Manuel González

Con la crisis sin precedentes que ha supuesto, supone y aún supondrá, la expansión del coronavirus, la economía española se enfrenta a unos retos que sólo tienen precedentes con la larga y dolorosa recuperación de la postguerra.

En este sentido, el turismo es uno de los sectores productivos más afectados por esta crisis, por lo que el sector requerirá de una especial atención en tanto en cuanto que es uno de los sectores más vulnerables y de los que más pueden colaborar en una recuperación más rápida y efectiva.

En España, el turismo representa el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y corresponde a la oferta del 13% del empleo. A nivel global, el turismo gestiona más de 1.500 millones de turistas al año, supone más del 10% del PIB mundial y da trabajo a más de 300 millones de personas. Hasta ahora, ya que el sector se ha visto obligado a hacer frente a las circunstancias apoyando todas las medidas de contención impuestas. Así, ha tenido que permitir el aplazamiento de viajes o directamente la cancelación de los mismos sin penalización, llegando incluso a tener que poner a disposición de las autoridades sanitarias instalaciones, tanto para el hospedaje del personal sanitario, como para la hospitalización de pacientes, reconvirtiendo hoteles en hospitales.

Ahora, el sector empieza a ver el final del túnel y se prepara para acometer una temporada insólita, con retos como reactivar el sector recuperando la confianza de los consumidores cumpliendo con las restrictivas medidas de seguridad dictadas por las autoridades sanitarias.

Según la última evaluación de la Organización Mundial del Turismo (OMT), los movimientos internacionales de turistas en el mundo pueden caer este año entre un 20 y un 30% respecto a 2019, debido a las restricciones de viaje actuales, un descenso que supondrá un desplome de los ingresos de hasta 410.000 millones de euros a nivel mundial.

Sólo en lo que respecta al sector del transporte aéreo, IATA (International Air Transport Association) ha calculado pérdidas en el sector aeronáutico de 113 mil millones de dólares y esto es por poner una cifra porque la realidad es que el tráfico aéreo ha descendido en un 90%. Lufthansa está en proceso de ser intervenida por el Gobierno alemán e Italia ha tenido que nacionalizar Alitalia.

Así las cosas, se perfila la recuperación del turismo interior como una de las claves para dar un respiro al sector porque, tanto las condiciones exigidas desde la sanidad como la evolución de la demanda necesitan que algunas normas, como la aplicación de los ertes o el aplazamiento de impuestos o tasas, se adapten a una reanudación parcial de la actividad. Si a las empresas, especialmente a las medianas y a las pequeñas, se les exige normativamente un todo o nada, muchas optarán por no abrir, con lo cual será imposible aprovechar el turismo para favorecer la recuperación económica general.

Y es que la disyuntiva no es fácil. Hablamos de terminar el año con un nivel de paro del 20%, algo que sería gravísimo, o terminarlo con un 30%, lo que sería una tragedia, lo que hace indiscutible el apoyo al sector. Sin embargo, tampoco se pueden abrir los establecimientos a cualquier precio, sin las necesarias medidas de protección, independientemente de lo que esté haciendo nuestra competencia, ya que un exceso de prisa puede tener consecuencias mucho más graves que un exceso de prudencia.

Según la firma de marketing digital Sojern, la recuperación del turismo europeo tendrá lugar en tres fases, debido, sobre todo, a tener que ganarse de nuevo la confianza del consumidor.

En la primera de estas fases la recuperación comenzaría con el sector doméstico. Es decir, los turistas sólo se atreverían a viajar cerca de casa (aun pesan mucho los rescates de turistas que tuvieron lugar desde la otra punta del mundo de miles de turistas, en condiciones, en muchos casos, como si de refugiados de guerra se tratase). En este sentido, muchos turistas elegirán destinos a los que puedan legar en sus propios vehículos, para de este modo tener más flexibilidad y depender menos del transporte aéreo.

Este comportamiento de la demanda perjudicaría especialmente a las islas Baleares y Canarias. No obstante, la demanda de viajes hacia Canarias podría reactivarse a partir de junio “especialmente en el caso del mercado nacional, si bien sería algo gradual y que evidentemente no cubriría la demanda habitual de estos meses”, según apunta un informe de Mabrian Technologies.

