Manuel González

Por fin una victoria clara para Ciudadanos. Todo este tiempo siendo poco más que el convidado de piedra del partido del Gobierno y, al fin, una ocasión de lucirse, que han aprovechado.

Desde el principio, una de las condiciones para apoyar el pacto de investidura de la formación de Albert Rivera, fue una rebaja de del IRPF, aunque no de forma generalizada. El equipo económico de la formación naranja apostaba por poner el foco en las rentas más bajas, en los dos primeros tramos del IRPF, lo que podría situarse en las rentas inferiores a 20.000 euros, que es lo que ahora se plantea para los impuestos del 2018.

Los miembros del equipo económico de Rivera consideran que la rebaja de impuestos es más que “factible”. Explican que existe una horquilla de entre 2.000 y 3.500 millones para ello y que, aunque en el pacto de investidura, en las partidas para 2018, figuran compromisos de 2.100 millones para el complemento salarial y 1.560 millones para el plan contra la pobreza infantil, estas partidas ya están sufragadas con fondos europeos, por lo que ese montante estaría disponible. Así, el acuerdo alcanzado rondaría los 2.000 millones, el mínimo de la horquilla barajada por Ciudadanos.

Sobre la mesa, ambas partes contemplar aplicar una deducción por maternidad, para personas con dependientes a su cargo como o para personas con discapacidad, ya que el objetivo es centrar el esfuerzo económico en colectivos concretos. Pero para estos supuestos todavía no hay concreción.

El caso es que Montoro se hizo de rogar, dijo no, dijo que más tarde quizás, y se vio obligado a decir que sí ante la negativa del PSOE a apoyar las cuentas públicas. Esto forzó al Ejecutivo a llegar a un entendimiento con Ciudadanos porque necesita sus 32 votos para aprobar el techo de gasto. De modo que se ha forzado a un compromiso por parte del Gobierno. La negociación del mecanismo se hará en septiembre, en el marco de las conversaciones para los Presupuestos.

No será una gran rebaja del IRPF, ya que España seguirá todavía dentro del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), por lo que la Comisión Europea vigilará de cerca cualquier desviación, pero será un primer gesto hacia los hogares. La rebaja se centraría en los dos tramos más bajos del IRPF, de modo que pueda llegar a la mayor parte de los contribuyentes y que beneficie más, proporcionalmente, a las rentas bajas. Actualmente, las rentas hasta 12.450 euros de base liquidable se le aplica un tipo impositivo estatal del 9,5% y los siguientes 7.750 euros tributan al 12%.

Durante la negociación, dura como todas las que tienen a Montoro como interlocutor, el Ministro era consciente del compromiso electoral de la bajada de impuestos, pero era partidario de dejar “la zanahoria” para el final de la legislatura, como medida para poder esgrimir de cara a las urnas. Sólo la obstinación del partido de Rivera, la dificultad para la aprobación del techo de gasto y el calendario tan apretado han podido forzar al Ministro a un “donde dije digo”.

El objetivo que justifica la existencia de cualquier sistema tributario, el motivo por el que nacieron los impuestos, es sufragar el funcionamiento del Estado y proporcionar el volumen de recaudación preciso para financiar el gasto público –lo que los hacendistas clásicos llamaron el principio de suficiencia–. Es cierto que, cumplida la suficiencia, al conjunto impositivo se le asignan otros objetivos adicionales. Pero, con todo, la aparición del déficit público es la consecuencia del incumplimiento del principio de suficiencia.

Sin embargo, una mayor o menor presión fiscal no lo es todo para alcanzar la suficiencia. El gasto público es el otro componente de la ecuación para equilibrar las cuentas. Por ello, cualquier reducción del déficit público puede pivotar sobre cualquiera de los dos elementos de la ecuación, o conjuntamente sobre los dos. El elevado déficit público en España resulta una clara evidencia de la insuficiencia de nuestro sistema fiscal. Para superarla, se han aumentado los impuestos, así como se han aliviado los gastos y, sin embargo, los resultados han sido insatisfactorios. La explicación puede venir por dos vías: el crecimiento económico no ha acompañado hasta ahora al proceso de adelgazamiento de gastos y además se ha visto perjudicado por una alta presión fiscal, por otro lado, la política de reducción de gastos no ha sido sino eso: una reducción sin más, recortando partidas que se consideraron superfluas y manteniendo otras (cuantiosas) pero con altos costes políticos.

