Manuel González

Con la crisis ya asomando por la puerta, pero todavía sin los devastadores efectos, en el año 2007 vio la luz el Real Decreto 661/2007, por el que se regulaba la producción de energía renovable. Eran tiempos en los que nuestro país, dentro de los acuerdos sobre la producción de gases invernadero del Protocolo de Kioto, se lanzaba de cabeza a convertirse en el país puntero en energías renovables. Eran tiempos de retribuciones a la energía, se subvenciones, tanto al montaje de instalaciones, como a la energía producida, eran tiempos en los que se intentaba democratizar el sector eléctrico del país.

Diez años más tarde, el panorama es desolador. Mientras otros países que empezaron más tarde y a menos ritmo, siguen instalando poco a poco parques eólicos y fotovoltaicos (en muchos casos montados por empresas españolas que nacieron al calor de esos años de bonanza en nuestro país), en España 62.000 familias, endeudadas por el cambio de criterio y de legislación, aguantan aferradas a la esperanza de que los inversores extranjeros obtengan una victoria en los tribunales internacionales. Es precisamente este hecho lo que convierte a nuestro país es el que más demandas de arbitraje internacionales tiene, por delante de Turquía, o hasta de Venezuela.

Estas denuncias se centran en los recortes a la energía renovable que el Gobierno del PP llevó a cabo en la anterior Legislatura. Concretamente, los iniciados a finales de 2010 con el Real Decreto ley 14/2010, rematadas por la reforma eléctrica del 2013, por el que se limitaban las horas de las instalaciones con derecho a prima, con el fin de eliminar el déficit de tarifa. Tras la aprobación de este decreto, los inversores internacionales que habían promovido o adquirido instalaciones de “energía verde” en España comenzaron a presentar demandas de arbitraje, en un proceso que sigue abierto, que ya suma la treintena de recursos y que debe empezar a decidirse a lo largo de este año. Entre las compañías afectadas figuran las alemanas E.ON y RWE, la norteamericana RREEF Infraestructure o las japonesas JGC Corporation y Eurus energy Holdings.

El plan del gobierno Zapatero, que sólo continuaba lo comenzado por el gobierno de Aznar en 2004, apostaba por la energía fotovoltaica porque era la más “social”, y establecía una serie de primas para compensar la alta inversión en una tecnología casi novedosa en esos momentos. Se decía que la rentabilidad de la inversión sería entre un 7 y un 9% y que los inversores empezarían a ganar dinero tras los primeros 10-12 años. Muchos fueron los que entraron en este negocio, llevados de la mano del Estado más “ecologista” del momento.

Entre 2007 y 2009 se instalaron en España 4.200 megavatios sólo de energía solar fotovoltaica, con una inversión que rondaba los 25.000 millones de euros. A finales de 2008 la potencia ya multiplicaba por diez las previsiones y, todos se dedicaron a exprimir la gallina de los huevos de oro, tanto los gobiernos autonómicos (que competían por ver quién era más verde), como por parte de los bancos, que daban financiación a todo el que llegase con un proyecto medianamente bien vestido.

Los primeros recortes avanzaron medidas contra la cuantía de las ayudas. La legislación para paliar el déficit de tarifa del 2010 recortó un 45% las ayudas a los huertos solares, el 25% a las instalaciones de placas grandes y un 5% a las de placas pequeñas. Con la legislación del 2013 el sistema retributivo siguió disminuyendo y, además con carácter retroactivo, con lo que las instalaciones se vieron súbitamente ahogadas por las deudas. El Estado se vio superado debido a la descontrolada inversión que se hizo. El sistema colapsó y, al final, dinero para nadie y un prometedor sector económico, ahogado en la cuna.

Así, con 65.000 instalaciones fotovoltaicas en todo el territorio nacional (el 85% en manos de inversores nacionales) el futuro depende en buena medida de las decisiones que se adopten en los arbitrajes pendientes con los inversores extranjeros, arbitrajes que no vincularán, pero darán fuerza legal ante la justicia.

Según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) los puestos de trabajo directos en el sector han pasado de alrededor de 42.000 personas en 2008 a unas 5.000 en 2015. Así mismo, mientras que prácticamente en todo el mundo se está instalando capacidad productiva, con China, Estados Unidos y Japón a la cabeza y, en Europa, con Gran Bretaña, Alemania y Francia, en España, la capacidad productiva crece a paso de caracol y sólo con las instalaciones desconectadas de la red eléctrica, que no está sujetas al llamado “impuesto al sol”. Éste fue el nombre que recibió el Real Decreto 900/2015, un decreto que regula las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo pero que, en lugar de favorecer dichas instalaciones, pone serias trabas al desarrollo de las mismas mediante una serie de cargos e impedimentos en la ejecución que disminuyen la rentabilidad de las mismas notablemente.

