Manuel González

El mundo de la moda no se limita a la alta costura, o la tecnología, los coches de marca o los relojes deportivos. Realmente es un mundo más amplio cuando por moda entendemos a toda tendencia que encauce las preferencias de los seres humanos.

Durante estos años atrás nos hemos hartado de oír hablar de la globalización de la economía y de los mercados como una tendencia imparable de la que ninguno de nosotros lograríamos permanecer sin sufrir alguna consecuencia.

Era una evolución lógica de los mercados que acarrearía ventajas, como más y mejores flujos de capital, de trabajadores y de bienes y servicios. Y también de inconvenientes, como la creación de bolsas de pobreza de aquellos sectores de la población que no lograsen adaptarse a las nuevas tendencias globales de los mercados. Digamos que estaba de moda hablar de globalización y de que ésta sirviera como explicación a buena parte de los efectos devastadores que la crisis ha generado durante los últimos años.

Sin embargo, parece que la última moda podría ser dar por finiquitado el proceso de globalización de la economía. De hecho, cada vez más instituciones, desde el IESE, hasta el FMI, que alerta de “los efectos negativos” de la globalización, avanzan en la dirección de que la misma, no ha muerto, pero ha ralentizado su crecimiento.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que los intercambios mundiales solo crezcan un 1,7% este año, y entre un 1,8% y un 3,7% en 2017. Siendo una cifra baja, aunque acorde con la tónica desde que se dio por terminada la crisis.

El flujo internacional de bienes se está paralizando, pese a los esfuerzos de los países del G20 por reanimarlo. Su debilidad es sólo uno de los síntomas del auge del nacionalismo económico, que desde el inicio de la crisis financiera internacional está resurgiendo con fuerza, no sólo en las propuestas de Donald Trump, que pretende revertir o renegociar buena parte de los acuerdos de libre comercio firmados por Estados Unidos, sino en los debates abiertos en una de las principales potencias comerciales del mundo, la Unión Europea, que ha estado a punto de descarrilar el acuerdo con Canadá (CETA) y ha paralizado las negociaciones de la Asociación Transatlántico para el Comercio y las Inversiones, (TTIP), al tiempo que se enfrenta a un notable incremento de las posiciones nacionalistas y proteccionistas entre sus estados miembros.

La globalización empezó oficialmente en mayo de 1983, cuando la revista Harvard Business Review publicaba un artículo de su director, Theodore Levitt, titulado La Globalización de los Mercados. Hacía más dos décadas que se había generalizado el uso de ese término en Ciencias Sociales. Pero, con ese artículo se le dio el aldabonazo de la popularidad.

Ahora, tras la victoria de Donald Trump y a falta de 100 días para que Gran Bretaña inicie las negociaciones para salir de la UE, se habla del comienzo del fin de la globalización. El resultado es un cierre al comercio, a la emigración y a la inversión internacional. Ni el capital ni el trabajo, que son los dos factores de producción de la economía, se podrán mover de un país a otro: el pilar de la globalización.

El futuro que se dibujaba con la apertura sin límite de mercados nacionales para facilitar el flujo de capitales, talento y bienes y servicios se encuentra viviendo sus momentos más bajos desde el final de la guerra fría. La falta de crecimiento de las economías desarrolladas y la bajada de los precios de las materias primas está debilitando el ritmo de crecimiento económico mundial y generando efectos perniciosos en las economías en vías de desarrollo. De manera paralela, el Fondo Monetario Internacional habla ya abiertamente de la conveniencia de restablecer los controles sobre las transacciones financieras internacionales, a fin de ofrecer “cortafuegos” a la propagación de nuevos episodios de contagio en caso de nuevas crisis financieras internacionales, además de servir de control a fuga de capitales o a la financiación de actividades ilegales, como el terrorismo internacional.

Lo que es evidente es que muchas de las cosas que se han hecho bajo la bandera de la globalización han sido un grave error. Los grandes beneficiados de la misma han sido las grandes corporaciones transnacionales, que, al fin y al cabo, fueron las impulsoras, y que empezaron a globalizarse aun antes de que se inventase tal palabra. Las bondades que se vendieron a los países en vías de desarrollo no han sido tales, siendo así que las diferencias entre los países han aumentado, al igual que las diferencias entre los diferentes estratos de la población.

