Manuel González

A pesar de que los datos definitivos se conocerán a partir del 25 de mayo, la economía española ha registrado un crecimiento del 0,8% en el primer trimestre del año, una décima más que en los dos trimestres anteriores. Esto significa que la tasa de crecimiento interanual se sitúa en el 3%, con lo cual se cumplen las previsiones del Banco de España y del Gobierno.

Y no es un tema baladí para los tiempos que corren para el Gobierno, que puede respirar con el anuncio de que se ha superado el nivel de crecimiento previo a la crisis. Si en el primer trimestre de 2008 la economía española registraba 1,084 billones de euros, hoy el PIB ya alcanza los 1,122 billones según los datos provisionales del primer trimestre de este 2017.

Este mayor vigor de la actividad se basa en una aportación creciente de las exportaciones, sólo este año crecerán un 5,5% más, cuatro décimas por encima de la anterior previsión que presentó el Ministerio de Economía. El Gobierno también pronostica que la demanda nacional avanzará un 2,2% en 2017, una décima más que en las últimas estimaciones, ante los datos de consumo de los primeros compases del año.

Aunque es buena noticia, y un buen motivo para no hablar tanto de los temas de corrupción, lo cierto es que, desde el momento en que la tasa de paro está todavía lejos de llegar a los niveles previos a la crisis, está claro que esta recuperación económica todavía no ha llegado del todo a los hogares.

Y es que la estadística comunitaria evidencia el largo camino que la recuperación española sigue teniendo por delante. La tasa de paro cayó en 2016 del 22,1% al 19,6%, pero supera en más del doble la media europea (8,6%). Y como viene sucediendo en los últimos años, las comunidades españolas copan los primeros puestos de las más castigadas por el desempleo: cinco de las diez regiones europeas con más paro son españolas, de un total de 275 regiones analizadas. Tres regiones griegas, Macedonia y un territorio francés no europeo completan la decena. Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Extremadura, con una tasa de paro entre el 24,9% y el 30,8% se sitúan entre las regiones de Europa más castigadas por el paro.

Estos datos provienen de un informe de Eurostat, y remarca que, mientras que el paro es algo casi desconocido para casi toda Alemania (con 7 de las regiones con mayor tasa de ocupación), en España el empleo no acaba de despegar, lo que pone en duda el objetivo de la reforma laboral del Gobierno: no se trataba de crear empleo, como se dijo, sino de abaratar el mismo para favorecer a las empresas.

Es por esto quizás que, junto a la mejora de las estimaciones de la actividad, el Gobierno ha presentado un ajuste de previsiones, en lo que constituye su tercer cuadro macroeconómico desde diciembre. Esta es una actualización del Programa de Estabilidad para el periodo 2017-2020 que, como los anteriores, será también remitido a Bruselas. La información que de él trasciende es que el empleo también continuará la tendencia al alza a tres años vista. El paro bajará al 11,2% en el cuarto trimestre de 2020 según la hoja de ruta del Gobierno, de forma que en 2019 se alcanzarán los veinte millones de empleos, es decir, por fin el nivel previo al estallido de la crisis.

En lo que se refiere a ese año, el paro bajará del 18,75% en el que cerró en el primer trimestre de 2017 al 16,6%. En definitiva, estas nuevas previsiones, recogen la creación de casi dos millones de empleos entre 2017 y 2020 y la bajada del número de parados en 1.662.000 personas.

Y para redondear el pastel, puesto que lo del tema del empleo parece que va tan lento, el Gobierno ha aprobado, dentro del Plan de Estabilidad, el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que incluye ayudas de 426 euros durante 6 meses para parados de larga duración con cargas familiares, con algunas modificaciones, como reducir de seis meses a uno el plazo de espera para poder solicitarlo tras haber agotado otras prestaciones.

Pero no acaban aquí las previsiones del Gobierno que, sin duda alguna serán estudiadas con detalle en Bruselas. El déficit público se reducirá a mínimos del 0,5% en 2020, pero ya antes, en 2018, el déficit se situará en el 2,2%, lo que permitiría a España salir del Procedimiento de Déficit Excesivo, el programa de tutela de Bruselas para los países con elevados números rojos en sus cuentas públicas.