Según el último “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España”, que edita la Asociación de Empresas de Energías Renovables, el sector aportó un 0,7 por ciento al PIB en 2014 (7.387 millones de euros), lo que representa un descenso del 22,1 por ciento con respecto a 2013. Nuestro país cuenta con un total de 4.764 megavatios de potencia fotovoltaica instalada acumulada, pero desde el 2014 apenas se instala potencia adicional conectada a la red. Sólo existe un pequeño aumento de la potencia para autoconsumo, en la que se incluye la potencia aislada, dentro de los sectores agrícola y ganadero en sistemas de bombeo riego y calefacción.

Como colofón dos perlas. La primera, algo que todos sospechaban: que sólo apostaríamos en serio por las energías renovables cuando los grandes grupos energéticos del país se decidieran a invertir en ellas.

Por un lado, Endesa, que recientemente ha adquirido todos los activos «verdes» de su principal accionista, la italiana Enel (70%), en España. Esos activos suman 1.710 MW (megavatios) de potencia, de los que el 95% son plantas eólicas, y forman parte de Enel Green Power España, participada en un 60% por Enel Green Power y en un 40% por Endesa. Los 1.710 MW de Enel Green Power España se distribuyen en casi un centenar de instalaciones renovables y, aunque la mayoría son parques eólicos, también hay instalaciones solares, mini hidráulicas, de biomasa y cogeneración. Su plantilla es de 200 profesionales. El grupo ha anunciado en su plan industrial inversiones de 4.400 millones de euros en el periodo 2016-2019.

Por otro lado, Iberdrola, ha culminado con éxito el primer préstamo “verde”, que se usará para dar financiación o refinanciación para proyectos sostenibles y socialmente responsables. Así, el importe de 500 millones de euros obtenido por Iberdrola se empleará en proyectos relacionados con eficiencia energética y renovables, fundamentalmente. Esto se complementa con las cuatro emisiones de bonos “verdes” que, desde 2014 la empresa ha lanzado con el mismo fin.

La segunda perla viene por parte del responsable del “impuesto al sol”, el ex ministro Soria, el cual optó a un puesto en el Banco Mundial tras su dimisión como Ministro. Este puesto era precisamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo internacional que debe decidir sobre los arbitrajes de los inversores extranjeros en los años de la debacle renovable.

Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA (PDF), el impacto de la crisis sufrida a lo largo de los siete – ocho años de duración de la misma (depende de a quien consultemos nos dirá que ya pasó, que ya se está superando o que aún le queda un trecho), ha acarreado una serie de consecuencias que van más allá de lo meramente económico.

No hay que olvidar que la crisis ha generado una serie de rápidos cambios en la sociedad que, en muchos casos, han resultados traumáticos, poniendo a prueba todos los recursos, no sólo económicos, sino también sociales o familiares de los que el país disponía.

Para empezar, el hecho de que la clase media haya adelgazado de forma ostensible. De hecho, según el estudio, en 2004 el 59% de los hogares españoles se sostenían con un nivel de renta medio. Este porcentaje creció hasta el 60,6% el 2007 y, a partir de ahí, comenzó su caída libre. En el 2013, el porcentaje de hogares con un nivel de renta media era del 52%. En siete años, la clase media perdió tres millones y medio de personas.

Pero no sólo eso, el nivel de renta para ser considerado como clase media también se ha desplomado. Si en 2007 la renta disponible de la clase media era de 28.000 euros, seis años más tarde era sólo de 22.000, lo que supone una caída del 20%.

La consecuencia es el aumento de las clases más desfavorecidas: si en 2007, la población incluida en la clase baja suponía el 26,6% del total, en 2013 (último año del estudio), las personas que se podían considerar como de clase baja habían pasado al 38,5%.

Los cambios sociales que se han desencadenado a raíz de este hecho los vemos cada día. Un aumento de la polarización de la sociedad, que ha visto cómo los extremos, en lo que a nivel de renta disponible se refiere, han aumentado su peso, mientras que el siempre moderado centro perdía peso relativo. La primera consecuencia es un aumento de la desigualdad social, que ha pasado de los 32,2 puntos del 2003 a los 35,4 del 2013, medidos por el índice Gini.