En la segunda fase, conforme la confianza de los consumidores se fuera recuperando tras la crisis sanitaria del coronavirus y se vayan levantando las restricciones de movimiento, aumentaría progresivamente el interés por viajar al extranjero, aunque sin salir de Europa todavía.

Así, según el estudio de Sojern, sería a partir de octubre cuando los británicos volverían a interesarse por volver a nuestro país. Tal y como se revela de las búsquedas de destinos vacacionales por internet.

Y sería en la tercera fase cuando se diese la recuperación de los viajes de larga distancia. Aunque no se vislumbra una pauta temporal para la llegada de esta fase. De hecho, los primeros indicios de reservas de vuelos por internet desde otros continentes a Europa empiezan a dar señales de crecimiento a partir de enero del 2021, lo que significa que, sin rebrotes de la pandemia, yendo todo bien, harán falta de 5 a 6 meses para que empiece a llegar el mercado europeo y, como mínimo un año, para que chinos, japoneses o norteamericanos se atrevan a volver al viejo continente, eso sí, todo a cuentagotas y sin rebrotes epidémicos.

Según un reciente estudio de Mastercard, el 83% de los españoles utiliza la banca electrónica al menos una vez al mes. Más de un 60% recurre a ella cada semana y hasta un 40% hace un uso diario. Esto se traduce en un aumento del uso de las apps de los bancos. Por poner un ejemplo, más de 5 millones de usuarios se han descargado en su teléfono la aplicación del BBVA, otros tantos la de La Caixa y más de un millón la del Santander.

Sin embargo, esto que parece tan natural a nuestros ojos de hoy en día es un fenómeno de muy reciente implantación. De hecho, la historia de la banca online en España, viene a ser una adaptación rápida a todas aquellas soluciones que facilitan la vida, ya que los usuarios han adoptado el recurso de la banca digital como algo propio y, por tanto, ya imprescindible. Este está siendo un proceso parecido a la adaptación a la lavadora o al frigorífico: en muy poco tiempo pasó de ser una innovación extraña a un elemento indispensable de cada hogar.

El Reino Unido fue el primero en implementar los primeros pasos para las aplicaciones de banca digital allá en 1983, lo que significa que fue una de los primeros campos que se desarrolló con la introducción de los primeros ordenadores personales y un internet en pañales. En España, estos primeros desarrollos no llegarían hasta 1995, con el desarrollo del soporte telefónico necesario para la banca por internet. Aun así, hoy en día la banca digital de España ofrece servicios similares a los del resto de la Unión Europea. Incluso en algunos casos se presentan innovaciones y tecnologías antes que en otros estados miembros.

Pero fue la llegada del móvil, y más concretamente del Smartphone, lo que marcó el punto de inflexión para los bancos online. Hasta el 2007, en nuestro país se podían realizar algunas operaciones digitales, pero con interfaces de usuario nada intuitivas ni prácticas. El auge de los bancos virtuales está muy relacionado con la llegada del primer iphone de Apple, ya que permitió el desarrollo de aplicaciones que posibilitaron el poder llevar el banco en el bolsillo.

Esto fue lo que posibilitó el cambio de mentalidad en la sociedad. Tanto es así, que los bancos online en España ya no solo deben ofrecer acceso inmediato y continuado a los productos y servicios y ordenar operaciones sobre ellos por parte de los usuarios, sino que han de esforzarse por crear una interfaz de usuario atractiva y por proponer servicios exclusivos.

De hecho, las aplicaciones bancarias para operar por el móvil también están viviendo un buen momento. De acuerdo con el estudio del proveedor de tarjetas, “el 73% de los españoles utiliza aplicaciones móviles de bancos tradicionales y el 30% únicamente la emplea de bancos 100% digitales”.

Los motivos son variados, pero es evidente que la comodidad de poder acceder a tu operativa 24 horas al día y el ahorro de tiempo que proporciona la banca online son dos de los atractivos que más convence a los usuarios. Además, una buena interfaz, que facilite el uso intuitivo es otra de las cualidades más buscadas por el consumidor.

