Manuel González

Hace poco más de un año vio la luz un libro llamado “Ascenso y caída del crecimiento norteamericano – El nivel de vida norteamericano desde la Guerra Civil”, de un autor llamado Robert J. Gordon. Este libro, que podría ser como tantos otros que se escriben casi cada día sobre economía, tiene dos cosas en particular que le hacen merecedor de una especial atención. En primer lugar, el autor, que, a partir de la publicación de su ensayo, ha estado en boca de todos: desde Lawrence Summers (ex rector de Harvard, ex secretario del Tesoro con Bill Clinton y también asesor de Obama), que lo cita cada vez que le surge la ocasión, hasta medios periodísticos, que toman sus ideas para explicar casi cualquier cosa de índole económica que ocurra en Estados Unidos. La segunda peculiaridad que distingue a este libro es la idea defendida, que razona la sobrevaloración que le estamos concediendo a la revolución digital como factor de crecimiento económico.

La idea defendida en el libro se puede resumir en tres puntos:

1. La verdadera revolución tecnológica, que acarreó verdadero crecimiento del bienestar de la sociedad a tasas nunca vistas en la historia de la humanidad ocurrió desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, en lo que se podría denominar el siglo de oro de la humanidad. Tal revolución vino de la mano de la industria farmacéutica, la revolución energética que vino con el desarrollo de la electricidad y el motor de combustión y el desarrollo de las comunicaciones.
2. La revolución digital, como continuadora de las invenciones descritas está sobrevalorada: no aporta, ni de lejos, el valor añadido que aportaron las invenciones ocurridas durante ese siglo dorado.
3. El crecimiento económico seguirá, pero tendrá difícil volver a aquellas cifras de mediados del siglo XX.

La idea parte del hecho de que, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el progreso económico fue increíblemente lento; de hecho, hasta el comienzo de la Revolución Industrial, el nivel de vida se multiplicó por dos, con un crecimiento del 0,00002% cada año.

Entre 1800 y 1870, con la llegada de los telares y la máquina de vapor, volvió a duplicarse, y a partir de ahí fue cuando despegó la economía mundial. La productividad creció a gran velocidad a partir del final del siglo XIX, alcanzó su cima en 1950 y después se frenó. El autor cree que las innovaciones han sido más lentas desde esa época y que los beneficios de las mejoras tecnológicas se han repartido peor. La primera afirmación puede ser discutible, pero la segunda es indudablemente cierta.

¿Los datos? Fáciles, si se mira la serie histórica del crecimiento del PIB de cualquier economía occidental, se verá que, en las últimas 4 décadas, el crecimiento económico se ha dado, pero lejos de las cifras que se alcanzaron unas décadas atrás, y esto, a pesar de la crisis del 29 y de las dos guerras mundiales.

Los inventos que sustentaron este descomunal crecimiento fueron básicamente la electricidad, el saneamiento urbano, los productos químicos y farmacéuticos, el motor de combustión y las comunicaciones modernas. Pero no fue sólo el inventarlos, sino su universalización lo que provocó las altas tasas de crecimiento. Los inventos mencionados se explotaron y perfeccionaron entre 1920 y 1970, y todas las cosas sucedidas desde entonces son meros ecos de aquella gran oleada, según el autor.

La tesis de Gordon es que los métodos convencionales para medir el crecimiento económico omiten algunos de los principales beneficios para el nivel de vida y, por consiguiente, subestiman el progreso. Los criterios normales para medir el crecimiento no tienen en cuenta las mejoras en sanidad ni esperanza de vida, ni tampoco la influencia de la electricidad, el teléfono o el automóvil. La revolución económica provocó que, por primera vez en la historia, las familias fueron liberadas del esfuerzo y el dolor diario del trabajo manual, las labores más pesadas, la oscuridad, el aislamiento y la muerte prematura.

En sólo cien años, la vida cotidiana cambió hasta ser irreconocible. Las labores manuales al aire libre se habían sustituido por el trabajo en espacios interiores climatizados, las tareas domésticas estaban cada vez más en manos de electrodomésticos, la oscuridad se había llenado de luz y el aislamiento había desaparecido gracias a los viajes, al tiempo que las brillantes imágenes de la televisión llevaban el mundo a todos los cuartos de estar. Lo que sucedió entre 1870 y 1970 fue algo único en la historia.

En los años setenta, la subida de los precios del petróleo, el aumento de la desigualdad social y la competencia que comenzaba a darse desde los países emergentes provocaron un descenso de la productividad de la economía occidental. Además, en los últimos años hay que añadir los problemas derivados del envejecimiento de la población, que dificultan el mantenimiento del “Estado del Bienestar” y están dando lugar a un aumento del descontento social.

