Manuel González

En 1991, Irlanda y Apple firmaron un tax ruling, es decir, un acuerdo fiscal que estipula cuántos impuestos va a pagar una compañía en un Estado. Este acuerdo es, en principio, plenamente legal. Pero, tras tres años de investigación, la Comisión Europea ha determinado irregularidades en la operación, tras comprobar que el gobierno irlandés concedió ayudas ilegales a Apple. Tales ayudas habrían consistido en aplicar una imposición rayana en lo ridículo a lo largo de varios años. Hablamos del 1% de sus beneficios en 2003, o hasta el 0,005% en el 2014. Siempre hablando de que ya Irlanda tiene un tipo impositivo del 12,5% en el impuesto de sociedades. Aquí, sin embargo, se habla de que los privilegios alcanzaban a una empresa en concreto, a diferencia de las demás de su mismo sector.

Pues bien, es precisamente de ese abanico de años de donde sale la fabulosa cantidad que se le reclama ahora a la empresa: 13.000 millones de euros por los impuestos no pagados en ese periodo. Ya que, aunque la operación comenzó 25 años atrás, la Comisión comenzó su investigación en 2013, pudiéndose remontar sólo 10 años atrás.

Lo irónico del caso es que esta sanción no sólo ha indignado a la compañía, el gobierno norteamericano lo considera un paso más en el hostigamiento a sus empresas ante la incapacidad de las europeas de crecer y competir. Y el propio gobierno irlandés lo considera una injerencia en su soberanía, ya que se trata de un acuerdo entre ellos y la empresa y ningún organismo supranacional tiene derecho a interferir en los acuerdos tomados por ley, y menos 25 años después. Por lo que han anunciado recurrir la decisión ante los tribunales europeos, sobre todo después de que Apple haya advertido de las repercusiones que se pueden derivar hacia la inversión y el empleo de la empresa en Europa.

La explicación de la Comisaria Europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, es que la ingeniería fiscal ha permitido a Apple “evitar pagar impuestos sobre casi todos los beneficios generados por ventas de productos en todo el mercado único de la UE”, gracias a que la multinacional cuenta todas las ventas en Irlanda, y no en los Estados Miembros.

Se señala en su informe que, si otros países miembros de la UE exigieran que Apple pagara más impuestos por los beneficios obtenidos en su territorio, Irlanda debería recaudar al menos esos 13.000 millones más sus correspondientes intereses, ya que el alcance del acuerdo entre gobierno irlandés y Apple debería haberse ceñido a su territorio. Y no ampliarse mediante ingeniería fiscal a todo el territorio de la UE. Señala el informe igualmente que esto no es una sanción sino una devolución de ayudas otorgadas ilegalmente.

El caso es que esta “no sanción” ha reavivado la guerra que Estados Unidos y la Unión Europea mantienen desde hace décadas a través de sus multinacionales. Y así, mientras desde Europa se ultiman también sanciones contra compañías como McDonalds, Amazon o Google, en Washington se actúa contra firmas contra Volkswagen o Deutsche Bank.

Para la Unión Europea la lucha contra la evasión fiscal y las agresivas prácticas de algunas multinacionales para reducir el pago de impuestos se ha convertido en una de sus prioridades. El objetivo no es otro que lograr ingresar hasta 70.000 millones de euros anuales, que es en lo que se ha cifrado la cantidad evadida en impuestos por parte de estas compañías multinacionales, entre las que también se encuentran compañías europeas.

Así, a la sanción de 30 millones a Starbucks el año pasado, se une la investigación a Google (por abuso de posición dominante en sus servicios, su buscador y su sistema Android) y que podría dar lugar a una sanción mayor que la que recibió Microsoft (2.000 millones). Fiat también fue sancionada el año pasado con una cifra de entre 25 y 30 millones y también eran europeas una gran mayoría de las 35 compañías obligadas a devolver 700 millones de euros, favorecidas por el esquema de Bélgica de “beneficios excesivos”, por el que se les perdonaba hasta un 90 por ciento de los impuestos. Y la siguiente en ser investigada podría ser Ikea.

