Manuel González

La agonía del Banco Popular se alarga más de lo deseado. A pesar de las buenas perspectivas que generó la llegada a la entidad de Emilio Saracho, sustituyendo a un Ángel Ron ya desgastado y superado por la marcha del banco, el tiempo está demostrando que, o el cambio de rumbo llega tarde, o los problemas son demasiado grandes para que un cambio de dirección, por muchos contactos que el nuevo directivo tenga en su agenda, pueda parar lo que parece inevitable.

El mercado parece haber sentenciado al banco, que ha entrado en tiempo de descuento tras ka caída de sus acciones de un 48% en solo cinco sesiones. De hecho, la situación es tan preocupante para el banco que, a día de hoy, la entidad vale menos en bolsa (1.450 millones de euros) que el montante de su última ampliación de capital del mes de junio de hace un año (2.505 millones). Si tenemos en cuenta que el valor en libros es de 11.000 millones, tendremos una idea del agujero que lastra la sexta entidad financiera del país.

El caso es que los títulos de la entidad cerraron su cotización ayer a 0,338 euros, lo que les da un atractivo importante para una posible acción compradora, pero la incertidumbre acerca de una posible intervención por parte de la Junta de Resolución Bancaria (SRB) y la resistencia de la propia entidad para no perder su independencia han hecho que el tiempo vaya transcurriendo y la solución se vaya tornando cada vez más difícil.

De hecho, al Popular sólo le quedan ya dos salidas: o la venta, ya sea a trozos o en conjunto, o la intervención. Y ninguna de las dos es sencilla.

La venta sigue siendo la opción que suena con más fuerza, pero supondría que los accionistas tendrían que aceptar una oferta muy a la baja (y cada vez más). BBVA, Santander y Bankia siguen siendo los tres principales candidatos.

De ellos hay que recordar que BBVA ya mostró su interés al anterior presidente Ángel Ron al ofrecerle 1,35 euros por acción el pasado mes de noviembre. La incertidumbre acerca de la realidad de las cuentas del Popular y la falta de garantías públicas en la operación rebajaron el interés del BBVA. Ahora vuelve a posicionarse ante el precio de saldo de la cotización actual.

En cuanto a Bankia, sigue mostrando su interés, pero cuenta con un contratiempo: el ser ya una entidad intervenida hace que su posible compra sea examinada con mucho más detenimiento. Aunque su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha dejado claro que su interés responderá únicamente a los accionistas, y que, si realmente presenta una oferta, nunca será a costa de su propia entidad y, ni mucho menos, para resolver un problema de Estado.

Lo cierto es que la opción de Bankia podría ser la más interesante, ya que cuenta con unos buenos niveles de capitalización (con lo que podría absorber el problema sin contratiempos) y sus negocios son complementarios. Con ello lograría convertirse en la entidad líder del mercado, empatada con Caixabank y conseguiría diluir algo la participación del FROB, que alcanza el 65%.

La opción de la intervención por parte del nuevo sistema de la Junta de Resolución Bancaria supondría el estreno del mecanismo de intervención europeo. Este nuevo sistema que tiene como objetivo evitar que los contribuyentes tengan que hacerse cargo de la factura de rescatar la entidad intervenida, como ocurrió tras los rescates bancarios desatados por la crisis financiera y económica.

Realmente, esta intervención se configura como un “autorescate de la entidad”, en el que los accionistas y deudores asumen las pérdidas de la misma. De hecho, incluiría medidas como la valoración a cero de las acciones de la entidad, con lo que los socios perderían el total de la inversión, también incluiría quitas a la deuda subordinada, la preferente y la sénior y, por último, a los depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía, aquellos de más de 100.000 euros.