La hoja de ruta económica del Gobierno contiene tres años más de superávit de España con el exterior, lo que implica que el país acumularía por primera vez en su historia siete años de saldo positivo en sus operaciones con el extranjero a la vez que crece. Un cóctel que contribuye a reducir el elevado endeudamiento externo de España. El Ejecutivo dibuja unas perspectivas en la que la deuda privada caerá hasta un nivel equivalente al 135% del PIB, muy lejos del 215% del PIB que se registró en 2010. Según el titular de Economía, España ha reducido en 170.000 millones de euros su endeudamiento exterior en los últimos años. Se ha producido también, ha dicho De Guindos, una reducción del endeudamiento del sector privado equiparable a 80 puntos del PIB.

El problema (o el acierto del plan, que nunca se sabe) es que el documento que el Gobierno remite a Bruselas apenas contiene medidas de ajuste como en ediciones anteriores porque lo fía todo al crecimiento económico y al empuje que dará la inflación a los ingresos tributarios.

Bien es sabido que entre el líder de Ciudadanos y el Sr. Rajoy nunca ha habido mucha química. Aunque por programa e ideología tienen más puntos en común entre sí que con el resto de las formaciones políticas, lo cierto es que hay dos grandes puntos de desavenencia entre los dos dirigentes. El primero es la propia personalidad de Rajoy, que parece no llevarse ni bien ni mal con nadie: un ente gris que parece evitar el contacto humano cada vez con más frecuencia; el segundo es el tema de la corrupción: el acorralamiento al que los casos descubiertos, y la certeza de que lo más grave aguarda todavía por ser descubierto y probado ante un tribunal, enturbia el pacto de investidura del líder Popular, conocedor como pocos del verdadero alcance que puede tener el descubrimiento de las nuevas tramas de corrupción.

Hay que recordar que el acuerdo entre ambos líderes ya nació a regañadientes por parte de Rajoy, que aceptó el documento con las seis condiciones de Ciudadanos porque era condición indispensable para conseguir la abstención del PSOE. Unos meses después y los aspectos más relevantes del documento -limitación de mandatos, supresión de aforados y comisión de investigación de la financiación B- están inéditos. Y así seguirán por lo que respecta al PP, que cuando se ha visto por fin en La Moncloa, ha obviado los compromisos adquiridos. “No se pueden llamar a engaño, ya les dijimos en su momento que algunas de las propuestas del documento tenían difícil encaje constitucional, como la limitación de mandatos y la supresión de los aforados”, responden los dirigentes del PP.

Ahora, la realidad judicial le ha vuelto a saltar a Rajoy en la cara. En medio del tira y afloja con el asunto del presidente de la Comunidad de Murcia y la decisión de Rajoy de seguir apoyando al investigado-imputado presidente, a pesar de los sucesivos toques de atención de su socio en la investidura, surgen dos temas nuevos que empañan todavía más la relación entre ambos. Por un lado, la llamada a declarar como testigo del Presidente del Gobierno en el caso Gürtel, algo inédito en la democracia, innecesario para muchos (entre ellos la propia fiscalía) y visto como un triunfo para otros muchos más. Por otro, un nuevo caso de corrupción en el PP madrileño, que salpica de los pies a la cabeza a la antigua reina del PP, Esperanza Aguirre que ayer se vio obligada a dimitir.

Esto no hace más que avivar el fuego de la tan necesaria regeneración política del Partido Popular. El hecho de que la gran mayoría de los antiguos altos cargos de la época dorada del PP (el periodo de Aznar) estén siendo ahora investigados porque, el que no malversó recibió sobresueldos de manera poco legal (incluido el propio Rajoy), se ve agravado por el hecho de que buena parte de los casos que se están destapando ahora ocurrieron acabada esa época. Sin ir más lejos los hechos descubiertos con la “Operación Lezo”.

