Manuel González

Una máxima de los gobiernos de izquierdas suele ser la de actuar como una especie de Robín Hood, entendido en el sentido de arrebatar recursos a los ricos para repartirlos entre los más desfavorecidos. En lenguaje más actual, esto se traduce en más gasto social financiado con más presión fiscal. Esto sólo significa una cosa, como todo aumento de presión fiscal, aunque lo recaudado redunde en mayor gasto social, se estarían detrayendo recursos a la inversión y a la creación de empleo para invertirlos en gasto, y esto, o se hace en su justa medida o puede resultar un estrepitoso fracaso. Y de esto puede hablar bastante bien Zapatero.

En el caso del nuevo gobierno de Pedro Sánchez ya se van perfilando algunas de las medidas que se van a tomar. El objetivo, recaudar 6.500 millones de euros extras a lo acordado en los Presupuestos del gobierno anterior, que, según se acordó, serían aplicados en aras a la tranquilidad de los mercados y los múltiples socios del Gobierno.

Así, tras asegurar que la recaudación por la “tasa Google” que lanzó su antecesor no será suficiente, ya que sólo recaudará alrededor de 2.000 millones de euros en los próximos dos años, se trabaja en un aumento de la tasa a los depósitos bancarios, que se aprobó en 2014 y cuyo tipo actual es del 0,03%. Con este aumento se prevé recaudar alrededor de 1.000 millones que irían destinados directamente al pago de las pensiones. Lo complicado de esto será que las entidades bancarias no repercutan sobre sus clientes esta tasa, aparte que siempre pueden primar más la colocación a sus clientes de otros productos que no estén gravados por la tasa. A esto se le une un previsible aumento de las cantidades que los bancos han de aportar al Fondo de Garantía de Depósitos. Además de obtener ingresos adicionales, esto le permitiría reducir el déficit, ya que el fondo es un activo del Estado.

Además, el Gobierno tiene previsto implantar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas, a partir del cual no se podrán efectuar deducciones. La forma de incrementar la recaudación en este gravamen pasará por eliminar bonificaciones y exenciones fiscales, de modo que el mínimo de recaudación se establezca en el 15%. Con esta medida se calcula que el estado ingresará unos 4.000 millones de euros, según las cifras recogidas por Cinco Días.

Sin embargo, el grueso de la financiación extra que pretende obtener el Gobierno se producirá con la eliminación del tope a las cotizaciones sociales. Esto elevará la presión fiscal a más del 50% para quienes cobran más de 60.000 euros. El límite máximo de las cotizaciones sociales alcanza los 3.751,2 euros al mes en España, éstas lógicamente corresponden a los sueldos más altos. Con la eliminación del tope, este límite ya no existirá, con lo que la cotización social podrá crecer al mismo ritmo que el salario. Lo que no se aclara es si esto conllevaría la eliminación del tope de pensión de estas personas, una vez llegado el momento de su jubilación.

Otras medidas que se barajan tienen que ver con la implantación de nuevos impuestos “medioambientales”, que se traducirán en gravar el consumo de combustibles fósiles. En concreto se trataría de equiparar el impuesto aplicado al diésel al de la gasolina, lo que supondrá un aumento del precio de la misma, ante el aumento de un 30,7% del impuesto especial.

A esto hay que unir la subida de IRPF (incluida en los Presupuestos) a quienes cobren entre 14.000 y 17.700 euros, junto con la subida de tramos para las rentas superiores a 150.000 euros.

La idea del Gobierno es empezar a tramitar estos impuestos cuanto antes para que puedan entrar en vigor “lo más próximo posible” al inicio de 2019, porque al tratarse nuevas figuras tributarias no se pueden incorporar en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que ya está preparando el Ejecutivo.

Sin embargo, lo que también es cierto es que los vientos de cola de los que se venía aprovechando la economía española, léase bajos precios del petróleo y barra libre del Banco Central Europeo en la compra de deuda pública a interés cero, tienen fecha de caducidad. El petróleo ya lleva un tiempo en una paulatina escalada y, en cuanto al BCE, ya ha anunciado el final de esa política.

