Manuel González

Se acaba el verano y poco a poco iremos volviendo todos a retomar el curso de nuestras rutinas. Recomienza el curso político con los mismos nubarrones que antes del verano pero con la tormenta ya encima, y recomienza el curso escolar, con la cuesta más pronunciada del año para cualquier economía doméstica, más allá incluso de la famosa cuesta de enero.

Las previsiones de este año en concreto, según datos de la  FUCI (Federación de Usuarios y Consumidores Independientes), avisan de que llenar la mochila va a suponer un coste adicional del 1,2% respecto al año pasado. La vuelta al cole costará a las familias españolas 869 euros de media, una cifra que representa un 2,98% de los 29.188,19 euros que gasta un hogar al año, a partir de los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. Hay que tener en cuenta que, dentro de este importe está incluido, ya no sólo el material escolar, sino también el resto de equipo tal como ropa, calzado, etc. necesario para el comienzo de curso.

Con respecto al curso anterior, el gasto medio de la vuelta a las aulas se ha mantenido prácticamente estable, aumentando tan solo 10 euros con respecto a 2017, manteniéndose en la tónica de años anteriores, en los que se puede apreciar que desde 2008 los gastos escolares han pasado de 825 a los actuales 869, suponiendo un aumento del 5,4% en 10 años. Sin embargo este dato de subida moderada contrasta con los de la caída generalizada de los ingresos de las familias: en el mismo periodo de tiempo el presupuesto familiar ha caído, de media, un 8,7%, al pasar de 31.953 euros a 29.188,19 euros.

En total, estos costes generarán una factura que superará los 7.000 millones de euros (7.443,2 millones) a nivel nacional. En un contexto en el que el 9,3% de los hogares asegura llegar a final de mes “con mucha dificultad” y un 37,3% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Para ayudar a sobrellevarlo muchas familias logran acceder al sistema de becas que Estado y Comunidades Autónomas tienen establecido. De hecho, el año pasado las distintas partidas de ayudas alcanzaron 2.172,4 millones de euros, lo que supuso un aumento del 6,94%. Pero como el número de ayudas aumentó un 12,39%, el resultado final fue que la prestación por alumno descendió un 4,84%, pasando de 660,53 a 628,54 euros.

Para rebajar este importe, entre otras recomendaciones, la OCU aconseja desde hacer una lista y comparar precios en distintos establecimientos, hasta no hacer las compras con los niños para evitar compras compulsivas impulsadas por ellos. Igualmente, en lo que se refiere a los gastos en ropa o calzado, recomiendan, en la medida de lo posible, escalonar las compras; y en lo que se refiere a libros de texto, buscar fuera de las tiendas en las web de consumo colaborativo, tales como Bookint, BolsaDeLibros, Donaz o TruequeBook.

El gasto, por Comunidades Autónomas, también se muestra muy desigual para el inicio de curso. En tres comunidades autónomas –Andalucía, Navarra, y Comunidad Valenciana– los libros para primaria y ESO son totalmente gratuitos en los centros públicos y concertados. En el caso de Navarra, la última en adherirse al plan, el problema está en los límites. El Gobierno Foral aporta a los centros 88 euros para los libros de primero y segundo de primaria, 105 euros para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y 182 euros para todos los cursos de la ESO. Deja en manos del centro, sea público o privado, la posibilidad de adherirse al sistema de gratuidad dependiendo de si éste considera si la ayuda es o no suficiente para cubrir el coste de los libros que elija.

En Melilla la gratuidad solo concierne los alumnos de infantil y primaria, y las Administraciones de Ceuta, La Rioja y Murcia han anunciado que inician su programa durante este curso, aunque serán necesarios varios años para que todos puedan beneficiarse de ello, como es habitual. En Extremadura sólo las familias con las rentas más bajas pueden beneficiarse de la gratuidad de los libros. En el resto de comunidades, existe en todas algún tipo de ayuda. Casi siempre relacionada con algún sistema de préstamos y reutilización de libros.