Los inconvenientes también son varios. Si hablamos de banca puramente online, nos encontramos que no existen oficinas de apoyo, en todo caso un número de teléfono, por lo que, una eventual caída del servicio, o un problema que requiera una solución un poco más específica podría dar lugar a serios inconvenientes, eso sí, más o menos temporales.

En cuanto a la variedad de opciones, podemos decantarnos por tres tipos de banca digital.

El primero es la banca tradicional de toda la vida, que no solo ha potenciado sus canales de atención al cliente a distancia (aplicaciones para el móvil y servicio de banca en línea), sino que ha empezado a lanzar productos pensados para un perfil de cliente digital. La Cuenta Online de BBVA o la Cuenta ON de Bankia son dos ejemplos. Ambos productos están exentos de comisiones y han sido pensados para que el cliente opere a través de Internet o de los cajeros. Además, comparten una característica poco común en la banca tradicional: son cuentas gratuitas incluso para aquellos clientes que no quieran domiciliar sus ingresos.

El segundo tipo son bancos puramente digitales, ya que directamente no tienen oficinas o tienen muy pocas. Así, ActivoBank, EVO Banco, ImaginBank, ING, Openbank, o WiZink, entre otros, son banca digital ya puramente hablando (junto con el siguiente tipo). Algunos de estos son bancos por sí mismos, como podría ser ING, y otros son solamente la división digital de un banco tradicional, es decir, vienen a ser marcas comerciales con un banco tradicional por detrás que les sustenta. Ejemplos serían imaginBank (CaixaBank) o ActivoBank (Banco Sabadell).

El tercer tipo es el de más reciente creación, pero es el que ha impulsado buena parte de la dinámica del sector. Serían los bancos fintech. El inglés Revolut o el alemán N26 (por poner dos ejemplos) son bancos que operan íntegramente por Internet y que llevan la tecnología en su ADN. Su desparpajo y frescura, su búsqueda en mejorar la experiencia del cliente digital y sus servicios innovadores (como el caso de Revolut, que permite la operativa con criptomonedas) están despertando cada vez más el interés de los usuarios. Un dato serían los 200.000 clientes que N26 tiene ya en nuestro país.

Así, hay que entender la banca móvil como una evolución natural del modelo bancario. Eso implica apostar por interfaces sencillas, por productos fintech que ayuden a mejorar la gestión y el control financiero, y por la implementación de Inteligencia Artificial para ofrecer un servicio que se adelante a las necesidades de los usuarios.

En nuestro país existen casi 9 millones de personas con más de 65 años, cifra que va aumentando en un país que envejece por momentos como el nuestro. Cuando ya la edad o una dependencia hace que estas personas acaben necesitando una plaza en una residencia de ancianos, nos encontramos con un auténtico drama. Y es que sólo un 4,3% de los mayores de 65 podrían optar a una de las 208.000 plazas en residencia pública o concertada existentes en nuestro país.

Hay que hacer notar que este 4,3% de cobertura pública supone una ratio por debajo de lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se sitúa en un 5%. Esto significa que España presenta un déficit de 60.000 plazas geriátricas de carácter público o concertado.

Sin embargo, se supone que el resto de oferta de plazas, las de carácter privado, deberían ser el complemento perfecto a esta falta. La verdad dice precisamente que no. Los altos precios de estas plazas residenciales excluyen a buena parte de la demanda.

Y es que la oferta en centros privados y sin financiación pública (el 44% del total de plazas ofertadas) se hace a precio de mercado. El cual se sitúa a una media de 1.500 euros mensuales, lo que significa que aproximadamente sólo el 15% de los pensionistas puede acceder a dichas plazas con su pensión. Lo que está ocurriendo es que muchas familias se están endeudando para que sus mayores estén atendidos o que estas personas tengan que vender sus casas para poder pagar la residencia. En este caso estos mayores han de procurar vivir menos de lo que dure su dinero o se verán sin casa y en la calle.