No se sabe si por ese motivo, o por enfriamiento de la economía internacional, el caso es que la economía se ha desacelerado en el primer trimestre al 0,7%, lo que significa un 2,8% elevado a tasa anual; la creación de empleo ha pasado de crecer a ritmos del 3% al 2,6% en el primer trimestre de 2018; la inversión productiva, que llegó a alcanzar crecimientos del 7,9%, se ha desplomado al 2,3% y las exportaciones se han desplomado desde el 8,9% en 2017 al 1,8% en el mismo periodo.  Si sumamos a esto el previsible enfriamiento del principal motor de la economía, como es el turismo, las perspectivas no son especialmente halagüeñas.

El drama de los refugiados que huyen de los conflictos bélicos de Oriente Medio, del hambre y las desgracias provocadas por los señores de la guerra en los países subsaharianos o simplemente de la miseria vuelve a poner sobre la mesa de la Unión Europea el debate de la solidaridad, la responsabilidad y el derecho al asilo.

El caso es que todos los estudios apuntan a que la llegada de inmigrantes tiene claros efectos positivos a largo plazo sobre una economía. De hecho, Alemania calcula la necesidad de inmigrantes para sostener el crecimiento económico del país y el fondo de pensiones en medio millón de inmigrantes al año.

Sin embargo, a corto plazo, las ventajas son más discutibles. Para empezar, se trata de una necesidad más de la industria y del mundo empresarial que de la sociedad. En las etapas de fuerte demanda de fuerza de trabajo el crecimiento en una economía desarrollada se consigue mejorando la productividad, lo que exige altas inversiones, a no ser que, cuando la demanda de fuerza de trabajo crea tensiones al alza en los salarios en el mercado nacional, se acuda al exterior para aportar más fuerza de trabajo de baja cualificación que cubra la demanda y además abarate los costes salariales. Este fenómeno fue el vivido por España en los tiempos de Zapatero y su famosa regularización de inmigrantes, que aportó 3 millones de nuevos trabajadores a la economía aliviando las tensiones de salarios al alza que en aquellos momentos experimentaba la economía española.

Ya hace 10 años que la crisis inmobiliaria, el famoso estallido de la burbuja, tuvo lugar. Antes, allá por el 2006, ya se habían empezado a ver síntomas, que muy pocos quisieron reconocer. Después, hubo de todo, negación de la crisis, medidas fallidas y desacertadas, recesión económica, caídas de precios y quiebras generalizadas de empresas y de familias.

A día de hoy todo parece formar parte de un pasado muy lejano. De hecho, el sector inmobiliario, de la mano del de la construcción, no sólo parece haber salido de la crisis, sino que se encuentra en un claro ascenso sin que, por ahora, aparezca la más mínima nube que estropee la fiesta.

Así, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016. Y la tendencia en este año no desmerece: se estiman alrededor de 550.000 transacciones, según avanza BBVA Research, en su informe Situación inmobiliaria en España 2018.

Este aumento de la actividad y de las transacciones se está viendo acompañado (y seguramente más acentuado en el futuro) por un aumento de precios: un 2,5% en 2017, de media, y un 4,9% este año.

Esto ha llevado a preguntarse si no estaremos viviendo el inicio de otra burbuja como la que estalló hace diez años. Sin embargo, la respuesta casi unánime de todos los expertos ha sido que no, que aún estamos lejos de las cifras de antes de la crisis y que queda mucho recorrido hasta que la situación sea preocupante.

Según el estudio del BBVA, en el 2007 tuvo lugar el máximo de documentos de obra nueva, con un total de 885.181. Diez años más tarde, es decir los datos del año pasado, fueron un total de 75.146 visados, es decir, ni siquiera el 10%. Lo que no acaba de tenerse en cuenta en estos datos es la enorme cantidad de inmuebles que quedaron sin vender con la llegada de la crisis.

Otro dato a tener en cuenta es el número de empleados del sector: de 2,65 millones de trabajadores en el sector en 2007 a 1,14 millones diez años más tarde. Lo que evidencia que el sector está todavía lejos de su máximo.

Sin embargo, los que mayores signos de contención frente a una posible burbuja pueden estar dando son las entidades financieras. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, por otro lado, también es cierto que a la fuerza se aprende y que los usuarios miran mucho más la letra pequeña de las hipotecas y que las condiciones de las mismas se ajusten mucho mejor a sus posibilidades de pago que años atrás. De modo que puede hablarse de un aumento de la cultura financiera generalizado.