El camino a seguir por el Popular, seguramente se decidirá esta semana, siendo la opción que más papeletas tiene la venta de la entidad. En este sentido, la labor de Bankia quizás pueda ser la de “liebre” a la hora de despertar el interés de otras entidades en la compra. Hay que tener en cuenta que el Gobierno no desea de manera alguna que tenga que llegarse al mecanismo de intervención: se consideraría muy perjudicial para la credibilidad de la política económica española que la primera entidad en ser intervenida con el nuevo sistema fuese precisamente una entidad de nuestro país.

Según una encuesta de Metroscopia para El País, el 77% de los españoles considera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy no ha gestionado bien la crisis territorial de Cataluña. Siendo a destacar el dato de que este porcentaje se dispara hasta el 96% entre los ciudadanos catalanes, incluyendo los propios votantes del PP.

La diferencia entre votantes catalanes y del resto de España estriba en lo que piensan acerca del referéndum. La mayoría de los catalanes, aunque no apoyen la independencia, desearían la celebración del referéndum, probablemente más por zanjar de una vez el tema que por la consecución de la independencia en sí.

Y es que, en este juego de tira y afloja, los líderes soberanistas catalanes no han parecido tener en cuenta la sensación de hartazgo extendida entre sus propios ciudadanos. De hecho, es muy posible que la falta de una tercera opción esté minando las aspiraciones separatistas: de existir una vía que incluya una modificación constitucional que les permitiera seguir formando parte de España, pero que otorgara a su vez a Cataluña nuevas competencias en exclusiva, posiblemente esa sería la opción ganadora.

A día de hoy, Cataluña se enfrenta a un proceso en el que no parece haber marcha atrás, mientras que la base de su electorado se muestra cada vez más desencantada con el proceso en sí. Además, ya han empezado a caer los juicios y condenas por la consulta del 9-N, como la inhabilitación del expresidente Artur Mas y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, y del diputado Francesc Homs. Debido a que la estrategia de Rajoy se basa en dejar que su oponente se desgaste mientras los juzgados hacen su tarea. Curiosamente, algo parecido a lo que a su partido le podría ocurrir de tener a un rival digno en un hipotético enfrentamiento electoral.

Por si fuera poco, lo que podría ser el principal caballo de batalla de los partidos independentistas se ha convertido en algo de lo que mejor no hablar. El tema de la corrupción, posiblemente más institucionalizada aun en Cataluña que en el resto de España, está siendo, gracias a la familia Pujol, una sombra, que más que alargada, es capaz de cubrir toda la labor, buena o mala, llevada a cabo por uno de los partidos adalides del proceso independentista.

Aun así, nada parece frenar a los políticos cuando creen que tienen un pulso que ganar (o cuando por su política de tierra quemada no les queda opción de dar un paso atrás) y, a pesar de que todas las desventajas de una Cataluña independiente serían un precio muy alto, reconocidos por todos menos por ellos, no cejan en su empeño, y las fechas en su calendario se acercan.

El mecanismo, el más simple del mundo, que el Parlament catalán vote una ley de desconexión con el sistema constitucional español. Así ya no estarán sometidos ni a la Constitución ni a lo dictado por el Tribunal Constitucional. Éste perdería competencia para invalidar la ley de “desconexión”, puesto que la misma invalida su poder en Cataluña. No se puede hacer más sencillo, ni más ilegal, por otro lado.

Por ahora, ni los argumentos legales, ni los argumentos jurídicos, ni la batalla legal que sentará a muchos líderes independentistas en el banquillo, ni los muchos argumentos económicos que vaticinan el desastre de una Cataluña independiente, parecen frenar o acallar el proceso.

De hecho, los argumentos económicos son poderosos, no olvidemos que éstos fueron los determinantes en el NO del referéndum de Escocia. Para empezar, España perdería de un plumazo el 19% de su PIB. Y en ese hipotético escenario sería la mejor parada. Para la supuesta nación catalana el varapalo sería terrible:

La salida de capitales y empresas desangraría al flamante nuevo país. Multitud de empresas catalanas -prácticamente todos los que pudieran- buscarían la reubicación en territorio español (seguro que la Comunidad de Aragón se frota las manos) en un puro ejercicio de supervivencia. Pero, además, el capital extranjero, tan poco dado a aventuras, saldría del naciente estado más rápido de lo que se tarda en firmar la declaración de independencia.