Según el informe (PDF) elaborado por el IMSERSO cada dos años, las plazas en centros privados tienen a día de hoy un coste medio de mercado para el usuario por encima de los 1.400 euros. Una cifra que supone el 70% de la pensión máxima actual en España y que, por tanto, excluye a la inmensa mayoría de la población potencialmente demandante de este servicio. Y es que hay que tener en cuenta que los usuarios de una plaza residencial son mayoritariamente personas mayores de 80 años y sobre todo mujeres (70%). Conviene tener muy presente que la pensión media percibida por las mujeres en España se sitúa en torno a los 700 euros mensuales.

Hay que tener en cuenta que, ante la falta de inversión pública, o hasta simplemente interés por la situación, se lleva produciendo un desembarco masivo de capital privado en los últimos años. Fondos de inversión internacionales -en especial franceses- han irrumpido en un sector en el que por cada plaza pública hay tres privadas. Primero fue la adquisición de empresas con centros en activo, pero la demanda y los precios se han disparado hasta un nivel en el que se están construyendo nuevos centros, ya que en 10-12 años los tienen amortizados.

Mientras tanto, los colectivos de afectados muestran su preocupación señalando la búsqueda de la máxima rentabilidad del capital riesgo y lamentan la falta de interés de la Administración pública.

En un país con la tasa de esperanza de vida más alta del mundo, se calcula, según el INE, que una de cada cuatro personas (25,2%) tendrá más de 65 años en 2033, un 33,1% más que en la actualidad (19,2%). Sin embargo, la inversión pública en residencias de mayores está estancada desde hace años, pese a ser un servicio social reconocido en la Ley de Dependencia, y las listas de espera se eternizan.

Este panorama ha transformado este servicio en una inversión asegurada. En 2018, el nicho de las residencias ya movía unos 4.500 millones de euros, un 3,4% más que el ejercicio anterior, según los datos de la consultora DBK Informa. En ese mismo periodo las residencias privadas aumentaron en un 1,5%, lo que significa que la facturación aumenta a mayor velocidad que la oferta. Algo indicativo de la rentabilidad del negocio.

La inversión privada está llegando, mayoritariamente, vía fondos de inversión internacionales. Incluso se han creado socimis (figura jurídica que goza de importantes beneficios fiscales, como la exención de impuesto de sociedades) expresamente para ello. Algún ejemplo sería la creación de Healthcare Activos Yield, fruto de la unión del fondo español Altamar con Healthcare Activos, o bien Adriano Care, la socimi especializada del grupo Azora, Banca March e Indosuez.

En cuanto a los grupos líderes que están copando el mercado, encontramos a DomusVi, el primero de la lista en España -donde llegó en 2015- y tercero en Europa. La empresa controla 140 residencias (unas 20.000 camas) gracias a, entre otras operaciones, la compra y fusión de dos importantes grupos españoles (Geriatros en 2015 y, dos años después, SARquavitae).

Orpea -filial del grupo francés del mismo nombre- es el segundo gran operador en España y el primero en Madrid. Cuenta con medio centenar de residencias, unas 8000 camas.

La tercera operadora, Amavir (43 residencias, 8.000 plazas), forma parte del grupo francés Maisons de Famille, controlado a su vez por el fondo de inversión Creadev. Su propietario es la llamada Asociación Familiar Mulliez, que tiene en su cartera multinacionales como Decathlon, Leroy Merlin o Alcampo.

Estos grupos, además de construir nuevos centros tras la obtención de la debida concesión administrativa, están adquiriendo residencias públicas existentes, con lo que asumen los contratos de gestión pública. La voracidad de estos grupos empresariales lleva en muchos casos a que empeoren las condiciones de los residentes, ya que las ratios de personal son tan bajas que hacen que sea el paraíso para estos fondos de inversión.

Por poner un ejemplo, hay una ratio establecida de 0,47 trabajadores por cada residente. El residente está 24 horas, pero los trabajadores están ocho, así que en realidad hay 0,15 trabajadores por residente, y entre ellos entran jardineros, administradores, directores… No solo el personal de atención directa. Esto sólo significa que la atención disminuye a marchas forzadas ante la rapacidad de unos y la indiferencia de quien tiene que controlarlos.