Aun así, si se miran los datos actuales con más detenimiento, sí existen signos preocupantes en según qué zonas o sectores en concreto. Así, las zonas turísticas, o los centros de las ciudades están teniendo crecimientos de precios muy acusados, lo que puede dar lugar a problemas serios en vivienda en las ciudades con alto nivel de turismo, problemas derivados de familias que tengan que lidiar para la adquisición de primeras viviendas con precios inflados por el auge de la demanda de vivienda vacacional.

En cuanto al sector del alquiler, viene a ser la otra cara de la moneda. Ya que la oferta de vivienda está creciendo a un ritmo moderado y la accesibilidad a la financiación de la misma está contenida, las rentas bajas sólo pueden acceder a una vivienda a través de un alquiler, este hecho, unido al fenómeno del “alquiler vacacional” está propiciando un aumento de precios del alquiler que hacen imposible el acceso a la vivienda en según qué zonas de España.

Así, se habla de aumentos de precios de hasta un 19% en un año en ciudades como Madrid, de modo que hay familias que ya dedican hasta un 75% de sus ingresos para pagar el alquiler, lo que se ha traducido en un aumento de los desahucios por impago del mismo.

En el mismo sentido opina Beatriz Corredor, exministra de vivienda del PSOE, que ha argumentado que la subida de los alquileres se debe a que “ahora la mayoría de la gente no puede acceder a una hipoteca” para la compra de vivienda, en parte por el “empleo precario”, y opta por el alquiler. Además, ha criticado medidas puestas en marcha por el PP como la venta de viviendas sociales a fondos buitre, lo que ha calificado como una “barbaridad”.

A pesar de todo, y según fuentes del sector de la construcción, se esperan al menos 5 buenos años de crecimiento siempre que los agentes actúen con la debida prudencia, es decir: que las empresas no se endeuden más de lo que puedan pagar, que los bancos sigan controlados sin hacer grandes locuras ofreciendo financiación barata sin control y que los que no puedan pagarse una vivienda no armen mucho ruido y que vivan donde puedan, pero preferiblemente lejos, que se dejen desahuciar sin problemas y que dejen las viviendas dignas a quienes las puedan pagar… Tristeza de vida.

Se dice que Napoleón, a la hora de escoger a sus generales, se fijaba en dos detalles más allá del currículum o de la experiencia del aspirante. Se fijaba, por un lado, en la audacia demostrada por el candidato y, por otro, en la suerte del mismo. Ambos requisitos demuestran que Pedro Sánchez podría haber sido un general napoleónico en toda regla, porque hace falta audacia (mucha) y aún más suerte para conseguir, en apenas un par de años, pasar del ostracismo político al que le condenó la cúpula de su partido, a Presidente del Gobierno con aspiraciones de gobernar.

Sin embargo, una carrera tan meteórica ha de tener sus meteduras de pata, y la primera ha sido de órdago. Tras seis días en el cargo, el flamante ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, dimitió debido a haber sido condenado por haber declarado entre el 2006 y el 2008 sus ingresos personales a través de una sociedad, a fin de pagar menos impuestos de los que le correspondía. De igual modo, hizo pasar por gastos profesionales la compra y mantenimiento de una residencia secundaria en la costa de Alicante. Por todo ello se vio obligado por la justicia en el 2017 a pagar más de 360.000 euros a Hacienda.

Esto demuestra la premura y la improvisación con la que Sánchez ha confeccionado su equipo de Gobierno, de modo que pareciera que ni él mismo se esperase alcanzar la presidencia en este envite. Y, aunque la idea de introducir en el equipo de gobierno a personas que no provienen del mundo de la política puede ser buena, hubiera sido de lógica investigar un poco a estos nuevos fichajes, quizás no con tanta saña como si fueran del partido rival, pero sí con un poco de rigor, para evitar situaciones como la vivida.

“Pagué al fisco cuando me reclamaron ese dinero seguro de mi inocencia. No es una condena por fraude, es una multa por haber perdido una demanda que interpuse ante Hacienda” ha alegado el afectado, dolido porque ha sentido el peso de la opinión pública y el enfado del que iba a ser su jefe.

El caso es que este breve empleo le habrá supuesto un beneficio de casi 2500 euros por seis días de trabajo, calculado en base a los 70.368 euros anuales que cobraba su antecesor en el cargo. Según la ley 74/1980, los exministros tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, una pensión indemnizatoria del 80% del salario, con un máximo de dos años en el caso de Huerta, serán por la semana en el cargo 1.350 euros más 1.094 que cobrará de pensión el mes siguiente. Eso, el dudoso honor de haber sido el ministro más breve y el haber podido ir a la final de Roland Garros en palco de honor, es cuanto le ha dado tiempo al hombre.