Ignacio González desvió (presuntamente) fondos – entre 20 y 25 millones de euros – de la empresa pública Canal de Isabel II a paraísos fiscales, una parte de ellos fueron a engrosar la fortuna particular del mismo, ahora se determinará si hubo otra parte que revertió a financiar al Partido Popular. Lo que sí parece estar claro es la supuesta financiación del PP de Madrid a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid. En 2012 González pidió al entonces delegado de este organismo público, José Martínez Nicolás, un millón de euros para “sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid”. Hay que tener en cuenta que en aquella época González era vicepresidente de la Comunidad, por lo que la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid dependía jerárquicamente de él. Este desvío de fondos se podría haber suministrado inflando contratos con Indra y Price Waterhouse Cooper, existiendo pruebas de que hubo un flujo de casi 700.000 euros desde Indra a varias empresas proveedoras del PP.

Así las cosas, mal pinta el panorama para la gobernabilidad. Por un lado, se antoja muy complicada la regeneración política, ya que, si el esquema corrupto tiene su origen en una forma de trabajo del propio partido, muchos serán los dirigentes que entiendan que no han hecho nada más fraudulento que seguir las directrices del mismo y que, por tanto, es al propio partido al que más le conviene protegerles. En cuanto a su enriquecimiento no es más que un pago a sus servicios. Con lo cual, seguiremos asistiendo a la guerra de trincheras y la política de “ni un paso atrás” en la lucha contra la corrupción, con el consiguiente y continuo desgaste político.

Por otro lado, habrá que estar muy pendientes del resultado de las elecciones del PSOE, ya que dependiendo del mismo pueden abrirse dos escenarios bien distintos:

Si gana Sánchez, su vuelta puede motivar un endurecimiento de la posición del PSOE en el Congreso: asistiríamos a un bloqueo sistemático de las medidas del PP que harían ingobernable la nación. Y no hay que olvidar que los plazos legales permiten a Rajoy convocar elecciones a partir del mes de mayo. La posibilidad de que Pedro Sánchez gane las primarias del PSOE abriría el escenario de un adelanto electoral.

Si ganase la Presidenta andaluza, Susana Díaz, la posibilidad que se abre podría ser peor aún. No hay que olvidar que el PSOE andaluz tiene su propio calvario con la justicia debido a la corrupción debido al caso ERE, en su mayor parte. Sería muy triste asistir a un intercambio de cromos entre las dos fuerzas políticas. Un acuerdo por el que ambos se comprometerían a no destapar los trapos sucios del otro que incluiría un pacto de gobernabilidad en lo que restase de legislatura con el fin de darle tiempo a uno de demostrar lo bien que lucha contra la crisis y al otro de reforzarse frente a Podemos. En ese escenario Ciudadanos ni está ni se le espera.

Cuando se redacta un contrato entre dos entidades con similares características en cuanto a fuerza legal o económica, por ejemplo, un contrato entre dos particulares, las clausulas y condiciones se pactan entre las partes y suelen ser justas y aceptadas sin más problemas.

Sin embargo, cuando una de las partes es extremadamente poderosa frente a la otra y no tiene más cortapisa, a la hora de negociar, que lo que la estricta legalidad determine, pueden darse, en ocasiones, injusticias, vicios en los contratos y cláusulas abusivas. Seguro que esto suena de algo…

Cuando uno de ellos es una gran empresa lo normal es que el cliente no negocie cada punto del contrato, sino que se tenga que atener a las condiciones tipo que la empresa determina. Con lo cual no puede sino asumir las condiciones impuestas o renunciar al objeto del contrato.

Cuando se trata de un contrato de hipoteca el tema es espacialmente peliagudo, ya que hablamos de contratos que conllevan decisiones que afectan a toda una vida, con gran repercusión sobre el futuro económico del contratante.

Desde la crisis financiera de 2008, que sacó a la luz algunas de las irregularidades de las entidades financieras, como la venta de participaciones preferentes, los jueces parecen más sensibilizados ante los problemas de los usuarios de los servicios de la banca. En sentencias recientes se está comprobando que se exige, no sólo que el contenido de la cláusula sea equilibrado, sino también que el contratante disponga de la suficiente información para comparar el efecto de las cláusulas del contrato.

