Manuel González

Desde los tiempos de las aerolíneas de bandera, tiempos en los cuales el personal de vuelo (pilotos, controladores, auxiliares y demás profesionales) tenían un estatus profesional que, en cuanto a reconocimiento y salario, rozaban lo divino, muchas cosas han cambiado.

La irrupción de las aerolíneas de bajo coste supuso un punto de ruptura en lo referente tanto a las prebendas de las compañías, como en las condiciones laborales del personal de las mismas, al tiempo que se comenzaba a legislar en materia de protección a los usuarios, que quedaban en demasiadas ocasiones a merced de las compañías en lo referente a sus derechos.

El caso es que, sin remontarnos a los tiempos de Aviaco, las compañías aéreas de bajo coste han supuesto un revulsivo tanto para el mercado, como para el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para los mismos. Unido a la espiral de bajada de precios, a veces descabellada, los damnificados por las compañías aéreas han aumentado de forma exponencial.

Las cancelaciones, retrasos, las ventas de más billetes que plazas y, cómo no, las quiebras de compañías que parecía que se iban a comer los cielos, han llenado las mesas de AENA y los juzgados de reclamaciones de usuarios indignados que lo único que hicieron fue acogerse a las ofertas de las compañías.

A la reciente reconocida quiebra de Air Berlín, que se vende ahora a trozos al mejor postor, se une la serie de problemas de cancelaciones que RyanAir arrastra, y seguirá arrastrando. Aunque la historia de compañías de bajo coste quebradas viene de más lejos.

En España, Spanair presentó concurso de acreedores en enero del 2.012 tras un historial de acusaciones de la competencia de ser, de facto, compañía de bandera de la Generalitat de Catalunya, la cual tenía una importante participación en el accionariado, y de recibir, por este motivo, una serie de subvenciones públicas.

Antes, diciembre de 2.009, ya había echado el cierre Air Comet, propiedad del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio Gonzalo Pascual, tras admitirse una demanda por impago presentada por el banco alemán Nord Bank, con el que la aerolínea tenía un contrato por el leasing de su flota. Tres meses después de dejar de operar, Air Comet presentó el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, con una deuda próxima a 160 millones de euros.

Y antes todavía, en diciembre de 2.006, Air Madrid, la efímera, presentó suspensión de pagos de forma sorpresiva tras la advertencia, por parte del Ministerio de Fomento, con la suspensión de la licencia para operar por incumplimiento del plan de medidas correctoras ante los continuos problemas de retrasos y averías de la aerolínea.

En el caso de Air Berlín, el problema podría haber venido derivado de un fallo de las previsiones de crecimiento. En 2.011, la compañía establecía acuerdos con aerolíneas de medio mundo para ampliar rutas. Mientras Lufthansa, su principal competencia, mantenía bien atados sus derechos prioritarios en los aeropuertos de Berlín, asfixiando su capacidad. Con retrasos sistemáticos, Air Berlin registró pérdidas de 1.200 millones en los últimos dos años y siguió respirando hasta que su accionista Etihad cesó las inyecciones de capital, tras el fracaso de un acuerdo con el turoperador TUI para fusionar Niki con su filial TUIfly, situación que tomó a Air Berlin con el paso cambiado.

A día de hoy, a pesar de una reestructuración que propició que sus ingresos auxiliares crecieran un 20% en 2.016, lo cierto es que la compañía sobrevive gracias a un aval del gobierno alemán de 150 millones de euros, otorgado para alargar la vida de la compañía mientras las negociaciones para su venta se llevan a cabo. Venta que, tras el proceso de reestructuración de la compañía, ha supuesto un coste de casi 335 millones en 2.016, ha significado el alquiler de 38 aviones a Lufthansa, el recorte 1.200 empleos, uno de cada siete, y una reducción de la flota de aviones, 75 menos. En definitiva, el plan ha dejado los restos saneados para el que venga a por ellos.

