Manuel González

Se dice que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces en la misma piedra y, a veces, sobre todo en lo que se refiere al mundo financiero, esas dos pueden convertirse en un buen puñado.

Eso es lo que se puede deducir del reciente estudio publicado por el comparador financiero HelpMyCash, según el cual, de una encuesta en la que han participado 470 personas, se demuestra que la educación financiera de los ciudadanos de nuestro país tiene lagunas importantes. Tanto es así que el 41,1% de los encuestados no saben lo que es la cláusula suelo, a pesar del amplio tratamiento en los medios de comunicación.

Tanta es la repercusión que ha tenido y tiene, que la declaración de nulidad del suelo hipotecario incluso obligó al Gobierno de la nación a tomar medidas para evitar el colapso de los juzgados, pues se calcula que hay unos 3,5 millones de hogares afectados por la aplicación abusiva de esta cláusula. En concreto, se decretó una vía extrajudicial para tramitar las reclamaciones y se crearon ex profeso 54 juzgados especializados para resolver litigios sobre cláusulas suelo.

De hecho, según HelpMycash.com, un hogar con una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años firmada en 2007 habría abonado unos 16 mil euros de más por culpa de la cláusula suelo. Estos cálculos se han hecho en base a un interés de Euribor más 0,5 % y un límite mínimo (un suelo) del 3,5 %. Lo curioso del caso es que puede haber familias que estén pagando esta cláusula y aun no lo sepan siquiera. Por otro lado, el impacto estimado por el Banco  de España sobre el sistema financiero asciende a 4.000 millones de euros.

El problema, además de la falta de interés o de cultura financiera del usuario medio, también podría venir del hecho de que muchos bancos utilizaron otros tecnicismos para establecer un límite mínimo en el tipo aplicado. Entre los más empleados, encontramos expresiones como límite a la variabilidad, horquilla de interés, túnel de interés, tipo de interés mínimo o acotación mínima de interés.

La cláusula suelo en un préstamo hipotecario se define como el porcentaje mínimo de interés que se aplicará a las cuotas que el prestatario tenga que pagar. Es decir, la entidad bancaria incluiría esta cláusula para asegurarse un mínimo de tipo de interés en el cálculo de la cuota hipotecaria.

La gran mayoría de las hipotecas contratadas en España se realizan utilizando como índice de referencia el Euribor y añadiéndole a éste un diferencial. Si en el contrato se firma una cláusula suelo muy alta o, como es el caso, el Euribor se desploma, entraría en aplicación este tipo de interés mínimo. Es pues, en este caso, una protección para la entidad bancaria ante variaciones a la baja del índice de referencia.

Pero también existe en este tipo de contratos un concepto que es la cláusula techo, que limita el porcentaje máximo que se podrá aplicar a la liquidación del préstamo. Esta cláusula, que serviría de defensa al usuario frente a una subida salvaje del índice de referencia, conviene también tenerla clara y revisada, ya que, si es demasiado alta nunca servirá de protección, ya que los valores predecibles del Euribor pueden ser que nunca lleguen a esos porcentajes.

Hay que decir que, en principio, estas cláusulas son legales al estar incluidas en el contrato firmado por el cliente, pero han de ser pactadas y convenientemente conocidas por el usuario. De hecho, las sentencias que anulan dichas estipulaciones se hacen porque no ha habido un acuerdo para establecerlas y presentan las circunstancias descritas anteriormente: suelo demasiado alto y techo también excesivamente alto, lo que al final redunda siempre en un beneficio para el banco y no una protección para el cliente frente a las oscilaciones del índice de referencia.

Las clausulas suelo son el producto que más fricciones ha generado en los últimos años entre bancos y clientes. De hecho, supusieron el 46% de las reclamaciones al Banco de España en el 2.015 y un 27% (3.954) el 2.016. Además, estas reclamaciones han sido de las más disputadas por los servicios jurídicos de las entidades bancarias, muy reacias a rectificar las condiciones de sus hipotecas a pesar de la Sentencia del Tribunal Supremo 9 de mayo de 2013 declarando nulas las cláusulas suelo, aunque con un límite a la retroactividad a mayo del 2.013.