Por otro lado, y como viniendo al caso, según la Confederación Española de Padres y Madre del Alumnado (CEAPA), en un informe publicado el año pasado, está creciendo el número de familias que tienen que asumir una serie de cobros (o copagos) para ayudar al normal funcionamiento de los centros educativos. Este hecho, cada vez más común en todas las Comunidades, es de especial relevancia en Cataluña y consiste en una cuota anual o mensual para pagar la calefacción, el agua, la luz, el papel higiénico o el jabón, que las familias asumen porque desconocen que no deben hacerlo o que los pagan para que sus hijos no sean señalados.

Así, según la CEAPA, que tiene 11.000 colegios asociados en toda España, cada vez es más común, sobre todo en centros concertados, pero con un gran crecimiento en los públicos, que se pidan a las familias una serie de pagos, normalmente a principio de curso, aunque también existe la modalidad de mensualidades, destinados a conseguir ingresos para hacer frente a gastos de calefacción, electricidad o mantenimiento. Sin ir más lejos, el año pasado los padres de Cataluña hicieron frente a una media de 70 euros de pago al inicio de curso en lo que constituiría una completa ilegalidad. El que el origen sea una mala gestión de los colegios unida a un alto grado de dejadez de las familias o que sea fruto de los recortes en educación nunca reconocidos de años pasados, cuando la crisis campaba, es un debate bizantino, ya que la realidad es que, por ilegales, no deberían existir.

La teoría económica ortodoxa se ha caracterizado por realizar aportes en una infinidad de temas abusando de reducciones exageradas de abstracciones gráficas, demostraciones algebraicas o modelos matemáticos. La Curva de Laffer es un claro ejemplo, al mostrar una relación, en forma de “U” invertida, entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos, sugiriendo la existencia de una tasa impositiva óptima que maximiza los ingresos fiscales. De esta curva se deduce que, tanto un recorte como una subida de esta tasa, nos alejaría del óptimo nivel de recaudación.

A pesar de que la intuición detrás de la curva de Laffer sigue una lógica aparentemente comprensible, el debate sobre su validez, fundamentado sobre la evidencia, es abundante.

El mundo de las políticas económicas actuales para averiguar el factor determinante del crecimiento económico y el ingreso se debate entre dos grandes tendencias. Por un lado, tenemos el pensamiento keynesiano, centrado en el fomento de la demanda y la revolucionaria idea de que el ahorro se ajusta a la inversión y no al revés. En este sentido es el ingreso, y no la tasa de interés, la variable que hace que el ahorro se ajuste al nivel de inversión. Por otro, Hayek y la escuela austriaca aseguraban que lo importante es el papel que juegan los inversores pacientes y austeros pues su comportamiento ayuda a canalizar el ahorro hacia la inversión por medio de la tasa de interés. De esta forma la única y verdadera fórmula para la prosperidad es dejar que las fuerzas del mercado se equilibren; el Estado solo viene a agravar la situación cuando interviene la economía. Así, la economía moderna se debate entre dos modelos: por un lado, está un Estado keynesiano robusto que empuja la demanda como motor del crecimiento y, por otro, un Estado de no intervención que, mediante la libertad, incentiva a los capitalistas a invertir basado en una economía de oferta.

Es bajo los auspicios de esta última escuela donde se fragua la idea de la curva de Laffer en 1974 argumentaba que normalmente la recaudación aumenta al subir las tasas impositivas pero que, llegado un punto, el incremento de las tarifas reducirá la recaudación. A la larga, este se convertiría en parte del argumentario de las políticas económicas de los gobiernos de derecha, partidarios de una baja tasa impositiva.

Derivada de esta curva de Laffer, encontramos la más desconocida curva de Rahn. Esta curva explicaría cómo es que hay países pobres que crecen con mucha fuerza mientras que otros no lo hacen en absoluto, porqué países como Alemania o Japón tienen tasas de crecimiento bajas o incluso negativas, mientras que otros países desarrollados, como Estados Unidos crecen a un buen ritmo.