En el caso de RyanAir, que por cierto se ha mostrado interesada pujar por los restos de Air Berlín, el caso es más rocambolesco. Tras cancelar hasta el 18 de octubre 2.269 vuelos (que ya son, aunque la compañía se defienda alegando que sólo suponen el 2% de su actividad), las declaraciones del CEO Michael O’Leary acerca de que todo se debía a que “la han liado” con las vacaciones de sus empleados, o las huelgas de controladores, o simplemente el mal tiempo, suenan a excusa infantil.

La verdad apunta a que la compañía rival Norwegian Airlines ha fichado a 140 pilotos de RyanAir (a los que habrían de sumarse los que se puedan haber ido a otras compañías), ya que es a partir de ese momento cuando comienzan los problemas de retrasos y cancelaciones.

La compañía ha negado la existencia de falta de personal como origen de su problema. De hecho remarca su política de contratar 1.000 pilotos al año con unas condiciones “inmejorables”: Hasta 170.000 euros al año por 18 horas de trabajos semanales. Lo que no cuentan es que hasta el 70% de sus pilotos son autónomos, obligados a abrir su propia empresa en Irlanda, donde la tributación es muy favorable a la empresa. Esto significa que, ante una baja laboral o unas vacaciones, el empleado no cobra nada de la compañía. A esto se le añade el problema de que la compañía ni tiene reparos en cubrir las necesidades en función de la demanda sin ningún tipo de compensación: si hacen falta pilotos en la otra punta del continente se les destina sin más.

En este caso, forma parte de la forma de dirigir un negocio, de la que O’Leary es un claro exponente: reducir costes (aunque sea a costa de explotar a tus empleados), aumentar cuota de mercado (aunque sea a costa de perder margen, o entrar incluso en pérdidas) y mostrar un crecimiento atractivo para los inversores (sobre todo si cotizas en bolsa). Cuando todo el mundo está ya a tu merced, se pueden aumentar los márgenes porque ya no hay frenos para poder ganar dinero, que para eso estás.

Hace 10 años se podía considerar una empresa descabellada, hace 20, una utopía. ¿Cómo era posible que una empresa pudiera convertirse en líder de ventas a nivel mundial sin tener siquiera una sola tienda física en la que vender sus productos?

Las empresas como Amazon están cambiando la forma en la que la gente consume y, además de estar demostrando tener un modelo de negocio de éxito. La estrategia es sencilla, asumir márgenes irrisorios para ganar cuota de mercado. De hecho, Amazon, por primera vez en su historia, en el año 2.010 fue la primera vez que la compañía superó los 1.000 millones de dólares de beneficio (871 millones de euros). Y, aunque en 2.012 y 2.014 volvió a sufrir pérdidas, desde ese momento parece que las mismas son ya cosa del pasado. En 2.016 obtuvo 2.100 millones de beneficio, este año, según FactSet, se estima que apenas superará los 1.500 millones, pero, hasta el 2.020 se estima que los beneficios se multiplicarán por 6, superando los 9.600 millones de euros. Esto será así porque, por un lado, la competencia estará o erosionada o asimilada dentro del propio sistema y, por otro, el consumidor estará ya lo suficientemente “adiestrado” para que la compra online sea una de sus primeras opciones y Amazon el líder en sus preferencias. Esto posibilitará una mejora en los márgenes desde el 1,11 por ciento estimado para 2017, hasta el 3,85 por ciento que se espera para 2020.

Pero el “efecto Amazon” no sólo está arrasando en la industria de las ventas al minorista, las expectativas de crecimiento de sus beneficios en los próximos años, propician expectativas favorables en bolsa. Por ahora, su cotización ha tocado máximos históricos en julio, mientras los clásicos “gigantes” del sector de venta minorista caen con fuerza en los últimos años. Muchos, como Nike o Día ya han claudicado y rinden pleitesía al “rey del retail”. Y es que la presión que está ejerciendo en sus competidores debido a precios más competitivos, le obliga a bajar los mismos, perjudicando en este caso sus márgenes y, por tanto, sus cotizaciones: Macy’s, Target, Carrefour, etc. han perdido más de un tercio de su tamaño en bolsa desde los máximos que tocaron alrededor del 2.014. A día de hoy, hasta Inditex ha caído más de un 14% desde los máximos de junio de este año, coincidiendo con el reciente lanzamiento de Amazon de una línea de ropa, llamada Find.