Pero, además, es que buena parte de la mala fama que acarrean los acuerdos de libre comercio está legítimamente fundada: estos acuerdos han situado los derechos sociales y las legislaciones ambientales en el cajón del olvido, y algunos han pretendido someter la soberanía nacional a cortes de arbitraje internacional cuya legitimidad es dudosa. Lo que puede haber motivado el aumento de las pretensiones soberanistas que de un tiempo a esta parte sacude a todos los países en mayor o menor medida.

Como decía es la nueva moda: de la “globalización imparable” de hace muy poco tiempo a la globalización “parable” y hasta reversible.

Felices Fiestas

Ya comienza el flamante ejecutivo de Rajoy a dar sus primeros pasos en buscar de demostrar actividad, tras el largo parón de casi un año de gobierno en funciones. Uno de los frentes en el que más actividad parece que va a haber es en lo referente al mercado laboral. El Ministerio de Empleo está comenzando a mover fichas azuzado, por un lado, por la imperiosa necesidad de demostrar actividad y, por otro, por los acuerdos de investidura firmados con Ciudadanos.

Es por eso que ya se hayan adelantado los grandes objetivos en materia de empleo que se perseguirán esta legislatura:

1. Consolidar la recuperación del empleo.
2. Mejorar la gestión de las políticas activas de empleo en colaboración con las Comunidades Autónomas.
3. Asegurar y reforzar la sostenibilidad y suficiencia de las prestaciones.
4. Trabajar en la integración en el mercado laboral de los inmigrantes.

Y ya, de manera inmediata, y para que esos objetivos no se queden en grandilocuentes y bienintencionadas palabras, se avanzan ya medidas concretas para avanzar en el camino hacia el objetivo final.

Así, en consonancia al acuerdo con Ciudadanos, se va a proceder al estudio de la posible implantación de la conocida “mochila austriaca”. Es decir, la creación de un fondo de capitalización para los trabajadores, al que puedan recurrir a lo largo de su vida laboral si son despedidos (o por otros motivos como podría ser la formación o la movilidad geográfica), o bien cuando llegue el momento de su jubilación. Ahora, el Gobierno parece estar dispuesto a estudiar esta posibilidad.

Pero, además, y esta es por ahora la medida estrella, la Ministra de Empleo ha avanzado que el Gobierno impulsará el diálogo en el Parlamento para la elaboración de un Pacto Nacional para la conciliación y la racionalización de horarios. La primera consecuencia de este Pacto será la posible adopción de una jornada laboral que termine a las seis de la tarde. Ésta será una de las prioridades de su Departamento. El objetivo final, posiblemente la implantación de un sistema como el alemán, que permite la flexibilidad horaria con permanencia fija en el puesto de trabajo desde las 9 a las 15:00 horas.

Sin embargo, a pesar de la posible espectacularidad del anuncio, es muy posible que en nada notemos la implantación de tal medida. El hecho de fijar el término de la jornada laboral a las seis de la tarde es contradictorio con la realidad de una economía en la que los servicios pesan mucho. Es más, para un país orientado hacia el turismo, la posibilidad de convertir las ciudades españolas en desiertos a partir de las seis o las siete de la tarde, como sucede en otras muchas del resto de Europa, supone eliminar un elemento atractivo para los visitantes al tiempo, hecho que debería provocarnos un escalofrío poco saludable.

Nuestra Administración hace tiempo que, salvo contadas excepciones, ya cumple con esa medida (estos funcionarios pioneros…). Al igual que buena parte de las empresas industriales o las dedicadas a servicios financieros. Aun así, en el horario de oficina (que es el que ocupa el centro de atención de la medida), aunque esta medida ya se aplica en muchos centros de trabajo, el resultado es casi siempre más teórico que práctico. Es un hecho cultural el tratar de demostrar la implicación en el trabajo con las horas fuera de horario dedicadas al mismo. Siendo los jefes los primeros en estar interminables horas en su puesto y en juzgar por ese baremo a sus empleados. En este caso, la implantación de esta medida, si no va acompañada de algo más, sólo servirá para hacer chistes de empresa.

