Manuel González

En octubre de 2015 se aprobaba el Real Decreto de lo que se denominó el “peaje de respaldo” al autoconsumo eléctrico. En pocas palabras, el “impuesto al sol”, sobre el que las organizaciones de consumidores, grupos ecologistas, asociaciones empresariales y la oposición advirtieron durante más de dos años acerca de su penalización al autoconsumo. Después de algunos retoques basándose en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el visto bueno del Consejo de Estado, el Gobierno aprobó la normativa que para organizaciones como Greenpeace supuso una “clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética”.

Consecuencia del maridaje entre políticos y empresas eléctricas, el gobierno anterior plagó de trámites burocráticos las instalaciones de autoconsumo y, no contentos con ello, tachó de insolidarios a los que tenían instalaciones parciales de autoconsumo al oponerse éstos al “impuesto al sol”.

La negociación sobre el “brexit” amenaza con enquistarse. Tras la negativa europea a las pretensiones británicas el gobierno de May amenaza con la posibilidad de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, en lo que ha sido un órdago que puede tener más de farol que de contenido real.

Inserta dentro de esta negociación como uno de los puntos clave se encuentra una cuestión que afecta de manera importante a los intereses españoles, como es el tema de Gibraltar. En este sentido, la posición del Gobierno español, después de una serie de altibajos, se muestra optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y aunque el equipo negociador sigue siendo el mismo que con el gobierno anterior, sin embargo, los posicionamientos y las prioridades han variado desde el principio de la negociación, primando ahora la cuestión socioeconómica del campo de Gibraltar.

Realmente la negociación del “brexit”, que debe de culminar para dar una salida negociada a Gran Bretaña el próximo marzo, se halla paralizada por las diferentes posturas en materia comercial y la peliaguda cuestión sobre la frontera irlandesa. Pero lo cierto es que los líderes europeos han instado de nuevo a Theresa May a acelerar las negociaciones bilaterales con España para resolver su disputa sobre la posición que tendrá Gibraltar tras el “brexit”. Algo incluido en la última ronda de negociaciones por petición del Ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Desde el inicio de las negociaciones del “brexit”, la UE ha dado a España poder de veto sobre el futuro del Peñón cuando Reino Unido se marche. Ni el futuro acuerdo comercial entre Bruselas y Londres ni el periodo de transición para garantizar un aterrizaje suave se aplicarán a Gibraltar a menos que no haya un acuerdo previo entre el Gobierno británico y el español, según ha confirmado Borrell.

En su momento, el Gobierno de Rajoy planteó cuatro exigencias a May sobre Gibraltar: control compartido del aeropuerto, más transparencia para que deje de ejercer como un paraíso fiscal, lucha contra el contrabando y mejor protección medioambiental, en concreto en lo referente a vertidos contaminantes. Esto significa que la cuestión de la soberanía nunca estuvo sobre la mesa de diálogo, entrando sólo en juego justo antes de la moción de censura que propició la llegada de Sánchez al poder.

El uso del aeropuerto de Gibraltar es uno de los elementos más complejos de la negociación entre Madrid y Londres respecto al futuro del Peñón. España lleva años reclamando un uso conjunto del aeropuerto, ya que considera que la construcción del mismo se hizo territorio no contemplado por el Tratado de Utrecht de 1713. Este tema es uno de los que más irritan a Gran Bretaña porque supondría dar entrada a fuerzas de seguridad españolas en un territorio que consideran propio. Esto sería debido a que, al no formar Reino Unido parte del área de libre circulación de Schengen, España reclamaría contar, en algún punto del aeródromo, con policías o guardias civiles que supervisaran los tránsitos.

En lo que se refiere al contrabando de tabaco, Gibraltar es el mayor punto de entrada ilegal de España del mismo. Sólo el año pasado fueron interceptadas más de 600.000 cajetillas, según datos oficiales, un 158% más que en 2016. El Gobierno quiere comprometer a Reino Unido a que el precio del tabaco, muy reducido en Gibraltar, se equipare más al español para hacer menos atractivo el tráfico ilegal.