Bajar impuestos aumenta la actividad económica. Cuando se reduce el IRPF se incrementa la renta disponible de los contribuyentes, lo que a la postre puede avivar el consumo y favorecer el ahorro. Asimismo, las rebajas del Impuesto de Sociedades inyectan liquidez en las empresas y, por ende, favorecen la contratación. Es decir, se ensancha la base de cotizantes y aumenta la recaudación. Desde el Ministerio de Economía ven “factible y compatible” cumplir con los compromisos de déficit y bajar impuestos, siempre y cuando se mantenga el ritmo de crecimiento económico.

En definitiva, se sigue confiando en que la economía seguirá la senda del crecimiento, y en base a ello, a nuestra marcha futura estimada, acomodamos el gasto del presente y cruzamos los dedos para que las previsiones se cumplan.

El sector financiero, tras su rescate, está dedicando sus esfuerzos a llevar a cabo una profunda reconversión. De tener una banca diversa con un buen puñado de entidades relativamente pequeñas que se expandieron excesivamente en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, estamos asistiendo al nacimiento de una banca mucho más concentrada, teóricamente más saneada y que no hace sino soltar lastre en forma de sucursales y de empleados.

De hecho, el FMI sostiene que “la racionalización de oficinas de manera que la ratio entre depósitos y oficinas de cada muestra alcance la media europea, podría reducir los costes operativos en cerca de 23.000 millones de dólares en toda Europa, el equivalente al 23% de los beneficios después de impuestos de los bancos analizados”.

Nuestro país, ha tomado diligente nota en este punto y lo está aplicando de tal manera que, debido a la disminución de entidades, una de cada cuatro pymes españolas utiliza ya un solo banco en su operativa, hecho reforzado tras la absorción del Popular, que era el banco especializado en pymes, con un 17% de cuota de mercado. De hecho, el cierre de sucursales, desde el 2008 hasta enero de este año, ya ha alcanzado la cifra de 15.500 oficinas, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB).

La consecuencia lógica es la necesidad de disminuir también los costes salariales. Y en este sentido, entre prejubilaciones, acuerdos o directamente despidos, sólo en el año pasado 8.550 personas dejaron de trabajar en bancos, según datos de CCOO, cifra que representa más del 10% del total de los 81.000 empleados forzados a abandonar su trabajo en el sector en los últimos ocho años. La plantilla total, incluyendo cooperativas de crédito y cajas de ahorro restantes, apenas supera 189.000 personas actualmente.

No hay que olvidar que, además de la propia crisis del sector, que ya le golpeó duramente, la política de tipos de interés bajos llevada a cabo por el BCE, propició el descenso del volumen de negocio del sector en un 16%, sobre todo en lo que se refiere a la concesión de créditos. La reacción de la banca fue la disminución de costes, el incremento de las comisiones y la colocación de otros productos como seguros y fondos de inversión. Sólo la posibilidad de que el BCE inicie una subida de tipos el año que viene es vista como el fin de las estrecheces y la llegada de un nuevo ciclo positivo para la banca.

Sin embargo, el problema, ahora que parece que por fin la crisis parece estar zanjada, viene de la mano de la excesiva concentración bancaria, que ha provocado que de las más de 40 entidades que había en 2007, hoy apenas queda una docena, perdón, once, tras la absorción de BMN por parte de Bankia.

Esta concentración, reconocida por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, provoca que, en nuestro país, las cinco primeras entidades acaparen el 72% de los activos (frente al 42% de 2008), “una tasa muy superior” a la de todos los países europeos, excepto Holanda.

Las consecuencias de esto no son otras más que las derivadas de cualquier mercado de tipo oligopolista: un encarecimiento de los productos ofertados (en este caso el crédito y la financiación) y una desviación del excedente de los consumidores hacia las empresas dominantes.