En cuanto al sector del comercio, ocio y hostelería, el intentar ampliar esa medida a sus horarios de trabajo es algo que, por imposible, debe provocar más risa que preocupación por la posible dificultad de su implantación. De hecho, este sector necesita un horario lo más amplio posible para que les sea rentable a las empresas el establecimiento de turnos de trabajo, lo que posibilita una vida casi normal a sus empleados.

Como siempre, autónomos y pequeños empresarios que no pueden permitirse el contratar a nadie más son los que se con más escepticismo pueden recibir este anuncio. Taxistas que realizan turnos de 10-12 horas, propietarios de pequeños establecimientos de cara al público y, sobre todo los trabajadores de los bares, que saben que serán los receptores de estos afortunados que acaben sus respectivos trabajos a las seis.

Pero, aun así, Ana Pastor, la presidenta del Congreso, se ha apuntado rápidamente a la medida y ha concluido que la Cámara Baja debería “dar ejemplo”. Y, aunque no ha anunciado medidas concretas, ya ha mostrado su disposición a que sus señorías sean los primeros en demostrar las bondades de la nueva medida. Estoy convencido de si, además, tal medida fuera acompañada de una subida salarial, hablaríamos de aprobación con ovación y vuelta al hemiciclo.

La banca italiana está herida, seguramente de lo mismo que lo estuvo la banca española: de créditos morosos, de directivos más rapaces que eficaces y de falta de capital. Por su parte, el Gobierno italiano se enfrenta ahora a la tesitura de ayudar a las entidades bancarias en problemas, lo que conllevaría a abrir la puerta a las reglas europeas de rescates bancarios, que obligan a aplicar quitas a inversores si se inyecta dinero público en las entidades.

La entidad que ha abierto el melón del problema es la considerada como el banco más antiguo del mundo, el Monte dei Paschi, en una evolución parecida a la de nuestra Bankia. También empezó como caja de ahorros y está a punto de sufrir un rescate público con imposición de pérdidas a los preferentistas. Ya se verá si tenemos también una privatización posterior con un Rato y un Blesa a la italiana.

El conocimiento público del problema tuvo lugar tras los test de estrés a la banca del pasado julio, en los que la entidad italiana obtuvo la peor puntuación de toda la UE, y que desvelaron unas necesidades de capital adicional de 5.000 millones de euros, dándosele de plazo hasta fin de año para buscar inversores. El banco, movió ficha desde entonces, y ha intentado por todos los medios buscar socios para cubrir sus necesidades de capital.

En las últimas semanas se especuló con la participación de algún gran inversor internacional, como el Fondo Soberano de Qatar, que iría a aportar hasta 1.400 millones y que serviría como inversor ancla para poder captar el resto del capital. Sin embargo, los qataríes, con buen criterio, han decidido no invertir nada hasta que se solucione la crisis institucional en el Gobierno italiano y se tenga claro quién va a gobernar el país.

El banco, ante la incertidumbre política, solicitó al BCE una prórroga hasta el 20 de enero para poder cerrar la operación de la ampliación de capital, confiando en que para entonces se habría aclarado el panorama político. Pero el organismo presidido por Draghi se ha plantado en el no, con el argumento de que, si no se ha conseguido hasta ahora, no se va a conseguir con más tiempo, y esperar sólo conllevaría “el riesgo de turbulencias y de un gasto público más alto al final”.

La consecuencia no es otra que abocar al decano de la banca al rescate público, lo que conllevará atenerse a la normativa europea en materia de rescates bancarios y obligar a los accionistas a asumir parte de las pérdidas. El problema es que, al igual que ocurrió con el caso de los preferentistas en España, muchos de los inversores en los bancos italianos son particulares que perderían sus ahorros si se aplican estas quitas. Esta ha sido la razón principal en el retraso a buscar la solución a la crisis financiera en Italia. Es ahora cuando el Gobierno italiano se lamentan de no haber pedido un rescate bancario a la Unión Europea en 2012, como hizo España, cuando las reglas no eran tan estrictas. Es decir, cuando no estaba todavía en vigor la Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria, que impone una serie de condiciones, entre ellas las quitas a los accionistas antes de la ayuda estatal.