En cuanto al tema fiscal, es uno de los puntos prioritarios de las exigencias españolas y se refiere al establecimiento y cumplimiento de unos criterios más estrictos de domicilio fiscal, que impidan el establecimiento del mismo en el Peñón a empresas que claramente operan en nuestro país. De hecho, Gibraltar no forma parte de la unión aduanera, no asume las políticas agrícola y comercial ni aplica el IVA, entre otras cosas, por lo que el régimen tributario del Peñón puede ser equiparable a un paraíso fiscal en muchos aspectos. En un territorio con poco más de 30.000 personas radican su actividad más de 55.000 de empresas, que en buena medida operan en España. En concreto, el régimen especial de Gibraltar, en lo que respecta al negocio del juego online, ha convertido a la colonia en sede de 30 compañías que aglutinan el 60% del mercado mundial. Actualmente, el 40% del PIB del Peñón se deriva de esta actividad y todo ello depende de potentes conexiones de fibra óptica que, a través de territorio español, hacen accesibles estos casinos al mayor mercado del mundo en este sector. En este sentido, no hay que olvidar la investigación abierta en el seno de la Comisión en 2013 sobre la ley gibraltareña de impuestos sobre ingresos de las empresas.

Y todo esto en medio de un escenario en el que cada día cruzan la frontera 14.041 trabajadores, según cálculos de Gibraltar, 8.739 de ellos españoles. Y aquí se habla de la convivencia entre una zona con una de las rentas per cápita más altas de Europa inserta en una de las regiones más deprimidas y con uno de los mayores índices de paro. Y la duda es qué pasará con estos trabajadores si la Verja se cierra una vez que el Reino Unido abandone el Espacio Schengen.

La retirada de la pretensión española de la cosoberanía ha aliviado la tensión entre los mandatarios del Peñón, lo que posibilita la consecución de un acuerdo, ya que los intereses de Gibraltar pueden estar más cercanos a los españoles que las consecuencias que acarrearía un “brexit” sin acuerdo con España con capacidad de veto.

Aunque también es cierto que, según Borrell, España no renunciará a la soberanía del Peñón, el Ministro reconoce que este no es el marco ideal para reclamarlo. Esto a pesar de estar reconocida por la doctrina de la ONU, que da un marco favorable a España, ya que colocó a la colonia británica en 1946 en la lista de los territorios no autónomos y, desde 1964, en la lista de territorios pendientes de descolonización, sin considerarlo nunca un territorio con derecho a autodeterminación.

Lo curioso del caso, a recordar en todo caso, es que Londres, en la etapa de idilio entre Blair y Aznar (hasta se hicieron una foto juntos en las Azores), ya aceptó hablar de cosoberanía. El anterior Ministro de Exteriores, Margallo, explicó que, durante esa etapa, se mantendrían las dos banderas y los gibraltareños podrían contar con la nacionalidad británica y también con un estatus económico-fiscal especial. Cuando ese periodo, establecido en un tiempo de alrededor de 50 años, llegase a su fin, se procedería a la integración total en el Estado español, como preveía la ONU.

El problema en esa ocasión fue que los ciudadanos del Peñón se pronunciaron en contra de la cosoberanía en noviembre del 2002. En una consulta sin valor legal organizada por el entonces ministro principal, Peter Caruana, los llanitos rechazaron con un 99% de votos esa posibilidad, lo que empantanó las conversaciones entre Madrid y Londres. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero retomó el dosier en el 2004, incluyendo en las negociaciones a Gibraltar en el llamado Foro de Diálogo Tripartito, en un intento de apaciguar los ánimos en la colonia, que sólo sirvió para dar alas a las aspiraciones soberanistas gibraltareñas.

Ahora que está tan de moda hablar de estudios de postgrado y de formación superior, así como del uso que a esta formación le dan algunos de nuestros políticos, salta al escenario otro problema endémico de nuestro mercado laboral: la sobrecualificación. Según el estudio de Bankia y el Instituto de la Empresa familiar “Orientación Profesional y Formación Digital: Hacia un Modelo Integrado para el Empleo Juvenil”, cerca de 700.000 personas, entre 2014 y 2017 con formación superior se ha incorporado al mundo laboral, al tiempo que, paradójicamente, nuestra economía no genera unos niveles tan elevados de puestos de trabajo para titulados superiores, sino más bien todo lo contrario.

