Manuel González

Con cada cambio de gobierno la cantidad de personas que cambian de empleo es mucho mayor de lo que normalmente se imagina. De hecho, un ejército de personas cesa abruptamente en sus quehaceres para dar paso a otro ejército que podrá o no continuar sus tareas, deshacer lo hecho, o hacer justo lo contrario. Este ejército, y hablamos de una cantidad estimada de 6.000 personas, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), forma lo que tradicionalmente se conoce como “cargos de confianza”.

Evidentemente, todos estos cargos no van a cesar de la noche a la mañana, pero se irán sucediendo en cascada conforme los nuevos cargos políticos vayan entrando en escena. Así, sólo en los próximos días 437 altos cargos de confianza del anterior gobierno cesarán para dar paso a un número similar de personas adecuadas a las exigencias o preferencias del nuevo gobierno. Este movimiento de puestos afecta a un total de 35,4 millones de euros en sueldos anuales, a razón de un sueldo medio de 81.000 euros al año.

De este modo, todos los asesores de los altos cargos que no lo sean por mor de su trabajo como funcionario, es decir, los que entraron en su cargo por la confianza que inspiraron a sus patrones políticos, deberán marchar en los próximos días. De este modo, a los 437 altos cargos de confianza anteriores, hay que sumar 566 asesores, que desempeñan funciones especiales y de confianza. Y 4.841 funcionarios de libre designación más repartidos en jefaturas de gabinetes o en las presidencias de organismos y empresas públicas, según Gestha. En total, casi 6.000 personas.

Es difícil calcular el montante económico de tantos puestos de asesores, de hecho, es complicado incluso saber el número y coste exacto de los que dependen directamente del Gobierno, a pesar de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se haya manifestado a favor de que los nombres, currículos y salarios de estos asesores nombrados de forma discrecional sean públicos. Por tanto, la estimación de Gestha es una medida tan buena como otra. Aun así, hay que entender que estos asesores serán seguramente sustituidos por otros, por lo que los cambios, a nivel agregado serán mínimos.

Otros que se han atrevido a poner cifras al coste del mantenimiento de semejante ejército de asesores han sido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que calculaba que la cifra de asesores y cargos de confianza en el conjunto de las administraciones públicas rondaba los 20.000 en 2016 y que el sueldo medio podría estar sobre los 50.000 euros brutos al año. Esto supone que, anualmente, el conjunto del Estado destina hasta 1.000 millones de euros de dinero público para pagar a un conjunto asesores que, en su mayor parte, son elegidos a dedo, lo que no siempre habla de la idoneidad del candidato y a los que no se tiene, ni mucho menos, totalmente identificados.

Estas cifras no dejan de ser estimaciones ya que a la dificultad de tener que tratar con distintos presupuestos: Estatal, autonómicos, de Ayuntamientos, Diputaciones…, se une la de que estas partidas presupuestarias no siempre tienen el mismo nombre en las partidas presupuestarias, quizás en un intento por camuflar tales partidas en el montante global presupuestario. Además, algunas entidades Autonómicas o Municipales adolecen de una falta total de transparencia, a pesar de estar obligados a ello. En la Administración central, en cambio, sí existe algo más de claridad y el número de asesores está limitado por Ley, por lo que la mayor parte de estos asesores se hayan en entes públicos más pequeños. A cambio, en los ministerios cuentan con los puestos de libre designación, con una remuneración que puede superar el sueldo del presidente del Gobierno.

En la legislación española, la figura del asesor político aparece regulada bajo la denominación de personal eventual, y sus características principales son la eventualidad, su carácter excepcional y en que su existencia se justifica en la confianza que el político de turno tenga depositada en el asesor y no en unos méritos que pueden existir o no. Las decisiones de este asesor carecen de responsabilidad política y sus funciones, su cese o continuidad depende de quien lo haya nombrado. Este personal eventual tiene otra característica curiosa: tanto su retribución, como su horario de trabajo está en consonancia con los de los empleados públicos, aunque nada tenga que ver con la institución en la que trabaja, sino con el cargo político al que sirve.

En cuanto al abuso de esta figura, según el CSIF, es en las diputaciones provinciales (esas que según muchos deberían desaparecer repartiendo sus funciones entre Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) en las que más se ha utilizado de manera arbitraria esta figura. La explicación es sencilla, las diputaciones han sido, y siguen siendo, usadas por los partidos políticos como una especie de “agencias de colocación” de políticos locales que pierden el cargo o que no lo logran, lo que ha derivado en la invención de todo tipo de funciones, en ocasiones, disparatadas.

Es un hecho contrastado que tras el proceso separatista catalán existe un pulmón económico de una solvencia importante. Papeletas, urnas, propaganda, actos… un sinfín de gastos interminables para sostener, no sólo el pulso contra el Gobierno central, sino también la ilusión de sus afines. A estos gastos se les ha añadido presuntamente en los últimos tiempos nuevas partidas, a saber, el mantenimiento de los huidos a Bélgica o Suiza y el pago de las sustanciosas fianzas que se van exigiendo conforme avanzan los procesos judiciales a los dirigentes independentistas.