La curva de Rahn relaciona el PIB de un país, o tasa de crecimiento de su economía, con el nivel de presión impositiva, entendiendo ésta como todo lo recaudado vía impuestos más todo lo que no se recauda pero que igualmente se gasta echando mano de deuda pública, es decir, lo que se considera el Gasto Público total y, por extensión, el tamaño del sector público.

Según esta relación, a medida que va aumentando el gasto público, se observa que, en un principio se genera un crecimiento del PIB muy acusado. Es decir, en una economía poco desarrollada, el que un gobierno genere el suficiente gasto para asegurar los servicios básicos que garanticen la estabilidad y la seguridad del país, debería permitir un rápido crecimiento de la economía. Esta tasa de crecimiento y esta prosperidad irían decreciendo paulatinamente conforme se acerca el tamaño óptimo del sector público. Pasado el punto óptimo, seguir aumentando el gasto público es entrar en ineficiencias. Es retirar por la fuerza el dinero de la población, de los profesionales, de los consumidores, de los inversores, y que unos políticos y unos funcionarios se dediquen a escoger lo que creen ellos que deberían consumir los otros, con lo que comienza el desastre. Entraríamos en la zona descendente de la Curva de Rahn, que indica que el gasto público empieza a afectar negativamente a la economía, a la actividad del país; esto es, al crecimiento del PIB.

Y llegados aquí, ¿Dónde está el tamaño óptimo del sector público que asegure un crecimiento saneado de una economía? A pesar de que no hay demasiado material sobre este tema, se estima que el tamaño adecuado del sector público estaría por debajo del 25% del peso en la economía. Es más, según varios economistas, entre los que destaca James A. Kahn, un gasto superior al 30% del PIB resulta especialmente dañino, estableciendo el punto óptimo en un intervalo, comprendido entre el 15% y el 25% del PIB.

Sin embargo, no deja de ser cierto que este óptimo de la curva depende también de la eficiencia del sector público, de tal modo que puede ocurrir que un gobierno sobrepase ese “límite” pero utilice ese exceso de una manera eficiente, de modo que se traduzca en crecimiento efectivo de la economía. Al igual que puede ocurrir lo contrario: que el gasto público sea del todo ineficiente, debido, por poner un ejemplo, a altas tasas de corrupción, lo que se traduciría en ineficiencias en la economía.

Es decir, cuanto peor lo haga el gobierno, más dinero necesitará. Cuanto mejor lo haga menos dinero necesitará y menos presencia económica tendrá. La Curva de Rahn no dice que el país con poco gasto público es rico. Dice que poco gasto público genera riqueza, esté el país en el nivel que esté. Si este es rico, lo será más aún. Si es pobre, dejará de serlo. Y, del mismo modo, un país rico con un muy elevado gasto público quedará ahogado y congelado en el tiempo, retrocediendo económicamente, o no avanzando ni siquiera al ritmo al que crece la población. Los mejores ejemplos de esto están en Europa occidental: Italia, Francia, Suecia, Alemania, etc.

En nuestro país, Pedro Sánchez ha hablado de elevar su peso hasta niveles cercanos al 45% del PIB, desde el 40% actual, apelando a la necesidad de “converger” con los umbrales de gasto que se observan en algunos de los principales países socios de la Unión Europea. Esto significará alejarse aún más óptimo sugerido por esta teoría que sólo acarrearía importantes subidas impositivas sin una repercusión positiva en el crecimiento económico.