El principal origen de estos resultados ha sido lo sucedido en el mercado de trabajo. A pesar de que las políticas redistributivas han seguido funcionando durante todo este periodo, en forma de pensiones, prestaciones, etc., lo cierto es que no han sido lo suficientemente eficaces para compensar por completo los efectos de la crisis. De hecho, según el estudio, la actuación de las políticas públicas para compensar los efectos de la crisis ha logrado que el impacto de ésta sea un 45,7% menor. Es decir, las políticas de redistribución sólo han logrado compensar una tercera parte de los efectos de la crisis económica.

Los cambios en el mercado de trabajo han sido demasiado radicales y demasiado rápidos. El aumento del desempleo, el mayor peso del trabajo temporal o del trabajo a tiempo parcial, han provocado que los hogares con menos ingresos hayan sido los más castigados.

Pero las consecuencias de la crisis no han sido sólo económicas. La desigualdad generada por la falta de ingresos de buena parte de la población ha incidido seriamente en dos aspectos protegidos como derechos inalienables en nuestra sociedad: la educación y la salud.

En lo que a la educación se refiere, según un informe de la Cruz Roja, la falta de ingresos en el hogar incide en el rendimiento académico de una forma devastadora. Cambios de centro, a veces varios en un mismo año, carencias de material escolar o de un entorno apropiado para el estudio, o el tener que dedicar tiempo, o incluso abandonar los estudios, para atender al cuidado de hermanos pequeños o para buscar ingresos adicionales para la unidad familiar, son sólo alguna de las consecuencias invisibles que la falta de ingresos suficientes originan en los hogares. De hecho, entre los hogares más desfavorecidos, la posibilidad de un abandono de los estudios entre los jóvenes de 16-17 años asciende al 26,3%, independientemente de que se haya terminado la enseñanza obligatoria o no. Mientras que sólo es un 14% en las clases medias y un 1,6% en las altas.

En lo que se refiere a la salud, la evidencia es incontestable: la pobreza y la desigualdad social perjudican seriamente la salud. Un estudio sobre 1,7 millones de personas de la revista médica The Lancet concluye que la pobreza acorta la vida casi tanto como el sedentarismo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. Siendo además una crítica a la Organización Mundial de la Salud por no querer incluir en su agenda este factor determinante de la salud tan importante.

El bajo nivel socioeconómico reduce la esperanza de vida en más de 2 años (2,1) en adultos entre 40 y 85 años; el alto consumo de alcohol la reduce en medio año; la obesidad la acorta 0,7 años; la diabetes reduce la esperanza de vida en 3,9 años; la hipertensión en 1,6 años; el sedentarismo, 2,4 años; y el peor, reduciendo la media de vida 4,8 años, el consumo de tabaco.

Según un informe del Ministerio de Sanidad, en España la posición socioeconómica, el género, el territorio, y más recientemente la inmigración, son ejes de desigualdad con enorme impacto en la salud de la población. En España, sólo el 55% de las mujeres con ocupaciones no cualificadas declaran un buen estado de salud frente al 85% de los hombres de clase social alta, de hecho, precisamente entre las mujeres, la probabilidad de padecer problemas crónicos de salud aumenta un 80% entre aquellas situadas en la clase social más desaventajada. El hecho de estar en paro o las dificultades en pagar la hipoteca, multiplica las posibilidades de sufrir trastornos mentales tales como ansiedad o depresión.

Así pues, se puede señalar al riesgo social como un agente transmisor de enfermedades crónicas. A medida que descendemos por la escalera social, la salud empeora porque las personas están más expuestas a los riesgos asociados a estas enfermedades crónicas. Sin embargo, lo curioso es que este hecho se halla desvinculado de la pobreza en sí, siendo mucho más determinante la desigualdad: tienen mejor salud y una mayor esperanza de vida en la India, con mayores índices de pobreza, que en barrios marginales de las grandes ciudades europeas o norteamericanas.

Peor alimentación, peor formación, mayor predisposición a malos hábitos (casi la mitad de los europeos con problemas económicos fuma), menores posibilidades de acceder a estilos de vida saludables, etc. En pocas palabras, la desigualdad y la injusticia social privan a las personas del control de sus propias vidas. Tanto si es una mala labor por parte de los padres, como defendería una ideología tendente a la diestra, como si es el resultado de la pobreza y la desventaja social, como defendería una ideología más hacia la izquierda, lo cierto es que la habilidad de los padres para hacer lo que necesitan los hijos está limitada por la pobreza y la desigualdad. Es decir, cuando aparecen los problemas económicos, cambian las prioridades, así como se limita el abanico de posibilidades.

Hablar de Bartolomé Cursach sin más datos es hablar de un auténtico desconocido para la mayoría de la gente. Sin embargo, si se habla del dueño de Tito’s, BCM o Pachá Mallorca, la cosa cambia, ya que hablamos de uno de los empresarios del ocio nocturno de más éxito de las Baleares, o lo que es lo mismo, del panorama nacional.