Otro efecto demoledor se notaría en su balanza de pagos: aproximadamente el 60% de los productos catalanes tiene su mercado en el resto de España, cifra que disminuiría drásticamente. Además, todo su comercio exterior se vería sometido a aranceles, impuestos aduaneros y cuotas de venta y hasta vetos. Lo que encarecería sus productos y arruinaría a no pocas empresas catalanas. Además, Cataluña se vería fuera del Acuerdo de Schengen, lo que afectaría a los catalanes y a aquellos turistas que quisieran visitar Cataluña, dado que la libre circulación se cancelaría.

Pero lo que más parece estar influyendo en la evolución de las encuestas de intenciones del votante catalán es la más que previsible salida de la Unión Europea; la determinación mostrada en el proceso del “Brexit” deja entrever que la misma regirá a la hora de expulsar (o no admitir) a Cataluña en el seno europeo.

El culebrón de las autopistas de peaje en quiebra promete dar más de sí todavía. Ocho fueron las sociedades concesionarias inmersas en procesos concursales (representativas de nueve autopistas, R-2, R-3, R-4, R-5, la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Alicante y Cartagena) y los motivos que dieron al traste con esas explotaciones fueron variados. Lo que está claro es que entre estas empresas afectadas se encuentra la flor y nata de nuestras constructoras: Sacyr, Ferrovial, FCC, ACS, etc. y algún que otro banco de insigne trayectoria, como Bankia o la desaparecida Caja de Castilla La Mancha.

A las ambiciosas y en ocasiones irreales previsiones iniciales de tráfico en el momento de su construcción (la circulación media de vehículos por las vías afectadas ha sido de 5.500 vehículos al día, en los peores tiempos, frente a los 30.000 que se estimaba en su día), se unieron el incremento exponencial de los precios de las expropiaciones de terrenos (los tribunales consideraron todo terreno que se situara en el interior de la M-50 como urbanizable, en el caso de las radiales madrileñas). Además, la construcción posterior de vías gratuitas paralelas a las autopistas y la fuerte caída de tráfico en la crisis motivaron que las empresas, incapaces de amortizar sus grandes inversiones y tras los fallidos planes de los distintos gobiernos, cayeran en cascada en concurso de acreedores.

Sin embargo, aunque la crisis y, por tanto, la caída del tráfico, afectó gravemente a las previsiones de las concesionarias, el problema más grave que éstas tuvieron que afrontar se debió al mayor coste de las expropiaciones. Las demandas presentadas por los propietarios de los terrenos en los que se construyeron dispararon las inversiones que tuvieron que acometer las sociedades. En 2013, Seopan, la patronal de la construcción, cifró en 2.297 millones los sobrecostes por dichas expropiaciones, seis veces superiores a los previstos inicialmente.

Pero la mala planificación en infraestructuras por parte del Gobierno no le viene a la zaga. La construcción de vías alternativas libres de pago paralelas a las autovías de las concesionarias motivó incluso que alguna de éstas demandase, sin ningún resultado, al Gobierno. El caso más conocido el de la carretera M-407, que restó tráfico a la AP-41 a su paso por Madrid. El Tribunal Supremo estimó que no había lugar a la demanda porque el desdoblamiento de la M-407 no era un hecho “desconocido e imprevisible”.

El caso es que, en virtud de incluir en los contratos de las concesiones el concepto “responsabilidad patrimonial administrativa”, por el que el Estado se compromete a abonar determinados gastos asumidos por la sociedad si se resuelve la concesión, se hablaba de que el Estado debía hacer frente a una factura de 5.500 millones de euros.