Según los críticos a la propuesta del Presidente, podemos observar que entre 1996 y 2004, los gobiernos de José María Aznar redujeron el gasto público del 44,2% al 38,6% del PIB, lo que se tradujo en un crecimiento del 64% del PIB per cápita, junto con una inflación media que se redujo del 4,3% al 2,2%. Además, el número de mujeres ocupadas aumentó un 58%, la riqueza neta de las familias se duplicó, el número de ocupados pasó de 12,6 a 17,6 millones de personas, el paro cayó del 22,8% al 11,5% y los asalariados con empleo indefinido aumentaron un 58%.

Lo que también es cierto es que parece ser que sobraron recursos suficientes para construir tramas de corrupción millonarias cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días, lo que significa que el crecimiento de la era Aznar pudo haber sido mucho mayor. Sin olvidar que el problema fundamental no es que el sector público gaste más o menos, sino que gaste mejor, de manera que si el Estado es tan eficiente en su gestión como lo pueda ser el sector privado, puede resultar indiferente quien gaste de cara al crecimiento.

El último año ha batido todos los récords de inversión en el mercado hotelero español hasta alcanzar los 3.907 millones de euros entre transacciones de hoteles existentes, de inmuebles para su reconversión a hotel y de suelo para desarrollo hotelero, lo que representa un incremento de casi el 80% con respecto a 2016.

Tras este boom de inversión se encuentra, no solamente el mayor número de operaciones, sino además una subida en el precio de los activos. Se observa igualmente un cambio en el tipo de inversor y sus exigencias de rentabilidad, en torno a un 5-6% en urbano y un 6%-7% en vacacional, de tal modo que ya no existe tanto fondo oportunista, que entra en el mercado cuando las cosas no están claras. Advirtiendo, igualmente según diversos estudios, que aún quedan alrededor de 2.000 hoteles, pertenecientes a pequeñas cadenas, por reformar y reposicionar. Son precisamente estas cadenas, muchas de ellas empresas familiares inmersas en un relevo generacional, el objeto de estos fondos de inversión.

Esto indica que el apetito inversor sigue siendo muy elevado en estos momentos en relación a España. De hecho es muy posible que algunos fondos de inversión se arrepientan ahora de no haber invertido antes, dada la vitalidad que el sector ha demostrado tener en los últimos años.

Por comunidades, el 90% de las transacciones realizadas se concentraron en Baleares, Canarias, Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Por actividad, los destinos vacacionales supusieron el 65% de la inversión total. A la cabeza se situaron Canarias y Baleares, que representaron el 40% de la inversión.

Sin embargo, son precisamente estas regiones de destino vacacional las que más van a acusar la recuperación de determinados destinos vacacionales en el Mediterráneo (Grecia, Egipto, Turquía, Túnez), que antes de la crisis empezaban a ser un serio competidor y atraían una buena parte del turismo que tradicionalmente viajaba a destinos españoles. Estos destinos sufrieron mucho durante la crisis, por cuestiones tanto económicas como de seguridad política. Su recuperación va a afectar a los destinos en la costa mediterránea y Canarias, aunque en estas zonas se ha hecho un verdadero esfuerzo por la mejora de la calidad de la planta hotelera que va a ayudar también a atraer a un turismo de mayor calidad, capaz de pagar precios más altos.

Pero la inversión del sector tiene una doble cara; por un lado, está la que se recibe en nuestro país para la modernización de la planta hotelera o la creación de nuevos establecimientos y, por otro, la inversión que nuestras potentes empresas del sector realizan, con los mismos fines, en el extranjero.

En este sentido, Meliá, Barceló, RIU, NH, Palladium e Iberostar redoblan su esfuerzo inversor con el fin de llegar a nuevos mercados, reforzar la presencia de sus marcas “Premium”, con el fin de atraer a clientes dispuestos a pagar más por sus vacaciones, y potenciar la eficiencia operativa centrándose más en precios que en ocupación, donde tienen poco margen de crecimiento.