Y es en este punto en el que Gordon habla de los “tecnoptimistas”, refiriéndose como aquellos que creen que actualmente vivimos una época de esplendor gracias a los nuevos inventos digitales, capaces de redefinir nuestra economía y mejorar sustancialmente nuestro modo de vida. Para el autor, esto es absurdo. Sólo hemos de considerar los datos económicos: no hay pruebas de que se esté produciendo tal transformación.

En opinión de Gordon, las innovaciones actuales son mucho más reducidas y contribuyen mucho menos a mejorar el nivel de vida que las de aquel siglo tan especial. Se está dando, de hecho, una disminución paulatina de la productividad, medida como el PIB de un país dividido por el total de horas trabajadas. De hecho, podría verse que la tercera revolución industrial (la digital) está teniendo menor impacto económico que la segunda (la de la electricidad y el motor de explosión), lo que podría hacer buena la frase del Nobel Peter Solow: “La era de los ordenadores se ve en todas partes excepto en las estadísticas de productividad”.

Una posible explicación de esta disminución de productividad podría venir del hecho de que realmente producimos más bienes y a menor coste que antes. Esto está provocando un desplazamiento del factor humano en los procesos de producción en favor de la mecanización, lo que aumenta el desempleo y un aumento de empresas de servicios dedicadas al ocio y a la mejora de la calidad de vida.

Así pues, ¿estamos realmente asistiendo a una época en la que realmente la aportación digital no está siendo tan importante como aportaciones tecnológicas de épocas anteriores, o sí que está realmente aportando productividad, pero se disipa en aumentar calidad de vida, algo que difícilmente se puede medir con los indicadores económicos tradicionales?

Fiel a las promesas que le llevaron a ganar la presidencia de su país, Donald Trump ha comenzado a cumplir a rajatabla los puntos marcados en su agenda. Para empezar el anuncio de un aumento relevante de los aranceles a las importaciones, anuncio que ven con preocupación sobre todo China, México, Japón y Alemania, que son los países responsables de gran parte del déficit comercial de Estados Unidos. Entre enero y noviembre de 2016, el déficit comercial de EEUU con China era de 319.300 millones de dólares, con Japón alcanzó los 62.400 millones, con Alemania los 59.600 millones y con México 58.800 millones de dólares, según el US Census Bureau. Y según las opiniones del presidente electo y su equipo económico, este déficit comercial es una de las causas de la destrucción de puestos de trabajo en Estados Unidos.

Este anuncio forma parte de su primera medida en firme: la retirada de EE UU del Acuerdo Transpacífico, un acuerdo con 11 países de la cuenca del Pacífico y que constituye un primer paso para luchar contra la deslocalización de la industria norteamericana. Dentro de este contexto se engloba el anuncio de la renegociación del tratado de libre comercio con Canadá y México (el acuerdo NAFTA, según sus siglas en inglés) y del que, por ahora, no contempla retirar a su país, tan sólo renegociar sus términos, al menos en lo que a México se refiere.

Pero es que es con ese país con el que de momento la parece tener tomada. No sólo desearía castigar las exportaciones de este país hacia estados Unidos, también desea cortar el río de inmigrantes, buena parte de ellos ilegales, que cruzan la frontera cada día en busca de un futuro mejor. Y aquí es donde nace la idea del muro.

Desde que los mexicanos lograran su independencia en 1821, las relaciones de estos dos vecinos han oscilado entre el conflicto y la colaboración, en función de las circunstancias. Han tenido guerras, desde El Álamo, que culminó con la anexión de Texas, pasando por la guerra de 1846 al 1848, que provocó la pérdida para los mexicanos de la mitad de su territorio, hasta la última en 1.914, con la conquista de Veracruz por parte del ejército estadounidense que provocó la caída del gobierno mexicano. A lo que se une en 1.916 la incursión de Pancho Villa, que estuvo de nuevo a punto de provocar otra guerra.

Sin embargo, la paz y la cooperación han sido una constante entre ambas naciones desde el final de la Revolución Mexicana. Es más, desde la entrada en vigor del tratado NAFTA en 1.994, México ha podido acceder sin trabas al mercado estadounidense, el mayor del mundo, lo que le ha permitido experimentar una transformación radical de su economía, ahora más orientada al exterior y a la venta de productos manufacturados, en lugar de bienes primarios.

Las exportaciones mexicanas pasaron en solo seis años de suponer el 16% del PIB real mexicano al 35,1%. En concreto, las ventas a Estados Unidos se han multiplicado por seis con el libre comercio, una transformación que ha llevado a reorientar el empleo hacia el comercio exterior. El cambio se ha dejado notar en el PIB mexicano, que en dos décadas aumentó más del doble.