Por ahora, las negociaciones y las sentencias que están empezando a llegar no apuntan a tales previsiones. La Audiencia Provincial de Madrid falló el pasado mes de marzo anulando la liquidación dictada sobre la autopista de Circunvalación de Alicante, una de las que Fomento debía rescatar antes de julio. Y lo mismo ocurrirá, previsiblemente, con las radiales R-3 y R-5. Lo que dejaría en suspenso el plazo de asunción de las vías. Esto significa que el proceso ha vuelto a la fase del concurso en la que la concesionaria puede negociar la deuda con los acreedores para superar la insolvencia.

Igualmente, por parte del Gobierno, también se ha descartado la creación de una empresa pública que absorbiera las ocho autopistas en quiebra. La solución que ahora se apunta es resolver los problemas individualmente.

Según declaraciones del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, las autopistas de peaje ahora en quiebra “son viables”, ya que han aumentado sus tráficos entre un 4,1 % y un 19,1 % en los dos primeros meses del año (en comparación con el mismo periodo de anterior). Esto es así siempre que no se considere la “mochila que tienen”, en referencia a la deuda que soportan. Por tanto, la solución sería la asunción por el Estado de estas vías, algo de lo que se encargaría la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seitsa), para liberarles de la deuda que arrastran y recuperar este importe mediante una nueva licitación, ya que el aumento del tráfico hace a estas autovías ya rentables.

Este importe lo calcula el Ministro inferior a los 3.000 millones de euros, como el importe por el que debe compensar a los actuales concesionarios por la inversión que realizaron en su construcción. Aunque la patronal del sector, eleva la cifra hasta más de 5.000 millones.

Por el momento, lo que sí es una buena noticia para Fomento es el hecho de que los tribunales estén suspendiendo los procesos de liquidación a los que ya han llegado alguna de las autopistas en quiebra, ya que les da más margen para maniobrar y prepararse para el momento en el que deba asumirlas. Sobre todo, después de que las negociaciones que se mantuvieron con los acreedores de las vías, en su mayor parte fondos buitre, sobre el plan de rescate planteado en 2014 para estas infraestructuras concluyera sin acuerdo.

El caso es que no importa el motivo que lo ocasione, o la fórmula para cuadrarlo todo. Aunque se errase en el método de estimación de tráfico (PDF) o que se diga que el sistema concesional está viciado y peca de optimismo (PDF), lo que está claro es que la burbuja inmobiliaria afectó a las previsiones de actividad prevista y su estallido sólo ha dejado deudas que ahora los de siempre hemos de asumir para que las cuentas de nuestras grandes empresas sigan cuadrando y dando beneficios a pesar de sus errores.

Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el Gobierno ya ha dispuesto de 67.337 millones de euros del Fondo de Reserva desde 2.012. El peor momento tuvo lugar en 2.016, cuando el ejecutivo tuvo que disponer de 20.000 millones de la hucha de las pensiones.

Esta cifra, que tiene su origen en el déficit estructural que arrastra la Seguridad Social, hace que sólo resten 15.020 millones en la hucha, a pesar de las altas rentabilidades obtenidas por las inversiones realizadas con los fondos no dispuestos.

Es este déficit el que ha motivado la inclusión en el Proyecto de Presupuestos Generales para 2017 un crédito de hasta 10.000 millones con el que asegurar el pago de las pensiones. Con este préstamo, que habilitará a través de deuda emitida por el Tesoro Público, el Ejecutivo también evitará que el Fondo de Reserva se quede a cero. Tanto es así que, si se quisiera abonar las pagas extras de los funcionarios con este fondo, como ya se hizo con la extra de Navidad, ya no alcanzaría para la de verano: siendo como son unos 9.000 euros aproximadamente el montante de cada paga extra.

Pero además es que el gobierno de Rajoy no quiere ser el responsable de gastarse todo el Fondo de Reserva, a pesar de que ya han empezado a preparar el camino: como cuando Montoro asegura que el garante del pago de las pensiones no es el Fondo, sino la creación de empleo.