Meliá, la mayor hotelera española, se ha propuesto crecer con fuerza y potenciar aún más su internacionalización. El grupo cuenta actualmente con 385 hoteles y cuenta con 71 establecimientos firmados (que se traducirán en 55 aperturas entre este año y el próximo, con lo que superará las 100.000 habitaciones en casi medio centenar de países). Además, la compañía ha emprendido una estrategia para elevar su calidad, volcándose en el crecimiento de sus enseñas premium (Gran Meliá, ME y Paradisus) y en elevar la categoría de algunos de sus hoteles para adaptarlos a estas marcas. Con este objetivo, Meliá acometerá reformas por importe de unos 200 millones de euros sólo este año. Del importe total, más de 100 millones se destinará a hoteles internaciones y 75 millones se concentrarán en España.

Por su parte, Barceló quiere continuar con su expansión concentrándose en destinos en que el retorno de la inversión inmobiliaria es más alto (como Caribe o también Centroamérica). Igualmente, el grupo impulsará su estrategia de reposicionamiento de sus hoteles para elevar su categoría en todos los mercados en que está presente. La compañía de la familia Barceló pretende destinar tanto a compras como a reformas más de 1.500 millones de euros en los próximos cuatro años.

Riu se dispone a lanzar un nuevo plan que contempla inversiones por 2.500 millones hasta 2022, para sumar nuevos establecimientos, pero sobre todo para reformar los que ya opera la cadena. El grupo pretende ejecutar inversiones este mismo año por un importe de 650 millones para realizar cuatro aperturas de nuevos establecimientos y cinco grandes reformas. A reseñar los 400 millones destinados a la compra y reforma del Edificio España, que se convertirá en un nuevo hotel de 650 habitaciones. Los planes del grupo pasan por abrir en verano de 2019.

El grupo Palladium, perteneciente a la familia Matutes, ya ejecutó el año pasado inversiones por 213 millones de euros en nuevos hoteles y en renovar los propios. Este año destinará 50 millones a reformar algunos de sus hoteles y otros 180 millones a nuevas construcciones. Este año la compañía sumará dos grandes resorts en el Yucatán mexicano, con 1.140 habitaciones conjuntamente. Y busca oportunidades en el mercado para sumar más hoteles a sus marcas de hoteles urbanos Ayre y Only You.

En definitiva, se aprecia que, durante estos años de bonanzas, los grandes de la hostelería española podrían haber hecho los deberes a su manera. A nivel nacional, parece haber un intento de alejarse del “todo incluido”, centrándose en una mejora de la calidad, que conllevaría un alejamiento del turismo de alcohol, playa y saltos desde el balcón, y en el segmento de hotel urbano. A nivel internacional es donde la inversión se hace más jugosa. De hecho, estos nuevos destinos vacacionales que empiezan a desperezarse tras la profunda crisis, cuentan con la presencia, a través de empresas asociadas o acuerdos diversos, de estos mismos grupos hoteleros. Pero, sin duda, la parte del león se va para el Caribe, que sigue siendo el principal receptor de las inversiones del sector turístico español.

Esto significa que, el ajuste que sucederá a medida que la cuenca mediterránea sea operativa, tendrá su efecto en todos aquellos grupos hoteleros demasiado pequeños para poder invertir fuera del país. Es decir, la mayoría. Estos hoteles, ya esclavos de los touroperadores en la actualidad, verán disminuir sus reservas y tendrán que competir vía precios con el resto de los destinos, vender a la baja sus establecimientos o cerrar.

Triste anda nuestro emérito rey Juan Carlos. El de las contradicciones sorprendentes. El que ascendió al poder de la mano de un dictador, para promover el cambio político hacia la democracia, el mismo que ha abdicado, pero que sigue con una activa agenda de entrevistas y de viajes casi tanto como la de su hijo.

El caso es que nuestro hombre, que nunca parece haber sido muy dado a seguir a rajatabla lo que su estatus y cargo determina, de ahí posiblemente su fama de “campechano”, parece haber sido objeto de nuevos achaques en su cuerpo de rey, castigado por años de lesiones esquiando, cazando y, según las malas lenguas, esquivando a su propia guardia para poder demostrar al mundo que era un auténtico Borbón: mujeriego y conquistador.