En España existen entre 1,5 y 2 millones de hipotecas afectadas por la cláusula suelo, que han provocado que los afectados hayan llegado a pagar entre 200 y 400 euros de más en las cuotas en las que les era aplicada, lo que, en ocasiones, ha ocasionado la perdida de la vivienda, y la familia en la calle. Según datos del Banco de España, entre el 30% y el 40% de las hipotecas que se determinan con tipos de interés variable (el 97% ligadas al euríbor), incluyen cláusula suelo.

Esta cláusula nació como un seguro que la banca puso a su inversión: si el tipo de interés de referencia (normalmente el Euribor más un diferencial) descendía de un determinado límite (o suelo), se aplicaba este tipo mínimo para determinar la cuota de la hipoteca. Con esto la entidad se protegía frente a circunstancias tales como los tipos de interés negativos.

El Tribunal Supremo anuló en 2013 las cláusulas suelo de aquellas hipotecas cuyo prestatario hubiera sido mal informado. Con la Ley de Segunda Oportunidad, el Gobierno pidió retirarlas a las familias vulnerables, y que se estaban beneficiando del código de buenas prácticas bancarias, y más tarde a todos los hipotecados. En marzo de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid declaró la nulidad de las cláusulas y condenó a 40 bancos y cajas a eliminar las citadas cláusulas de los contratos y a cesar en su utilización de forma no transparente. En principio, esta medida se aplicaría sólo a las cuotas posteriores a la fecha de la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en su sentencia del 21 de diciembre del año pasado que las entidades deben devolver todo el dinero que los clientes han pagado de más desde el principio y no desde mayo de 2013, tal como fijó el Tribunal Supremo.

Esto motivó la puesta en marcha del Gobierno para habilitar un mecanismo extrajudicial por el que los afectados pudieran reclamar sin colapsar los juzgados. Este mecanismo ha sido el Real Decreto 1/2017 del 20 de enero, de Medidas urgentes de protección al consumidor en materia de cláusulas suelo. Cuyo objeto es “el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria”.

Con la aprobación de este decreto el 21 de febrero se abre una vía extrajudicial de negociación entre entidad y cliente. El consumidor puede dirigir una reclamación a su banco. “Una vez recibida, la entidad deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses o, alternativamente, las razones por las que considera que la reclamación no es procedente. Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo y, si lo está, la entidad realizará la devolución del efectivo. Todo el proceso se hará en un plazo máximo de tres meses”. En caso de acuerdo entre las partes el dinero devuelto puede ser entregado en efectivo o bien rebajando la cantidad de la hipoteca.

En caso de desacuerdo se abre entonces el plazo de la vía judicial. En ese caso el banco informaría de que no considera la cláusula como opaca, por tanto, ni siquiera estaría obligado a hacer el cálculo de lo cobrado con la cláusula suelo.

En cuanto a las costas judiciales, se establecen mecanismos que incentivan que la entidad resuelva de forma adecuada y de buena fe. “Si el consumidor demanda a la entidad tras no llegar a un acuerdo en la reclamación extrajudicial y la sentencia que obtiene es económicamente más favorable para él, la entidad será condenada en costas”. Por otro lado, si el consumidor acude a la vía judicial directamente sin usar la reclamación previa y la entidad se allana totalmente antes del trámite de contestación a la demanda, la entidad no será condenada en costas.

El caso es que se calcula que la banca tendrá que devolver entre 8 y 10.000 millones de euros, según las plataformas de afectados y las organizaciones de consumidores y entre 2 y 3.000 millones según la patronal de las entidades bancarias.

El siguiente paso, los gastos de formalización de hipotecas. En los que una nueva sentencia del Tribunal Supremo abre una nueva vía para reclamar a los bancos. Según el supremo los gastos de formalización de la hipoteca (notario, registro, impuestos) deben ser pagados por la entidad bancaria, al menos en parte, y no por el cliente. En una hipoteca media cada cliente podría reclamar alrededor de unos 3.000 € a su banco. Pero de ese camino queda mucho trecho por andar.