De hecho, mientras que, según la EPA, en 1996 apenas había 3 millones de personas con titulación superior, número que se aproximaba a las demandas del mercado laboral, veinte años más tarde eran 10.932.500 titulados para 5.922.600 puestos de trabajo acordes. Lo que significa que 4 millones de personas están condenadas a engrosar las listas del paro o a aceptar un puesto de trabajo por debajo de su cualificación.

Este hecho, se debe sencillamente a dos fenómenos que van en el mismo sentido y que tienen el mismo origen, que no es otro que la falta de empleo. Según Michael Spence, premio Nobel de Economía en 2001, y su “Teoría de la señalización del mercado”, los empresarios, a la hora de escoger personal, valoran de forma ponderada la formación, a veces incluso por encima de la adecuación al puesto de trabajo. El empleador asume que existe una correlación positiva entre el nivel educativo y las mayores habilidades para el desempeño de un puesto de trabajo. Es decir, considera que si el candidato “es bueno para los estudios también debe serlo para el trabajo”. Los empresarios ante el riesgo de reclutar trabajadores poco productivos y a falta de mayor información, optan por reclutar aquellos trabajadores que poseen mayores estudios al considerarlos más productivos y susceptibles de un mejor desarrollo personal a través de la promoción interna. Lo que significa al fin y al cabo que el tener elevada formación ayuda a conseguir un empleo.

Por otro lado, los demandantes de empleo ante la falta de puestos de trabajo de calidad acordes con su preparación formativa o experiencia, optan por cualquier tipo de empleo, aunque los mismos no tengan nada que ver con sus niveles de competencia. Con el agravante de que, conforme la situación se perpetua, el trabajador va asumiendo la situación permanente de degradación del mercado laboral. Estos trabajadores consideran que la precariedad laboral forma parte de sus profesiones y que el encadenamiento sucesivo de contratos son parte de un modelo normal de integración profesional. Con lo que se está asumiendo que los empleos temporales y la precariedad son las características estructurales propias de los mercados de trabajo actuales.

Pero lo verdaderamente preocupante para los universitarios es la sobrecualificación persistente; esto es, acumular durante años empleos para los que se está sobrecualificado. Por un lado, las capacidades, conocimientos y habilidades que no se ponen en práctica se deterioran y deprecian; por otro lado, porque acumular experiencias en trabajos menos cualificados da señales negativas a los potenciales empleadores futuros. En conclusión, que los trabajos menos cualificados no actúan como una plataforma para obtener más experiencia laboral y acceder a puestos mejores, sino que en buena medida son callejones sin salida que en muchos casos contribuyen a perpetuar el desajuste educativo. Hasta tal punto puede ser así, quienes acumulan experiencias laborales en puestos para los que están sobrecualificados tienen menos probabilidades de escapar de esta situación que quienes están en la inactividad.

Según las estadísticas de Eurostat, las tasas de sobrecualificación en España superan ampliamente al conjunto de la Unión Europea en todos los sectores. Con datos de 2016, se aprecia que las cifras, en muchos sectores, doblan las de la media europea. Por poner un ejemplo, en el sector de la construcción, el 57,4% de los trabajadores tienen una formación superior a la requerida por el puesto que ocupan, mientras que la media europea se sitúa en el 29,5%.

Lo que significan estos datos es simplemente que existe un enorme desajuste entre la oferta de trabajo en el país y la demanda, posiblemente ocasionada por motivos meramente políticos. Durante muchos años se ha estado intentando universalizar la formación superior, de modo que dejase de ser privilegio de unos pocos afortunados que pudieran permitirse el coste de la misma. El problema es que se ha creado la oferta sin que el país pudiera absorberla adecuadamente. De hecho, las políticas llevadas a cabo para la mejora de la competitividad del país han ido precisamente en sentido contrario, ya que se han centrado principalmente en la devaluación del trabajo.