Poco importa eso, el tema es que, en el invierno de sus años, una sospecha (y llamarlo sospecha es seguramente un eufemismo) atormenta su descanso: que a lo largo de sus largos años de reinado se ha ido construyendo un entramado empresarial, basado en su propia figura de rey y oculto a ojos mal pensantes, que podrían creer que se está lucrando a costa de España. Pero mejor ir por partes.

La andadura del entonces Príncipe de España (que ni de Asturias pudo ser durante aquellos tiempos), comenzó de la mano de Franco, que puesto a perpetuar su legado más allá de su muerte, pensó en retornar al país a la senda de los países que son buenos, se portan bien y tienen un rey como Dios manda. Y ahí entró “Juanito” a escena (que a Don Juan ni en fotografía le quería Franco), bajo la tutela del dictador, se llevó a cabo su educación, su boda, y prácticamente toda su vida.

Por eso, quizás se pueda entender que, entre las primeras cosas que hizo cuando asumió su cargo de sucesor, fuese alentar y promover una Ley para la Reforma Política, a pesar de haber jurado con su cargo, unos meses antes, acatar los Principios del Movimiento Nacional. Y así, una vez libre de las cargas de una jefatura de Estado participativa y beligerante como la de su anterior, pasar a un discreto segundo plano que le permitiera, por qué no, satisfacer su hobby: ser por fin un hombre de negocios, que el monopoly está bien, pero tiene sus limitaciones.

Y así, con la bendición de un país, agradecido por haber sido el padre de la democracia, con una Casa Real que permitía y daba cobertura para hacer y deshacer lo que uno quisiera, a nivel de negocios, de mujeres, de contactos, o de lo que haga falta y con una iniciativa y un hambre a prueba de dictadores, el flamante y campechano Rey de España se lanzó al mundo.

A partir de ese momento, los españoles hemos sido testigos de sus innumerables viajes por todo el mundo y de la exquisita relación que mantiene con las monarquías de Kuwait, Bahrein, Marruecos, Qatar, Abu Dhabi, sin olvidar Omán o Arabia Saudita. Y es de esos viajes, y de esas relaciones de donde se le supone al Rey emérito su supuesta fortuna.

El economista Roberto Centeno, ex consejero delegado de Campsa, aseguró hace unos años que Juan Carlos se encargó personalmente durante los primeros años de su reinado de intermediar entre los países árabes y España en la compra de petróleo, siempre con comisiones de por medio. Dichas comisiones podían ascender a uno o dos dólares por cada barril adquirido.

En 2012, el periódico New York Times calculó su fortuna en 1.800 millones de euros, lo cual no está mal, teniendo en cuenta que la asignación de la Casa Real se establecía en aquella época en 8,3 millones de euros al año. De igual manera estimaba que el origen de tal fortuna se debía a su condición de embajador económico español.  Sus “grandes dotes diplomáticas”, unido a su cargo, le permitían entablar y estar presente en todas las negociaciones a nivel político, que tenían después su resultado en forma de contratos millonarios para las empresas españolas.

De este modo, el papel del Rey fue durante muchos años el de “conseguidor”, a cambio del cual, lo lógico (desde alguna perspectiva que no va en consonancia con el papel de Jefe de Estado) era cobrar una comisión. Y es por eso que la fortuna del Rey no tardó en aparecer en “listas de fortunas” de distintas publicaciones económicas, tales como la revista Eurobusiness, ya desaparecida, y el anuario Forbes.

Con respecto a ésta última, en noviembre de 2013, Forbes empezó a no incluir en la lista de las 100 personalidades más ricas de España al Rey Juan Carlos, porque, según la revista, “su riqueza continúa siendo una incógnita”. La explicación es que la Casa Real siempre se ha negado a desvelar la cuantía de la fortuna del monarca con el argumento de que su patrimonio personal es un asunto privado, al margen que argumentan que, en los cálculos de las cifras, se confundieron los bienes públicos propiedad de Patrimonio Nacional con propiedades privativas del Rey.