El sector de la banca se defiende sobre este extremo, alegando dos argumentos principales: por un lado, que “Europa está sobrebancarizada” y que precisamente España es la que ha hecho sus deberes al reducir el número de operadores bancarios, por otro lado, desde la AEB se señala la existencia de una feroz competencia en el mercado, aunque invisible para el consumidor. Tal competencia se debe a la aparición en el mercado de nuevos operadores financieros de la mano de las nuevas tecnologías. La banca tradicional empieza a mirar de reojo a los nuevos agentes financieros, englobados dentro de lo que se conoce como “fintech” o empresas financieras tecnológicas que, a través de portales electrónicos comienzan a colocarse donde más margen tienen los bancos, ofreciendo tarjetas de crédito, préstamos al consumo, financiación de proyectos y otros productos con los que empiezan a concurrir en clara competencia con el sector bancario tradicional.

La realidad, sin embargo, todavía no es esa. Si bien es cierto que el sector de las fintech esté claramente en auge, no lo es menos que todavía se trate de un sector naciente, cuyas posibilidades de crecimiento se hayan aún muy limitadas por la falta de una regulación legislativa clara. De hecho, sólo la Ley 5/2015 de 27 de abril, de fomento a la financiación empresarial, regula de alguna manera el Crownfunding.

Así las cosas, lo ocurrido con el mercado eléctrico puede dar alguna pista sobre el futuro de la banca: asistimos a una concentración bancaria sin precedentes, que conlleva un adelgazamiento del sector tanto en número de oficinas como de empleados. Por otro lado, la implementación de la banca electrónica intenta dar solución a este adelgazamiento del sector y, mientras las entidades se esfuerzan en trasladar su negocio a internet, nuevas empresas con ideas, agilidad y sin el lastre de las entidades tradicionales, intentan hacerse con un hueco en el mercado. La regulación incompleta o inexistente posibilitará que, en un futuro, cuando la banca tradicional esté más preparada, una nueva legislación golpee a estas empresas emergentes, de modo que el negocio bancario no sufra en demasía. No vaya a ser que una competencia inesperada dañe un sector que hemos rescatado entre todos.

El Banco de España ha publicado que da por irrecuperables 60.613 millones de euros del rescate a la banca de los 76.410 en que valora el total de las ayudas concedidas. Cifra en 4.139 millones el dinero que se ha recuperado, lo que representa un 5,41% de las ayudas otorgadas al sector financiero. El documento pronostica, además, que podrían recuperarse otros 12.198 millones de euros por medio de, por ejemplo, la venta de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN). Si esto ocurre finalmente, España recobraría 16.336 millones, lo que equivaldría al 21,379% de las ayudas otorgadas a la banca. Dicho de otra forma: de acuerdo con el Banco de España, casi ocho de cada diez euros destinados a apuntalar el sistema financiero nunca volverán a las arcas públicas en el mejor de los casos.

Da qué pensar el hecho de que esta noticia haya pasado casi inadvertida, como si fuera lo más normal de este mundo. Pero es que realmente lo es, hay que entender el proceso para comprender por qué el anuncio de esta pérdida ya no es una noticia relevante.

Los ciudadanos ya vieron el rescate como un regalo a la banca, y nunca terminaron de entender cómo unas empresas que se gestionaron mal, que se endeudaron por encima (ellas sí) de sus posibilidades, disfrutaron de una segunda oportunidad a costa del erario público.

No entendieron cómo fue que directivos y consejeros de las cajas de ahorro, que habían financiado proyectos de corte más político que económico, fueran apartados de la gestión y premiados con retiros millonarios, mientras la entidad era rescatada. Al mismo tiempo, la crisis, que para todos llegó, se llevó por delante los ahorros, los empleos y las viviendas de un sin número de familias, sin que para ellas existiera ningún plan de rescate más allá del subsidio de desempleo.

Las promesas de Rajoy, diciendo que “sólo era un rescate financiero” nada de una intervención de Bruselas en la economía, que las ayudas serían devueltas por las entidades rescatadas y que no habría coste alguno para el bolsillo del contribuyente, han quedado al fin vacías de contenido.