Ya desde hace años la ciudad de Venecia se halla gravemente enferma. Al progresivo crecimiento de las aguas que provocan el hundimiento de la propia ciudad se une desde hace un tiempo una enfermedad derivada de su propio éxito: a la ciudad la está matando el turismo.

Hasta 200.000 turistas visitan cada día sus rincones. El preocupante aumento de cruceros de grandes dimensiones, de más 40.000 toneladas y con 15.000 personas a bordo, que llegan a la ciudad y que están deteriorando seriamente sus condiciones medioambientales y la calidad de vida de sus ciudadanos, da lugar a serios conflictos en la ciudad. La transformación del tejido productivo de la misma está consiguiendo que sea un lugar imposible de vivir. Se cierran comercios de todo tipo para la apertura de establecimientos enfocados hacia el turista, de modo que, donde había panaderías, ferreterías, farmacias o tiendas de comestibles, ahora hay tiendas de recuerdos, bares y restaurantes.

El problema es especialmente grave si se mira el sector de la vivienda. Por un lado, el creciente número de extranjeros que quieren poseer una vivienda en Venecia, por prestigio, porque la ciudad les gusta, etc. El caso es que esa vivienda está desocupada la mayor parte del año. Por otro, la transformación de edificios en hoteles, pensiones y demás modalidades y, sobre todo, el alquiler de pisos a turistas, o alquiler vacacional, ha encarecido de tal modo la vivienda en la ciudad que es imposible para los aborígenes encontrar un lugar digno en el que vivir.

La consecuencia de todo esto es que la ciudad está perdiendo población a un ritmo comparable al de la epidemia de peste de 1.630. En 1.951 la ciudad presumía de 174.808 habitantes. En diciembre del año pasado, la cifra era de 54.926 habitantes, y disminuyendo.

Este problema, como tantos otros que aquí no sabemos prever con la debida antelación ha llegado a nuestro país. Y, donde seguramente más grave es la situación, es en nuestra joya turística. La falta de vivienda en Ibiza está empezando a alcanzar el dramatismo.

De hecho, no son pocos los trabajadores de la temporada que han de pasar buena parte de la misma durmiendo en parques, en balcones (alquilados a 500 euros/mes) o en la calle hasta que logran acomodarse en algún piso patera. El colmo el anuncio en un portal inmobiliario de una furgoneta como vivienda por 650 euros/mes, más otros tantos de fianza. El anuncio incluye perlas como “playa a 10 metros” o que “para ducharse hay una red de gimnasios por toda la isla”. Es por esto que las primeras medidas ya se han puesto en marcha para evitar situaciones tan rocambolescas como que hasta los refuerzos de temporada de la Policía Nacional o de los servicios sanitarios tengan problemas para encontrar hospedaje.

Por eso, son muchos los ayuntamientos los que ya se han puesto en marcha para impedir que la especulación acabe dañando la propia esencia de la ciudad.

Madrid, sin ir más lejos, ha comenzado la batalla contra los pisos turísticos ilegales. Que sólo se contratan de particular a particular y que sólo alquilan a turistas, pudiendo dejar la vivienda vacía el tiempo que sea necesario porque no les interesan inquilinos de larga estancia. Este negocio conlleva una drástica disminución de la oferta y el aumento de los precios del alquiler. Eso sí, no se enfrenta todavía a plataformas como AirBnB o plataformas similares.

Más lejos ha llegado Ada Colau en Barcelona. Tras haber ampliado la moratoria existente para la concesión de nuevas licencias hoteleras y la apertura de albergues u otros complejos hasta julio de 2017 (algo que ha provocado la paralización de 38 proyectos y pérdidas estimadas en 3.000 millones de euros), centra ahora la lucha contra el alquiler vacacional en todas sus variantes. Por esta razón, desde el Ayuntamiento se ha reforzado la inspección contra viviendas turísticas ilegales, ampliando el personal y pidiendo ayuda a los propios vecinos. Y así, se cuentan por miles los expediente e inspecciones contra viviendas turísticas ilegales. Pero, aunque Colau prometió perdonar la multa a los infractores si cedían las viviendas al consistorio durante tres años, por el momento no ha conseguido que ninguno de los sancionados acepte su propuesta.