Sin embargo, el desmesurado crecimiento a nivel global de gigantes de la venta online podría llegar a generar dos figuras calificadas como perjudiciales para el consumidor: Un oligopolio, en el que unos pocos ofertantes controlan el mercado de cara al consumidor, imponiendo su oferta y sus precios. Y un oligopsonio, en el que unos compradores poderosos imponen sus precios y sus preferencias en cuanto a tipo y cantidad de productos a los productores. Es decir, el crecimiento de gigantes del comercio electrónico, que sólo son distribuidores, realmente no producen nada, está propiciando un cuello de botella en la economía en los dos sentidos, perjudicando a proveedores y, en un futuro cercano a consumidores, cuando, una vez barrida la competencia, la compañía dominante comience a mejorar sus márgenes y a imponer sus productos.

Otra desventaja del sistema pasa por el empleo. El pequeño comercio es una de las fuentes principales de empleo de nuestro país. Si como resultado de este cambio de hábitos se reduce el número de tiendas abiertas la demanda de empleo del sector será mucho menor. Por mucho que el sector de la logística que alimenta el comercio electrónico crezca, no lo hará en igual medida que el empleo que destruye. Entre el último trimestre del 2008 y el mismo periodo del 2016 la cifra de ocupados en las tiendas se redujo en 76.000 personas, lo que supuso una caída del 3,8%. Al mismo tiempo, el empleo en logística y transporte creció un 18% en toda España, con 29.500 nuevos puestos de trabajo creados, según la encuesta de población activa (EPA).

A pesar de ese trasvase de empleo hacia la logística, se trata de una actividad que todavía tiene un peso mucho menor que el del comercio minorista, con un total de 194.000 puestos de trabajo en almacenaje y transporte relacionado frente a 1,9 millones en las tiendas.

Las tiendas tradicionales competían de manera local contra otras tiendas próximas del mismo sector. Llegó la competencia contra los grandes centros comerciales, que ya supusieron un varapalo para el pequeño comercio ya que convirtieron aumentaron el radio de competidores a toda la ciudad. Ahora, la competencia se ha vuelto global, a precios inalcanzables la mayor parte de las veces, y ofreciendo al consumidor algo que nunca había podido hacer antes: comprar desde casa.

Aunque con un cierto retraso en comparación con otros países, en el nuestro también se van cumpliendo algunas de las profecías que se hicieron con la aparición de internet por allá plena burbuja de las dotcom. Entre ellas, la que habla del cambio de modelo de negocio que la entrada de las nuevas tecnologías supondría para diversos sectores de la economía.

En lo que se refiere al pequeño comercio, uno de los semilleros de empleo en España, son dos los grandes problemas a los que el sector ha de hacer frente:

Por un lado, el auge del comercio electrónico. Portales de comercio electrónico, con cada vez más y más variada oferta, detraen cada vez más clientes al sector. Éstos, cautivados por precios más económicos, facilidades de pago y la comodidad de hacer las compras desde el sofá de casa, son cada vez más reacios a llevar a cabo la aventura de ir físicamente de compras.

Las ventajas para que la venta online se afiance frente al pequeño comercio son muchas y conocidas:

• Amplio abanico de opciones y plataformas donde escoger.
• Fácil acceso a los productos y servicios, que en muchas ocasiones no se encuentran en el establecimiento físico.
• Comodidad para quien compra y quien vende.
• Optimización del tiempo para comerciantes y clientes.
• Ahorro para los negocios que se instalan únicamente en Internet evitando todos los gastos de un local.
• Ampliación exponencial de clientes potenciales a los que es más fácil llegar sean de donde sean.
• El crecimiento exponencial del sector de las telecomunicaciones, que da soporte al proceso de implantación del modelo online.

A lo que hay que unirle la bendición de los gobiernos, que entienden que los consumidores están más protegidos en sus compras por internet, ya que fomenta la competencia al permitir la entrada a empresas de todos los tamaños y de cualquier lugar del mundo.