Para empezar el rescate fue más elevado de las cifras que entonces se ofrecieron y, además, la devolución del mismo nunca fue un escenario que se barajase. La banca se había endeudado y se había embarcado en mucho más de lo que podía digerir y el proceso de rescate fue sólo una manera de repartir el coste del saneamiento entre las propias entidades y el Estado, que somos todos.

La nota informativa del Banco de España (PDF) de septiembre de 2013 cifraba en 61.366 millones de euros la ayuda oficial a la banca entre 2009 y 2013. A esto había que añadir otra serie de ayudas no contabilizadas oficialmente pero reales, llegando hasta los 246.441 millones de euros, según el FMI (PDF) en las mismas fechas, si contamos con la adquisición de los activos tóxicos o los “esquemas de protección de carteras de activos” (EPA), que suponen una protección frente a pérdidas procedentes de activos: es decir, si un banco adquiere activos de otra entidad puede estar blindado frente a posibles pérdidas generadas por dichos activos con garantía pública.

Pero hay más, según el Tribunal de Cuentas del Congreso (PDF), el volumen de dinero público inyectado a las entidades financieras rescatadas —principalmente, cajas de ahorros— asciende a un total de 122.122 millones de euros.

En los cálculos del supervisor se incluyen no sólo las inyecciones de capital, sino también las garantías contra pérdidas (esquemas de protección de activos, EPA) concedidas a varias entidades para poder colocar dichos activos. Una especie de subasta inversa: quien menos garantías pedía, se la quedaba. El importe total por este concepto es de 28.666 millones, a los que se suman otras garantías por 7.711 millones. Asimismo, el Tribunal de Cuentas incluye en su contabilidad “líneas de crédito para liquidez” por importe de otros 16.700 millones.

La diferencia entre lo inyectado y el “coste” (la pérdida) responde a lo que ya ha recuperado y lo que puede recuperar el Estado: principalmente, su participación en Bankia y BMN, valorada en 11.187 millones, y la parte de las garantías que no se utilice (de momento, el saldo vivo es de 17.211). A este importe hay que añadir que el Estado otorgó avales a las entidades de crédito, para que pudieran pedir dinero prestado en el mercado en lo más duro de la crisis, por un importe de 85.965 millones de euros. Ese dinero ha sido ya devuelto por el sector, salvo una única emisión que queda viva por importe de 1.059 millones. Asimismo, Sareb (el banco malo) tiene emitidos 43.476 millones en deuda avalada por el Estado.

De todo este importe de 122.122 millones ya se daban por perdidos al cierre de 2015 60.718 millones de euros, cifra que se aproxima a los 60.613 millones que ha anunciado el Banco de España recientemente.

Es, por tanto, muy normal que no haya habido prácticamente revuelo alguno ante el anuncio de la noticia. La sabiduría popular lo supo desde el primer momento, y lo confirmó desde que comenzaron las declaraciones de De Guindos y de Rajoy asegurando que las ayudas a la banca las pagaría ella misma. Porque estamos acostumbrados a que el silencio de los políticos sea malo, pero sus promesas siempre sean peores.

A principios de marzo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentaba su Libro Blanco acerca del futuro de la Unión Europea. Un documento que, en unas cuantas páginas, esbozaba el panorama de Europa, tras la salida del Reino Unido, y dibujaba las cinco posibles alternativas de futuro que se abren para la Unión.

Es evidente que desde el seno de las instituciones europeas se palpa el creciente desencanto de muchos sectores de la población, que se materializa en el creciente ascenso de partidos políticos con un claro componente nacionalista, en detrimento de la idea de una Europa unida. Por primera vez, en países tradicionalmente europeístas, se ha visto cómo partidos políticos que desean un control y una marcha atrás en la idea de construir Europa, han ganado peso en el escenario político. Por primera vez se ha asistido a algo inédito, tras décadas construyendo un espacio europeo en el que todos querían entrar, uno de los países de dentro ha votado salir, lo que indica el estancamiento en el que la UE se encuentra.