El grupo Cursach Ocio nació, según su Web, hace 40 años y aglutina empresas dedicadas al ocio y la restauración: desde hoteles (Hotel BH Mallorca o el BCM Hotel), hasta restaurantes como el Asadito o el Linos, pasando por gimnasios como el Megasport y sin olvidar los buques estrella, como las discotecas Tito’s, Pachá Mallorca, Megarena o Megapark, algunas de ellas de proyección internacional en Gran Bretaña y Alemania. Este grupo da trabajo a 1.700 empleados en temporada alta y gestiona servicios para 1,5 millones de clientes al año.

El imperio nació en 1.970, cuando el avispado empresario comenzó a importar moda joven desde Inglaterra y con los beneficios obtenidos abrió su primera discoteca. A partir de ahí el ascenso fue meteórico. A rebufo del boom turístico balear, y con tácticas que sus adversarios siempre acusaron de ilegales (aunque también tuviesen mucho que callar de las propias), consiguió en pocos años hacerse con un imperio que aglutinaba 30 discotecas y salas de fiesta a comienzos de los noventa.

Ese fue el punto de inflexión: a partir de ahí, fue pasando de ser un empresario casi desconocido, celoso de su vida privada, a dejarse ver cada vez más en eventos de todo tipo, alardeando, cada vez más, de contactos y amistades. Fue a partir de esta época cuando salvó, a base de talonario a los dos principales equipos de fútbol de Mallorca. Primero al Real Mallorca, en la temporada 2001-2002, donde su intervención evitó el descenso administrativo del equipo. Más recientemente (temporada 2011-2012) al Atlético Baleares. Con ambos equipos la estrategia fue la misma: ser la tabla de salvamento, para luego retirarse, mientras gente de su confianza trabajaba para convencer a otros empresarios y fortunas de la conveniencia de invertir en el club.

Fue en esa época cuando a Cursach se le empezó a relacionar con personalidades en círculos financieros y políticos. Así, por ejemplo, tanto Bancaja, como el Banco de Valencia, aparecen sucesivas veces como socios en diversas operaciones del empresario.

Es el caso de Mallorca Mega Ocio, una empresa en la que el Banco de Valencia tuvo el 49 % del capital y el Grupo Cursach Ocio, el 51 %. La firma se constituyó en febrero de 2003 con el propósito de construir y explotar grandes complejos deportivos en las principales ciudades españolas bajo la marca Megasport Centre, que es la que explotaba Cursach en Mallorca. Dos de las ciudades donde se proponían instalarse eran Barcelona y Valencia. Pero el proyecto fue frenado el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.

Igualmente, en la operación para rescatar al Real Mallorca mediante una ampliación de capital por 17 millones de euros, once de esos 17 millones los financió Bancaja, que entonces controlaba casi el 40 % del Banco de Valencia. El subdirector general de la caja y director general de la unidad de negocio de Baleares y Canarias, Ramón Roselló, se incorporó como secretario al nuevo consejo del club de fútbol.

Curiosamente, Bancaja fue también la entidad que concedió un crédito al expresidente Jaume Matas para abonar la fianza de tres millones que le fue impuesta en el caso Palma Arena. Para redondear la rosquilla, Cursach y Matas han compartido eventos, fotografías, partidos de pádel y buenas palabras el uno con el otro en los tiempos de vino y rosas del expolítico.

Ahora, el empresario mallorquín está en prisión preventiva sin posibilidad de fianza, mientras sus cuentas y andanzas son revisadas con lupa. Su más que posible implicación en la trama de corrupción de la policía local de Palma lo coloca como uno de los principales artífices de la misma. Obtención de licencias de modo irregular, pagos a funcionarios públicos para eludir inspecciones de sus negocios, extorsión, amenazas, coacciones, uso de información privilegiada, delito fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, delito contra el derecho de los trabajadores, falsedad documental, estafa procesal y aportación de documentos falsos en juicio, son algunos de los cargos que se le imputan. A éstos hay que unir otros aún más espectaculares, aunque más difíciles de probar, que van desde el tráfico de drogas, tenencia y distribución de pornografía infantil y homicidio, por lo visto de dos antiguos empleados descontentos. Todo un angelito, aunque sólo una parte fuese probada.

De hecho, la competencia para establecerse y hacerse con un hueco en la noche mallorquina siempre ha sido feroz y muchos los empresarios que tuvieron que acudir a prácticas que hubieran hecho sonreír a más de un capo de la mafia: palizas, extorsiones y sobornos alternaban con otras prácticas menos espectaculares, pero igual de rentables, como podía ser el rellenado de botellas o la permisividad al uso de según qué sustancias o qué prácticas en los locales.