El segundo varapalo que está soportando el pequeño comercio es que la protección establecida por la Ley de Arrendamientos Urbanos en 1994 por un periodo de veinte años y que afectaba a los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985 ya ha desaparecido. La moratoria del 94, se creó con el objetivo de proteger al pequeño comercio y, en especial, a los que se encuentran en los centros de las ciudades, en un contexto de crisis económica. Pero el fin de ese periodo de gracia se produjo en uno de los peores momentos para el pequeño comercio, con una caída continuada de las ventas que hizo inviable la continuidad de muchos de ellos.

Los locales más afectados por el aumento de los alquileres son aquellos con menos de 2.500 metros cuadrados en los que se ejerzan actividades comerciales, hostelería, restauración, talleres de reparación de vehículos y electrodomésticos, entre otros, o cualquier actividad distinta, siempre que la cuota de Impuesto de Actividades Económicas sea inferior a 510,86 euros. En éstos el incremento del arrendamiento puede multiplicarse hasta por 10, dependiendo de la zona concreta.

Esto motivaría el deterioro de los cascos históricos de las ciudades (algo que ya estamos viendo), ya que muchos locales podrían no volver ya a alquilarse y, los que lo hicieran, lo serían por cadenas de franquicias.

Evidentemente, esta será una transformación paulatina, ya que pueden seguir disfrutando de su renta antigua los contratos de alquiler firmados por personas físicas, en cuyo caso, el contrato se mantendrá hasta la jubilación o fallecimiento del comerciante, salvo que deje la actividad a su pareja. Esto no será así si el negocio se transfiere a los hijos. También pueden alargar la renta antigua hasta enero de 2.020 aquellos locales que hayan sido traspasados en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la LAU (1995). Aun así, ya es común ver centros comerciales que no logran el 100% de la ocupación o locales en zonas comerciales de las ciudades con un eterno cartel de “Se Alquila”.

¿Cómo se está defendiendo el pequeño comercio de estas dos losas? Pues depende de cómo se entienda, para algunos es defenderse y para otros alargar su agonía.

Está claro que el pequeño comercio representa un modelo de distribución de la riqueza más justo, contribuyendo en mayor medida a la economía local, a la vida de barrio y al tránsito de los vecinos por las calles aportando mayor seguridad a las mismas. Pero su principal beneficio es su principal desventaja: para conseguir un mismo volumen de ventas, éste requiere considerablemente mayores necesidades en puestos de trabajo que en la gran distribución, siendo, generalmente, empleo de mayor calidad al estar más profesionalizado.

Y aunque todo el mundo da por sentado que el pequeño comercio es una de las bases del empleo, el que más y el que menos maximiza su beneficio acudiendo cada vez más a la compra online, por lo que las campañas de concienciación no servirían de nada. En este sentido, algunas ideas como generar una imagen común para los establecimientos, crear materiales como bolsas de la compra permanentes, realizar vídeos virales, organizar actividades en los colegios, concursos de dibujos o relatos, charlas en las asociaciones de vecinos o actividades culturales en los mercados, ya se han hecho y su impacto ha sido limitado.

En cualquier caso, se puede seguir profundizando en este objetivo de fidelización de la clientela mediante diferenciación del pequeño comercio con el impulso de valores sociales y ambientales. Para ello, se pueden ir impulsado distintos programas con estos fines, en los que participen estos establecimientos, que deberán ir acompañados de campañas de difusión que contribuyan a que el consumidor mejore la percepción de este tipo de comercio. Algunos ejemplos, podrían ser:

• Fomentar la venta de productos locales y los circuitos cortos de comercialización.
• Buscar estrategias comunes para la contratación de personas que lleven a cabo la entrega a domicilio.
• Fomentar valores adicionales al propio producto que vayan encaminados a una economía más sostenible, bien a través de un producto más natural y con menos productos químicos, bien a través de un envasado más sencillo y menos contaminante.

La participación en este tipo de programas, en principio, puede no ser muy atractivo para muchos pequeños comerciantes que bastantes energías gastan ya en sobrevivir. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que la acción colectiva tiene mucho más valor, y posibilidad de éxito, que la individual, sobre todo si se dirigen los esfuerzos a reafirmarse frente a los que han pasado a ser los verdaderos competidores. También resulta fundamental la implicación de las administraciones públicas, que deben apostar por el pequeño comercio como una forma de recuperar empleo. Y es que, si se está manteniendo el nivel de consumo, es a base de reproducir un modelo de producción y distribución de bajo coste que implica reducir constantemente las necesidades de puestos de trabajo y precarizar el existente.