El análisis de posible futuro abarca hasta el año 2025 y contempla cinco posibles alternativas de futuro de la Unión. En ellas muestras las ventajas de lo que sería una Europa más integrada, pero también lo que significaría un retraso en la integración, una contracción de la misma y hasta una renuncia a lo alcanzado hasta ahora. Tales son los cinco escenarios de futuro:

1. Seguir como hasta ahora. Referido como el “modelo de Bratislava”, en referencia al encuentro en septiembre del año pasado en dicha ciudad, en la que fue la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE sin Gran Bretaña. Este modelo defiende continuar la tónica que nos ha traído hasta aquí, con sus ventajas y desventajas. Confiando en que, una vez superada la crisis y vuelto a la senda del crecimiento, las aguas regresen a su cauce y terminen las disputas entre los distintos países. El problema es que, a día de hoy, el sentimiento generalizado es que Europa, con su inmovilidad y su excesiva burocracia, ya no es una solución de futuro, sino un problema para mejorar el mismo. Es una solución de no hacer nada y confiar en que todo se arreglará por sí mismo: sin duda muy del gusto de nuestro Presidente del Gobierno.
2. Limitarse a una Europa con mercado único. Es decir, volver a la Comunidad Económica Europea, poco más o menos, con libre circulación de bienes y capitales, pero no de personas. Esta posibilidad, no desdeñada por muchos, supondría una marcha atrás en parte de los avances ya hechos en las últimas seis décadas. Supondría centrarse en la economía y olvidarse de una política común en defensa, refugiados, inmigración o seguridad. Esto significaría la retirada de una buena parte de la legislación europea vigente y, aunque no hay ningún estado miembro que la defienda, el mero hecho de su inclusión en este documento ya supone la apertura de la posibilidad como algo tangible.
3. La Europa de las dos velocidades. Una idea de la que se lleva décadas hablando, políticamente viable pero complicada en la práctica. Esta posibilidad supone que el avance de los 27 países en la idea de la Unión se daría en bloques, dependiendo del grado de alcance en las metas predeterminadas. Esto daría lugar a coaliciones y alianzas entre países para avanzar o permanecer en determinados aspectos, como podría ser seguridad, medio ambiente, etc. Europa se dividiría entre los países que desean ir más rápido y los que desean alargar la espera hasta encontrar más apoyos o más sensibilidad en su población o en los países vecinos o, simplemente, tiempos mejores. Esta es, posiblemente, la solución que con más apoyos cuenta, ya que permitiría a los países entrar o no en según qué medidas, algo que realmente ya se está haciendo, por ejemplo, con la unión monetaria: hay países que no han adoptado el euro a pesar de pertenecer a la UE.
4. Menos integración, pero mejor. Es, sin duda, el escenario más complicado, porque supone consensuar las áreas con voluntad para avanzar, desarrollarlas al máximo y lo más deprisa posible, convertir Europa en un Estado federal en base a esas áreas comunes y devolver todo lo demás a los Estados. Parcelas como la salud pública, políticas sociales o de empleo, en las que se percibe un limitado valor añadido, estancamiento o imposibilidad de avanzar se devolverían a los Estados, avanzándose en el resto hasta conseguir una política realmente común. Quizás muy poco, pero tangible y real. El problema es que confirmaría el fracaso político de la Unión, que no habría logrado cumplir su objetivo fundacional de unión política, militar, o geográfica.
5. La opción de “hacer más cosas juntos”. Es el extremo opuesto de centrarse en el mercado único y supone abandonar las excusas y avanzar buscando una respuesta europea a todo, olvidándose de nacionalismos, competencias o soberanías. El problema es la falta de fe en este modelo, el auge de los nacionalismos antieuropeistas, hasta el extremo del “Brexit” da una idea de hasta qué punto hoy se ve más a la Unión Europea como parte del problema que como la solución al mismo.

Lo que está claro es que Bruselas está cansada de las críticas a la UE por parte de los Estados miembros sin que les acompañen propuestas para solucionar los problemas. La creación de este Libro Blanco debe servir de base y de toque de atención a los Jefes de Estado y de Gobierno, con el fin de que se posicionen por fin en uno de los cinco escenarios, con lo que se iniciaría el debate acerca de lo que Europa debe ser.