En cuanto a las iniciativas para subsanar este desajuste, en opinión de la OCDE alguna está dando resultados, como es la reforma de la Formación Profesional Dual, que acerca el entorno académico al laboral. No obstante, estos avances son limitados, debido principalmente a la falta de coordinación de las políticas entre las distintas Comunidades Autónomas. A este respecto, la OCDE estima que existe la información necesaria para tratar de ajustar demanda y oferta de empleo, pero que apenas se utiliza. Y, por ello, realiza una serie de recomendaciones:

• Creación de un organismo que coordine a la administración central y a las autonómicas. La OCDE no defiende incrementar el gasto público en políticas activas, sino reducir los subsidios a la contratación a cambio de invertir en la formación de jóvenes y parados de larga duración.
• Mejorar el asesoramiento al desempleado para adaptar las capacidades del trabajador al mundo laboral. Esto conllevaría la implicación de los empresarios a la hora de asesorar sobre las salidas laborales incluso a alumnos de secundaria.
• Mejorar la educación universitaria incentivando tanto a los centros como a los alumnos que mejor adapten su formación a las necesidades laborales del mercado.
• Y, por el lado de la demanda, favorecer la concienciación de las pymes para que incremente su productividad reajustado sus demandas con perfiles más adecuados a sus necesidades.

En definitiva, la OCDE identifica problemas del mercado laboral y qué medidas ejecutar para mitigar o solucionarlos a partir de un mejor aprovechamiento de la información disponible, de modo que permita optimizar el cuadre entre demanda y oferta de empleo.

El debate sobre la robotización de nuestra sociedad es un tema que viene levantando ampollas desde hace un tiempo. Según un estudio de Unicredit llamado El auge de las máquinas (Rise of the machines), unido a la progresiva implantación de una mecanización cada vez más automatizada, que conlleva la progresiva e imparable pérdida de puestos de trabajo tal y como los conocemos, existe el acervo popular, influido por las novelas y películas de ciencia ficción, consistente en un futuro en el que robots androides conviven y compiten con la raza humana, a veces colaborando, a veces en guerra abierta con los que fueron sus creadores.

Esto viene unido también a la confusión que se plantea entre robotización en sí misma y la inteligencia artificial, que pueden ir de la mano o por separado. Tanto es así, que la primera se dio entre la humanidad desde la aparición de la primera máquina, mientras que la segunda es sólo en los últimos años cuando ha empezado a dar sus primeros pasos, sin que éstos se tengan que reflejar necesariamente en androides o máquinas físicas.

Así, desde principios del siglo XX, el uso de automóviles y semáforos popularizó la automatización a pie de calle. Desde entonces, el número de máquinas y procesos automáticos en nuestras vidas ha aumentado exponencialmente: las lavadoras, los cajeros automáticos, el enfoque de las lentes de una cámara de fotos, las puertas, el lavado de coches, el termostato… Y el temor inicial que en su día despertaron ha dejado paso a una sensación de rutina. La automatización es tan corriente, que ni siquiera nos percatamos cuando nos topamos con ella.

Sin embargo, la inteligencia artificial es una forma de automatización avanzada. En la programación de los dispositivos convencionales se crean reglas muy exactas con las que una máquina ejecuta tareas determinadas. La eficiencia depende del detalle y la exactitud con el que se haya programado la tarea: por ejemplo, trazar la ruta más corta entre dos destinos. La revolución de la IA consiste en que, a la hora de calcular esa ruta, se tienen en cuenta, ya no solo la distancia, sino parámetros más contextuales como la existencia de atascos, obras que puedan existir en las rutas, o las condiciones climáticas que se puedan dar. Es decir, la IA se convierte en un sistema que interactúa con el entorno y que ofrece distintas soluciones dependiendo de las circunstancias del mismo. De este modo, los sistemas de automatización inteligentes escogen el proceso más eficaz.

De este modo, es un hecho que la cantidad de robots que usan las empresas para aumentar la productividad se ha incrementado rápidamente en los últimos años, de tal modo que la Federación Internacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés) espera que las instalaciones de robots continuarán creciendo a tasas anuales de dos dígitos. Ello debido a que el costo para producir estas máquinas sigue bajando, sus aplicaciones son cada vez más versátiles, mientras sus capacidades siguen aumentando, y su aplicación práctica se multiplica día a día.

Sin embargo, dado que la mayor desigualdad y los lentos avances en materia de productividad pueden ser los principales desafíos económicos en el siglo XXI, el uso cada vez extendido de robots podría afectar estos dos aspectos, tanto de manera positiva como de manera negativa. Si bien los estudios sobre el impacto de los robots es algo todavía incipiente, lo cierto es que la robotización conlleva un aumento de la productividad, lo que incide sobre salarios y sobre la demanda de mano de obra. De tal modo que el aumento del uso de mecanismos automatizados supone una disminución de la oferta de empleo a los trabajadores de cualificaciones y salarios medianos y bajos. Mientras que, por el contrario, a los trabajadores cualificados, este aumento de la productividad les conlleva el pago de salarios más altos, lo que significa que la robotización aumenta aún más la desigualdad en los ingresos.