El mazazo para las entidades bancarias llegó de la mano de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, que estableció la retroactividad total desde la fecha de inicio de la hipoteca. A partir de ahí, asociaciones y organizaciones como FACUA, OCU o ADICAE han liderado las demandas contra la banca. El hecho de que la mayor parte de las sentencias hayan resultado favorables para los demandantes ha motivado que la mayor parte de las entidades bancarias se allanen a lo solicitado sin llegar a litigar.

La reciente aprobación por parte del Gobierno del Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, es decir, la nueva ley hipotecaria, implementa las directrices de la Unión Europea en lo referente a protección del consumidor. El siguiente paso será la tramitación parlamentaria, que seguramente contará con numerosas enmiendas, pero el ejecutivo prevé que, gracias al acuerdo con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, podrá entrar en vigor el primer semestre de 2.018.

El éxodo de las empresas, algunas de ellas tan simbólicas como Aguas de Barcelona, ha sembrado la duda y la discordia entre el nacionalismo catalán. El tantas veces repetido, como si de un mantra se tratase, el famoso “Madrid nos roba”, acompañado de “una Cataluña independiente sería más próspera”, se ha tropezado con la realidad de una Cataluña que, con solo la duda de un marco legal inestable, ha perdido la sede social de unas empresas que representan la mitad de su PIB.

Por ahora sólo es la sede social, pocas han optado por cambiar también la fiscal, pero el paso sería muy fácil darlo y, una vez hecho, difícilmente existiría una vuelta atrás de la mayoría de las empresas que se hayan marchado.

El efecto económico directo no es grande. No se cerrarán las fábricas de un día para otro, ni se despedirán empleados de manera fulminante. Pero las empresas deslocalizadas es posible que cambien sus planes de inversión futuros y, paulatinamente, vayan disminuyendo el peso de Cataluña, tanto en sus procesos productivos como en su operativa comercial. Igualmente, nuevas empresas que tuvieran pensado invertir en un territorio dinámico, bien comunicado y con mano de obra disponible con un buen nivel de formación, se lo piensen y analicen otras opciones menos interesantes pero viables para sus proyectos.

El caso, y es lamentable, es que la verdad podría haberse sacrificado en pos del mensaje ideológico. Y es que, desde la Edad Media, la economía catalana ha estado vinculada a la economía española de forma indisoluble. De modo que, los periodos de crecimiento económico de unos y otros han coincidido casi plenamente, sin importar el grado de independencia o de reconocimiento de las instituciones catalanas. Tanto es así, que se puede afirmar que dos de los periodos de mayor expansión y pujanza económica de Cataluña tuvieron lugar en periodos en los que las instituciones catalanas fueron reducidas al mínimo. Serían el periodo que va desde el famoso 1.714, con las políticas llevadas a cabo por los primeros borbones, hasta finales del siglo XVIII y, por otro lado, el periodo abierto en 1.960, tras la posguerra, con el desarrollo económico acelerado que sacudió a toda España y que tuvo especial repercusión en la zona de Cataluña.

En el primer caso, se puede afirmar sin duda que, tras las crisis de la Guerra de Sucesión, que nunca fue una guerra de España contra Cataluña, sino un escenario más de las guerras de poder de las potencias europeas por hacerse con la hegemonía a costa del declive de la corona española, el siglo XVIII fue claramente favorable a la economía catalana. Crecimiento de las fuerzas productivas, acusada movilidad social, progresiva estabilidad política acompañado de creatividad cultural en los distintos campos tuvieron como consecuencia que, a fines de siglo, la población catalana hubiera crecido un veinte por ciento más que la media española y casi un cincuenta por ciento más que la de las dos Castillas. De modo que Barcelona triplicase su población a lo largo del siglo, pasando de menos de 40.000 habitantes a 130.000.

Al mismo tiempo, tampoco faltan pruebas de una política borbónica para favorecer a los sectores económicos catalanes -como la prohibición de importar productos de algodón decretada por Carlos III en 1771. Además, la supresión de aduanas interiores entre Castilla y Aragón permitió el libre acceso al mercado castellano de la producción catalana y ofreció oportunidades desconocidas para los productores y comerciantes catalanes.