El debate europeo es, sin duda, imprescindible, porque Europa es más una restricción que una oportunidad. El abismo entre países y entre las instituciones, la élite política y la burocracia comunitaria con la ciudadanía es tan profunda que se acerca el momento de reinventar la Unión o abandonar la idea de la misma.

Cuando los padres de la Constitución dieron cabida y nacimiento en el seno del texto legal al Estado de las Autonomías, difícilmente pudieron visualizar la evolución del modelo de gobierno al que estaban dando a luz.

En un momento en el que el afán pacificador ansiaba más unir que poner en evidencia las diferencias, se buscó, mediante el consenso, aprobar un texto legal que dejase satisfechas a todas las partes. Es evidente que era difícil encontrar un acuerdo entre las aspiraciones de vascos y catalanes, mayormente, y los partidarios de “una, grande y libre”, que en aquella época eran muchos más que ahora. Sin embargo, se consiguió, aunque como muchos de los acuerdos del texto constitucional quizás hace ya un tiempo que se le debería haber dado un repaso.

El caso es que el Estado de las Autonomías, tal y como es ahora mismo, parece no satisfacer a nadie. Según una encuesta realizada por empresa de estudios demoscópicos My Word (PDF) para la Cadena SER en 2012, el 49% de los encuestados apostaba por un Estado centralizado, sin comunidades autónomas, o con autonomías con menos competencia. Además, la crisis ha provocado también una desconfianza institucional sin precedentes.

Por otro lado, una aplastante mayoría de los ciudadanos respondió que no confiaba en el Gobierno de España (82%), en el Gobierno Autonómico (73,5%) ni en las Instituciones Europeas (72%). Además, siete de cada diez ciudadanos se declararon insatisfechos con el funcionamiento de nuestra democracia y nuestro Estado del Bienestar. A un porcentaje similar (73%) no le gusta cómo funciona nuestro Estado del bienestar. Eso por no hablar de la marcha de la economía, de la que renegó casi el 90%.

Evidentemente, han pasado 5 años desde la encuesta y las cosas pueden haber variado (encuesta del CIS de marzo (PDF)), sobre todo, quizás en la parte económica, pero lo que está claro es que en el grueso de la ciudadanía no ha terminado de calar el actual sistema autonómico.

De hecho, es percibido por buena parte de la ciudadanía como un reparto del país en 17 trozos no siempre acordes a la realidad histórica y geográfica, en los que el gasto quedó a merced de políticos de medio pelo, donde la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad, y donde, en el colmo del disparate, ni responden por el endeudamiento, ni rinden cuentas a nadie porque la gente no relaciona su experiencia personal con el despilfarro público.

España es en estos momentos posiblemente el estado más descentralizado del mundo, sobre todo en lo que a gasto público se refiere: sólo un 44% del gasto es realizado por el Gobierno Central, mientras que la media está en un 60% en los países con una estructura similar a la nuestra y en un 80% en aquellos con un Gobierno centralizado. No ocurre así en el caso de los ingresos, lo cual es uno de los grandes motivos de disputa entre Gobierno y Autonomías y, en ocasiones, de enfrentamientos entre ellas por el distinto tratamiento que reciben.

Sin embargo, lejos de que este mayor gasto incida de manera directa en el bienestar de la sociedad, buena parte del mismo se diluye en pagar estructuras de Gobierno, muchas veces redundantes, y mantener estructuras políticas percibidas por la ciudadanía como innecesarias.

De hecho, España es el país europeo con más políticos por habitante. Un reciente estudio cifra en casi 450.000 los políticos que tiene España (incluyendo los liberados sindicales), el doble que Italia y que Francia, o que Alemania, que con el doble de habitantes tienes tres veces menos cargos políticos. Es evidente que Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y similares, Parlamentos Autonómicos, Senado, Parlamento y, por supuesto, Instituciones Europeas son un enorme campo de acción en el que un joven político, con los adecuados contactos y amistades, pueda medrar toda su vida sin hacer otra cosa.