Lo que está claro es que, ante la inactividad de la Administración, la llegada de estas empresas provoca que nuestros ancianos (y nosotros mismos en un futuro) tienen que hacer uso de sus instalaciones a precios inasequibles, gestionadas por un fondo de inversión que lo mismo engloba a la misma empresa con la que pelearon durante su vida laboral.

Recientemente nos ha llegado la noticia de la muerte de Marcos Mundstock, la voz narradora del grupo cómico-musical argentino Les Luthiers. Al ser él el maestro de las palabras de dicho grupo, es claro que su dominio de los recursos del lenguaje eran más que notables. Pues bien, como si de un visionario se tratara, o simplemente de un gran conocedor de la naturaleza humana, nos encontramos con una gran cantidad de frases lapidarias suyas aplicables a la situación por la que atravesamos.

Así, por ejemplo, a nuestro Gobierno, con sus inconsistencias en la gestión de la crisis, se le podría aplicar la de “Si no puedes convencerlos, confúndelos”. Y a ello se aplica con feroz determinación, anunciando a unos, prometiendo a otros y no cumpliendo con casi nadie. Al final, contradicciones, rectificaciones y el lío fenomenal ya está listo para que nadie se entere en realidad de lo que ocurre. Eso sí, siempre con la mayor transparencia.

Y es que, una de las medidas que el Gobierno ha marcado como clave para que la crisis económica no se agudice aún más, llámese los ERTE, pueden convertirse en una ratonera para miles de empresas debido a la mala gestión de éstos. De hecho, según el Consejo General de Gestores Administrativos y el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, hasta 50.000 empresas podrían presentar concurso de acreedores debido a retrasos en la gestión de los mismos. Señalan igualmente que en todo 2019, la cifra de concursos fue de 4.000.

En concreto, Fernando Santiago, presidente del Colegio y del Consejo General Colegio de gestores Administrativos de Madrid, señala que a muchas empresas se les ha denegado el ERTE de fuerza mayor asegurando que en sus negocios no estaban obligados a cerrar. Por lo que, sin tiempo para reaccionar, se siguen generando pérdidas que no se pueden asumir.

Estas empresas, con una notificación a tiempo, hubieran podido presentar un ERTE por causas económicas, lo que quizás hubiese facilitado que los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez ni ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no le son concedidos. El proceso de presentar un nuevo ERTE por causas económicas puede alargarse cerca de dos meses, lo que plantea dudas acerca de si estas empresas podrán sostener los costes.

Pero está claro que entre los gobernantes de nuestro país (y no importa el signo) se sigue a rajatabla la afirmación de que “Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el equivocado y el nuestro”. Y mientras que Pedro Sánchez anuncia que 3,9 millones de trabajadores se verán beneficiados del mecanismo de emergencia habilitado por el Gobierno, lo cierto es que esta avalancha está provocando un colapso en la administración.

En la mayoría de casos, son las CCAA las que tienen que aprobar o no el ERTE, tramitarlo y mandar el expediente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM). Este es el encargado de dar de alta a los empleados para que reciban el subsidio de empleo. Las comunidades tienen cinco días de plazo para presentar los expedientes. El problema es que los plazos no se están cumpliendo. De los cinco días estipulados, muchas resoluciones están llegando hasta 15 días después de cumplirse el plazo.

Ante el aluvión de despidos, algunas comunidades están tardando diez días en informar de los expedientes, lo que provoca retraso en el trámite para el cobro de la prestación y prolonga considerablemente la incertidumbre de muchos trabajadores en torno a cómo se resolverá su futuro laboral. Y de esta forma, los trabajadores empezarán a cobrar a partir del mes de mayo, un mes más tarde de lo previsto (y de lo prometido por el Presidente). Hasta el momento, de los casi 3,9 millones de afectados, solo han cobrado la prestación 600.000, de las más de 450.000 empresas que han presentado los expedientes.

La explicación del Gobierno es sencilla, según la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, haciendo buena la frase de “Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía”, todo dependerá de la coordinación con las comunidades. Aunque, al mismo tiempo dejase caer que la falta de fondos también pudiera ser un factor a tener en cuenta, ya que afirmó no saber “cuál es la recaudación que vamos a tener, ya que se está desplomando el empleo”, lo que explicaría en buena medida los retrasos en la gestión.