El caso es que, posiblemente debido a la delicada situación política del país desde hace años, ningún equipo de Gobierno se ha decidido a coger el toro por los cuernos y afrontar el saneamiento de un sistema bancario muy tocado que no acaba de caer pero que no es capaz de ayudar a una economía gripada, muy endeuda y con un crecimiento demasiado bajo. Además, la caída del Gobierno de Renzi añade incertidumbre política en un momento en el que cinco o seis entidades tienen apuros serios.

La banca italiana tiene en torno a 350.000 de créditos morosos y cerca de 180.000 millones de euros en bonos en manos de particulares. El anterior Gobierno de Renzi ha intentado todos los mecanismos posibles para evitar, en el caso de que se produzca una intervención, que los preferentistas italianos sufran pérdidas. Tras la experiencia con cuatro pequeñas entidades del año pasado (Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara y Carichieti), se comprobó que no es nada fácil, al menos de entrada. Hay formas a posteriori, pero este precedente lanzó una señal muy clara: hacer lo mismo con una gigante es un caos económico y un suicidio político.

La hipótesis más probable para solucionar el problema del Monte dei Pasci pasaría por una nacionalización de la entidad al modo de Bankia, pero con la inevitable quita del 8% impesto por la normativa europea. Y resolver el problema de los preferentistas con la solución que ha aportado Bruselas: el Gobierno italiano podría compensar mediante mecanismos de arbitraje, como ha hecho España, a aquellos que demuestren que se les vendió de forma indebida estos productos financieros.

El caso es que la UE quiere una solución ya a la crisis bancaria en Italia para evitar el contagio a otros países con problemas en su sector financiero, como Portugal o incluso de nuevo Grecia. Y quizás sea el momento en Italia, en el que un Gobierno de transición, sin aspiraciones a perdurar, sea el saque las castañas del fuego.

Tres años después del fallido intento de Eurovegas en Madrid, el mundo del ocio y del juego vuelve a llamar a las puertas de la capital con otra inversión multimillonaria. En este caso de la compañía estadounidense The Cordish, que invertirá 2.200 millones de euros en su construcción y estará ubicado en un terreno de 134 hectáreas cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la zona del Corredor del Henares, según el diseño presentado por el grupo al Gobierno regional.

El proyecto en cuestión, llamado “Live! Resorts”, es mucho más realista y menos pretencioso que el de Sheldon Adelson, contempla una inversión de hasta 3.000, si las condiciones del mercado lo permiten, y la creación de más de 56.000 empleos, entre directos e indirectos.

Tras hacer público el acuerdo y contemplando lo actuado hasta ahora y lo presentado del proyecto, ya se advierten importantes diferencias que pueden hacer que este proyecto salga adelante y no acabe como Eurovegas, convertido en promesas sin sentido y humo.

La principal diferencia es el cambio de concepto. El proyecto de Adelson tenía como principal premisa el juego, girando todo el complejo alrededor de los casinos, de tal modo que hasta requería cambios en la legislación nacional y autonómica para amoldarse a este objetivo principal.

El proyecto de Cordish tiene como premisa fundamental el ocio, dentro del cual está incluido el juego, pero no como actividad principal. De hecho, en el proyecto presentado el juego supone entre un 5 y un 10% de la actividad, siendo la actividad principal el ocio familiar, incluyendo también actividades deportivas y centros comerciales.

La segunda diferencia son las maneras. Mientras que la negociación de Eurovegas nació a raíz un simple folleto, la negociación de “Live! Resort” se ha llevado a cabo a partir de un informe con el que se ha negociado con la Comunidad de Madrid en secreto y ha culminado con la presentación en el registro de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid de un amplio dosier, en el que se recogen todos los detalles del proyecto.

Otra diferencia importante tiene que ver con la propia viabilidad del proyecto y con la seriedad de quien lo presenta. El proyecto Eurovegas pretendía poner sobre la mesa algo menos de 2.700 millones de euros, frente a los 7.600 necesarios sólo para la primera fase; las otras dos fases se financiarían con la propia Eurovegas, hasta un total de 18.000 millones. Esto sin contar con la inversión a realizar por la Comunidad de Madrid, en lo que a expropiaciones de terrenos y dotación de infraestructuras urbanísticas y de transporte se refería. La empresa dio la espantada en diciembre del 2013 sin haber invertido ni un euro.