Para Estados Unidos el resultado ha sido más agridulce. Las exportaciones a México se han cuadruplicado desde 1994 y este país es el segundo destino de sus productos, solo detrás de Canadá. En el lado negativo, hay estudios que indican que con el Nafta la industria automovilística estadounidense ha perdido 350.000 empleos desde 1.994, mientras que en el sector en México se han disparado de 120.000 a 550.000.

Y así las cosas, llega Donald Trump, con la promesa de repatriar la industria, de revertir la globalización y recuperar los empleos que se destruyeron en suelo patrio para crearse en el extranjero. Y como corolario de tal política, si el empleo ha de ser para los norteamericanos (referidos a los del norte) que no vengan los otros norteamericanos (es decir, esos mexicanos del sur), de forma ilegal, a quedarse con el empleo tirando además los salarios por los suelos.

Sin embargo, la idea de la construcción de un muro no es algo nuevo. De hecho, el muro de Trump, consistiría en terminar el que se inició en 1.994, bajo el gobierno de Clinton, en el marco de la Operación Guardián, y que se empezó a construir por el mismo motivo: contener la inmigración ilegal. Este muro consta ya de más de 1.000 kilómetros construidos, lo que supone la tercera parte de la longitud de la frontera entre ambos países.

El caso es que el quien ha de pagar el coste de tal obra, estimado entre 12.000 y 15.000 millones de dólares, es el principal motivo de la polémica actual. Y es que el presidente Trump ha decidido que México ha de pagar la factura. Trump ha precisado que la construcción del muro empezará en “meses” y que, aunque Estados Unidos adelantarán el dinero necesario para iniciar el proyecto, ese pago será “reembolsado por México”, que se hará cargo del “cien por cien” del coste de la edificación. Además, según él esto mejorará las relaciones entre los dos países.

La respuesta mexicana, fue clara: en una aparición televisiva su presidente rechazó la idea de pagar ningún muro y canceló la reunión prevista con su homólogo del norte.

Las armas de México contra las decisiones de su vecino del norte son varias, pero probablemente insuficientes:

Por un lado, México es el segundo cliente de Estados Unidos, por detrás de Canadá, a pesar del déficit de Estados Unidos de 60.000 millones de dólares con México. Las compras mexicanas ascienden a 230.000 millones de dólares anuales, con el consiguiente efecto sobre el empleo.

Por otro lado, México es el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y, aunque muy mejorable, en política inmigratoria.

Además, el empeoramiento de la relación con Estados Unidos podría acercar a México hacia China, lo que podría alterar el equilibrio político-económico de la zona.

Por último, y la razón más obvia, si penalizas con aranceles, sancionas a las empresas que inviertan en tu casa de tu vecino y permites que la crisis le empobrezca, tienes un problema a la puerta de tu casa, lo que puede dar lugar a una ola migratoria aun mayor que la que ahora pueda haber. Y puede que tu muro no sea lo suficientemente alto, lo pague quien lo pague.

La automatización de la fuerza laboral crece a toda velocidad en el siglo XXI. La digitalización de la sociedad y la robotización del mercado laboral avanzan a pasos agigantados provocando la pérdida de empleos tradicionales que ahora, por un coste laboral cero, son desempeñados por máquinas, y esta tendencia aumentará en el futuro.

Tan preocupante puede llegar a ser el tema que se apunta, de hecho, que para el 2020, la robotización habrá acabado con 5 millones de puestos de trabajo para siempre, y sólo será el comienzo. Un estudio de la Universidad de Oxford (PDF) vaticina que el 57% de la fuerza de trabajo humana en los países de la OCDE está en riesgo de desaparecer por la automatización y los avances tecnológicos. La preocupación viene por el previsible descontento social que tal proceso provocará, ante la más que segura creación de bolsas de pobreza y el aumento de la desigualdad.

Es con el fin de paliar este efecto colateral de las pérdidas de empleos por el que se sigue hablando de la creación de una renta básica universal. Es decir, una renta que se perciba por cada persona sin importar su sexo, patrimonio ni situación laboral. Y este es el tema que, por segundo año ha vuelto a hacer su aparición en el marco de las conversaciones del Foro de Davos.

En el Foro se han dado cita algunos de los principales expertos en la materia, que exponen ante este selecto auditorio lo que de alguna forma se respira en los pasillos como irrefrenable: la clase media del primer mundo seguirá siendo mermada en sus ingresos e irá desapareciendo, polarizando la sociedad en una élite rica y una enorme masa de pobres. Por eso también en el Foro se habla de otras fórmulas para edulcorar el capitalismo: “capitalismo responsable” o “capitalismo ético”.