Lejos de la agobiante y concurrida playa, de las aglomeraciones a las que el incremento de turistas nos somete y de la canícula, que unida a los abusos de precios a cambio de servicios por debajo de mínimos, se nos ofrece todos los veranos, mi estación del año favorita es el otoño. Estación en la que, tanto el clima como los excesos dan un respiro al cuerpo. Si a esto le unimos que el día a día vuelve a la normalidad y que, por tanto, todo el país se despereza para continuar con su ritmo normal, esta estación del año viene a ser como una vuelta a empezar con ánimos renovados.

Además, este año viene cargado de entretenimiento que va más allá de “Juego de Tronos” o de cualquier otra serie de enrevesada argumentación. Este año el otoño encarará el tema de la independencia catalana, con la única pena, siguiendo con la analogía de la serie favorita de Pablo Iglesias, de que faltarán las escenas de sexo tórrido entre los protagonistas (sólo imaginar algo así entre Rajoy y Puigdemont da grima) y las escenas de batallas sangrientas en las que algún personaje principal inesperadamente pasa a mejor vida.

Aun así, la cosa promete, y prometería más si las vidas de millones de personas a uno y otro lado de la hipotética futura frontera catalana no se fuesen a ver afectadas por decisiones de políticos cuyas aspiraciones y motivos nada tienen que ver con las personas afectadas.

El caso es que recientemente, diputados de Junts Pel Sí y la CUP han presentado el texto que debería regir el tránsito del autonomismo a la independencia, al que se ha denominado como “Ley de ruptura”, para el caso de que se celebrase el referéndum y obtuviesen la victoria las posiciones independentistas. Algo que ya ha descartado Montoro porque “Con toda seguridad, no va a haber referéndum porque no hay presupuesto”. Es decir, como no se ha destinado ninguna partida presupuestaria a ello, no se podrá celebrar ningún tipo de consulta.

Con la tranquilidad que esto da, ya se puede uno a dedicar a explorar otros aspectos del proceso catalanista, como es el hecho de que una independencia haría que la república catalana naciera con un déficit insoportable por deudas precisamente con España. Aspecto que preocupa seriamente a los artífices del proyecto: deberán dinero al que se convertirá en declarado enemigo, alguien que para poder exigirles el pago debería reconocerlos primero como nación independiente.

De hecho, las cuentas, seguramente exageradas, dan la cifra en 265.000 millones de euros, un 124% del PIB actual catalán, con el siguiente desglose:

• Unos 4.700 millones del conjunto de las entidades catalanas (ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas). A esto se suman otros 2.000 millones de deudas de empresas públicas catalanas.
• Casi 75.500 millones de euros que debe la Generalitat al Estado Español.
• La parte de deuda pública nacional que debe afrontar Cataluña en proporción a su PIB, que asciende a otros 183.000 millones de euros.

En definitiva, una barbaridad de dinero que, dado el hipotético caso, nunca tendría que pagar la nueva nación porque se los debería a quien hará todo lo posible porque tal situación no se produzca y, si ocurriera, sería a costa de derrotar de alguna manera al Estado español, lo que le colocaría en posición de negociar ventajosamente el coste de la independencia.

Mientras tanto, unos y otros andan calentando motores a costa de unos atentados promovidos y llevados a cabo por unos malnacidos y explotados con fines propagandísticos por medios afines a Gobierno y Generalitat para desprestigiar o ensalzar el proceso independentista.

Porque realmente, el hecho de que los Mossos d’Escuadra fueran o no avisados por la CIA de la inminencia de un atentado en Barcelona es indiferente. Realmente todos los días se suceden anuncios y advertencias, a veces basados en análisis, otras en chivatazos y otras en bulos y rumores. No hay que olvidar que la propia CIA advirtió, tres meses antes de que ocurriera el 11-S, de la inminencia de un ataque en Nueva York y tales advertencias no fueron tampoco tenidas muy en cuenta.