En cuanto a Baleares, el otro gran foco de esta actividad, ha comenzado también su propia batalla. Para empezar, se prohibirá en Palma el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares, y los propietarios que lo practiquen se expondrán a unas multas de 40.000 euros. Esto es así después de conocerse que entre 15 empresas controlan el 10% del alquiler turístico de la ciudad. Siendo el problema de especial gravedad si se tiene en cuenta que la ciudad ha experimentado un incremento de los precios del alquiler en el último año del 7,4%, el más alto en toda España.

El caso es tras la modificación del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, que dejó fuera a las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, las Comunidades Autónomas tratan de establecer nuevas normativas para legislar un mercado incipiente que busca salir de la alegalidad. En la actualidad, cada autonomía legisla de una manera diferente y algunas, como Baleares, han restringido hasta prácticamente prohibir esta forma de alquiler. Detrás de estas restricciones se encuentra, sin duda, el lobby hotelero que ve cómo el alquiler turístico le va arrebatando cada vez mayor parte de la tarta.

Por otro lado, la Federación Española de Asociaciones de Pisos Turísticos (Fevitur), tampoco anda quieta, y solicitó en noviembre del año pasado el amparo de la Comisión Europea ante la situación de indefensión que están teniendo bajo las actuales normativas autonómicas y locales sobre la regulación del alquiler vacacional. La patronal defiende las viviendas de uso turístico como una actividad complementaria y no competitiva al sector hotelero y considera inadecuada la calificación urbanística terciaria en lugar de la calificación en suelo residencial que sugieren algunas normativas autonómicas y finalmente, cuestiona la dispersión normativa en las comunidades autónomas que dificulta la unidad de mercado prevista en las normas comunitarias.

Desde 1948, que la primera remesa de trabajadores fue reclutada para prestar su servicio a la marina mercante noruega, hasta un total de 12.000 marineros españoles trabajaron hasta la década de los 90 en barcos abanderados por el país nórdico. Hasta ahí todo es correcto, dentro de que, en aquella época España era un país de inmigrantes y la flota noruega despuntaba hasta el punto de convertirse en la tercera más importante del mundo.

Estos marineros, que durante años trabajaron y pagaron sus impuestos en el país nórdico, se encuentran desde hace años en el más absoluto desamparo. Esos años de trabajo no son reconocidos ni por el Estado español ni por el noruego, de modo que a los trabajadores no se les reconoce derecho alguno a pensión ni a prestación.

Es por eso que libran desde hace años una batalla sorda contra Noruega para conseguir la pensión que consideran que les corresponde. Entre 1948 y 1994 (año en el que Noruega suscribió el tratado del Espacio Económico Europeo y asumió la normativa comunitaria relativa a la Seguridad Social), a estos trabajadores se les estuvo reteniendo entre el 25 y el 40% de su sueldo, correspondiente al impuesto sobre la renta, que tributaba al estado noruego. Pero ni en el país escandinavo, ni en España se realizó aportación alguna a la seguridad social por estos trabajadores, lo que provoca la anómala situación actual de desamparo.

A día de hoy, estos marineros llevan años peleando por un derecho que consideran suyo. Si durante años estuvieron pagando una parte de su sueldo en impuestos, que se han calculado en un montante de 520 millones de euros, no entienden que eso no les haya generado derecho alguno a efectos de un reconocimiento de años trabajados.

De hecho, lo que ocurre es que están atrapados en un círculo vicioso legal: no podían cotizar en España porque, tanto su residencia, como su lugar de trabajo y pagadores estaban fuera de territorio nacional, ni podían cotizar en Noruega ya que, hasta la firma del tratado del Espacio Económico Europeo, para este país eran ciudadanos extranjeros que no residían en su territorio. Por este motivo, por ley, no podían cotizar ni en un país ni en el otro.

De hecho, el colectivo sostiene que Noruega violó sus derechos al impedirles beneficiarse de su sistema de protección social por no tener la residencia en el país. Sólo a partir de 1994 se les permitió cotizar a la seguridad social en el país nórdico. Antes de esa fecha, ni en el país escandinavo ni en España pudieron hacerlo, por lo que, al contar con domicilio en España, sus impuestos no generaron derecho a pensión.