El caso es que Finlandia ha puesto recientemente en marcha un experimento que puede ser calificado como de visionario o de temerario, dependiendo a quien se le pregunte. Por sorteo ha escogido a 2.000 ciudadanos sin empleo en noviembre del año pasado y les ha concedido una Renta Básica de 560 euros mensuales sin condiciones. La mantendrán durante dos años, sea cual sea su poder económico y encuentren o no trabajo en este tiempo. No la tienen que declarar y no la perderán bajo ningún concepto.

Los detractores ven la iniciativa proteccionista y económicamente ruinosa a la larga; sus defensores, como un paso importante para proteger a los ciudadanos ante la precarización del empleo. El objetivo es doble: por un lado, se trata de analizar si el hecho de tener una renta garantizada desincentiva o no la búsqueda de empleo; por otro, se busca dar paso al debate sobre el modelo de financiación del Estado del Bienestar. Es decir, persiguen conocer si los ciudadanos estarían dispuestos a renunciar a ciertas prestaciones sociales a cambio de tener garantizado un ingreso mensual. O si están dispuestos a pagar más impuestos a cambio de la mencionada Renta Básica.

Pero este no es el único experimento, ni el de más calado. En Kenia, una organización liderada por Alan Krueger (ex asesor económico de Obama) está recaudando fondos (hasta septiembre llevaba 21 millones de dólares) para llevar a cabo un experimento de renta básica con tintes sociológicos. Han sido seleccionados 26.000 beneficiarios y se les ha dividido en tres grupos. Al primero se le harán pagos mensuales a lo largo de doce años, al segundo, el mismo montante total, pero en pagos mensuales durante dos años, al tercero un único pago de golpe de toda la cantidad. Con esto se pretende ver el impacto de una renta sobre un determinado grupo humano que tiene garantizados pagos a corto, medio y largo plazo.

Todos estos experimentos tienen su antecedente en Canadá. En la localidad de Dauphin, se concedió a toda la población una asignación mensual. Cada cual en una cantidad inversamente proporcional a su nivel de ingresos. El experimento duró desde 1.974 hasta 1.979 y las conclusiones se publicaron en 2.011 en el libro “El pueblo sin pobreza” (PDF). Según éstas, el empleo apenas se resintió en la población, mientras que el efecto psicológico positivo obtenido por la seguridad económica de los sujetos compensó sobradamente cualquier efecto adverso.

Lo cierto es que, experimentos aparte, el debate sobre la renta básica está en el aire. La idea, procede del siglo XVIII, cuando Thomas Paine señaló que todo ciudadano debía percibir una renta como compensación por la explotación privada de los recursos naturales, que pertenecen a todos, y tiene como primer objetivo no sólo mejorar el nivel de vida de los hombres, sino proporcionarles un mínimo indispensable para subsistir. Es decir, que su puesta en práctica nos permitiría eludir la miseria y gobernar mejor nuestro tiempo de vida.

Sin embargo, la parte más dura del debate está en su posibilidad de financiación, de momento, y con el actual sistema fiscal, insoslayable. Pero hay un componente ideológico importante que también se tiene muy en cuenta por los detractores de la medida: ofrecer una renta a cambio de nada es fomentar la creación de una población subvencionada, que no tendría interés ni necesidad de trabajar y que dedicaría su existencia a vivir a costa del resto de la sociedad.

En nuestro caso, no hay que olvidar que en España tenemos casi 13 millones de personas en riesgo de exclusión, 730.000 hogares no tienen ingresos y 2,5 millones de trabajadores son pobres a pesar de tener un sueldo. Es decir, a día de hoy, una buena parte de la población trabaja para ser pobre, siendo este colectivo el que más se beneficiaría de esta renta. Con ella, se tendría garantizado el comer y pagar las facturas básicas cada mes, si se quisiera aspirar a algo más, como una casa en propiedad, un coche, etc. sólo podría hacerse a través de un trabajo remunerado, con lo que el nivel de empleo no tendría por qué verse afectado. Y sí, positivamente, el nivel de consumo.

Visto así, hasta podría ser positivo. Lo que está claro es que, dada la evolución hacia la que camina el mercado de trabajo, dados los niveles de salarios y dados los índices de desigualdad social, si no es esta la solución, con las variantes que se crean oportunas, habrá que inventarse otra.

Hace unos 200 años los seres humanos descubrimos que podíamos utilizar la energía solar fósil almacenada en el carbón y en el petróleo. Las aplicaciones de tal descubrimiento han sido tantas, y tan variadas, que se comenzó una etapa de crecimiento económico y avances sociales como nunca antes en la historia.