Sin embargo, la figura y los presuntos negocios del veterano monarca han aparecido en repetidas ocasiones de forma velada en muchas de las operaciones anticorrupción más famosas. Así, por ejemplo, en el marco de la Operación Gürtel salió a la luz la cuenta “Soleado”, una cuenta opaca en Suiza gestionada por el bróker suizo Arturo Fasana en la que Francisco Correa ocultaba el dinero de la red de corrupción. En esta cuenta el monarca presuntamente tiene guardados unos 200 millones, junto con personas como los Albertos, Javier de la Rosa, los Pujol o dirigentes del Partido Popular.

Aparecieron igualmente vínculos con Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya, según los cuales el monarca habría realizado inversiones en la República Dominicana utilizando los cauces de la organización delictiva.

Y así hasta llegar a la princesa alemana despechada (se puede anteponer un “presunta” a las tres palabras anteriores), que declaró la existencia de 30 millones de euros logrados tras un acuerdo con la petrolera Lukoil, así como la de varias cuentas y propiedades, a nombre de testaferros, en cuentas de paraísos fiscales.

Si a esto le unimos la política de ocultación llevada a cabo por la propia Casa Real, así como la de imagen de la figura del Rey, en connivencia con los Gobiernos de los distintos partidos que han ocupado el poder desde la instauración de la democracia, la polémica está servida.

El 23 de junio de 2016, hace poco más de dos años, tuvo lugar el referendum en el Reino Unido relativo a la permanencia o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El proceso, conocido como “brexit” resultó favorable a la ruptura con Europa con casi un 52% de votos a favor. De este modo, el 29 de marzo de 2017, Gran Bretaña solicitó formalmente la salida de la Unión, proceso que tras las pertinentes negociaciones, debería culminar antes del 29 de marzo de 2019.

Las primeras consecuencias del resultado del referendum fueron el desplome de los bonos británicos o de la Libra, que paulatinamente han ido recuperándose. Pero las consecuencias políticas amenazan con ir minando la fortaleza del resultado del referendum. A la firme oposición de territorios como Escocia, Irlanda del Norte o Gibraltar a un escenario de salida, se unen los propios problemas internos del partido gobernante, que amenazan incluso con acabar con la carrera política de la Primera Ministra Theresa May.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha puesto un principio de solución recientemente en una Sentencia que puede suponer, o no, el final de la “guerra del taxi”. La Sentencia en sí supone la imposición de limitaciones a las compañías de alquiler de vehículo con conductor (VTC) pero garantizando un cierto equilibrio entre el servicio de taxi y estas compañías. De este modo se establece una licencia de este tipo de vehículos por cada treinta taxis. Además, se establece que estos vehículos desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

El origen de esta guerra entre taxistas y estas compañías se remontan al 2.014, año en el que Uber, el gigante estadounidense del sector, desembarcó en España con UberPop, que se trataba de un servicio de mediación por el que conductores particulares hacían las veces de taxista. Esto, en un mercado tan regulado como el español fue como un jarro de agua fría para el sector y provocó diversas movilizaciones, que incluyeron dos huelgas de taxistas y duros enfrentamientos en octubre de ese año con quema de coches incluida. A finales del 2.014, el juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenó la prohibición del servicio UberPop en todo el territorio español como medida cautelar reclamada por la Asociación Madrileña del Taxi y como paso previo a la denuncia contra la empresa.

Sin embargo, el daño estaba hecho y Cabify, una empresa española de alquiler de coches con conductor, se mantuvo operativa y en crecimiento gracias a las facilidades de las nuevas tecnologías, que permiten ofrecer sus servicios por medio de aplicaciones al alcance de cualquiera.

