Recientemente Francia ha recortado, dentro de los intentos de los gobiernos socialdemócratas de parecer más cercanos a las demandas de sus ciudadanos, algunos de los privilegios de los Presidentes de la República cuando dejan el cargo.
Tal reducción de privilegios produciría un ahorro en los 10,3 millones de euros al año que le cuestan al país los colaboradores, la seguridad, el coche oficial, los viajes sin límite y la dotación económica que Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy perciben por el hecho de haber sido presidentes del país galo. Estos tres se verán afectados por los recortes a los cinco años de haber dejado el cargo y Hollande en cuento le llegue el momento. A señalar que, de los 10,3 millones, casi siete son sólo en protección.
En España, el asunto es un poco más complejo. Nosotros disponemos de un Jefe de Estado, que es el Rey y apoyado por alguien que ya no lo es pero que, en según qué momentos puede actuar como tal, que es nuestro antiguo Rey. En total, unos 8,2 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, de los que 187.000 euros anuales son para Juan Carlos I y 105.000 para la ex Reina Sofía. Esta cifra, contando con que somos una monarquía, es sorprendentemente baja, comparada por ejemplo con el coste de los ex Jefes de Estado de la República Francesa, que asciende a 111,7 millones de euros, o los 30,7 millones anuales de Alemania.
En cuanto a los ex dirigentes del Gobierno, nuestros expresidentes a partir del momento de su cese, además de mantener su tratamiento de Presidente y de contar fuera del territorio nacional con el apoyo de los servicios diplomáticos, disponen de otra serie de privilegios:
- Podrán designar libremente a dos empleados, funcionarios con nivel 30 y otro de nivel 18, para su propio servicio.
- Tendrán una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social e incluso para el alquiler de inmuebles.
- Dispondrán de coche, chófer y seguridad y podrán viajar gratis en transportes del Estado, privilegio que, en caso de fallecimiento, lo seguirán disfrutando sus viudas.
- Tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% del sueldo (en el caso de Mariano Rajoy es para 2016 de 78.966 euros). La pensión no es compatible con otra retribución pública o privada, a excepción de lo dicho en el punto siguiente.
- Al cesar se convierten automáticamente en miembros natos del Consejo de Estado, lo que conlleva una retribución anual de 99.675 euros. En este sentido, Rodríguez Zapatero renunció “temporalmente” en julio de 2015 al Consejo de Estado para presidir el consejo asesor de una ONG alemana, con igual retribución. Jose Mª Aznar sólo estuvo un año, hasta incorporarse a News Corporation, del grupo de Robert Murdoch, y, posteriormente al Consejo de administración de Endesa. Felipe González no llegó ni a entrar, como Adolfo Suarez y Leopoldo Calvo-Sotelo.
- Por último, y esto más que un privilegio es un punto oscuro de la regulación de esta figura, se hayan excluidos de la Ley de Transparencia. Por tanto, no están sometidos al escrutinio público sus ingresos reales. Igualmente, tampoco están sometidos a incompatibilidad alguna más allá de los dos años posteriores al cese de su cargo. Así, no tienen obligación de explicar lo que cobran como consejeros de empresas en sectores estratégicos, ni de lo que reciben por dar conferencias o mediar en negocios, como hizo Aznar con la Libia de Gadafi. Todos son considerados como ingresos privados, sin más control que su correspondiente declaración a Hacienda.
Lo que está claro es que, en este sentido, nos queda mucho que caminar hasta llegar al tratamiento que países como Noruega dan a sus ex altos cargos. En dicho país no se contempla ningún tipo de privilegio para los ex jefes de Gobierno. Una vez concluye su mandado, el ya ex mandatario, recibe una asignación de indemnización por cese durante un máximo de doce meses, y si ha servido un mínimo de 12 años como miembro del Parlamento, o tiene más de 62 años, podrá acceder al sistema de pensiones. Es habitual que muchos de éstos desempeñen altos cargos en organismos internacionales.
En el otro extremo está Italia, donde cualquier ex parlamentario italiano -incluidos ex primeros ministros- reciben una pensión vitalicia cercana a los 2.500 euros mensuales después de al menos cinco años de mandato (aunque esto sólo es tras la modificación de la ley en 2012, que precisamente hizo un esfuerzo por acabar con las “pensiones de oro”). A ésta se unen las pensiones a las que tengan derecho por haber ejercido otros cargos públicos o profesionales. Así, los ex primeros ministros Giuliano Amato (1992-1993 y 2000-2001) y Lamberto Dini (1995-1996), los dos con prebendas de antes del cambio legislativo, se embolsan cada uno más de 30.000 euros brutos al mes, entre su pensión vitalicia como ex primer ministro y otra serie de pensiones que como ex funcionarios les corresponden.