El proyecto actual es de 2.200 millones, ampliables hasta 3.000, si la cosa va bien, y, demostrando que la cosa va en serio, la promotora anuncia haber adquirido terrenos con 134 hectáreas en Torres de la Alameda. Allí se desarrollará un proyecto que girará en torno a una plaza central que contará con un hotel, tiendas, salas de cine y un teatro estilo Broadway, restaurantes, un circo, etc. En definitiva, cuatro hoteles de cuatro y cinco estrellas, con 2.700 habitaciones, más de 100.000 metros cuadrados para tiendas y ocio, 275.000 metros cuadrados de repartidos en tres centros de convenciones y 45.000 metros cuadrados de oficinas. A cambio, la Comunidad de Madrid deberá hacer frente a modificaciones en la red de infraestructuras para facilitar el acceso al futuro complejo.

Pero, además, la diferencia más escandalosa estriba en las peticiones que Las Vegas Sands realizaron de modificación de leyes que afectaban a su actividad. Ejemplos son las negociaciones para conseguir un trato preferente en el Impuesto de Sociedades, o en el IRPF de los trabajadores extranjeros que vinieran con el proyecto, o la petición para que los premios tributasen sólo en el país de origen del turista y no en España. Además de modificaciones y tratos de favor en la Ley Antitabaco o el intentar que los menores pudieran acceder a las salas de juego. Y lo más inverosímil: que tuviera que indemnizarse a Las Vegas Sands en caso de cambio regulatorio, lo que blindaba los beneficios de Eurovegas además de atentar contra el derecho comunitario por distorsionar la libre competencia.

El nuevo proyecto sólo tendrá una de las prebendas que Adelson logró arrancar al gobierno regional: la reducción de la tributación de los casinos del 45% al 10% que la Comunidad de Madrid realizó para contentar a Adelson.

En definitiva, un proyecto mucho más realista y viable que parte de la idea del promotor del proyecto, David Cordish, de encontrar una región de altos ingresos, bien comunicada y magnetismo para el comercio. Tardará entre 18 y 24 meses en la construcción, lo que podría llevar a una primera fase abierta en 2019 o 2020. No precisará de ningún cambio legislativo, ni subvenciones públicas y se estima que atraerá 1,6 millones de turistas al año.

Lo curioso del caso es que, con esos números, nuestro pujante sector turístico, que desea separarse de la imagen de “sol y playa”, haya sido incapaz de ver la posibilidad de este negocio. El tiempo dirá si nuestro sector no es tan pujante o si el proyecto se aboca al desastre.

Tras un momento de contención de la respiración, las empresas inversoras en turismo que pugnan por establecerse o ampliar su presencia en Cuba, van volviendo poco a poco a la tranquilidad al comprobar que la muerte de Fidel Castro no parece que vaya a alterar los planes de inversión en la isla.

Meliá, Iberostar, Globalia, Barceló, la norteamericana Starwood Hotels y la francesa Accor son algunas de las empresas que esperan expandirse en Cuba con planes a corto y largo plazo, aprovechando el mapa de ruta que ha trazado el Ministerio de Turismo hasta el año 2030, momento en que se espera la isla haya duplicado las capacidades habitacionales y pueda ofrecer al visitante un producto de altos estándares, con proyectos inmobiliarios asociados a campos de golf, marinas, otras formas de recreación náutica y parques temáticos.

Sin embargo, esto ha sido posible, tal y como se comprobó en la Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2016), por el inesperado giro en las relaciones entre el gobierno de la isla y el de los Estados Unidos. El cambio de política ha provocado el boom del producto Cuba en los mercados europeo y norteamericano. Tanto es así, que Cuba recibió en 2015, unos 3.524.779 visitantes, lo que significó un aumento de 17,4% respecto al 2014.