En 2.015, y gracias al filón descubierto gracias a la sentencia del año anterior, Cabify logró una importante inyección de capital que le permitiría seguir invirtiendo. Esto les llevaría a ser denunciados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid, aunque no tuvo lugar la suspensión cautelar. Es en este mismo año en el que una Uber reinventada vuelve a aparecer, entrando de lleno en el alquiler de vehículos con conductor profesional, al tiempo que reclamaba ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la liberalización del sector.

Y ahí se complicó todo, ya que la CNMC pareció ponerse de parte de las compañías VTC acudiendo a la Audiencia Nacional para recurrir una resolución de la Comunidad de Madrid que establecía una serie de exigencias a las compañías VTC a la hora de prestar su servicio.

Así las cosas, 2.016 volvió a ser testigo de duros enfrentamientos entre el sector del taxi contra estas dos compañías y la CNMC, ya que este organismo se posicionaba en contra de la limitación de una licencia de VTC frente a 30 de taxis que había logrado establecer “in extremis” el Gobierno en noviembre de 2015. Tanto es así, que la CNMC reclamó en un informe de marzo de 2.016 derribar el “monopolio” eliminando un sistema de licencias restrictivo que cerraba, según su opinión, la posibilidad de competencia y representaba “un perjuicio para los consumidores”. Otro informe de ese mismo año denunciaba los precios pagados por las licencias en el opaco mercado secundario del taxi: hasta 220.000 euros por permiso, algo visible a poco que se busque en algunas webs de anuncios clasificados. La conclusión del informe estimaba que la pérdida anual en el bienestar de los consumidores ocasionada por las restricciones a la competencia analizadas asciende, como mínimo, a 324,3 millones de euros al año.

Mientras esto ocurría, Cabify volvía a recibir una millonaria inyección de capital de su socio japonés Rakuten, con el fin de asegurar su posición en el mercado español y su crecimiento por Latinoamérica.

El 2.017 supuso el gran desembarco de las VTC; grandes empresas de la gestión de flotas de transporte y particulares empezaban a tomar posiciones en el sector gracias a la concesión de licencias, lo que supuso que éstas se triplicasen en un corto periodo de tiempo. De hecho, José Antonio Parrondo, un exjefe del taxi, toma posiciones y logra una inyección de dinero millonaria para hacer crecer Gestaxi, su negocio de transporte a través de licencias VTC. Así, los primeros meses del año se saldan con movilizaciones masivas y otra huelga general del sector del taxi, aderezada con la quema de varios vehículos de alquiler. Mientras tanto, Cabify a lo suyo, una nueva inyección de capital de 100 millones de dólares y a seguir expandiéndose, con la alegría que les supuso el conseguir que se rechazase la demanda por competencia desleal del taxi y la empresa española pudiera seguir operando con normalidad.

La Sentencia del Supremo es posible que logre sentar un acuerdo de paz temporal, pero las espadas seguirán en lo alto. En primer lugar, el tema de una licencia de VTC por cada 30 de taxi es revisable, ya que cada Comunidad Autónoma podrá decidir en función de sus necesidades, ya que este es un mínimo revisable. Además, se permite que cualquier empresa, sea cual sea el número de vehículos que posea, pueda solicitar una licencia nueva, algo que antes estaba limitado a empresas con un mínimo de 7 vehículos.

Por esto el taxi tiene motivos para sentirse engañado y sospechar que el Gobierno trate de ganar tiempo con nuevos parches, pero el problema no se va a solucionar con una guerra contra la competencia, con los usuarios como víctimas colaterales. La realidad es que al sector le toca renovarse, modernizarse y competir en calidad del servicio y en precio. Y el papel de las autoridades podría ser precisamente el contrario de lo que está haciendo: en vez de más regulaciones y parches para intentar contentar a todos, lo que tocaría es dejar de ahogar a impuestos a los taxistas y limitarse a garantizar la igualdad de condiciones.