Por su parte, los norteamericanos no pierden el tiempo. En junio de 2014, impuso ya una multa de 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros) al banco francés BNP Paribas por saltarse los embargos a Cuba e Irán. Ese mismo año, el suizo Credit Suisse se comprometió a pagar 2.600 millones de dólares (2.300 millones de euros) al Departamento de Justicia, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por haber ayudado a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos. El suizo UBS pagó una cantidad tres veces menor por una cuestión similar.

EEUU obligó también HSBC a costear una multa de 1.900 millones de dólares (1.700 millones de euros) por las operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por la entidad británica.

Sin embargo, donde los reguladores estadounidenses buscan una sanción importante es ahora el Deutsche Bank (el tambaleante). El Departamento de Justicia de Estados Unidos exige a la entidad un total de 14.000 millones de dólares (12.400 millones de euros) para cerrar el caso relacionado con la venta de activos respaldados por hipotecas.

Sin olvidar tampoco a dos gigantes: BP, que se comprometió a pagar 20.800 millones de dólares (18.571 millones de euros)  por la catástrofe generada por el vertido del Golfo de México en 2010, y Volkswagen y su escándalo en la manipulación del software sobre las emisiones de algunos de sus modelos diésel. El fabricante automovilístico alemán ya fue multado con alrededor de 14.700 millones de dólares (13.100 millones de euros), pero el caso está todavía lejos de cerrarse, ya que faltan por determinarse responsabilidades penales.

Según un estudio del Peterson Institute, que analiza el número de grandes fortunas en el mundo y cómo las han alcanzado sus actuales propietarios, la crisis no les ha sentado nada mal a las grandes fortunas. De hecho, su número ha aumentado durante estos años de crisis hasta llegar a 21 en el 2015.

Este dato, es coherente con los resultados del estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). En él se determina que durante los años de crisis la clase media española ha ido enflaqueciendo y engrosando las filas de las clases más desfavorecidas, mientras que las clases privilegiadas, aunque también disminuían su número, lo hacían en menor proporción y con un aumento de la calidad en los que seguían en la categoría.

La clase media ha menguado con la crisis. Las personas que en 2004 vivían en hogares con un nivel de renta medio llegaban al 59%. Tres años más tarde el porcentaje creció. Llegó al 60,6% y tocó techo. A partir de ahí no ha dejado de caer. En 2013, bajó al 52%, en esos nueve años la clase media habría perdido cerca de 3,5 millones de personas.

Además, los cambios no han sido uniformes, la caída de ingresos ha sido más importante en los hogares con menores niveles de renta, lo que ha empeorado su posición relativa siendo las causas la caída en el empleo, la precariedad el en mismo y la disminución salarial experimentada durante los años de crisis.

La consecuencia ha sido el incremento de la desigualdad. Según el índice Gini se aprecia que entre 2004 y 2013 ha subido de 32,2 puntos a 35,4.

El caso es que la irrupción de la crisis causó que desde el 2005, año en que teníamos a 10 grandes fortunas, pasamos a 13 en 2010, hasta el 2015, en el que ya tenemos 21 personas pertenecientes a tan exclusivo club. Como curiosidad el dato del origen de tales fortunas, que en nuestro país ofrecen un 53,8% de ser por herencia, frente a países más dinámicos como Estados Unidos, en el que sólo el 15,8% de individuos han recibido su fortuna por tal vía. O la media europea, que se queda en el 35,8% de fortunas heredadas.

Dentro del club de las grandes fortunas españolas se encuentran nombres tan relevantes como Amancio Ortega, Juan Roig, Villar Mir, Abelló o la familia Botín. Todos ellos siempre en el centro del debate por el tema impositivo, ya que es común que los grandes patrimonios se sirvan de todo tipo de artificios para esquivar el yugo fiscal mediante instrumentos tales como sociedades patrimoniales, fundaciones o las célebres SICAV.

Así, no es raro encontrar vinculaciones entre paraísos fiscales y grandes fortunas a través de sociedades interpuestas que hacen imposible conocer la identidad de la empresa o persona realmente propietario. Es más, en los casos de existencia de convenios de doble imposición del Estado con dichos paraísos fiscales, el reparto de beneficios queda legalmente fuera de fiscalización, lo que lleva a la existencia de entidades completamente opacas que soportan una pírrica carga tributaria instrumentalizada a través del Impuesto de Sociedades (en las empresas del entramado que estén bajo control de Hacienda), a lo que habría que añadir la tributación vía IRPF por beneficios e intereses. En definitiva, las migajas que no haya podido rebañar la ingeniería contable.