Esto ha hecho aumentar la demanda de habitaciones muy por encima de la capacidad real de alojamiento. El gobierno cubano, que es muy pobre, pero nada tonto, ha visto el resquicio y se ha lanzado en tromba, viendo las posibilidades de inversión extranjera y se ha apresurado a anunciar nuevas leyes que otorguen mayores garantías a los empresarios foráneos. Y así ha dado comienzo una incipiente guerra entre las trasnacionales del ocio, por la búsqueda de buenos y nuevos contratos con ese gran monopolio empresarial llamado gobierno cubano.

Los planes, a quince años vista, incluyen la construcción de 22 hoteles nuevos, con 7.000 habitaciones. Pero también incluyen la ampliación de la terminal de cruceros, ferris y megayates en el puerto habanero, así como el rescate de inmuebles de gran valor patrimonial en su mayoría propiedades de Habaguanex, S.A. y Gaviota, ambas bajo la dirección de militares. Por no hablar de que la única constructora extranjera con licencia que hay en la isla, de nacionalidad francesa, no da abasto para construir hoteles, careciendo de mano de obra especializada que ha de traer de la India y Pakistán.

Lo cierto es que provoca más incertidumbre en los planes de inversión la elección del nuevo presidente norteamericano y su imprevisible actitud hacia la isla que la muerte del comandante Castro, que ya se consideraba como un hecho irremediable y que podía ocurrir en cualquier momento por parte del gobierno cubano.

El caso es que Cuba prevé abrirse al turismo y las empresas españolas, que al fin y al cabo son punteras en este sector, parten de una buena posición de salida para hacerse con una buena porción del pastel. No en vano, según el ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero Cruz, el 48% de la inversión extranjera en el sector turístico en Cuba es gestionada por empresas españolas. Además, las 11 cadenas hoteleras españolas que tienen presencia en la isla acaparan el 74% de las operaciones en el destino. De hecho, las empresas españolas gestionan más del 90% de las habitaciones de los hoteles de cinco estrellas y el 60% de los de cuatro de la isla. Y, por si fuera poco, 15 empresas más del sector están negociando su entrada al mercado cubano.

Pero no sólo de hoteles es de lo que se habla para Cuba, una de las principales preocupaciones es que el sol y la playa no sean el único aliciente. Se habla de delfinarios, de proyectos de turismo ecológico asociados a parques naturales y de golf, que parece ser la panacea en lo que a turismo se refiere. Con este fin, ya hay dos empresas mixtas constituidas para el desarrollo inmobiliario -una con capital británico y otra chino- con las que se trabaja en la identificación de posibles áreas a lo largo de toda la geografía nacional.

Ahora, tras los últimos acontecimientos, las empresas del sector están reprogramando su hoja de ruta ante las expectativas generadas. Se prevé que en menos de un año habrá otro desembarco de empresas relacionadas con el sector turístico porque Cuba se anuncia como el destino preferido de estadounidenses y canadienses (estos últimos ya llevan a la isla un millón de turistas al año). Y esto es así por dos razones principales:

• Por un lado, que la administración norteamericana ya baraja el fin del bloqueo a medio plazo. No hay que olvidar que el comienzo del mismo tuvo lugar bajo una administración demócrata y, además, muerto Fidel, desaparece el gran símbolo de la resistencia cubana.
• Por otro, la tradición de defensa a ultranza de las inversiones turísticas extranjeras que ha mantenido el gobierno cubano. Si hacemos caso omiso del periodo revolucionario, que liquidó de un plumazo las millonarias inversiones norteamericanas, muchas de ellas vinculadas con la mafia, que existían en la isla favorecidas por el gobierno del dictador Batista.

La reciente muerte de una anciana en un incendio provocado por las velas con las que se iluminaba, ha abierto de nuevo el interés de esta epidemia, mezcla de necesidad básica e indiferencia, que supone la denominada pobreza energética. La cual es un fenómeno, que desde el inicio de la crisis no hace sino extenderse y crecer en los estratos más pobres de la sociedad.

De hecho, asociaciones más concienciadas que los oportunistas medios de comunicación y partidos políticos ya lo llevan advirtiendo hace años. Un ejemplo es la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) que en abril de este año ya publicaron su III Estudio de Pobreza Energética llamado “Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad económica”, en el que, continuando en la línea de los dos anteriores, destacan que este fenómeno está aquí para quedarse, a no ser que se tomen las medidas estructurales adecuadas.