En el caso de Cursach, siempre se le relacionado con sospechas que nunca derivaron en causas penales. Por ejemplo, dos antiguos hombres de confianza fueron apresados por tráfico de drogas y la gran disco de Calviá llegó a ser clausurada. Pero Cursach pleiteó y ganó. O como la tenencia en nómina de matones a sueldo que asegurasen el buen fin de los negocios de la compañía. A finales de los 90, con un Mercedes (a veces con un Ferrari) paraba ante la comisaría de Palma para recoger al jefe de Policía e irse de juerga. Un tiempo después, este cargo de la policía, dejó el cuerpo y se incorporó a tiempo completo bajo las órdenes de la compañía, haciendo, presuntamente, de enlace entre policía local y la empresa.

Los contactos políticos, tanto en Palma, como en Calviá (con Magalluf como punto clave) permitieron, por un lado, automatizar el procedimiento, engrasando la maquinaria con dinero de la noche y, por otro, dar salida a los ingentes ingresos añadiendo líneas de negocio al entramado. Así, nacieron los hoteles, restaurantes, gimnasios y demás empresas del grupo. Dando lugar incluso a negocios fracasados como BCM Airlines: una compañía aérea que traía a la clientela directamente de Europa a la puerta de la discoteca para pasar una noche loca y devolver a los resacosos clientes a su lugar de origen tras un fin de semana salvaje.

El caso es que los investigadores de la Fiscalía Anticorrupción y del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional llevan tiempo recabando testimonios de personas que atribuyen al magnate y a sus empresas maniobras presuntamente mafiosas. Tratan de esclarecer si Cursach ha estado durante años liderando una organización criminal que presuntamente corrompía a agentes policiales y políticos para favorecer a sus negocios y hostigar a los de su competencia.

Evidentemente, llegados a este punto, comprobar si tenía a todos sus empleados con contrato laboral, o si les pagaba las horas correspondientes es para echarse a reír.

Tras dos años de negociaciones, y con todas las propuestas rechazadas por la Comisión Europea, los estibadores españoles han comenzado sus jornadas de protestas, jornadas que pueden acabar con un recrudecimiento generalizado que desembocaría en una huelga general.

El origen del conflicto arranca con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 11 de diciembre de 2014, que considera que España incumple la normativa comunitaria al no respetar la libertad de establecimiento y contratación en el sector de la estiba y desestiba (carga y descarga de mercancía marítima). El asunto ya se ha cobrado 21,5 millones de euros de sanción, según el Ministerio de Fomento.

En España, las empresas de este exclusivo sector tienen la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y, además, participar de ésta económicamente. Es decir, las empresas que quieren operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar solo a sus estibadores.

Y es este sistema cerrado de acceso a la actividad lo que suscita polémica, porque la entrada de trabajadores es muy restringida y controlada por Sagep al 100%. Dando lugar a salarios elevados: 60.000 euros al año, según fuentes de Fomento, y a un excesivo control y dependencia de la actividad a las decisiones de la Sagep, controlada mayormente por los sindicatos.

La decisión tomada por el Gobierno es acabar con esta situación. Para ello ha preparado un decreto ley para la liberalización de la estiba en los puertos españoles que cumpla con las exigencias de Europa. Y, ante su entrada en vigor este pasado viernes, se han encendido todas las alarmas entre el colectivo de estibadores. Ya que acabará con la posición de privilegio de la Sagep, al permitir la existencia de empresas que no tengan que pertenecer a la misma y, además, terminará con la existencia del registro de trabajadores, principal punto de exigencia de Europa.

La norma busca la liberalización de la contratación de los trabajadores. Pudiendo las empresas contratar libremente sin necesidad de pasar por el registro de trabajadores aprobado por la Sagep. La única condición será la exigencia de la formación de estos trabajadores: bien por la formación profesional reglada y aprobada por Fomento (o sus equivalentes de otros países, debidamente reconocidas), bien por la posesión de un certificado de profesionalidad habilitante, o bien por la acreditación, por parte del trabajador, de más de 100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de manipulación de mercancías.

Y para redondear la jugada, el decreto posibilitará que las empresas que tengan contratados trabajadores impuestos por la Sagep puedan despedirlos, haciéndose cargo la Autoridades Portuarias de los Puertos de Interés General, de las indemnizaciones que estas empresas deban desembolsar.