Pero en este mundo nada es gratuito, aunque a veces cueste ver el precio a pagar.  Consecuencia de esa extracción de energía solar fósil es el cambio climático y la polución del aire. Problemas que además se agravan debido a la codicia humana que, sin ir más lejos, comenzó a utilizar un producto de desecho, como es el gasóleo, y fomentar su uso vía subvenciones, con el fin de exprimir al máximo el proceso de refinado del petróleo.

La contaminación más dañina de los vehículos tiene dos partes. Los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión.  Los óxidos de nitrógeno son precursores del ácido nítrico, uno de los productos químicos más agresivos que conocemos. Se producen en la quema de cualquier combustible, pero se generan más óxidos en la quema del aceite (gasóleo, aceite de petróleo) puesto que este arde dentro de los cilindros a mayor temperatura que la gasolina.

En cuanto a las partículas en suspensión salen al aire en los gases de escape de los motores del ciclo diésel de gasóleo. En el proceso del refino del petróleo, la gama que va desde los hidrocarburos pesados hasta llegar al alquitrán, contienen, cada vez en mayor medida, estas partículas en suspensión. Con su combustión pasan a la atmósfera.

Ya hace alrededor de una década las autoridades europeas decidieron que los gases de escape de los motores diésel de gasóleo eran extremadamente dañinos y forzaron a las refinerías a filtrar las partículas en suspensión en el gasóleo de diámetro mayor de 2,5 micras, pero el gasóleo sigue teniendo, en abundancia, partículas menores de ese diámetro. Esas partículas siguen saliendo por los tubos de escape de los motores diésel, pero ya no disparan las alertas en los análisis de los gases de salida. Sin embargo, son esas micro partículas las que se acumulan en nuestros pulmones.

Ante la contaminación, algunas autoridades municipales, por hacer algo, toman medidas absolutamente inútiles, como hacer calles peatonales, o restringir la circulación en ciertas zonas de la ciudad de los coches de matrículas pares o impares en los días correspondientes.

La medida ya es ineficaz si se mantiene durante meses, pero es absolutamente inoperante si se hace un solo día. Los óxidos de nitrógeno se mantienen dos días en el aire y las micro partículas durante semanas. Además, lo que importa es la acumulación de las sustancias dañinas. A más concentración de las mismas, la acumulación en los pulmones de la población es más rápida, pero ésta sigue existiendo.

Por tanto, la solución al problema pasa por eliminar el uso de gasóleo de una manera paulatina en 10 años. Los coches no suelen durar más de ese tiempo, y si su precio se incrementa al doble por ataque al medio ambiente y a la salud de las personas, éstas dejarán de comprarlos. De la misma manera que durante años se subvencionó el gasóleo reduciendo artificialmente su precio, hoy se puede poner su precio al doble del de la gasolina.

Pero ¿hasta qué punto es grave el problema?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una alerta por la pobre calidad del aire en las zonas urbanas de todo el planeta que “está matando a millones y colapsando los sistemas sanitarios”. Esta conclusión se produce a la luz de los datos analizados en 2.000 ciudades y que corroboran el grave deterioro de la calidad del aire en la mayoría de las zonas urbanas del planeta desde el 2014, principalmente como resultado de las emisiones del tráfico y de las centrales térmicas de combustibles fósiles (con el polvo de las construcciones y la madera quemada en las casas como factores también decisivos en los países emergentes).

Según datos de la ONU, la contaminación en las ciudades contribuye a casi 3,4 millones de muertes prematuras en todo el mundo cada año y es un factor decisivo en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como en los ictus cerebrales. La mayoría de las muertes se producen en los núcleos urbanos de China (1,4 millones), seguidos de la India (645.000) y Pakistán (100.000). Pero en Europa, no deja de ser preocupante, donde se estima que se producen 432.000 muertes prematuras al año por la contaminación (más un coste calculado en 1,4 billones de euros para los sistemas sanitarios). En España (PDF), las estimaciones rondan las 27.000 muertes anuales. Esto se traduce en un aumento de los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica en unos 46.000 millones de euros, según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud. Sin contar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales, que también implican costes económicos.

Pero, ¿qué se está haciendo, y qué se puede hacer en España para reducir los niveles tan elevados de contaminación actuales, teniendo en cuenta además que el tráfico es el elemento que más influye en la calidad del aire?

Aparte de continuar y profundizar en las medidas de información, medición y sensibilización, que buscarían el fomento del uso de alternativas más ecológicas al transporte actual (como puede ser un transporte público más eficaz o penalizar el uso del privado), el principal caballo de batalla debería ser el fomento del coche eléctrico, lo que liberaría a las ciudades de su principal foco contaminador. Sobre todo, si esta implantación se combina con la producción eléctrica con energías renovables.