El caso es que, a pesar de las cuentas del señor Montoro, Puigdemont asegura tener “más de 6.000 urnas preparadas y escondidas”, lo cual es creíble, porque si durante años gran cantidad de empresas han estado pagando el 3% de comisiones bajo mano y de manera casi institucionalizada, sin que Hacienda se enterase, escamotear una partida para comprar urnas debe ser un juego de niños.

En definitiva, ahora que todos han vuelto más morenitos de las vacaciones y con las energías renovadas, quizás decidan hasta sentarse a hablar. Que las apuestas indican que el pulso terminará cuando haya un proyecto para Cataluña que incluya un trato fiscal parecido al del País Vasco. Hasta entonces, los empresarios que no gustan de estas películas con sus inversiones de por medio, continúan su lento éxodo de Cataluña.

El temor del Gobierno, por su parte, que por eso su resistencia ni siquiera a hablar, que una concesión semejante a Cataluña, supondría un efecto contagio para el resto de las Comunidades Autónomas, aunque no tengan lengua propia.

Yo, por mi parte, a disfrutar del otoño. Si no fuera por la factura de la vuelta al colegio…

Desde los años 70 y 80, las grandes marcas han ido desplazando la confección de los países industrializados a las nuevas economías emergentes de Asia e Hispanoamérica. Este desplazamiento fue motivado por la búsqueda del aumento de la productividad y la reducción de los costes de los salarios, que en estos países son mucho más baratos y tuvo lugar tras un baldío intento de mejora de la productividad invirtiendo en tecnología y disminuyendo carga salarial en los países de origen.

Es por eso que a día de hoy una prenda de vestir con etiqueta española puede haber seguido un proceso como este: el algodón de India, hilada en Turquía y tejido en Bangladesh. La tela se estampa en Italia con tintes de Polonia y China. El forro de la prenda es suizo y finalmente se empaqueta en nuestro país. Todo este viaje es más que rentable para la empresa al tener subcontratados a empresas locales todos estos procesos productivos. Sólo ha subsistido en los países occidentales la rama industrial que ha adoptado alta tecnología, calidad, moda y diseño y una mínima parte de mano de obra muy especializada.

De este modo las empresas textiles, a fuerza de subcontratar a empresas locales o de montar sus propias factorías (menos frecuente) aprovechan la mejor fiscalidad de los países emergentes, el menor coste de la mano de obra y las menores presiones sindicales y/o legales para mejorar las condiciones de trabajo en los centros de producción. De hecho se calcula, según la ONG Setem en su campaña Ropa Limpia, que el coste de la mano de obra en el sector textil supone entre el 1 y el 3 por ciento del precio final de la prenda. Con ello consiguen unos beneficios astronómicos que se reinvierten en buena parte en controlar la comercialización y diseñar las campañas publicitarias, para lo cual no se duda en gastar hasta el 60% de los beneficios para pagar con importantes honorarios a aquellos personajes famosos que darán la imagen de la marca, ya que saben que estas campañas generaran nuevas ventas y un mayor aumento de los beneficios.  La mayoría de campañas publicitarias dan una imagen errónea de la realidad de la marca: lujo, consumismo, competitividad, éxito. Pero nunca nos enseñan la realidad de los talleres donde se elabora la ropa. En definitiva, estas campañas de publicidad se diseñan y se destinan a los consumidores en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.

La explotación laboral en las fábricas asiáticas es un tema tabú que pocas marcas quieren abordar. Siempre ha sido objeto de polémica y la mayoría prefiere eludir el tema. Las denuncias de que había menores trabajando en las factorías que hacen la ropa para grandes marcas en sitios como India, Camboya o Bangladesh han hecho que en las últimas décadas los principales grupos con presencia mundial hayan extremado los controles.

Y si bien es cierto que los controles han aumentado, más por evitar la propaganda negativa que por defender al trabajador, probablemente, no lo es menos la enorme dificultad que entrañan tales controles. Esto es debido a que la empresas subcontratadas pueden a su vez subcontratar los trabajos a terceras empresas, con lo que habría que extender los controles a todas las ramificaciones de la producción, lo cual es algo poco menos que imposible.