De hecho, las nuevas oportunidades de negocio impulsadas por la globalización auspiciada por los borbones a raíz de la uniformidad del marco legal y económico en todos sus territorios, propició el asentamiento, entre 1778 y 1820, de 1.263 comerciantes catalanes en la América española, algo que nunca había ocurrido con la dinastía de los Austrias y que subraya la capacidad catalana para la extroversión económica.

En el segundo caso, tras una postguerra plagada de represión y el terrible periodo de economía autárquica, la implantación del Plan Nacional de Estabilización Económica, a partir de 1.957, dio lugar a un crecimiento económico sin precedentes auspiciado por la inversión extranjera. El impacto en Cataluña fue, sin duda, aun mayor que en el resto del país, de modo que se convirtió en una de las metas del movimiento migratorio, que dio a Barcelona y a las localidades de su entorno un crecimiento acelerado.

Lo curioso del caso es que, a cada periodo de pujanza económica, quizás a causa de que la excesiva inmigración tiende a diluir la idiosincrasia propia catalana, le sigue otro periodo de incremento de sentimiento nacionalista, quizás como una reafirmación de un sentir catalán que se siente acosado y que acaba desembocando en una crisis social de resultados inciertos y, hasta ahora, no demasiado buenos ni para catalanes, ni para el resto de España.

Decidido a no hablar de la situación catalana durante un tiempo, tarea muy complicada, me ha llamado la atención la publicidad que últimamente se le ha venido dando al Corredor del Mediterráneo, que parece, quizás esta sea la buena, que va a recibir el espaldarazo definitivo.

La idea de una línea férrea que una toda la costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras no es nueva. De hecho, es una vieja aspiración de los grupos políticas más orientados hacia el europeísmo, así como de diversas asociaciones empresariales. Tanto es así, que esta asociaciones se hallan ahora englobadas en FERRMED, una asociación multisectorial empresarial que actúa a modo de “lobby” o grupo de presión, con el objetivo de unir Europa de Norte a Sur mediante un corredor ferroviario que conecte las zonas de mayor actividad económica y logística, potenciando especialmente las conexiones de puertos y aeropuertos. Dentro de esta entidad se hayan englobadas entidades públicas y privadas, empresas, cámaras de comercio, autoridades portuarias, etc.

Mediante este trazado ferroviario se unirían las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, las cuales  aportan el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% del empleo, el 51% de la exportación de bienes, el 63% del tráfico de mercancías portuarias y se colocarían, como zona,  en el séptimo puesto de importancia por PIB de la Unión Europea.

Su coste sería elevado, 41.500 millones de euros, según FERMED, aunque también lo serían sus beneficios. El caso es que tal cifra quintuplica el coste de su alternativa: el Corredor Central

Además, teniendo en cuenta la importancia del sector turístico en nuestro país, que las Comunidades Autónomas afectadas son las receptoras del 50% del turismo que llega a nuestro país y que Francia es la procedencia más común entre los turistas que llegan a Cataluña y la Comunidad Valenciana, con cerca de un 10% del total de turistas que visitan el país, seguido de Reino Unido, (en el primer puesto en Andalucía, representando el 22% de todo el país), no es de desdeñar la posibilidad de ofrecer una vía rápida y efectiva para el transporte de estas personas.

El caso es que el desarrollo del ferrocarril en nuestro país ha sido una odisea para ingenieros e inversores. Por un lado, la complicada orografía unida a las grandes distancias relativas entre los núcleos de población, o de producción, si de mercancías hablamos, ha constituido un auténtico desafío para equilibrar lo deseable, lo posible técnicamente y lo viable económicamente. A esto no ayudó la elección del ancho de vía, que no tuvo, en contra de la opinión general, su origen en motivos de defensa nacional, para impedir que las tropas de un posible ejército invasor no pudieran avanzar en tren, sino que se originó basándose en un informe técnico (Informe Subercase), que sugirió que la red ferroviaria española tuviese una anchura de seis pies castellanos (1.672 mm). El argumento para esta afirmación fue que los ingenieros estimaron que un mayor ancho permitiría una mayor producción de vapor dentro de las locomotoras, lo que redundaría en una velocidad superior. Esta tendencia a un mayor ancho de vía, en contra del que se convertiría en el estándar europeo, también tendría su eco en Inglaterra y Rusia.