Pero la brevedad del señor Huerta no debe desviar la atención sobre el fondo de la cuestión. El gobierno de Sánchez pretende perpetuarse en el tiempo a pesar de contar con un apoyo parlamentario mínimo. Sólo 84 diputados respaldarían las medidas del Gobierno, apoyados, en todo caso y dependiendo del precio, por los 67 de Podemos, lo que daría un número insuficiente de diputados para sacar adelante propuestas.

Ya Iglesias se ha postulado para tal evento y ofrecido para descargar de los hombros del socialista el peso de parte del gobierno de la nación. Entre las propuestas lanzadas ha señalado el blindaje de la subida de las pensiones, la igualación de los permisos de paternidad y maternidad, el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista, la recuperación del dinero del rescate bancario “que las entidades rescatadas aún deben a los ciudadanos”, la derogación de la ley mordaza
y de la reforma laboral, la subida del salario mínimo a los 1.000 euros, así como reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos o acabar con el llamado impuesto al sol, entre otras.

Pero las dificultades no se avistan pequeñas. El primer reto será aprobar el techo de gasto de 2019. Paso previo para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (seguramente otra vez, o así pretende el PP que sea) y tarjeta de presentación del nuevo Ejecutivo ante Bruselas.

Pero desde Podemos ya levantan las orejas debido al nombramiento de Nadia Calviño como ministra de Economía y de María Jesús Montero en Hacienda, más comprometidas con la austeridad que sigue imponiendo Europa, en lo que podría ser un guiño a Ciudadanos.

La duda va a estar con el PP, que tiene en su mano ayudar o no al PSOE a cumplir los compromisos con Bruselas, para empezar, la aprobación de los mismos Presupuestos que ellos elaboraron y negociaron. Si no lo hace, tal y como han aventurado algunos medios, el Gobierno puede enfrentarse a su primer fiasco parlamentario y enviar una señal de poca estabilidad a los socios comunitarios.

En cuanto a la cuestión catalana, no ha sentado muy bien por aquellos lares el nombramiento de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores, que ha sido uno de los rostros más visibles contra el proceso de independencia de Catalunya. Pocos olvidan que Borrell dijo aquello de que “antes de coser” las heridas “había que desinfectar” Catalunya.

En definitiva: primer reto fácil, llegar al verano. Segundo reto casi imposible, llegar a Navidades.

Que conseguir un puesto de funcionario en la administración pública es un sueño para una gran parte de los trabajadores de nuestro país no es ningún secreto. De hecho, la consecución de un puesto de trabajo fijo para la administración es equivalente en el imaginario colectivo con un boleto premiado de lotería, con la diferencia de que este premio es para toda la vida laboral del trabajador y con ventajas también a la hora de su jubilación.

Alrededor de un 15,7% de los trabajadores en España, según datos de la OCDE en su estudio “Government at a Glance 2017”, es decir, aproximadamente 3 millones de personas, prestan sus servicios en las distintas administraciones de nuestro país. Este es un dato que no siempre es sencillo de implementar, debido a la gran pluralidad de administraciones existentes, ya que aquí deben incluirse, no sólo las administraciones como tales, sino también las empresas públicas y los organismos autónomos. Igualmente, la idea del funcionario como tal, se ha ido diluyendo a lo largo de los años, entremezclándose con otras figuras de empleado público que ya no son funcionarios como tales.

Este 15,7%, comparado con la media de la OCDE, se queda un poco corto, ya que ésta es del 18%, y aún más si comparamos con Francia (21% del empleo es empleo público) o con los países nórdicos, en los que el empleo público se sitúa entre el 25 y el 30% del total.

Sin embargo, a pesar de que en número de empleados públicos estamos por debajo de la media el gasto en salarios de esos empleos sí está en la media con la OCDE y por encima de la Eurozona. España gastó en esta partida cerca de 122.000 millones de euros en 2016, alrededor del 11% del PIB, según datos de la agencia de estadística de la Comisión Europea (Eurostat), en contraposición al 10,1% de media en la UE. De hecho, encontramos países con un mayor porcentaje de empleados públicos que dedican menos recursos, en proporción al PIB, para remunerar a los mismos, tales como Austria, Reino Unido o República Checa. Esto sólo puede llevar a una conclusión: tenemos relativamente menos funcionarios que los países de nuestro entorno, pero mucho más caros.

