Manuel González

Es conocido por todos que, en nuestro país, el problema de la corrupción se sitúa como uno de los principales de la economía y la política. Aquí no se cumple el tópico de ser un país en vías de desarrollo o gobernado por una dictadura y, sin embargo, padecemos, a pesar de la opinión del Gobierno, de una corrupción estructural de libro.

Tanto es así, que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018 y nuestro país no sale muy bien parado. De las once recomendaciones que hace el GRECO para combatir contra la corrupción, España efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las cumple en absoluto”.

El GRECO lleva desde 2005 haciendo “rondas de evaluación” a más de cuarenta países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

A día de hoy se debate la necesidad de subir el salario de los trabajadores. No está el horno para bollos como para pedirle a las empresas que, por ley, suban los salarios un tanto por ciento concreto. Aunque quizás muchas pymes y grandes empresas podrían absorber este incremento de costes laborales sin problemas, también es cierto que para otras tantas podría suponer su extinción.

Sin embargo, quizás sí se podría aplicar sin problemas una subida de salarios vía bajada de impuestos. Si, por ejemplo, le bajamos el IRPF a los trabajadores, sus nóminas aumentan. Por otra parte, una reducción de las cotizaciones sociales que soportan las empresas fomentaría la contratación. Son todo ventajas.

La otra cara de la moneda es que una medida así reduciría los ingresos del Estado. Sin embargo, esta situación no tiene por qué darse si, como efecto colateral, el incremento salarial se traduce en un aumento del consumo, que a su vez mejoraría la contratación y, por efecto pieza de dominó, aumenta la recaudación pública vía impuestos directos e indirectos.

La explicación a cómo, a pesar de reducir impuestos, se pueden mantener o incluso aumentar los ingresos fiscales la ofrece la llamada curva de Laffer, que defiende que cuando la presión fiscal es muy alta, la rebaja de impuestos introduce incentivos en la economía, que se traducen en que la gente trabaja más o se pasa de la economía sumergida a la legal, con el consiguiente aumento de la inversión, el empleo y el consumo. El Estado además recauda más, al mismo tiempo que aumenta la renta disponible de los ciudadanos.

El 2.018 se antoja relativamente placentero en lo que a crecimiento económico se refiere. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, el propio Gobierno o la Comisión Europea han actualizado sus previsiones sobre la economía española con los primeros compases del año.

Así, desde el Gobierno se estima que el PIB español crecerá un 2,3% este recién estrenado año, y esto se reflejará positivamente en la evolución del empleo. De hecho, prevé que a finales de 2019 la tasa de paro se podría situar en torno al 11% y, además, España contaría con 20 millones de ocupados.

Por su parte, tanto el FMI como Bruselas coinciden en sus previsiones para nuestro país. Un 2,5% (lo que mejora la previsión del Gobierno). La UE cree además que España cumplirá el objetivo de déficit este ejercicio, con un 3,1%, pero se irá al 2,4% y no al 2,2% pactado para el próximo ejercicio.

Los riesgos a los que se enfrenta el crecimiento de nuestra economía son principalmente cinco: tres derivados de la coyuntura internacional y otros dos específicos de nuestra economía. El primero es tan evidente como son las tensiones geopolíticas (con atención especial al terrorismo yihadista), sobre todo en los escenarios de Hispanoamérica y la Unión Europea. Así como, la evolución de la economía mundial, con atención espacial a la evolución del precio del petróleo, que ya parece recuperar la senda del crecimiento.

Parece una broma entresacada del día de los inocentes. Sin embargo, la realidad, casi siempre más radical que la imaginación, es que el fenómeno de Tabarnia va tomando forma, como si al circo montado en torno a la no declaración de independencia catalana, aún le faltase alguna criatura de feria del tipo la mujer barbuda o el monstruo del pantano.

La plataforma Barcelona is not Catalonia, contraria al separatismo catalán, es la que acuñado el término y consiste, básicamente, en la petición de una nueva autonomía, separada de la actual Cataluña, y formada por parte de Tarragona y Barcelona para “aislarlas de la amenaza separatista”, dicen sus impulsores.

El fenómeno de las FinTech fue percibido, desde su nacimiento, como una vía destinada a competir y desestabilizar el sector bancario mediante la creación de nuevas formas de trabajo con el cliente introduciendo un concepto nuevo en el sector bancario, como es la desintermediación, algo que, en principio, choca de frente con la misma esencia de la banca tradicional, los grandes mediadores en el mercado financiero.

Las FinTech están modificando de forma relevante la relación entre los usuarios y los productos bancarios, convirtiendo el mundo financiero en algo cada vez más accesible para los clientes, quienes demandan servicios más innovadores. Muchas entidades de crédito han sabido valorar la importancia de factores tan importantes como la evolución casi desbocada de las tecnologías de la comunicación y su aplicación al mundo financiero. Por otro lado, también influye, y mucho, la desafección que la banca tradicional ha despertado en un amplio sector de la población tras la crisis económica.