En definitiva, que la norma intenta acabar con una posición de predominio que mantenían los sindicatos, y que presuntamente hacían funcionar la Sagep como su propio cortijo, favorecer a unas empresas, que lo único que hacían era repercutir a sus clientes los costes excesivos a los que la Sagep les hacía incurrir, abrir la puerta a trabajadores de toda índole, mejor o peor preparados, pero indudablemente peor pagados y además indemnizar a los trabajadores hasta ahora “privilegiados” a costa del bolsillo del ciudadano.

El caso es que, según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), uno de los principales sindicatos de los estibadores, que no quieren ser los malos de la película, llevaban un tiempo negociando con la patronal del sector: la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras (Anesco), y habían llegado a un preacuerdo con ellos para adecuarse a la exigencia europea, en un “claro gesto de apuesta por el consenso y el entendimiento en el sector”, según la coordinadora.

Sin embargo, este acuerdo no fue ratificado por la asamblea de la patronal “por la irrupción del ministro de Fomento” y su decreto antes de que culminara el proceso negociador. Según la CETM, este acuerdo da respuesta a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era aceptado por la patronal y “la irrupción de un decreto ley autoritario ha dinamitado el diálogo”.

Así las cosas, ha habido paros 20, 22 y 24 de febrero, por ahora sin demasiadas consecuencias. Sin embargo, no hay que olvidar por qué este colectivo goza (o gozaba) de esa posición privilegiada en las negociaciones. Su capacidad de paralizar el tráfico de mercancías en cualquier puerto es evidente y demostrada, además es un colectivo con unos lazos de unión muy fuertes a nivel nacional e internacional, de modo que podría hasta conseguir bloquear o retrasar las mercancías con destino a España en los puertos de origen, de hecho, ya han hecho gala de sus apoyos internacionales en los informativos de todo el país. Por otro lado, no hay que olvidar que por los puertos pasa el 86 % de las importaciones y el 60 % de las exportaciones, lo que supone el 1,1 % del PIB nacional y el 20 % del PIB del transporte. Alrededor de la estiba se generan más de 150.000 empleos, entre los directos y los indirectos, siendo los afectados por la reforma legal unos 6.150 trabajadores, la mayoría en Algeciras, Barcelona y Valencia.

Tras la aprobación del decreto, los sindicatos ya han anunciado nuevas movilizaciones. Tres semanas de paros a partir del próximo 6 de marzo que podrían dar lugar a paralizar tanto la producción del país, como hacer muy difícil la vida en ciudades que reciban una parte significativa de sus productos de primera necesidad por vía marítima, tales como ambos archipiélagos y muchas ciudades costeras.

Lo de que la justicia ha de ser independiente, equitativa y rápida es algo que por mucho que nos lo repitan no dejamos de sonreír cada vez que lo oímos de la boca de algún bienintencionado. Quizás los dos primeros adjetivos sean más discutibles, pero rápida, lo que es rápida, en España no lo es.

Once años hemos debido esperar para ver un paso relevante hacia el final del “caso Noos”. Y aún así, esto no es el final, quedan los recursos, apelaciones, cumplimientos de sentencias, etc., pero sí es un paso firme hacia el desenlace. ¿El resultado de la sentencia? Los habrá satisfechos, los habrá indignados y, sobre todo, mucho indiferente, que ya de todo se cansa uno, y mantener la tensión 11 años no es nada fácil.

El origen del caso comenzó con una consulta parlamentaria del grupo socialista al gobierno balear del PP de Matas, en la que preguntaban de forma inocente por el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto Nóos para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte. Los muy ingenuos lo consideraban un derroche.

En realidad, formaba parte de del entramado que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres habían montado, aprovechando su cercanía a la Casa Real, para ofrecer servicios de asesoramiento y organización de foros y eventos turísticos y deportivos en Madrid, Valencia y Baleares.

En total, el Instituto Nóos recibió 2,5 millones de euros de las arcas baleares, 3,5 millones de euros de Valencia y 114.000 del Ayuntamiento de Madrid. A cambio, organizó foros sobre Turismo y Deporte y promovió la candidatura de Madrid 2016. Según la sentencia, se dio el dinero de forma ilegal, saltándose las leyes de contratación, y el dinero fue justificado con facturas falsas.

De esos fondos, alrededor de cuatro millones de euros acabaron en cuentas privadas de Urdangarín y su exsocio Diego Torres. Los flamantes condenados idearon una trama de empresas, de las que Aizoon, participada por la ex Infanta al 50%, era una de las principales, que a su vez facturaba servicios falsos a Nóos para vaciar el instituto sin ánimo de lucro y destinar sus ganancias a sociedades familiares instrumentales que sí lo tenían. El cruce de facturas falsas entre las empresas del entramado para disminuir la base imponible del Impuesto de Sociedades y la evasión de fondos a los paraísos fiscales de Belice, Luxemburgo y Suiza, a través de las empresas tapaderas, fue el último paso.