Sin ir más lejos, el éxito de empresas de alquiler de vehículos eléctricos por horas en Madrid apunta que se puede estimular el uso de coches eléctricos, como coches de usar y dejar y como leasing a los conductores. Para ello sería preciso instalar cargadores eléctricos en todas las calles de las ciudades.  Si esto se complementa con una oferta de transporte público más eficiente y económica, el resultado sería, por las meras leyes de mercado, que las personas dejen sus coches particulares y prefieran los eléctricos públicos.

Evidentemente, la resistencia sería terrible, como la hubo en su día a la implantación de los vehículos de tracción mecánica, sin embargo, hay que entender que esto sería como en cualquier cambio en el modelo productivo de una sociedad. Al fin y al cabo, a los fabricantes de coches les da lo mismo vender motores de gasolina que de gasóleo. No pierden por cambiar de tipo de motor. Y esos mismos fabricantes están ya lanzados a producir coches eléctricos. Estos son aún hoy algo caros, pero también lo eran los primeros coches de motor de explosión. La fabricación en masa de coches eléctricos, como la de cualquier producto, bajará los precios de manera tremenda. Además de que el aumento de la demanda provocará la implementación de avances tecnológicos que abaratarán aún más los precios.

Las que se opondrán con uñas y dientes serán las empresas petroleras. Pero éstas ya ven venir el futuro, y no son pocos los proyectos de producción de energías alternativas que empiezan a ser financiados por ellas, ya que entienden que, si no avanzan en ese sentido, en pocas décadas desaparecerán.

Por tanto, podríamos estar hablando de un cambio en un modelo productivo que, como cualquier substitución tecnológica, generará miles de puestos de trabajo cualificado y destruirá otros muchos. Y una de sus primeras consecuencias sería eliminar la contaminación en las ciudades de forma asequible económicamente, generadora de empleo, en un plazo de 10 años.

La historia de las energías renovables en nuestro país está, a pesar de su corta vida, plagada de altibajos. Si bien el entonces presidente Zapatero anunciaba en el 2010 el objetivo de la creación de un millón de puestos de trabajo vinculados al sector de la energía verde, tan sólo unos pocos años después, la caída de las ayudas públicas al sector, con carácter retroactivo, y una legislación regresiva, que tuvo su culminación en la reforma del sistema eléctrico del exministro Soria, han logrado paralizar el sector. Ahora, muchas de las empresas creadas al calor de las ayudas, que necesitaban de tales para alcanzar su punto de maduración, languidecen y mueren. Y las demandas de inversores nacionales y extranjeros se agolpan en los juzgados.

A día de hoy, se puede afirmar que la política de barra libre de Zapatero fue pésima, al conceder inversiones sin fin a cualquier proyecto de renovable, independientemente de su rentabilidad. Y que esta mala política se ha visto superada por el gobierno de Rajoy, que ha cortado radicalmente el grifo de las subvenciones y penalizado a todo lo que lleve el sello de renovable y autoconsumo. Tanto en un caso como en otro somos el conjunto del país los que pagaremos las consecuencias.

Esto se ve más claro cuando se observan los datos del informe “Energía renovable y empleo”, que elabora la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA). Según en mismo, el sector de las energías renovables está en pleno crecimiento, tanto es así que en 2015 el empleo en el sector creció un 5% con respecto a 2014, hasta alcanzar 8,1 millones de personas (9,4 millones de empleos si se tiene en cuenta la gran hidráulica). Y, además, la capacidad de generación eléctrica con energías renovables aumentó en 151.500 MW, hasta alcanzar 1.985.074 MW instalados.

Este crecimiento se produce a pesar de la crisis económica mundial, y mientras que el sector energético en su conjunto pierde puestos de trabajo. Entretanto, en este mismo periodo, en España se instalaron tan sólo 29 MW (19 fotovoltaicos, 0 eólicos, 0 termosolares, 6 hidráulicos y 4 de biomasa) de nueva capacidad renovable, hasta sumar los 51.749 MW y el número de empleos en el sector renovable se estancó en unos 70.000, cuando en 2008 se alcanzaron 136.163 empleos.

Por tanto, lo que esto significa es que, mientras que en el resto de países el sector goza de crecimiento y de una pujanza alentada por unas políticas que piensan en un largo plazo que va más allá de los cuatro años electorales de turno, en España andamos atascados tras la reforma eléctrica del 2014, que primó las medidas para conseguir la desaparición del déficit de tarifa y castigó duramente a las energías renovables haciéndole responsable del mismo.