Por otro lado, a pesar de varias reformas tributarias, el régimen tributario de las grandes fortunas a través de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) no ha sido modificado, con lo que el tipo impositivo aplicado no va más allá del 1% de los beneficios. Su constitución requiere un capital social mínimo de 2.400.000 euros que será aportado por al menos cien socios, de los cuales ninguno contará con más del 25% de participación. Su aportación tributaria no acontece mientras no generan plusvalías, las cuales, en calidad de rendimientos del capital, contribuyen al fisco con tipos del 19 o 21%.

Otra de las figuras utilizadas para reducir la carga fiscal de estas fortunas es la aplicación del criterio de exención de la empresa familiar. Tal mecanismo consiste en que quien posea al menos el 5% de las acciones de una empresa familiar queda fuera del control del Impuesto sobre el Patrimonio por considerarse que ya existe tributación de los beneficios por la vía del Impuesto de Sociedades.

Y cómo no mencionar las fundaciones sin ánimo de lucro. Todo un clásico del que ha participado hasta muy allegados a la Familia Real y que consiste en que una empresa muy animosa y con ingentes ingresos crea una fundación bajo la fachada de supuestos fines benéficos para lucrarse y no tributar, legalmente y con fundamento.

El caso es que los impuestos a las grandes fortunas de España vienen experimentando una contracción sostenida desde 2007. Los intentos de atraer capital extranjero y proteger y cuidar el patrio, se han instrumentalizado con la reducción del tipo de Impuesto sobre Sociedades y la retirada del Impuesto sobre el Patrimonio para los patrimonios inferiores a 700.000 euros. Si a eso añadimos que las grandes fortunas disponen de mecanismos legales para minimizar su presión fiscal, tales como las Sociedades de Inversión de Capital Variable o el criterio de exención de la empresa familiar, y de otros no tan legales, como la tributación en paraísos fiscales, encontramos que la participación de estas fortunas en el sostenimiento de los gastos del Estado tenga algo más de voluntario que de obligatorio. De modo que acaban tributando casi a voluntad y más que nada por evitar tener que vivir fuera de España, que aquí se está muy bien.

A día de hoy, con un ojo puesto en el cada vez más cercano futuro electoral navideño, y otro puesto en el inicio de curso (siempre tan doloroso al bolsillo), combinado con el fin de las vacaciones, ya pocos recuerdan aquellos meses que vivimos inmersos en la vorágine del rescate al sistema financiero español.

La reestructuración financiera en España se inició nada más estallar la crisis de Lehman Brothers. El Gobierno español aprobó un decreto creando el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros y se empezó a buscar soluciones para la primera entidad que tenía problemas, la caja de Castilla-La Mancha. La intervención de esta entidad mostró que ni el Gobierno ni el Banco de España podían gestionar la crisis bancaria que se venía encima. Y mientras Zapatero tranquilizaba a la opinión pública con mensajes del tipo “es un sector sano y uno de los más sólidos de Europa”, tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición pactaban la creación de los instrumentos legales necesarios para gestionar la crisis. Mantener la confianza en la parte buena del sistema bancario y evitar que la situación de las peores entidades se trasladara a las mejores debía ser la prioridad de cualquier declaración o actuación que se emprendiera.

La crisis se planteó fundamentalmente en unas cajas de ahorros controladas por el poder político, por lo que muchas de las operaciones comprometidas por las mismas se habían realizado más con criterio de conveniencia que económico. La falta de profesionalidad de los gestores explica los problemas que había que resolver y las actuaciones de algunas comunidades autónomas explican la dificultad de resolverlos.

La búsqueda de soluciones se complicó porque, por primera vez en su historia, España no podía hacer frente a una situación de crisis financiera con un Banco de España que pudiera emitir dinero para ayudar a las entidades de crédito con rapidez y sin pasar por el presupuesto. A diferencia del pasado, las únicas ayudas posibles eran las presupuestarias y éstas tenían que someterse además a la aprobación de la Comisión Europea.

La creación del FROB el mismo año 2009 fue trascendental. El problema español no era un problema de activos de toxicidad inmediata que pudiera acometerse con una nacionalización rápida y generalizada del sistema. Su problema era el de la dependencia absoluta del sector inmobiliario, cuyo desarrollo dependería de cómo evolucionara la economía, y que determinaría el alcance del deterioro de activos y la rentabilidad del negocio.