Las medidas adoptadas pasan, desde el 2.003, por hacer que sean ONG con personal del país las que lleven a cabo los controles. Además, las grandes marcas, debido sobre todo al impacto que las noticias de explotación laboral pueden representar para sus cuentas, se esfuerzan por formar a las empresas productoras en temas tan amplios como política ambiental o derechos laborales.

El problema viene de las marcas más pequeñas. El margen de ganancia de producir en un país emergente (o del tercer mundo, por no emplear más eufemismos) y comercializar en los países desarrollados es tan grande que muchos empresarios no tienen ningún escrúpulo en saltarse cualquier tipo de legislación laboral, de seguridad o medioambiental. Si en un momento determinado la fábrica en cuestión es precintada o algún envío intervenido, se cambia la marca, se cambian los nombres y se vuelve a empezar.

Por otro lado, gracias al gran desarrollo del comercio electrónico, cada vez es más fácil el acceso a los mercados y más difícil el control de las empresas productoras. Y no solo eso, cuando se compra ropa a través de un portal de internet, de los muchos que, cada vez más, abundan en la red, el consumidor adquiere el producto sin ser consciente ni de dónde ha sido fabricado, ni de qué empresa lo ha fabricado. Para el consumidor, el producto tiene la marca del portal en el que lo ha adquirido. Esto significa que esta lucha para mejorar las condiciones de trabajo en los lugares de origen de las prendas está recibiendo un nuevo revés conforme mejoran las cifras de estos portales.

Así pues, que Inditex gaste en auditorías a sus proveedores entre 700 y 1.200 euros anuales por fábrica, o que H&M tenga implementado un Programa de Auditoría Completa, que vela para que en estos lugares se respeten los derechos laborales, o que Primark tenga un equipo especializado que realice 2.500 auditorías al año, es bueno, significa que estas grandes marcas han comprobado el daño que su firma puede recibir de destaparse episodios de explotación en la cadena productiva de sus productos.

Sin embargo, empresas más pequeñas a las que no les importe tanto la continuidad de su marca como el negocio rápido, o aquellas que venden bajo marca blanca a través de portales de comercio electrónico, serán las que no impongan ningún tipo de control y, además las que, en consecuencia, más competitivas se muestren en cuanto a precios.

Por último, dos detalles a tener en cuenta. Por un lado, que no podemos juzgar desde nuestra acomodada mentalidad las penurias de una familia que depende del escaso sueldo que obtienen en esas fábricas, independientemente de las jornadas maratonianas de trabajo, de las insalubres condiciones del mismo, del escaso salario o de si quien lo obtiene es un niño. Si ese salario es indispensable para el sustento, esa familia no pensará seguramente en reivindicaciones laborales.

Por otro lado, nuestro sistema de valores también influye: es más escándaloso que una prenda cara de una gran marca sea fabricada por niños que no una prenda barata de una marca desconocida, aunque la explotación pueda ser igual o mayor. En el primer caso la noticia da la vuelta al mundo, en el segundo la carencia de morbo hace que no le importa a nadie.

Cuando a la multiplicación de las quejas ciudadanas acerca de la saturación de nuestras ciudades, sobre todo costeras, se le une la opinión del mayor grupo turístico del mundo, la cosa debería empezar a percibirse como preocupante.

TUI Group, uno de los pricipales touroperadores del mundo, considera que España está “bastante llena de turistas”. Esto conlleva saturación y precio altos en nuestros pricipales zonas de atracción turística, por lo que dicha empresa sugiere a los turistas europeos que nos visitan que podrían viajar a otros destinos más asequibles económicamente y menos saturados. Esta afirmación ha sido realizada por el consejero delegado de la la empresa alemana, Fritz Joussen, tras presentar las cuentas del tercer trimestre del ejercicio fiscal de la compañía.

Entre los destinos que se perfilan como recomendables, según la compañía, que no hay que olvidar que también busca su propio provecho, se encuentran Bulgaria, Croacia o Cabo Verde.