El último gasto importante fue el mes pasado con el pago de la fianza que ponía en libertad al expresidente (o todavía presidente, según la fuente que se consulte) Carles Puigdemont. Un total de 75.000 euros abonados mientras la justicia alemana dilucida si debe o no extraditar al susodicho por malversación de fondos, tras haber duchado con agua fría (una vez más) las aspiraciones del ejecutivo español (perdón, de la justicia española) para conseguir un reconocimiento de la rebeldía del dirigente catalán y, por tanto, un reconocimiento implícito de la ilegalidad de las aspiraciones catalanistas por parte de Europa.

Pero antes fue el de Carmen Forcadell, más sustancioso quizás porque el importe de la fianza lo estableció un tribunal español, con 150.000 euros, abonados igualmente con la celeridad y precisión que caracteriza a quien tiene el mencionado pulmón financiero solvente.

El mundo de las previsiones económicas sólo se ve superado en volatilidad por los propios cumplimientos de esas previsiones. De hecho, ante un acontecimiento económico, como puede ser el crecimiento del PIB de un país a lo largo de un año, podemos encontrar previsiones para todos los gustos, continuamente actualizadas y modificadas en función de los eventos que vayan ocurriendo, para dar con un resultado final que puede no corresponder a ninguno de los escenarios previstos.

Es por eso que, a pesar de los grandes avances acaecidos en tecnologías de la información, en capacidad de trabajo con grandes volúmenes de datos, en las técnicas de recogida de datos, etc. Lo cierto es que las previsiones económicas se hayan todavía sujetas a un componente de aleatoriedad nada despreciable.

Un ejemplo lo estamos viendo con las previsiones de crecimiento para le economía española en este año. Tras los avances de las distintas entidades y organizaciones, que cifraban el crecimiento en una continuación claramente alcista pero moderando la cifra del año anterior, nos encontramos con revisiones al alza o a la baja casi cada día dependiendo en muchas ocasiones de cómo evolucione algún asunto que, en principio puede parecer tan alejado de la economía como de nuestro país.

Millones de personas en todo el mundo viven sin bancos. Sin embargo, en países de nuestro entorno, la mayor parte lo hacen porque han quedado excluidas del sistema financiero por vivir en zonas rurales y de escasa población (exclusión por razones geográficas) o por tener unos niveles de renta muy bajos (exclusión por razones económicas).

De hecho, tras la última crisis, los afectados por la exclusión financiera han sido legión, en su mayoría aquellos que tuvieron negocios o empresas en los momentos de bonanza económica y que vieron que de tales sólo les quedaron las deudas. Así mismo, fueron muchos también los que no pudieron hacer frente al pago de sus deudas (como hipotecas) y se vieron expulsados del sistema financiero para, probablemente, no poder volver jamás. A día de hoy, muchas de estas personas no pueden tener una tarjeta de crédito a su nombre, ni una cuenta bancaria, ni siquiera una propiedad susceptible de ser embargada.

Desde hace años se viene incrementando la inquietud por la incorporación de mecanismos automatizados y autónomos (o robots de toda la vida) a los procesos productivos de cada vez más sectores de la economía. Y no es para menos, ya que se habla del advenimiento de la “Segunda Era de la Máquina”, que se estima que destruirá (o está destruyendo ya) siete millones de empleos en cinco años en la economía punteras, según un estudio del Foro Económico Mundial. En el mismo lapso de tiempo, calculan que se crearán sólo dos millones.

La OCDE habla de un 12% de trabajos automatizables en España, mientras otras investigaciones sitúan la disminución de empleos en la manufactura, la agricultura y los servicios en cerca de un 60%. En lo único en lo que parece haber cierto consenso es en que los nuevos empleos serán muchos menos que los que se destruyan.

Es por eso que en junio del año pasado la Unión Europea se sumó a la creciente inquietud y presentó al mundo un informe que, tras dos años de elaboración, constituye la apertura de un debate, por primera vez en el seno de una administración pública, que habla, tanto de los derechos de una especie de “ser electrónico” derivando la propiedad intelectual de estos artefactos (incluyendo software), como del hecho de ser vistos como “agentes laborales”. También, por supuesto, si a medio plazo contribuirán a las pensiones de los seres humanos.

En 2012, en lo duro de los ajustes por la crisis, una serie de recomendaciones procedentes del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (es decir, la famosa troika) llegaron a nuestro país prácticamente en todos los ámbitos de la economía. De ellas tomaron buena nota nuestro Gobierno y buena parte de nuestro sector financiero e industrial.

Entre las medidas recomendadas a nuestro sector financiero destacaron las de reducción de costes, que incluían el cierre de las oficinas menos productivas de las antiguas cajas de ahorros. El objetivo era recuperar la rentabilidad perdida de esas entidades dejando que la competencia se quedara con el negocio que perdían. El resultado, sin dejar de tener un cierto éxito, ha conllevado un efecto colateral que parece que a nadie se le ocurrió. Parte de ese recorte en las redes comerciales lo han pagado los pueblos más pequeños y los barrios marginales de las ciudades, que se están quedando fuera del circuito bancario.