Además del paso atrás de España, en estos años ha habido otro cambio sustancial: el creciente liderazgo chino en energía renovable instalada. La preocupación del gigante asiático por liderar el sector al tiempo que combate el frente de la contaminación ambiental (algo en lo que tradicionalmente se le ha acusado de cierta laxitud) no deja de ser sorprendente. Por ejemplo, en 2013, este país superó los kilovatios renovables instalados a los instalados de combustibles fósiles y energía nuclear. De hecho, recientemente el gobierno chino ha anunciado un plan de inversión de 345.000 millones de euros en proyectos de energías renovables hasta el 2020, con el fin de luchar contra la contaminación ambiental y el calentamiento global. Una de las primeras consecuencias sería la creación de 13 millones de empleos directos. Otra sería que, si el plan se cumple, para el 2050, la tercera parte de la energía consumida en China será de origen renovable.

Pero este país no es el único, Estados Unidos está apostando fuertemente por el sector, Alemania, Brasil, etc., hasta un total de 144 países, que ya tienen medidas para fomentar la implantación de energías verdes. De hecho, Estados Unidos, Trump mediante, ha elaborado un plan para que en el 2050 sólo las energías renovables tengan cabida en el país. Coches eléctricos, parques termosolares, eólicos, etc. buscarán la eliminación paulatina de combustibles fósiles, energía nuclear y hasta biodiesel. Según este plan los puestos de trabajo generados por las nuevas tecnologías compensarán sobradamente los eliminados, con la ventaja adicional de una reducción importante de cerca de 46.000 muertes relacionadas con la contaminación del aire que a su vez beneficiaría al sistema de salud; esto sin mencionar los ahorros en el consumo de energía que llegarían directamente a los bolsillos de las familias estadounidenses.

Mientras, España ha pasado de ser una referencia mundial en el sector a quedarnos paralizados y vernos superados cada vez por más países en capacidad instalada. Lo curioso del caso, que demuestra además que la paralización del sector tiene una explicación más política y legal, que económica y de capacitación, es que un buen puñado de los proyectos a nivel mundial que se están construyendo y poniendo en marcha tiene por detrás a empresas españolas, que han tenido que buscar sus oportunidades fuera.

Lo cierto es que, de continuar así, tendremos complicado asumir el compromiso adquirido con la Unión Europea para el 2020. Según este acuerdo, España se comprometió a que el 20% de la energía consumida sea de origen renovable. De hecho, el plan que presentó preveía un porcentaje del 20,8%, pero el hecho de que las decisiones del gobierno no parezcan indicar próximas construcciones de instalaciones y que las medidas legales estén afectando negativamente a las existentes, está afectando seriamente a la inversión, lo que hará que la producción de energía se resienta, y así difícilmente llegaremos al objetivo comprometido.

Ya en el primer viaje de Colón, la isla recién descubierta de Cuba fue denominada por el flamante almirante como “la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás”. Tanto por clima, como por la no demasiado belicosa acogida de los aborígenes se convirtió en un destino fundamental de gentes de todas clases y condiciones que se agolpaban en los puertos de salida de Castilla, bien para hacer fortuna en la propia isla, bien como etapa indispensable hacia los nuevos territorios que día a día se iban descubriendo en el continente.

El sector económico más importante en estos primeros años de la colonia fue la extracción de oro y cobre con el empleo de aborígenes encomendados, así como algunos esclavos negros que se integraron desde muy temprano al conglomerado étnico que siglos después constituiría el pueblo cubano. Posteriormente, se comenzaría a llevar a cabo la puesta en marcha de enormes zonas improductivas con la plantación de caña de azúcar y tabaco.

En virtud del sistema de flotas o de puerto único, todos los barcos con destino a la península tenían que concentrarse en el puerto de la Habana en unas determinadas fechas para poder constituir el convoy escoltado con rumbo a España, dicho puerto cubano experimentó un crecimiento sin precedentes, lo que hizo de la Habana una de las principales ciudades de América a mediados del siglo XVIII.

Es en esta etapa en la que, al igual que en la península, comienzan a observarse las primeras luchas sociales, acentuadas aquí por las leyes de monopolio de la Corona, que afectaron especialmente al sector tabaquero.

Pero es en el siglo XIX en el que se forma la identidad nacional cubana, auspiciada siempre bajo la poderosa vecindad del norte, llegándose incluso a formar una corriente dentro de la isla que defendía la anexión a Estados Unidos. Se urdieron planes para favorecer la invasión de la isla por parte del país norteamericano, al tiempo que se intentaba forzar la venta de la isla. Mientras tanto, España seguía sumida en el interminable rosario de alzamientos y guerras civiles que el siglo XIX le deparó, incapaz de hacer frente al descontento y las sucesivas crisis económicas y sociales que, tanto en la península, como en lo que ya restaba de sus escasas posesiones de ultramar, desgastaban las escasa fuerzas de lo que había sido un gran imperio.