¿Cómo se podría combatir esta desigualdad creciente? Principalmente se barajan dos medidas. La primera tiene que ver con la educación y la formación de los trabajadores. Es un hecho que el avance de la robotización va a conllevar la pérdida de muchos puestos de trabajo así como de profesiones (parecido a lo que ya ocurrió con la revolución industrial a finales del siglo XIX y principios del XX), pero también supondrá la creación de puestos de trabajo y empleos que, por ahora, ni siquiera se conocen. Aun así esta medida, por sí sola no será eficiente, debido a que la acelerada progresión tecnológica provocará una obsolescencia cada vez más acelerada del empleo en sí, a medida que la especialización de los trabajadores se haga cada vez más necesaria.

La segunda, de un alcance también limitado, tiene que ver con la redistribución de la renta. Consistiría en la implantación de medidas impositivas a las empresas, en función de su grado de robotización, para conseguir fondos con los que paliar los efectos del desempleo y las bolsas de pobreza que el mismo generará. Esta medida resultará ineficaz porque una alta fiscalidad desincentivaría la investigación y el desarrollo tecnológico, sobre todo, teniendo en cuenta que las necesidades de la población desfavorecida serían mucho mayores que los ingresos que se pudieran obtener.

Por tanto, una de las medidas que se proponen tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. Si una parte sustancial de la población obtiene sus ingresos de las rentas de capital procedentes de la propiedad de las máquinas robot, la redistribución de la renta se llevaría a cabo sin elementos distorsionadores procedentes de un estado intervencionista con una elevada fiscalidad.

Este enfoque, a pesar de ser, sobre el papel, bastante atractivo, no deja de evocar otros tiempos y otras ideologías que se verían revitalizadas. Un nuevo marxismo, que persiguiese la propiedad de los medios de producción por parte del proletariado estaría a la vuelta de la esquina, quizás la IA podría ser la que pensase por nosotros, llegado el caso.

Mediante la aprobación del reglamento europeo 549/2013 se aprobó la nueva forma de contabilidad nacional, conocida como SEC 2010. Esta nueva normativa obligaba (entre otras cosas) a considerar las drogas y la prostitución como parte de la contabilidad nacional. Sin embargo, la economía movida por negocios como el tráfico de drogas, el tráfico de armas o la prostitución es difícil de contabilizar para las agencias oficiales.

De hecho, el propio cálculo del PIB ya es de por sí muy complejo. Así, las estadísticas que solemos conocer en los medios de comunicación suelen ser estimaciones que sólo se ajustan con el paso del tiempo, cuando se van corroborando los datos. Lo que sí es cierto es que, a la hora de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, vale más una estimación que la falta de datos.

A esta dificultad, se le añadirían los desafíos adicionales de medir la economía sumergida, que se ha de hacer con estimaciones basadas en estudios de terceros para dar una aproximación de la contribución de estas actividades.

En concreto, para la consideración de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, el contrabando de tabaco y el juego ilegal, el INE utiliza fuentes de información tan variadas como la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad con la colaboración de las comunidades autónomas, o los informes anuales de los Observatorios Español y Europeo de las Drogas y Toxicomanías del Ministerio de Sanidad, así como información procedente del Ministerio de Hacienda o de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Para medir el aporte en la economía nacional de las actividades relacionadas con la prostitución se ha de echar mano de fuentes como los informes sobre trata de blancas elaborados por el Ministerio del Interior, o los informes de seguimiento del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual llevados a cabo por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o diversas encuestas sobre hábitos sexuales. Sin olvidar los informes que diversas asociaciones como Anela (la asociación de los locales de Alterne), puedan aportar, siempre con la salvedad de lo dificultoso de poder hacer estimaciones fiables.

Eso sí, por mucho que la midamos, la prostitución sigue sin ser legal, algo que está teniendo un profundo debate en toda Europa. De hecho, parece haber dos claras tendencias con respecto a esta actividad: los partidarios de legalizarla y regularla, como cualquier otra actividad económica, y los partidarios de endurecer su práctica, así como el uso de sus servicios.