De la Unión Europa, los españoles son los únicos que tienen este problema porque ambos países nunca firmaron un convenio bilateral, debido a que Noruega no quería negociar con una dictadura. La Comisión Europea solo ha podido reconocer la injusticia social cometida durante cuatro décadas que, según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo incurre en “un claro trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no existir residencia, respecto a los noruegos empleados en los mismos barcos”.

Los antiguos marineros, agrupados en una asociación denominada Long Hope, llevan años de pleitos contra el estado noruego y se quejan del desamparo a que se ven sometidos por parte del estado español. Tras nueve años de existencia, la organización se encarga tanto de tramitar las reclamaciones individuales de los marineros frente al gobierno noruego, como de intentar que desde el ejecutivo español se inicie una demanda interestatal contra Noruega, denunciando a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que acortaría los plazos porque forzaría al país nórdico a sentarse a negociar, algo que ya ha conseguido evitar hasta en ocho ocasiones a día de hoy.

Las leyes noruegas son claras sobre que los marineros extranjeros no residentes no están incluidos en el sistema de protección social del país. Los armadores noruegos se negaron en su momento porque dijeron que no les saldría a cuenta, que no serían competitivos. Y, además, muchos marineros extranjeros pagaban los impuestos en su país de origen y, por lo tanto, no había inconveniente. Pero el problema es que en el caso de los españoles no fue así. Existía un acuerdo entre España y Noruega para evitar la doble imposición, por el que estos marineros que trabajaron en buques noruegos y cobraron sueldos noruegos tenían que pagar impuestos allí y no aquí. Pero nunca estuvieron incluidos en la Seguridad Social. Y, ahora, nadie se hace responsable. Lo que quieren los 12.000 de Long Hope es “que este acuerdo tenga carácter retroactivo y que reconozca lo trabajado por españoles durante medio siglo”.

El embajador de Noruega en España, Johan Vibe, explica que “tras estudiar la reclamación de los marineros españoles en repetidas ocasiones y someterla al escrutinio de las autoridades de la Unión Europea, se ha concluido, reiteradamente, que no hay base legal para pagarles una pensión, ni para devolverles los impuestos que pagaron”. Vibe reitera: “Los marinos enrolados en barcos noruegos pagaban impuestos bien a Noruega o a su país de origen, pero el pago de impuestos no implicaba estar dado de alta en la Seguridad Social, ni adquirir el derecho a percibir una pensión”.

Mientras tanto, la media de edad de los reclamantes es de 83 años, de modo que 29 ya han muerto en estos años. Y aunque desde la propia Comisión Europea se ha criticado “esta injusticia social grave” y tienen muchas posibilidades de obtener una victoria en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (instancia a la que el Gobierno español ha renunciado), el tiempo sigue corriendo y, sin el apoyo de un Estado, los trámites se alargarán, de modo que serán muchos los que no vean el desenlace.

A mediados del 2014 empezamos a asistir a un proceso de caída libre de los precios del petróleo. La debilidad de la demanda debida a la crisis, unida a un desacuerdo generalizado por parte de los productores para ajustar la producción desencadenó una caída libre de los precios que sólo se frenó en 2016, cuando, al fin, Arabia Saudí dio su brazo a torcer y permitió un ajuste de la producción.

Pero dentro de este escenario participan muchos actores en los que se mezcla lo económico con lo geopolítico. El principal papel lo ha tenido, y lo tiene, Arabia saudí que, embarcada en dos guerras necesita mantener el control del mercado para sostener su papel en el mundo. La primera de estas guerras es la que mantiene en Yemen contra Irán, otro de los grandes en producción de petróleo, en un pulso por mantener su liderazgo el primero y recuperar su cuota de mercado el segundo, tras el levantamiento de las sanciones de la ONU. La segunda es la guerra económica que mantiene por destruir/dañar/torpedear la producción petrolífera a través de procesos de fracking, en la que Estados Unidos, sobre todo, está invirtiendo a fondo. No hay que olvidar que, tanto en 2013, como en 2014, Estados Unidos fue el mayor productor de crudo gracias a esta técnica.