A anotar también que en las cuentas del Ministerio de Hacienda se deja sin aplicación el límite del 3% sobre el crédito inicial para pensiones en 2.017, por lo que, como viene ocurriendo desde el 2.012, el Gobierno podrá retirar del fondo la cantidad que quiera saltándose ese límite legal.

Sin embargo, no todo son malas noticias, este es el año en el que, previsiblemente los ingresos por cotizaciones sociales crecerán por encima del gasto en pensiones y la brecha comenzará a cerrarse, por primera vez desde el inicio de la crisis. Los altos niveles de ocupación que se están empezando a registrar están consiguiendo parar la tendencia, pero aún no eliminar el desequilibrio. De hecho, frente al déficit del año pasado de 18.000 millones de euros, este año se estima que “solo” va a ser de 16.000 millones, lo que podría suponer un cambio en la tendencia.

La razón del desfase es que, a la creación de empleo a cualquier costa que está defendiendo el Gobierno, hay que añadir el que este empleo sea de calidad, con unos sueldos que permitan unas cotizaciones adecuadas. Es decir, a la cantidad hay que sumar la calidad, esto es, que además de crear puestos de trabajo éstos deben ser a tiempo completo y con una buena remuneración para que sus cotizaciones sean altas. Sin embargo, esto choca de frente con la política de sueldos bajos que mantiene el Gobierno para fomentar, precisamente, la creación de empleo.

A esto, además se une el hecho de que haya cada vez más personas que pasan a ser pensionistas, por una mera cuestión de envejecimiento y de aumento de esperanza de vida. De hecho, el número de personas con derecho a recibir una pensión está creciendo a ritmos superiores del 1% anual. Además, estas personas acceden al sistema de pensiones normalmente habiendo aportado cotizaciones altas, lo que da lugar a pensiones elevadas. En concreto, y según los últimos datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hay una diferencia de 735 millones de euros al mes de déficit entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se gasta en prestaciones. Dando lugar además a una paradoja: trabajadores que difícilmente llegan a final de mes están sosteniendo con sus cotizaciones cada vez a más pensionistas con prestaciones más altas.

Evidentemente, esto tiene que ver con la sostenibilidad del sistema, ya que significa que el agujero de las pensiones sería el responsable de hasta el 1,4% del Producto Interior Bruto. La única solución por parte del Gobierno es alcanzar los 20 millones de ocupados en 2020. Con esta cifra, estima el Ejecutivo, el sistema sí será sostenible ya que la entrada de ingresos será superior a la salida.

Esta es, por tanto, un punto de fuerte tensión con el que el Gobierno ha de jugar: mantener salarios bajos y luchar contra el monstruo de las pensiones o arriesgarse a permitir una subida de salarios para que las cotizaciones alcancen y que el mayor coste salarial reste competitividad a la economía y se desmorone el invento de la recuperación económica. A falta de más ideas, la decisión es dura, pero el camino parece único.

A pesar de las declaraciones de varios exministros británicos, de toda la potencia de la propaganda de la presa inglesa (“La Roca no se toca”) y la firme oposición gibraltareña, lo cierto es que el divorcio anglo-europeo está empezando a mostrar sus primeros frutos a favor de las pretensiones españolas sobre la colonia británica. Bruselas comienza tímidamente a posicionarse a favor de España, abandonando su tradicional neutralidad y hasta países históricamente favorables al Reino Unido, como Holanda o los países nórdicos, comienzan a apoyar las reivindicaciones españolas sobre el peñón.

La Comisión Europea se posiciona junto a Madrid y se prepara para desbloquear varios expedientes ligados a la situación gibraltareña. De momento se habla del transporte aéreo, pero en la mente de todos está el entramado fiscal de la colonia.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk ha incluido, en el borrador de directrices de negociación de Bruselas con Londres, la demanda española de que el futuro de la colonia sólo puede ser el resultado de un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. Lo que significa, si el resto de los socios europeos apoyan la propuesta, que el futuro de Gibraltar quedará fuera de las negociaciones del Brexit. Gran Bretaña tendrá que esperar a concluir el proceso de salida de Europa para tratar el tema de Gibraltar con España, lo que significa una primera victoria diplomática.