Dentro de la primera opción, estaría la política llevada a cabo en Alemania, que liberó y reguló la prostitución en el 2002. Desde ese momento, esa actividad en el país se disparó y miles de mujeres se incorporaron al mercado alemán al calor del boom y de la ampliación de la UE a los países del Este en 2004. Los precios se desplomaron y los clientes comenzaron a exigir cada vez más, conscientes de que si una trabajadora no lo hacía, siempre habría otra. Además se establecieron nuevas variantes de negocio como la “tarifa plana”, mediante la cual el cliente paga una entrada y puede tener sexo hasta cansarse. Todo ello en detrimento de las trabajadoras que han visto empeorar aún más sus condiciones de vida al entrar en juego las reglas del capitalismo de forma legal.

UEGD, la asociación que representa a unas 200 empresas en toda Alemania calcula que entre 2000 y 2012 aumentó un 33% el número de prostitutas trabajando en Alemania. Según las cifras oficiosas que ellos manejan, en ese mismo periodo, los precios disminuyeron un 23%. Piensa que la única solución para frenar la caída es regular la oferta, es decir, que haya menos burdeles y menos trabajadoras. Eso sí, se muestran disconformes con el sistema de “tarifa plana” y dicen que ninguno de sus asociados lleva a cabo tal oferta. Dentro de esta política se encuentran, además de Alemania, Dinamarca y Holanda.

En la línea de la segunda tendencia se encuentra Suecia, cuyo gobierno comenzó en los años 90 a implementar unas políticas a largo plazo contra la trata de seres humanos que se centró principalmente en la protección de la mujer. Hace casi 20 años, en 1999, todos los partidos en el Parlamento sueco, sin ningún atisbo de división, aprobaron prohibir la compra de servicios sexuales y se centraron en el cliente. En esta línea se han colocado otros países como Canadá, Francia o Noruega, siendo éste último el más duro en su postura, ya que penaliza a sus ciudadanos el consumo de servicios sexuales incluso fuera de sus fronteras.

El éxito de la política sueca en los 20 años de implantación, que tiene un coste de 620.000 euros anuales, se ha plasmado en la práctica erradicación de la prostitución más evidente, como la calle o los clubes de alterne. Sin embargo, desde principios de siglo, el auge de Internet ha abierto un camino para los detractores del abolicionismo. Por lo que se estima que en el país escandinavo pueden existir alrededor de un millar de prostitutas, de las que sólo 300 son foráneas. Desde que entró en vigor la ley hace dos décadas, más de 7.600 hombres han sido procesados y multados por pagar por tener sexo con una mujer, según datos oficiales. Las multas son “severas” y dependen de los ingresos de cada persona para que sea un castigo proporcional.

En España, uno de los países con más clientes de prostitución del mundo, el Gobierno quiere regular la trata y la explotación sexual con una nueva ley que proteja a las víctimas forzosas, en la línea del modelo abolicionista sueco. Según el Ministerio del Interior el número de prostitutas en nuestro país ascendía a 14.000 en 2017 aunque se estima que son al menos el triple. Otros informes aluden a 100.000. La policía estima que el 80% de ellas son víctimas forzadas, aunque no existen cifras oficiales. Colectivos como Aprosex o Hetaira advierten de que perseguir al cliente o multar a las mujeres con normativas municipales las destierran a lugares más peligrosos donde están más desprotegidas.

La prostitución mueve hasta 160.000 millones de euros a nivel mundial, según datos de la web sobre el mercado negro Havocscope, que cita el Parlamento Europeo en sus informes, un montante del que nuestro país se queda con un 14%, ya que suma 22.800 millones anuales.

Por último, ¿ha crecido mucho nuestro PIB con estas medidas? La verdad es que parece que no ha impactado mucho en los números sobre nuestra riqueza nacional. De hecho la estimación era que las actividades ilegales añadían un 0,87% (0,35% para la prostitución y 0,5% para el tráfico de drogas) al PIB español. Datos, además, en consonancia con los de países de nuestro entorno. Sólo con el cambio metodológico que supuso la nueva contabilización del I+D, se aprecia una subida de más de un 1,55%.