Si miramos algunas de las áreas más significativas, como pueden ser sanidad y educación, vemos que, con respecto a la primera, el coste de financiarla en 1.990, antes de ser transferida a las CCAA, era de 33.000 millones de euros (en euros de 2.015). Hoy el coste es de 67.000 millones y su calidad, en la percepción de los ciudadanos ha caído, tanto que 11 millones han optado por contratar un seguro privado. Evidentemente, no son las mismas circunstancias, el envejecimiento de la población es un lastre muy pesado, pero es también es evidente que la redundancia de estructuras que antes estaban centralizadas, con el consiguiente aparato burocrático y político, y la pérdida de economías de escala, que hacen que seamos uno de los mejores clientes para las farmacéuticas y las empresas del sector sanitario, influyen en el engrosamiento de las facturas sanitarias. Por otro lado, la búsqueda de la equiparación entre todas las comunidades y las rivalidades entre ellas, llevan a disparates como el inacabado hospital de Toledo, el mayor de Europa, en una ciudad de 83.000 habitantes.

Con respecto a la educación, su coste ha aumentado 14.000 millones de euros de 2.015 desde su transferencia a las CCAA. Nuestras universidades son fábricas de parados o de inmigrantes y de las 50 que existen en nuestro país, con 25 de ellas debería plantearse la posibilidad más rentable de cerrarlas y becar a sus alumnos en Oxford. Una recentralización con un criterio mejorar la gestión y cerrar lo inviable ahorraría 10.000 millones de euros. Sólo el coste político impide plantear siquiera el debate.

Pero hay más ejemplos, las embajadas, agencias, institutos y entes públicos diversos abiertos por algunas CCAA a lo largo del mundo, las televisiones autonómicas, las infraestructuras construidas para dar un servicio innecesario en cada Comunidad Autónoma sin más criterio que el poder estirar el cuello, alardear de un servicio innecesario y, sobre todo, para poder colocar a toda una pléyade de funcionarios y políticos también innecesarios. Luego, vienen los aeropuertos sin aviones, los polideportivos cuyo mantenimiento se comen los presupuestos municipales, etc.

Lo cierto es que, la tendencia en toda Europa es buscar la centralización para ahorrar costes, fomentando, por ejemplo, la mancomunidad de pequeños ayuntamientos, lo que ahorraría, según el propio Montoro, 7.129 millones de euros, al refundir y acabar con 5.900 ayuntamientos ineficientes que hay en nuestro país.

Igualmente, en toda Europa se busca la eliminación de barreras a la movilidad de mercancías y personas, mientras en España, las CCAA han publicado más de 100.000 leyes y normativas que, en muchos casos determinan la actividad productiva de empresas y personas, para empezar por el propio trato fiscal.

En definitiva, el Estado de las Autonomías se concibió para reconocer la pluralidad de España y dotar a los ciudadanos de una Administración más eficaz y cercana. Pero el derroche y ambición de algunos gobernantes ha derivado en un complejo entramado de pequeños Estados repletos de duplicidades y alejados por completo del sentir de una ciudadanía que en los últimos años ha tenido que ajustar su gasto, entre otros motivos, para mantener un Estado desorbitado.

Ya es un hecho. El Banco Popular, la sexta entidad del país, ha dejado de existir para integrarse en el gigante Banco de Santander y acabar así una agonía que probablemente ya duraba demasiado. El precio de un euro sólo es algo simbólico que refleja lo que valía la entidad, a juicio de las autoridades europeas y, mientras que la cara la tiene el Santander, que se ha ahorrado 2.000 millones de euros al retirarse del proceso de compra durante unos días, la cruz la tienen los accionistas del banco intervenido, que lo han perdido todo merced al nuevo sistema de intervención bancaria.

Pero conviene ir por partes en un proceso que ha tenido unos preliminares demasiado largos para una resolución tan rápida. El banco Popular llevaba ya un tiempo desangrándose ante la avalancha de noticias que cundían sobre su verdadero estado financiero. De hecho, el lunes 5 pidió la excepcional Provisión de Liquidez de Emergencia (PDF) al Banco Central Europeo. Este es el mecanismo extraordinario del BCE para dar liquidez a las entidades que no la pueden obtener por medios convencionales. El día siguiente volvió a activarla y ya se empezó a vislumbrar que iba a ser la tónica: pedir liquidez para la operativa diaria y gastarla en horas y así poder atender la fuga de depósitos a la que, diariamente, se enfrentaba la entidad.