Esto es así desde que destinos como España se están viendo saturados ante la bajada de afluencia de turistas en paises como Turquía o Egipto debido a sus propios problemas internos. En consecuencia, España lleva varios años batiendo records de afluencia de turistas y, debido a esto también, se empiezan a notar síntomas de hartazgo entre la población, sobre todo en lo referente a las subidas de precios, la saturación en los servicios en según qué zonas o las molestias que, según qué tipo de turistas, ocasionan.

Lo cierto es que los datos económicos asociados al turismo no dejan de arrojar cifras de récord. Sin ir más lejos, los datos de ocupación hablan de 2.886.581 trabajadores (a cierre del segundo trimestre), lo que muestra un aumento del 1,8% respecto al año pasado, que ya fue espectacular. Esto significa que los ocupados en el sector turístico supusieron el 13,4% del empleo total en la economía española. Esto es algo lógico, si se quiere dar servicio a los más de casi 36 millones y medio de turistas que visitaron nuestro país hasta el mes de junio y aún más cuando las previsiones son llegar a los 80 millones este año, con lo que estaríamos por desbancar a la autoridad mundial en visitas turísticas, que es Francia.

Las cifras económicas no desmerecen los datos anteriores el turismo genera el 11% del PIB español y que es uno de los grandes creadores de empleo directo e indirecto y un factor clave de nuestra balanza comercial. Sólo en el primer semestre del año ha generado ingresos superiores a los 37.000 millones de euros.

Y, aun así, lejos de que esa riqueza genere bienestar, el espíritu de los años 60 y 70 con respecto al turismo se ha desvanecido y el descontento y el rechazo al turista va aumentando paulatinamente. ¿El por qué? Posiblemente todo venga derivado de dos factores principales, aderezado con una serie de elemento circunstanciales:

• En primer lugar, la democratización del turismo, gracias precisamente a compañías como TUI, que hace que la oferta sea accesible para casi cualquier persona. Esto permite, tanto la saturación de los mercados de sol y playa, con la afluencia de turistas de bajos recursos económicos, como que el hecho de que la inmensa mayoría de estos turistas tienen como motivación hacer sus vacaciones inolvidables a costa de excesos sobre su salud y la paciencia de sus anfitriones.
• En segundo lugar, quizás derivado también de los ajustes que los grandes turoperadores ejercen sobre los precios, o de las posibilidades que, en cuanto a contratación y salarios, se ofrecen a las empresas relacionadas con el sector hostelero, lo cierto es que las condiciones de trabajo, en muchos casos rozando la explotación laboral, motivan el descontento de los afectados. Y aún éste es liviano por el hecho que muchos agradecen simplemente el hecho de poder trabajar, después de tanta crisis, a pesar de la dureza de las condiciones.

Como circunstancias agravantes de la situación se pueden citar una mayor concienciación de la sociedad acerca de los excesos sobre el medio ambiente, sobre los excesos constructivos o sobre la contaminación en todos los sentidos.

El caso es que las protestas, por suerte no demasiado virulentas, se extienden en todos los ámbitos. Los conflictos de los taxistas se extienden por todas las ciudades turísticas, en respuesta a la expansión de las empresas de alquiler de coches con conductor, protestas, por otra parte, en pleno proceso de radicalización.

Las protestas por exceso de trabajo de los empleados de los controles de seguridad del aeropuerto en el Prat han propiciado incluso la intervención de la Guardia Civil, que ha tenido que intervenir para descongestionar las kilométricas colas y reasumir, como no hace tanto tiempo, el control de seguridad de los pasajeros.

Evidentemente, esto se une a las protestas, digamos tradicionales, que como las fiestas aparecen cada verano, como pueden ser las huelgas de trenes, aun suaves, pero con opciones de radicalizarse.

En cuanto a las previsiones de TUI respecto a los próximos años, nada que no se sospeche: que vivimos un momento dulce más por debilidad de nuestros competidores, como son Turquía o Túnez, que por nuestros méritos como destino turístico. Y que la incertidumbre por el mercado británico tras el “Brexit” está desapareciendo: cada vez es más evidente que la devaluación de la libra esterlina afectará al coste de las vacaciones de los británicos que, optarán en años sucesivos, por destinos más económicos.