Gibraltar tendrá, pues, que esperar y quedar a merced de lo que acuerde España con el Reino Unido, que, en los últimos quince años se ha negado a negociar cualquier aspecto que tenga que ver con la soberanía del Peñón. Y ello ha sido así por su compromiso con la colonia, a la que concedió la llamada “doble llave”: no entrar en conversaciones sobre la soberanía sin el consentimiento de los gibraltareños y no concluir ningún acuerdo que no cuente con el visto bueno de estos.

De momento, con la cuenta atrás del Brexit ya en marcha, Bruselas tiene previsto reactivar la modificación del reglamento sobre el cielo único europeo, bloqueado en 2013 por Londres por el contencioso territorial sobre el aeropuerto gibraltareño: España denuncia que el mismo se encuentra en el istmo que une el peñón con la península, territorio que nunca fue cedido a la corona inglesa y que, por tanto, no es reconocido por nuestro país.

La modificación del reglamento de cielo único conllevará también la regulación de franjas horarias de despegue y aterrizaje de aviones, paralizado desde 2012, la modificación de los derechos de los pasajeros, con la implantación de nuevas normas en materia de indemnizaciones, y posibilitará acuerdos de aviación con terceros países como Ucrania o Brasil.

Pero no acaba ahí la cosa. Es más espinoso el tema fiscal. Gibraltar tiene 18.000 empresas y apenas 30.000 habitantes: miles de contribuyentes españoles ocultan allí patrimonio a través de sociedades pantalla. El Gobierno acusa al Peñón de plantear riesgos para el funcionamiento del sistema tributario español por su peculiar estatus dentro de la Unión Europea, que le otorga cierto blindaje. Cuando cristalice el Brexit, España presionará para que Gibraltar esté en la lista europea de paraísos fiscales por “falta de transparencia” y “falta de cooperación”. Madrid defiende que ya hay análisis críticos sobre Gibraltar en Bruselas, tanto por asuntos fiscales como en Competencia, por posibles ayudas de Estado.

Un informe del Ayuntamiento de La Línea cifra en más de 400 millones de euros las importaciones que Gibraltar realiza desde España, “con un efecto directo en el PIB” español de más de 10 millones. Por otro lado, los gibraltareños gastan al año en nuestro país más de 150 millones de euros, incluyendo bienes, servicios y ciudadanos con segunda vivienda aquí. Así, el impacto total de Gibraltar en la Comarca del Campo de Gibraltar, según el mismo informe, es de 695 millones de euros anuales. Por otro lado, Bruselas aprobó para Gibraltar, para el período 2014-2020, un programa de por valor de 11 millones de euros, de los que 5,7 provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Gibraltar representa el 25% del PIB de La Línea. Y eso sin tener en cuenta la masa salarial europea que vive en el municipio gaditano y aporta divisas en forma de salario, además de las empresas que exportan a Gibraltar (unos 200 camiones pasan cada lunes la frontera con derivados del petróleo y todo tipo de material de limpieza). Unas 10.000 personas —y una media de 6.744 vehículos— acceden diariamente desde allí a la Roca; según la oficina estadística de Gibraltar, a febrero de 2017, los trabajadores transfronterizos alcanzaban la cifra de 12.625 (7.411 son españoles); la mayoría trabaja en el comercio distributivo, el juego online y los servicios a empresas. En 2015, además, más de 10 millones de turistas visitaron el Peñón, el 95% lo hizo a pie.

De momento, Luis de Guindos tan solo ha afirmado que la posible inclusión de Gibraltar en la lista de paraísos fiscales que elabora la UE se estudiará solo tras el “brexit”, puesto que entonces el Peñón será ya parte de un país tercero. Negando tener indicios sobre si el Peñón estará incluido en la futura lista negra de la Unión Europea que debería estar terminada para finales de 2017.