Para los inversores, el momento cumbre lo marcó la crisis en 1.866, año en que una burbuja especulativa en el sector ferroviario había propiciado que muchos inversores dirigiesen sus capitales hacia las compañías ferroviarias, que estaban en plena ebullición en lo que a construcción de tendido se refiere. Cuando la realidad acerca del volumen de transporte de pasajeros y mercancías fue palpable, muchas de estas compañías desaparecieron arrastrando a las entidades financieras y a los ahorros de miles de inversores, muchos de ellos franceses.

En lo que al corredor se refiere, el mundo empresarial de la Comunidad Valenciana y de la Catalana lleva al menos dos décadas reivindicándolo. Pero fue en el 2.011, cuando el Comisario Europeo de Transportes, Slim Kallas, presentó un plan que lo consideraba “prioritario”, junto al Eje Atlántico y su tramo portugués, por avanzar en la dirección de un transporte más sostenible. Este corredor ferroviario, incompleto y deficiente en la actualidad, pretende unir la frontera francesa con todo el arco Mediterráneo (Portbou, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería) hasta Algeciras.

Sin embargo, desde el Gobierno Central se ha apostado siempre por el mencionado Corredor Central, una alternativa que pasase por Madrid, Zaragoza y Canfranch. Esta apuesta centralista tuvo sus frutos en 2.012, cuando la ministra Ana Pastor anunció la recuperación de todos los tramos del corredor central ferroviario de mercancías, incluidos los dos tramos internacionales del eje, tanto el portugués -desde Sines-, como la Travesía Central del Pirineo (TCP) -el camino directo a Europa sin dar rodeos por los extremos de la cordillera montañosa-. Esta alternativa se potenció con el logro de incluirla dentro de las redes prioritarias de transporte definidas por la Unión Europea (UE). Con lo que, Madrid -pese a no ser tan relevante en el tráfico de mercancías con Europa- se convirtió en la piedra angular del nuevo escenario geoestratégico ferroviario.

La demanda que encabeza FERMED para el corredor del Mediterráneo ideal sería:

• Dobles vías exclusivas para mercancías y pasajeros (con plataformas independientes.
• Ancho de vía europeo para todo el trazado
• Conexión con los puertos de Interés General del Estado
• Aparcaderos de 1.500 metros de longitud, que permitirían la circulación de convoyes más largos.

Sin embargo, y a pesar de la publicidad que últimamente está teniendo, el miedo ha saltado a la escena: la posibilidad de una Cataluña independiente (no hay manera de no hablar de esto) podría ahuyentar primero la inversión y acabar con el propio proyecto después.

Para el común de los mortales que intente comprender la situación catalana sin ningún tipo de apasionamiento, no puede sino verse inundado por dos sentimientos: estupor y abandono. Estupor porque no se entiende cómo se ha llegado hasta esta situación, cuando era evidente que el nacionalismo estaba creciendo desde hace años, alimentado en muchas ocasiones, por fondos públicos y por un sentimiento de odio y rechazo a lo español (que no tanto a los españoles). Abandono porque, ante algo así, no cabe refugio ni en un bando ni en otro, porque no hay quien represente a aquellos que no son independentistas ni afectos a Rajoy.

Todos los avances en democracia y tolerancia, que son los principales logros que nuestra sociedad ha alcanzado, la crisis económica y el progresivo endurecimiento del costo de la vida, la corrupción institucionalizada de todos los gobernantes (independientemente del signo), además de fenómenos como la globalización, con sus luces y sombras, y la revolución de la información, que vivimos cada vez con más intensidad, quedan olvidados por el resurgir del espíritu tribal con el que estos últimos tiempos se nos brinda casi a diario. Con un bando que lleva años reinterpretando en muchos casos la historia con el fin de crear una “mitología catalana” y otro que se mira el ombligo mientras piensa que, con ignorar el problema, éste desaparecerá por sí solo.