Y llegó la independencia, después de una interminable guerra en la que el ejército español se vio superado por los insurrectos, puso la puntilla la declaración de guerra de Estados Unidos, que sólo sirvió para acabar con la obsoleta flota española y acelerar un final que ya era inevitable.

Así se inició el periodo de ocupación estadounidense de la isla, con el que las medidas económicas impuestas lograron, por un lado, el incipiente saneamiento económico de la isla y, por otro, la retirada de aranceles a los productos norteamericanos, lo que supuso una invasión de los mismos. Con lo cual se sentaron las bases de un dominio económico total por parte del vecino del norte.

Entró el nuevo siglo con una mejora de la economía cubana y, aunque la presión de la intervención estadounidense era cada vez mayor (hubo incluso una segunda ocupación armada, que se zanjó con la creación del Ejército Permanente Cubano, que posibilitaría el no tener que volver a invadir la isla), al calor de la primera guerra mundial, la situación económica atravesó su mejor momento. Aunque se apreciaban dos grandes debilidades: la dependencia de Estados Unidos y el basar su economía en el mercado del azúcar de modo casi exclusivo.

La crisis del 29 afectó gravemente a la economía cubana, que inició un periodo de crisis e inestabilidad social que culminaría con el ascenso de Fulgencio Batista. Éste, fuertemente apoyado por Estados Unidos planificó, en unión con la mafia estadounidense, la construcción de una red de hoteles y casinos a lo largo de todo el malecón habanero, a cambio de una millonaria suma. Durante la década de los 50, La Habana estuvo llena de casinos, prostitución, tráfico de drogas al servicio de organizaciones criminales estadounidenses, policías corruptos y políticos elegidos de manera fraudulenta.

Batista alentó el juego de azar a gran escala en La Habana. En 1955, se anunció que Cuba concedería una licencia de juego a cualquiera que invirtiera un millón de dólares estadounidenses en un hotel y doscientos mil en una nueva discoteca, y que el gobierno proporcionaría fondos públicos para la construcción de los casinos, una exención fiscal de diez años, y que no se aplicaran los derechos sobre los equipos importados y muebles de los nuevos hoteles. Cada casino pagaría al gobierno 250.000 dólares por la licencia más un porcentaje de las ganancias. El blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y la prostitución se convirtieron en negocios principales en la economía de la isla.

En ese momento, el analfabetismo, el desempleo y el atraso social y cultural eran generalizados en el país. Había 200.000 campesinos sin tierra estando improductivas 300.000 hectáreas de tierra en manos extranjeras o de terratenientes cubanos. Pero los planes del dictador se centraban en mejorar las relaciones con Estados Unidos, embellecer las ciudades con potencial turístico y centrar la actividad de la isla en convertir a Cuba en el destino vacacional y de ocio principal del país vecino.

Este fue el escenario a partir del cual se desarrolló la revolución cubana, que rompió, como ocurre con todos los giros de 180º, con todo lo bueno y lo malo de la etapa anterior. Además, el bloqueo y la presión ejercida por Estados Unidos, sólo ayudaron a que Cuba se apoyase más en el entonces pujante bloque comunista. Éste, dada la importancia estratégica de la isla, apoyó la revolución y subvencionó la economía cubana hasta la caída del muro. Sólo por amargar a su rival, pagó a precio de oro todo el azúcar que cuba produjo esos años.

La caída del bloque soviético dejó a Cuba sin patrocinador. De hecho, supuso la pérdida de los casi 5000 millones de dólares anuales que el gobierno de la Unión Soviética proveía a Cuba como ayuda, en forma de exportaciones garantizadas para el mercado cubano del azúcar y la obtención de petróleo barato. Y así, desde 1.991 la isla malvivió de sus acuerdos con China, Argentina, Brasil y, sobre todo, de Venezuela. Sólo en la actualidad parecen renacer los acuerdos con Rusia, al tiempo que vuelve a barajarse la posibilidad de convertir el país en destino turístico de primer orden, de la mano de empresas estadounidenses, pero también de españolas o francesas.

Como anécdota final, decir que Batista moriría en su exilio dorado en 1.973, en Marbella, estando de hecho enterrado en Madrid. Nunca se supo realmente ni cuanto logró evadir de la isla, ni cuanto pagó a la España de Franco para que se le permitiera vivir tranquilo sus años finales.