A día de hoy, la inestabilidad en los precios es la tónica. Nadie sabe la evolución futura de los precios, sobre todo debido a que dos de los principales consumidores mundiales siguen reposicionándose. China, a costa de un elevado coste medioambiental, intenta desde hace años mejorar su independencia energética quemando carbón. No en vano tiene las dos terceras partes de las reservas mundiales. Además, lleva años interviniendo políticamente en lugares productores de petróleo como en Darfur, al margen de sus tradicionales reclamaciones de archipiélagos aledaños de sus costas en los que se sospecha que podrían existir importantes reservas. Por su parte Estados Unidos, desde la llegada de Trump, ha intensificado su interés por lograr la independencia económica, y el fracking, que ya parecía un mal recuerdo debido a las numerosas quiebras de empresas que tuvieron lugar durante la bajada de precios, vuelve ahora con fuerza debido a dos razones fundamentales:

Por un lado, la rápida monetización de estas instalaciones. En apenas un año se puede se puede perforar un pozo vertical, comenzar la fracturación horizontal y tener producción.

Por otro, la mejora tecnológica juega a favor del fracking, haciendo viables explotaciones a precios de 50-60 dólares el barril. Algo impensable hace unos años. A mediados de 2014, con el precio del barril por encima de 100 dólares, Arabia Saudí decidió iniciar la guerra contra los productores de fracking, con unos costes de producción más altos, y empezó a bombear para inundar el mercado de barriles de petróleo, bajar drásticamente el precio del oro negro y expulsar del mercado a los productores de fracking que estaban robando rápidamente cuota de mercado a los países productores de la OPEP. Dos años más tarde, con múltiples quiebras por parte de estas empresas por en medio, las empresas supervivientes han incorporado tecnologías que les permiten reducir sus costes de los 80 dólares/barril a poco más de 30. Por lo que es de esperar, bien un renacer de estas empresas, que con su producción restarán poder a la OPEP, o una nueva guerra de precios que mandará a los mismos a extremos cercanos a los 20 dólares/barril.

Así, tras la reducción de la producción de petróleo llevada a cabo por la OPEP, que llevó consigo el repunte de los precios del crudo a los 50 dólares/barril, el número de pozos en Estados Unidos no ha dejado de aumentar, pasando de algo más de 400 en abril de 2016 casi el doble en la actualidad. Lo que lleva a la producción estadounidense a los 9 millones de barriles diarios, muy cerca del pico de 9,6 millones de mediados de 2015. El significado de esto es que puede que la OPEP haya perdido el control sobre el mercado del oro negro.

Los grandes damnificados por ahora de todo este embrollo son Venezuela y Rusia, que con poco poder de decisión asisten impasibles al pulso entre Irán y Arabia saudí por controlar la producción de petróleo y a la bajada de precios, parece que ahora controlada. Venezuela, miembro de la OPEP y con las reservas más grandes conocidas a nivel mundial, tiene el problema de una difícil y cara extracción, lo que hace que necesite precios del barril por encima de los 50 dólares. Rusia podría ser el tapado, no es miembro de la OPEP y tanto su producción como sus reservas son también importantes. Además, con un potencial desconocido: a causa del calentamiento global, el descongelamiento de Siberia podría propiciar el descubrimiento de importantes yacimientos que condicionarían un nuevo equilibrio geopolítico.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una nueva eventual caída de precios?

Como ventaja, para países como el nuestro, que sólo produce el 0,4% del petróleo que consume, los precios bajos del carburante son una buen anoticia, aunque estas bajadas no se transmitan al consumidor final. Por otra parte, la bajada de ingresos en los países productores tiene un efecto arrastre sobre las economías regionales e incluso mundial. En el caso de España, esta amenaza se focaliza en países productores donde hay una amplia presencia de empresas españolas, comoBrasil o México.

Además, existe otro componente negativo: un crudo barato podría frenar la ejecución de medidas dirigidas a impulsar energías alternativas como las renovables o de inversiones en eficiencia energética.