Pero según Sánchez, el Gobierno ha hecho “muchas cosas” durante el mes que lleva el estado de alarma “en favor de las familias, de los trabajadores y de los autónomos”. Ha recordado que casi un millón de autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad y que se han puesto en marcha líneas de financiación por hasta un tope de 100.000 millones “para garantizar la liquidez y, en consecuencia, la subsistencia del tejido productivo en nuestro país”. Lo cual lleva a pensar en la certeza de que “El que es capaz de sonreír cuando todo le está saliendo mal es porque ya tiene pensado a quién echarle la culpa”.

Una de las consecuencias de nuestro encierro involuntario es sin duda un mayor desarrollo de la inventiva y la imaginación. Como no lo es poco también el poder dedicarnos a aprender cosas nuevas, desde cocina hasta nuevo vocabulario. En este sentido, palabras como “pandemia”, el propio “coronavirus” o una de las estrellas, a nivel económico: el ERTE.

El Expediente Temporal de Regulación de Empleo es una de las soluciones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para intentar suavizar la crisis económica que se avecina tras la crisis sanitaria. Con este mecanismo, el Ejecutivo posibilita los ajustes temporales de empleo para empresas afectadas por el brote del coronavirus (prácticamente todas), tanto para aquellas afectadas por los cierres decretados con el estado de alarma, como para aquellas que estén viendo cómo su producción o su demanda se ven mermadas como consecuencia del frenazo económico derivado de la propagación del coronavirus.

El Expediente Temporal de Regulación de Empleo, a pesar de lo que explicó la Ministra Yolanda Díaz, es una autorización temporal para una compañía mediante la que puede suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, es un permiso que se le concede a la empresa para que prescinda durante un periodo de tiempo de sus empleados, quedando exenta de pagarles, con el fin de aliviar sus costes salariales. Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa, pero, con carácter general, no cobran, no generan derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo.

Adicionalmente, el Gobierno bonificará la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERTE, de modo que limitará al máximo el coste de sus sueldos.

Y, por otro lado, con el objeto de aliviar también a los trabajadores afectados, el Gobierno ha decretado que mientras dure el ERTE los trabajadores tienen derecho a cobrar el paro, hayan o no cotizado los 360 días que con carácter general se exigen para poder acceder a esta prestación. En este caso la base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base de cotización del trabajador en los últimos 180 días.

Por tanto, es una figura pensada para una crisis temporal, tras la cual, los trabajadores volverán a la empresa sin más. Por eso tampoco se contempla ningún tipo de indemnización para los mismos.

Otra cosa bien distinta es cuando pasará la crisis para las empresas. Porque a la enfermedad se le puede doblegar la curva, hacerle doble tirabuzón y por fin erradicarla, pero la vuelta de la actividad productiva será algo que tarde mucho más. Sectores como el turístico deberían firmar ya porque el año que viene sea bueno, porque este va a ser muy triste.

Es por esto que la Ministra, al tiempo que se ríe dando las cifras del paro (es lo que tiene el humor, que te sale sin querer), anuncia que estos ERTES van a contar con la “máxima flexibilidad y sentido común”, pudiendo permitirse que haya empresas que, cuando se levante la alarma, puedan renegociar los expedientes.

En una entrevista con la cadena SER, la ministra recordó que la regulación extraordinaria de los ERTE de fuerza mayor está asociada al compromiso de mantener el empleo durante seis meses. Es decir, que después del estado de alarma (o de la prórroga, si la empresa lo solicitase y se le concediera), los trabajadores se tendrán que a su puesto de trabajo con el compromiso de actividad de seis meses. Tras esos seis meses, veremos las cifras del paro. Mientras tanto, según la Ministra, “mientras dure el estado de alarma”, en España no se puede despedir, aunque una vez que se deje atrás esa situación excepcional, se volverá al ordenamiento jurídico anterior.