Por ello, a las entidades “buenas” bastaba con exigirles que provisionaran y se capitalizaran adecuadamente, pero sin necesidad de ninguna nacionalización ni de intervención del Estado. A las entidades “problemáticas” que no se habían integrado en las más sanas, se les ofrecieron dos posibilidades. Podían solicitar la inyección de recursos del FROB, pero éste solo les concedería ayudas públicas si aceptaban las exigencias de cambios de gestión y de planes de reestructuración concretos (reducción de oficinas, gastos de estructura, etc.). O podían continuar su labor arriesgándose a ser intervenidas en cuanto el Banco de España detectara su inviabilidad. Este esquema consiguió que, de las 45 cajas existentes en 2009, quedaran unas 15 a finales de 2011. Hoy, tan sólo dos cajas siguen operando: Caixa Ontinyent y Colonya Caixa Pollensa.

Por otro lado, el cambio legislativo que impulsó la conversión de cajas en bancos, consiguió que en un solo año todas las cajas españolas convirtieran su actividad financiera en bancos. Esta actuación transformó completamente el sector de las cajas y homogeneizó el tratamiento de todas las entidades de crédito españolas por parte del Banco de España.

A día de hoy, tras ocho años, la noticia es que el Banco de España ha reconocido como incobrables 26.300 millones de euros, que se unen a otros 11.712 dados por perdidos anteriormente. Es decir, a pesar de que se prometió que los ciudadanos no pagaríamos en ningún caso el rescate bancario, ya hay 38.012 millones que se fueron a limpiar los balances de las cajas quebradas y que los contribuyentes (y clientes de banca) no recuperarán.

En cuanto a la cuantía total de las ayudas, dependen según la fuente. La nota informativa del Banco de España (PDF) de septiembre de 2013 cifraba en 61.366 millones de euros la ayuda oficial a la banca entre 2009 y 2013. Según el FMI (PDF) en las mismas fechas, a esto había que añadir otra serie de ayudas no contabilizadas oficialmente pero reales, llegando hasta los 246.441 millones de euros. Esta diferencia se debía a la contabilización de la adquisición de los activos tóxicos o los “esquemas de protección de carteras de activos” (EPA), que suponían una protección frente a pérdidas procedentes de activos: es decir, si un banco adquiría activos de otra entidad estaría blindado frente a posibles pérdidas generadas por dichos activos con garantía pública.

Según la nota del Banco de España del 6 de este mes (PDF), las ayudas a la banca han alcanzado los 230.251 millones de euros (casi la tercera parte del PIB de un año), de los cuales se han recuperado 113.377 millones (en su mayor parte avales). De los casi 74 mil millones de ayudas directas por diversos conceptos, proceden los 38 mil millones dados por perdidos y restan los más de 45.000 millones comprometidos en la SAREB (o “banco malo”), que acumula pérdidas año a año. La estimación es que podremos darnos por contentos si acabamos con unas pérdidas de entre 60 y 70.000 millones de euros cuando acabe todo. Es decir, unos 1.750 euros por cabeza de todos y cada uno de nosotros.

Con esto se confirma lo que nos veníamos temiendo que ocurriría cuando se nos contó el rescate bancario como un préstamo que los bancos devolverían y que no le costarían un euro al erario público: que entre todos pagamos y pagaremos durante muchos años el coste de reflotar a las mismas empresas que se lucraron con nuestra miseria, todo dentro de la legalidad y con retiros dorados a los políticos y gestores que nos llevaron a ese extremo.

De todos es sabido que un gobierno en funciones no puede elaborar presupuestos, ni dictar nuevas leyes, ni realizar una política económica efectiva contra el paro o para fomentar el crecimiento de una economía. Es tan solo una especie de puesto de guardia que se ocupa del día a día y que hace frente a emergencias, si éstas se dieran.

Las señales de reactivación experimentadas en los últimos trimestres, que tanto juego han dado a los argumentos del Gobierno, aún mantienen parte de su impulso. De hecho, aún creceremos en torno al 3% este año, frente a la media europea del 1,6%, pero empieza a haber signos de que el motor se está parando y que buena parte del movimiento se debe ya a la inercia.