A partir de julio del 2010, el juez José Castro abre una pieza relativa al Instituto Nóos, dentro del proceso por presunta corrupción conocido como caso Palma Arena. Y comenzaron las funciones en el circo mediático que se montó, las más sonadas fueron las primeras declaraciones de la entonces Infanta, con 200 efectivos de seguridad desplegados (100 policías antidisturbios más 25 efectivos de la unidad canina y de la Unidad del Subsuelo, etc.) y un coste estimado de 20.000 euros para que la pobre mujer pudiera lanzar el mensaje que fue el núcleo central de su defensa: que no sabía nada acerca de que su marido pudiera ser un delincuente.

Pero no fue menos interesante el rifirrafe que mantuvieron el juez Castro, empeñado en llevar al banquillo a la Infanta, y el fiscal Pedro Horrach, metido a abogado defensor, e igualmente empecinado en impedir tal sacrilegio.

Todo esto aderezado por el intento de desvincular a la Casa Real de los negocios del “yernísimo” y que acabarían por influir en la decisión del emérito Rey campechano de dejar los asuntos de la Corona en unas manos más jóvenes con lo cual se cumplirían dos objetivos: por un lado, exonerar al Monarca de una posible implicación, por acción u omisión, en los negocios turbios de Urdangarín y, por otro, eliminar de un plumazo el que una Infanta de España pudiera dar con sus huesos en la cárcel. Con la sucesión monárquica, Dª Elena dejaría de ser Infanta, pasando sólo a ser parte de la familia Real.

Y cuando parecía que ya nada podía dar una nueva vida a ese espectáculo, se destapa el escándalo de Manos Limpias, que pasaron de ser los duros e incorruptibles de la película a aparecer como una banda de mafiosos y extorsionadores que pedían dinero a los imputados a cambio de retirar la acusación particular.

El caso es que ya se ve el principio del fin. Urdangarín condenado a 6 años y tres meses de prisión por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales; de los 19 años y seis meses de prisión que pedía la Fiscalía Anticorrupción. Ahora se estudiará si la misma solicita el ingreso inmediato en prisión, de forma análoga a otros procedimientos recientes de corrupción política, como el Caso Gürtel, o el caso Unión Mallorquina (el partido político nacionalista mallorquín que lideraba Maria Antònia Munar).

Su socio Diego Torres, condenado a ocho años y seis meses. La fiscalía pedía 16 años y medio, menos condena que para Urdangarín.

Y qué sería de un juicio por corrupción en Baleares si no estuviera el expresidente de la comunidad y exministro de Medio Ambiente en la era Aznar, D. Jaume Matas, acusado de delitos de malversación (en concurso con prevaricación y falsedad) y fraude, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. Matas ya ha recibido sentencias condenatorias en otras dos causas por delitos de corrupción, y lo que le queda…

En cuanto al resto de los acusados, hasta un total de 17, la mayoría cargos públicos de Baleares, Valencia y Madrid, pequeñas condenas y bastantes absoluciones.

A destacar el serio toque de atención a Manos Limpias, condenada a pagar las costas del juicio a la ex Infanta y el 50% de las de Ana Mª Tejeiro, la esposa de Diego Torres.

En cuanto a la Infanta, felicidad. Ha sido absuelta, con la alegría de sólo tener que pagar una multa de algo más de 265.000 euros, como responsable, a título lucrativo, del caso Noos. Teniendo en cuenta que ya había depositado en el juzgado 587.413 euros, le tendrán que reembolsar la diferencia. La pena le vendrá si su marido ingresa en prisión, lo que le podría impedir cumplir su deseo de “que acabe esto para no volver a pisar este país”.

Siguen todavía los movimientos en la banca española. Tras todos estos años de ajuste, quien pudiera pensar que el proceso de transformación del sector financiero había llegado a su fin tras la defenestración de las cajas de ahorro y los procesos de fusión y absorciones, estaba equivocado.

De hecho, el proceso de transformación de la banca, que incluirá alguna fusión más, seguramente, pasa por un proceso de reconversión y transformación: ajustando las plantillas y oficinas a los hábitos de los consumidores y transformándose para evolucionar hacia una gestión en la que lo digital va a ir adquiriendo más peso. De hecho, aquellas entidades que no entiendan que el mundo ha cambiado y que la banca tradicional debe dar paso a una banca digital mucho más rápida y ágil capaz de dar respuesta a las necesidades actuales de particulares y empresas, se verán abocadas a la desaparición.