Sin embargo, analizando con un poco más de detenimiento podemos extraer una serie de observaciones.

Para empezar, la crisis económica afectó de una forma un tanto peculiar al empleo público de nuestro país, gracias a la todavía incomprensible política de Zapatero. Mientras que todos los países de nuestro entorno comenzaban a tomar medidas allá por el 2008, fue en el 2010 cuando se comenzaron estas medidas en España, recortando la tasa de reposición de puestos de trabajo y un 5% los salarios. Sólo ahora se ha comenzado a reponer a los trabajadores que se han ido jubilando, aunque se aprecian dos efectos que se pueden considerar como preocupantes:

1. Tenemos en nuestro país la que podría ser la plantilla de funcionarios más envejecida de Europa, tras 8 años de no reponer jubilados. Así, los empleados públicos de la Administración Central en España con más de 55 años representan en 2015 el 35% del total, porcentaje sólo superado entre los países de la OCDE por Italia e Islandia
2. Por otro lado, el trabajo ha de salir, por tanto, se ha echado mano de interinidades y, sobre todo, de contrataciones temporales. De hecho, en nuestro país ya existen lo que se podría llamar empresas de trabajo temporal especializadas en la administración pública funcionando como contratas para la realización de servicios.

Otro aspecto a considerar es la propia organización de la Administración, que se plasma en varios aspectos: el caos absoluto existente en los vínculos contractuales; funcionarios, empleados laborales e interinos ocupan idénticos puestos, pero poseen derechos distintos. La organización en cuerpos y en grupos que solo responden a una lógica corporativa anclada en otros tiempos. A esto se añade un sistema retributivo desfasado, irracional e injusto, que no tiene nada que ver con el sector privado. Y todo aderezado con un régimen disciplinario draconiano, pero que jamás se aplica.

Por otro lado, y sería algo que ayudaría a explicar el por qué nos sale tan caro nuestro funcionariado, mientras que el trabajo a tiempo parcial en la administración es algo bastante común en otros países, en nuestro caso es algo casi simbólico, apenas un 9% en el 2010.

Pero la gran explicación a este fenómeno tiene su origen, según todas las fuentes, en la cada vez mayor politización de la Administración. Se viene asistiendo en los últimos años a una cada vez mayor dependencia de la Administración a los cargos políticos, esto ha conducido a dos efectos principales. Por un lado, una proliferación cada vez mayor de asesores, se habla de un número de entre 17.000 y 20.000, con sueldos muy superiores a los de la media. Por otro, y esto ocurre más cuanto menor es el tamaño del ente administrativo (se hablaría aquí de administraciones locales), la politización propicia que el control se debilite, por lo que aumentan las irregularidades y las arbitrariedades.

Según refleja un estudio publicado por la Comisión Europea sobre los progresos de todos los socios comunitarios en materia de economía y sociedad digitales, la banda ancha sigue siendo muy cara en España en relación al resto de países de la UE. El informe refleja que en 2017 los precios experimentaron una ligera mejora con respecto a anteriores estudios, con lo cual nuestro país se sitúa en un meritorio puesto 22 de 28 socios comunitarios, un resultado parecido al de Eurovisión.

Las mejoras (porque ya que es relativamente más caro, algo tiene que haber mejor) vienen de la mano de la conectividad, en la cobertura 4G y en la implantación de la banda ancha móvil. La parte negativa, aparte de un precio caro, viene por la implantación de la banda ancha rápida (igual o mayor a 30 Mbps) o la cobertura de banda ancha ultrarrápida, cuyos valores son peores a la media europea.

Y no será porque no existe una voluntad política de mejorar en todo lo relacionado con el mercado de las telecomunicaciones. Ya hace unos años se estableció una reglamentación sobre el dividendo digital que, por un lado, nos obligó a todos a resintonizar nuestros televisores, ya que todos los canales de la TDT fueron reubicados y algunos de ellos desaparecieron, por otro, se liberó una parte del espectro de banda de la TDT para cederlo a las comunicaciones 4G, lo que fue el germen del boom que estamos viviendo de los canales de pago ofrecidos por las compañías telefónicas.