Mientras tanto, la CEOE ya advierte: la caída del PIB podría llegar al 9%, lo que nos llevaría a un aumento de 900.000 parados más. De hecho, en el mejor de los escenarios, la caída alcanzaría el 5% y el número de parados llegaría al medio millón más. En este sentido, la patronal destaca la oportunidad de las medidas adoptadas por el Gobierno. Sin contar con los mecanismos de despidos temporales, la ocupación caería un 7,3%, con 1,4 millones de personas menos y la tasa de paro se dispararía hasta el 20,7%.

El estudio de la patronal apunta a un déficit público de entre el 7,5% y el 11% del PIB, lo que supondría una horquilla de entre 80.000 y 120.000 millones de euros. Y, en cuanto a la deuda pública, la CEOE calcula que ascendería hasta el entorno de entre el 108% o el 115% del PIB.

Y una vez visto el fondo, pasemos a las formas. La manera de explicar los ERTE de la Ministra, sus declaraciones posteriores, comparándolos con una baja maternal, las risas explicando las cifras del paro sólo tienen dos posibles explicaciones.

La primera, que no quiero creer, es que no está teniendo tiempo para digerir lo que sus asesores le preparan y que se lanza a la rueda de prensa sin capote a intentar fintar las embestidas a base de ingenio y locuacidad. En este caso, sería mejor despedir unos cuantos asesores, para que la información sea menos y contratar a alguien que de clases a la Ministra en oratoria, sofística y perogrulladas bien vestidas.

La segunda opción es mi favorita. Todo forma parte del mismo teatro. Es una gran actuación para que, al igual que en los trucos de magia, la atención del espectador se dirija a detalles intrascendentes mientras el truco ocurre en otro lugar. En este sentido, la puesta en escena ha sido perfecta: los ERTES son la solución, el Gobierno lo está haciendo bien y esta mujer está desbordada, pobrecita, es normal con lo que está pasando.

Ahora que por obligación nos quedamos en casa y desarrollamos habilidades ocultas. Parece que la repostería no es una de las menores, tanto es así que tras la fiebre del papel higiénico y la de la cerveza, ha empezado la de la levadura. Y dos conclusiones se pueden derivar de tal hecho: que ante el aislamiento conviene endulzar un poco la desgracia y que damos por perdida la operación bikini de este año.

Además de la levadura, una de las grandes estrellas de la repostería es, sin duda, el chocolate, en todas sus formas, elaboraciones y presentaciones. De hecho, éste fue uno de los productos del Nuevo Mundo que más impactó en los paladares europeos desde su llegada a nosotros.

Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, eran tan impresionantes las magnitudes de las riquezas importadas, de las especies descubiertas, de los metales deslumbrantes, que se llegó a dilapidar como si de nuevos ricos se tratara. Pero tras la borrachera de riquezas llegó un poco de lucidez. Fue entonces cuando la espada cedió su sitio al comerciante y comenzó a fluir hacia Europa un sinnúmero de productos que cambiarían rotundamente las costumbres y la gastronomía del Viejo Continente.

Se atribuye al últimamente muy denostado Hernán Cortés (acompañado de Fray Jerónimo, del Monasterio de Piedra, y un interesado por la botánica y la farmacopea) la introducción en nuestro país del primer chocolate. Entre mandobles y arcabuzazos, los españoles descubrieron aquella misteriosa bebida, adornada con leyendas de propiedades mágicas, endulzada primero por el azúcar de caña (otro hallazgo) y más tarde por canela y vainilla (la locura). Allí, en América, la planta del cacao llevaba cultivándose más de 5.000 años.

Será en 1.585 cuando se registre la primera carga con certificación de origen y procedente de Veracruz en la Casa de Contratación de Sevilla, comenzando así la silenciosa gran invasión y difusión de uno de los productos de mayor rango en los paladares humanos.

Y así fue como nuestro país se convirtió en el precursor de esta revolución gastronómica, iniciándose el camino del chocolate desde el panteón mitológico de los dioses mayas y aztecas al consumo de masas en la Madrid capitalina. En este proceso tiene lugar lo que se conoció como la primera producción industrial en Europa, llevada a cabo por los monjes cistercienses del Monasterio de Piedra, en Zaragoza.