Esta dinámica fue la que terminó de decidir a Europa. Se activó entonces el mecanismo de resolución europeo por primera vez en su corta historia y nuestro país ha tenido que ser el primero en estrenarlo, a pesar de las reticencias del Gobierno, que no paraba de decir que la crisis bancaria era cosa del pasado.

El caso es que el Banco de Santander estaba ya preparado. Días antes había retirado su oferta de compra al Popular por un precio de 2.000 millones y toda una serie de compromisos y garantías a accionistas y deudores. Lo que no retiró fue su interés por la entidad, presentándose como candidato a asumirá la entidad tras su intervención, a Gobierno, Banco de España y BCE. Su compromiso a asegurar la liquidez de la entidad intervenida y a asumir su agujero sin intervención de dinero público, unido a la retirada de su principal competidor, el BBVA, hizo el resto.

El acuerdo final es el sabido: que el Banco Santander se queda con todos los activos y pasivos del Banco Popular por 1 euro. Es decir, sus accionistas pierden todo el dinero. Además, los CoCos (convertibles contingentes) del Popular y su deuda subordinada serán convertidas en acciones que también son adquiridas por 1 euro, lo que al Santander le permitirá generar un colchón adicional de capital de unos 1.700 millones. Lo que no se tocarán serán los depósitos de los clientes, que se van a respetar, sean del importe que sean, y la deuda senior, es decir, la de mayor calidad crediticia.

A cambio, tiene que sanear una entidad muy castigada por los mercados tras la mala gestión del anterior equipo de dirección (el liderado por Saracho poco ha podido hacer, más allá de tapar agujeros e intentar buscar un comprador). La cifra del saneamiento la ha ofrecido el propio banco de Santander: 7.900 millones, para lo cual afrontará una nueva ampliación de capital de 7.000 millones de euros, una cantidad seguramente excesiva, pero que le protege ante posibles problemas.

Tras la tormenta, se irán calmando las aguas, y se comenzará a ver cómo ha quedado cada cual retratado en la foto.

Para empezar los propios test de estrés de la banca. Es de tener en cuenta que el banco Popular había salido bien parado de los mismos hacía sólo un año. O el Popular logró milagrosamente ocultar su verdadera situación, o bien se suavizaron para ayudar a la ampliación de capital de la entidad que se fraguaba por esas fechas, o realmente estos test son una pérdida de tiempo y de dinero.

Para continuar, la credibilidad de De Guindos y otros políticos varios, que hasta hace nada defendían la solvencia de la entidad intervenida.

Pero el grueso de las críticas, y seguramente demandas judiciales, se lo va a llevar Ángel Ron y su equipo directivo, que dedicaron años a ocultar activos tóxicos y a vender ampliaciones de capital que ayudasen a la continua huida hacia delante de la entidad bancaria.

Por último, habrá que mirar hasta qué punto los medios de comunicación, y el rumoreo han podido incidir en lo que realmente ha sido una pérdida de confianza de los clientes en una entidad, que desembocó en el desangramiento de depósitos que ha acabado con la entidad.

El caso es que hemos asistido al fin a una quiebra de una entidad bancaria. En ella es de esperar que los ciudadanos no tengamos que poner el bolsillo para solventarla y quienes la tendrán que soportar son los que han de hacerlo: accionistas y dueños de la entidad, que sufrirán, como en cualquier empresa lo que significa una quiebra empresarial.

Las consecuencias a corto plazo pueden ser un efecto contagio: Liberbank parece no andar muy fina y ya arrastra pérdidas en bolsa varios días seguidos, aunque su situación de liquidez no es todavía preocupante y seguramente aguante el envite. Las consecuencias a medio-largo plazo pueden ser, y serán, mucho más graves: la falta de competencia en nuestro sistema financiero la vamos a notar. Un mercado en el que ya sólo queda 12 entidades, con una posición dominante de tres o cuatro de ellas, nos llevará a situaciones como las que vivimos en el sector energético, con un nivel de competencia cercano a cero.