Muchas empresas, sobre todo las que trabajan con la Administración en materia de licitaciones y de concursos públicos, muestran su preocupación ante la paralización del sector público y adelantan que las consecuencias en materia de empleo no tardarán en notarse. Además, el efecto sobre la confianza y, por tanto, sobre el consumo y la inversión (sobre todo extranjera) empieza a dejarse sentir mientras la formación de un Gobierno baila al son, si nadie lo evita, de un villancico.

El caso es que este coste ha sido cuantificado por el Wall Street Journal, siempre tan pendiente de nuestro país en lo que a cosas mal hechas se refiere, basándose en un sondeo de algunos de los principales analistas de la economía española. El importe estimado por tales expertos ha sido cifrado en 1.000 millones de euros al mes, desde las elecciones de noviembre del año pasado. Tal cifra se ha obtenido al estimar que el parón administrativo estaría restando cerca de cuatro décimas de crecimiento al año 2016 y otras seis o siete décimas a 2017. Es decir, algo más, de un punto de PIB conjunto entre los dos años, con un montante total de 10.000 millones de euros.

Uno de los puntos calientes en el control del déficit público es la reforma prevista en el impuesto de sociedades. Según Luis de Guindos, el amigo de Soria, «la evolución del déficit público no va bien este ejercicio y para lograr el objetivo del 4,6% del PIB marcado por Bruselas hay que modificar el Impuesto de Sociedades, ya que la previsión es que proporcionara unos ingresos de 25.000 millones de euros y no se va a alcanzar ni mucho menos esa cifra». Por ahora, sólo se ha podido adelantar parte del ingreso por ese concepto, en la esperanza quizás de que para el resto del impuesto ya hayan podido ser implementadas las medidas de reforma que incluyen la inclusión de un tipo mínimo, que podría significar un aumento de la recaudación de 6.000 millones de euros.

Y mientras tanto Europa vigila. Y ya da por hecho que se van a prorrogar los presupuestos del año pasado. De hecho, la Comisión Europea, con el también amigo de Guindos, Moscovici, a la cabeza, ya da por supuesto que no habrá Gobierno a corto plazo y ha dado de plazo hasta el 15 de octubre para presentar un borrador que prorrogue las cuentas presupuestarias de este año para el que viene. Lo que significaría realizar una proyección de ingresos, gasto social, pensiones, desempleo, etc. Que además no posibilitaría la rebaja del déficit público hasta el 4,6% del PIB este año y el 3,1% en 2017.

Además, como que no viene al caso, después de haber sorteado con éxito en julio la imposición de una multa por haber incumplido sus compromisos con sus socios sobre la reducción del déficit público el año pasado, Moscovici ha señalado que la Comisión Europea debe decidir en breve la posibilidad de congelar los fondos europeos para nuestro país a partir de enero si no presentamos pruebas de haber emprendido acciones efectivas de reducción de déficit.

Lo cierto es que el bloqueo político está empezando a pasar factura. Que de momento aguantamos el tipo gracias a la inercia generada por el acelerón de la economía estos trimestres pasados. Pero también es verdad que la incertidumbre generada por la falta de gobierno se está empezando a notar en algunos indicadores, que empiezan a revisarse a la baja. Así, la inversión, que se esperaba que creciera este año un 5,6%, ajusta su crecimiento bajando dos décimas, hasta el 5,4%.

Y donde de verdad lo notaremos es en las previsiones del año que viene: con un crecimiento del PIB que disminuye al 2,3% y un crecimiento del empleo que se quedará en el 2,2%, frente al 2,7% que se preveía inicialmente. Si a esto le añadimos la cifra de déficit, la segunda más alta de la Eurozona tras Grecia, que urge a tomar medidas de manera urgente, la antesala del desastre está servida.

Esta es la munición que esgrime el partido del gobierno para justificar que le faciliten gobernar. Enfrente, los demás y sus principales municiones van con nombre propio. Se llaman Bárcenas, Barberá y hasta Rajoy, por defenderles y apoyarles. También se llaman demagogia, irresponsabilidad y alejamiento de la realidad. El caso es que aquí si se deja oír el famoso “tic-tac”.