Ya a finales de 2013, una iniciativa de todos los grupos de la oposición de aprobar una “tregua invernal” a los cortes de suministro de luz a las familias que no pudieran hacer frente a este coste, al menos durante el invierno, fue calificada de demagógica por el gobierno del PP. En su momento alegaron que el ejecutivo ya estaba trabajando en una batería de medidas para paliar la pobreza y con su, bendecida por la OCDE, reforma laboral, alegaron que se crearía empleo “estable y de calidad”. Lo que haría innecesaria cualquier otra medida.

Pero lo cierto es que todo sonó a que el gobierno debía muchos favores, la mayoría heredados de gobiernos anteriores, y que las compañías eléctricas son uno de sus principales acreedores. Así, lejos de poder llevar a cabo esa medida, u otra similar como podría ser la creación de una tarifa mínima de subsistencia, lo que se llevó a cabo fue una nueva subida del recibo de la luz para principios del 2014, precisamente en lo más crudo del invierno.

Y de esos mimbres tejimos la cesta que ahora disfrutamos: un 11% de los hogares españoles (que representan a 5,1 millones de personas) no pueden mantenerse a una temperatura adecuada en invierno. Cifra que además ha supuesto un incremento del 22% de dos años a esta parte. De hecho, el estudio revela que hasta un 21 % de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 % (2,6 millones de ciudadanos) dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

Ahora, con los dirigentes de Podemos desgañitándose frente a la sede de Gas Natural, indignados por el hecho de que se corte los suministros de un hogar que no paga las facturas y que no exista ningún mecanismo de protección para el afectado, se nos olvida el origen del problema porque nos quedamos con sus consecuencias.

Las causas que generan esta precariedad energética son diversas, si bien existen tres factores fundamentales:

• Bajos ingresos del hogar. Las familias afectadas por el desempleo de larga duración y los ancianos o discapacitados con las pensiones más bajas del sistema son los perfectos candidatos para este mal.
• Calidad insuficiente de la vivienda. Que obliga a gastos superiores o a inversiones imposibles para mantener el calor en el hogar.
• Precios elevados de la energía. Que ha aumentado sus precios en un 73% la electricidad y un 67% el gas desde 2008 al 2014. Así, Desde el inicio de la crisis a principios de 2008 hasta finales de 2014, los 13,66 céntimos de euro a los que se pagaba el kWh eléctrico en 2008 han dejado paso a los 23,67 céntimos a abonar por cada kWh consumido en 2014. El gas ha pasado de costar 5,57 céntimos el kWh a 9,59 céntimos de euro.

Las consecuencias son las conocidas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc.

A día de hoy, a nivel nacional, sólo existe un mecanismo de protección del usuario con menos recursos frente a la imposibilidad de pagar sus facturas energéticas, y sólo con la electricidad, que es el bono social. Este permite un descuento del 25% sobre la tarifa doméstica del que pueden beneficiarse las primeras residencias de familias con todos sus miembros en paro y pensionistas que reciban la prestación mínima. Lo curioso de este mecanismo de protección (del que también pueden disfrutar las familias numerosas) es que no está vinculado a la renta. Desde hace unos años se plantea la posibilidad de que esta fórmula llegue también al gas.

El resto de las medidas son impulsadas por Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos o entidades como Cruz Roja o Cáritas, siempre que las iniciativas no sean llevadas al Tribunal Constitucional por “injerencia en materias reservadas al Gobierno Central”.

Y mientras las grandes compañías energéticas sacan pecho diciendo que han llegado a acuerdos con ayuntamientos, comunidades autónomas u ONG, con los que ha conseguido cubrir a más del 90 % de sus clientes, lo cierto es que las ONG denuncian la “deshumanización” de las compañías en la mayoría de los casos en los que intervienen. Así como el hecho de que la mayor parte del importe de las facturas sean impuestos, incluido el IVA del 21%, cuando estamos hablando de un servicio que, sin duda, es de primera necesidad.