%.

Según datos del INE, a nivel nacional la salida de la crisis ha supuesto una ligera mejora en la situación de los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, al pasar de un 9 por ciento en 2012 a un 8,3 el año pasado. Aunque en algunas comunidades, como Asturias, el porcentaje de hogares en esta situación se ha triplicado, hasta llegar al 18,4 por ciento del total, la cifra más elevada de todas las autonomías.

El siguiente cuadro recoge el porcentaje de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, según los últimos datos del INE, de 2017, y los de 2012:

De cara al 2019, y dentro de la creciente necesidad de un panorama energético descarbonizado y sostenible, sumado a la considerable amenaza para el bienestar de todos los ciudadanos que supone la pobreza energética, el Gobierno de España publicó el pasado mes de octubre el Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Entre las medidas de este decreto encontramos la eliminación del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica durante seis meses y una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos que tiene como objetivo de hacer desaparecer el céntimo verde, aquel que, a pesar de ser un impuesto aplicado al gas natural, termina inflando los precios finales de la electricidad. Estas medidas podrían suponer una rebaja en la factura de 6,2 € para un hogar con un consumo anual moderado y de unos 8,5 € para aquel con un consumo de kWh superior.

Para hacer frente a la pobreza energética también se amplía la cobertura de las prestaciones del bono social, de modo que se impide cortar el suministro energético de aquellos hogares que estén acogidos a dicho bono y cuenten en la familia con un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o más o aquella con una dependencia de grado II y III.

Además, aquellos que ya dispongan de esta ayuda, también disponen del bono social térmico. Gracias a este bono, los hogares podrán hacer frente a los costes de la calefacción y el agua caliente, una de las principales preocupaciones de aquellos hogares al borde la pobreza energética.

Según el Gobierno, estas medidas son “más que suficiente para la cobertura total de todas las personas con riesgo de pobreza energética que hay actualmente en España”. “En rigor, no se trata de ampliar sin más el colectivo de consumidores bajo la protección del bono social, sino de garantizar que la cobertura del bono social atienda eficazmente a todos los consumidores que realmente lo necesitan”.

Sin embargo, lo cierto es que las continuas subidas de precios generan cada vez más vulnerabilidad y pobreza energética. Lo que convierte las medidas propuestas en parches para paliar una situación cada vez más degradada que no atacan de raíz el problema, que es conseguir que nuestro sistema energético sea económicamente justo y ecológicamente responsable.

Para esto no se requiere otra cosa más que realmente introducir la competencia entre las cinco grandes empresas del sector. Con ello se acabaría con los dos grandes problemas del mismo.

Por un lado, se acabaría con la especulación que supone la alianza entre las cinco empresas a la hora de fijar los precios de la energía eléctrica. Por otro, se acabaría con la unidad para recurrir todas y cada una de las medidas que se tomen dentro del sector, de modo que el nivel de conflictividad jurídica es el más alto de todos los sectores de la economía del país. Se recurre absolutamente todo y haciendo siempre frente común.