En este caso es el Banco Popular el que centra el interés. Tras publicar unas pérdidas históricas de 3.485,3 millones de euros en 2016. El banco ha destinado la friolera de 5.692 millones a provisionar la porquería oculta en el balance acumulada durante los años de la crisis. El objetivo: limpiar el banco lo máximo posible de cara a una inminente ampliación de capital, o la entrada de un nuevo socio, o las dos cosas.

De estas provisiones extraordinarias tenemos 4.200 millones dotados para cubrir créditos fallidos e inmuebles adquiridos, 229 millones para cubrir el impacto de las cláusulas suelo, 240 millones para cubrir el deterioro del fondo de comercio de su participada, y casi malograda, TargoBank o 370 millones para dotar el plan de ajuste.

Esta medida se une a la reciente de pactar la salida de un 20% de su plantilla en España. Unos 2.592 trabajadores, la mayoría (unos 2.000 aproximadamente) de más de 55 años, a los que se les ofreció, al menos, el 70% de su sueldo (dependiendo de la edad), y el resto, excedencias o indemnizaciones generosas para no añadir conflictividad laboral a la difícil situación financiera que atraviesa la empresa. En cuanto al número de oficinas, unas 302 andan echando el cierre.

En cuanto a sus resultados de cara a sus accionistas… Sólo en los últimos resultados, tras confirmarse las pérdidas de casi 3.500 millones, sus acciones se desinflaron un 16%. Los 0,85 euros de cotización actual se acercan ya a los mínimos históricos registrados a finales de noviembre. Lejos, muy lejos de los 16 euros por acción del 2007.

Por otro lado, bancos de inversión como Barclays, Goldman, JP Morgan y UBS descuentan que la compañía no podrá retribuir al inversor con cargo a las cuentas de 2017, como prometió su presidente Ángel Ron. De hecho, no se espera que la entidad vuelva a repartir dividendos, como mínimo, hasta el 2019.

En cuanto al futuro de la entidad, según JP Morgan una fusión de Popular con otro banco español “es difícil”. Sin embargo, en el informe se señala que el precio de una oferta pública de adquisición sobre Popular debería situarse en unos 7.400 millones de euros. Esta valoración duplica la capitalización de la entidad en el mercado (3.700 millones de euros), pero incluye varios elementos adicionales. Como podría ser una posible ampliación de capital previa a la compra para sanear el banco de 1.800 millones, un aumento de provisiones por morosidad de 2.300 millones y un valor de 400 millones por los posibles ahorros que surgirían de una fusión.

Los novios: Santander (que está en todas), BBVA y CaixaBank, que para hacer frente a la operación deberían ampliar capital en 9.000, 8.000 y 8.700 millones respectivamente, según el informe de JP Morgan. Tras asumir esta ampliación y los ahorros de costes tras la fusión, la nota de los analistas concluye que CaixaBank obtendría la mayor rentabilidad: su beneficio neto por acción aumentaría un 6%, frente al 3% de BBVA y el 1% de Santander. Según JPMorgan, este crecimiento de los resultados parece demasiado modesto para justificar el esfuerzo de una operación de este calibre, de ahí la conclusión del informe, que no ve clara la posibilidad de la absorción a este coste.

Otro de los posibles candidatos que también ha sonado con fuerza (y este es otro que últimamente también suena en todas) es Bankia, que no aparece en el informe. Sin embargo, los analistas de UBS señalan a la entidad todavía participada por el Estado como una buena candidata a hacerse con Popular, ya que, según un informe del banco suizo, el beneficio por acción de Bankia podría subir un 58% en caso de hacerse con Popular, frente al 13% que aumentaría el de CaixaBank, el 7% de BBVA y el 1% de Santander. Eso sí, a costa de una ampliación de capital de 12.600 millones y con el coste adicional de que su beneficio por acción bajaría en un 8% en 2018 tras integrar Popular.

El caso es que parece que ha de venir alguien de fuera de la entidad para poner un poco de orden en la casa. Ocurrió con Goirigolzarri en Bankia y ha vuelto a pasar con ahora con la llegada de Emilio Saracho al Banco Popular, que, aunque no sea su toma de poder efectiva hasta el 20 de este mes, el efecto empieza a notarse, bien porque sea exigencia suya, bien por tratar de dejarle las cuentas para que pueda empezar desde cero, bien porque lo que se le quiere dejar es un regalo envenenado.

La siguiente estación de la reestructuración bancaria española: Banco Mare Nostrum o averiguando si Bankia carga con el muerto.