El caso es que la situación ha alcanzado un punto en el que si uno intenta determinar a qué tipo de situación final nos encaminamos, las conclusiones son tan poco halagüeñas como la situación de partida. Ya que, partiendo del hecho de la imposibilidad de un proceso de independencia pacífico y satisfactorio para ambas partes, sólo cabe la confrontación. Pero claro, esto ya lo ven todas las mentes pensantes implicadas, entonces, ¿Cuál es la parte que no vemos el resto de los mortales?

Por un lado, ¿hasta qué punto no podría ser una gran pantalla de humo impulsada por políticos corruptos que buscan de este modo desviar la atención de ese gran entramado generador de riqueza (para ellos)? Y aquí uno tres ideas que me vienen a la cabeza: por un lado, el aparente trato de favor por parte de la fiscalía al entorno de los Pujol, por otro la promesa del proceso independentista de otorgar indulto a todo aquel que colabora a la proclamación de la República Catalana y, por último, la enorme cantidad de fondos defraudados por dicho clan, del cual una parte podría estar siendo utilizado para financiar el proceso. Del otro bando, en lo referente a la corrupción mejor ni hablar, pero una victoria política en el asunto catalán enjugaría muchos desmanes cometidos, de hecho, últimamente ni se habla de ello.

Por otro lado, si el origen de todo es un simple tema de financiación, sería triste que todo concluyera con la concesión por parte del Estado de una serie de prerrogativas económicas, hasta ahora inasumibles, y ya veremos si insuficientes conforme se vayan atravesando líneas rojas.

A día de hoy, la realidad ha superado al plan, de modo que, para una parte de la población catalana, la consecución de una financiación autonómica satisfactoria para Cataluña puede no ser ya suficiente. Es decir, la desactivación del proceso puede haber superado ya el punto de no retorno, de modo que la fracturación de la sociedad catalana sea ya un mal que, con un resultado u otro, conlleve una factura muy cara de pagar.

De momento, la decisión de Standard&Poor’s de mantener el “rating” de España en aprobado raspado alegando, como gran objeción para subir la nota, la confrontación en Cataluña, costará, al menos, 2.000 millones y, si persiste, más de 7.000 millones a medio plazo para el conjunto de la economía española, debido a lo que se deja de abaratar nuestra financiación. De hecho, se estima en 60 puntos básicos el ahorro que iba a suponer el que la calificación de la deuda volviera a la calificación de “A”, lo que significa un ahorro de 2.000 millones de euros a corto plazo, teniendo en cuenta que España emite 350.000 millones anuales de deuda pública y privada.

Pero, además, multitud de empresas (entre las que se cuentan La Caixa, el Banco Sabadell o FCC) tienen preparados “planes de contingencia” para reubicar su sede fuera de Cataluña en cuestión de horas, al tiempo que establecerían un sistema de gestión centralizada de caja para que la liquidez de la empresa no se concentre en cuentas bancarias de la sucursal en Cataluña, sino en otra del mismo banco fuera de ella.

El escenario final de la batalla por el 1-O es desolador: unilateralidad, desobediencia, uso ilegítimo de servicios públicos por parte del independentismo, intervención de facto del gobierno catalán por parte del Estado, tanto a nivel económico, como a nivel policial y mucha, pero que mucha, falta de ganas de entenderse. ¿La solución? Incierta, pero indudablemente pasa por el cumplimiento de la ley, la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas y empezar a hablar de una reforma constitucional que de satisfacción a las aspiraciones de una gran parte de la sociedad catalana.

La nota curiosa es la noticia de que Amazon abrirá un nuevo centro de investigación y desarrollo centrado en inteligencia artificial en Barcelona durante la primera mitad de 2018, en el que tiene previsto contratar a más de 100 científicos e ingenieros de software para estas instalaciones. Como siempre, el mercado dispuesto a suministrar bienes y servicios allí donde escasean.