Las semillas de cacao con que se elabora el chocolate eran en sí mismas una moneda de cambio en el México precolombino, independientemente del valor sagrado que se le imputaba al producto por sus propiedades curativas y afrodisíacas. Los españoles no llegaron a tanto, pero para proteger su mercado y controlar el producto, todo el comercio con América se centralizó en las Casas de Contratación en Sevilla y posteriormente en Cádiz. Este sistema, unido al sistema de las grandes Flotas de Indias intentaban que todo el comercio pasase por una serie de puertos controlados y vigilados para impedir el contrabando y la piratería.

Sin embargo, todo el éxito tenido en el tema de las flotas, que lograron evitar y vencer casi siempre a la piratería, se trocó en fracaso en lo que se refiere a la lucha contra el contrabando. Las grandes compañías de Indias de Holanda, Inglaterra o Francia, siempre encontraban la manera de burlar la vigilancia y, aprovechando que tenían permiso para la trata de esclavos, aprovisionaban sus bodegas de productos americanos.

Sin ir más lejos, el contrabando de tabaco holandés llegó a superar en algunos momentos el comercio legal del monopolio español. Los ingleses aún lo harían mejor: directamente robaron las semillas e iniciaron sus plantaciones en Norteamérica.

Por nuestra parte, en nuestro país, mientras multitud de navegantes, comerciantes o agricultores intentaban progresar, la nobleza, más atenta a su ego personal que a los intereses económicos, andaba jactándose del producto, regalando recetas y hasta semillas. Así, en el siglo XVII, el marqués de Villena (1599-1653) declaraba “en confianza”, simplemente por alardear, al embajador de Inglaterra, que consumía 3.000 ducados al año en chocolate, a lo que el inglés respondió que con ese dinero se podían armar media docena de fragatas. Con acciones como esa fue como fuimos llamando a los coyotes.

Pero la imprudencia mayor fue la cometida por la infanta española Ana de Austria que, con cierta cortedad de miras, se le ocurrió regalarle a su marido francés, Luis XIII, como presente matrimonial, unos descomunales trozos de chocolate. Al padre del futuro “Rey Sol”, como a casi toda persona calificada de humana, le gustó el presente y Francia se puso en marcha para acabar con lo que había sido un monopolio español durante siglo y medio. Para el siglo XVIII, la corte francesa se permitía atiborrar literalmente a sus más ilustres invitados con ese líquido de los dioses.

El cambio de régimen en nuestro país propició un cambio de sistema. El nuevo rey Felipe V, siguiendo las ideas europeas, creó la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, con vistas a modernizar el comercio español con América.

Esta fue la compañía mercantil por acciones de más larga duración en dicho siglo además de que fue la que se constituyó con el capital más elevado de la época. Por último, fue, dentro de las compañías mercantiles privilegiadas, la que tuvo mayor movimiento de mercancías (con un volumen movilizado de 150.000 toneladas), muy por encima de otras coetáneas, como la Compañía de Comercio de Barcelona (que apenas superó las 6.000 toneladas).

Con su actuación, se logró asegurar el comercio exclusivo de la zona de Venezuela, antes favorable a holandeses e ingleses, y asegurar el envío de productos a España, en especial el cacao y el tabaco. Pese a diversos choques con los locales, puede decirse que logró su objetivo hasta su disolución en 1785, año en que una nueva serie de reformas promovieron el librecambio comercial entre España y América.

A día de hoy, prácticamente cada país europeo pude presumir de tradición chocolatera, tales como Suiza (Toblerone, Lindt), Bélgica (Lady Godiva) Italia (que puede presumir de haber sido el primero en el que el chocolate se empezó a consumir en estado sólido) o España (Elgorriaga, Valor, etc.). Y en cuanto a México, cuna del cacao, se ha visto superada en producción por Camerún, Ghana y Costa de Marfil (antiguas colonias francesas)

En España, donde siempre se le consideró una bebida y permaneció en ese concepto hasta principios del siglo XX, tuvo una enorme implantación hasta la Guerra Civil. El posterior bloqueo internacional supuso la casi desaparición del sector hasta el fin del aislamiento en 1959.