Al final va a ser acertada la propuesta de change.org de dejar a los políticos sin sueldo ni dietas hasta que se forme un gobierno…

Tras aguantar la noticia durante meses, el ejecutivo en funciones de Rajoy no ha podido seguir silenciando la propuesta del exministro Soria para optar a un puesto de ejecutivo para el Banco Mundial. Ha bastado su designación, que no aún su nombramiento, para que las críticas hayan caído de todos lados, incluidos determinados sectores del Partido Popular.

La intención de Soria de proponerse como candidato ya era conocida hace meses, así como la aceptación del ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque se desmintió en su momento porque en aquellos momentos electorales no era plan que la noticia se oficializara. Ahora, con el tiempo acabado (el plazo para proponer al candidato acaba este viernes) y siendo la derrota parlamentaria de Rajoy un hecho (ya trabajan los equipos de los partidos para adaptar villancicos a eslóganes de campaña), Soria será propuesto por el Gobierno de España para ocupar una de las 25 plazas de director ejecutivo del Banco Mundial.

El caso es que, según el actual ministro de Economía “El puesto no es político, es estrictamente administrativo, Soria ya dimitió de todos sus cargos políticos y reingresó en el cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, lo pidió y sería ilegal habérselo negado, porque no está ni imputado ni inhabilitado”. Y lo que no se puede negar es que el currículo profesional y político de Soria le acredita perfectamente para el puesto por delante de otros compañeros de oposición con menos antigüedad o relevancia en su cargo en la Administración. Se da la circunstancia de que el antiguo número dos de Soria en el Ministerio de Industria, el secretario de Estado Alberto Nadal, también técnico comercial, había solicitado esa posición en el Banco Mundial y al final retiró su candidatura.

Por tanto, todo es legal, lícito y sin tacha. Pero ¿por qué chirría tanto?

Repasando el historial del exministro, existen diversas circunstancias que no dejan de ser un tanto sospechosas. Por ejemplo, durante su etapa como Alcalde de Las palmas de Gran Canaria (1995-2003), las sospechas de corrupción urbanística salpicaron a diversos cargos del Partido Popular, aunque nunca pudo demostrarse que el entonces alcalde estuviera involucrado.

Ya como Cabildo Insular de Gran Canaria entre el 2003 y el 2007, tres casos de corrupción salpicaron su mandato, el caso Eolo (relativo a las concesiones a empresas de energía eólica, y que motivó la dimisión del hermano del futuro exministro, por entonces Consejero de Industria, Comercio y Nuevas tecnologías), el caso Chalet (en el que se acusaba a Soria de percibir del imputado por el caso Eolo Javier Esquivel y sus socios, el préstamo de un chalet de lujo durante 21 meses sin pagar alquiler mientras profesionales y empresas proveedoras del Cabildo de Gran Canaria que Soria presidía le construían su nuevo hogar en el barrio de Tafira Alta) y el caso Salmón (en el que supuestamente recibió el regalo de una estancia en Noruega a cambio de favorecer a una determinada empresa).

La siguiente etapa, con crisis del PP Canario incluida, lo coloca como Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, además de Vicepresidente del mismo en el periodo entre 2007 y 2010 siendo esta la época en la que tuvo que hacer frente a los compromisos judiciales referidos, de los cuales logró salir casi indemne.

Ya como Ministro, será recordado por sus incursiones con el “fracking”, su defensa de las prospecciones petrolíferas en Canarias y Baleares, su nuevo recibo de consumo eléctrico, su agridulce relación con las compañías eléctricas y su polémica legislación de las energías renovables con el famoso veto al autoconsumo energético, también conocido como el “impuesto al sol”.

Su dimisión como Ministro, ya en funciones, llegó con los famosos “papeles de Panamá”, en los que se demostró que aparecía detentando diversos cargos en varias empresas ubicadas en paraísos fiscales tras haberlo negado en repetidas ocasiones. Así, en abril de este año, dimitió de todos sus cargos políticos y marchó a Estados Unidos en busca de formación en Harvard, a la espera de noticias en relación a su postulación como candidato a directivo del Banco Mundial.

Así las cosas, no cabe la menor duda de que Soria es un buen candidato por experiencia y currículum, como tampoco cabe duda de que es la peor apuesta por el cúmulo de sospechas que acumula sobre la limpieza de sus actividades. Y si bien sigue siendo un funcionario que únicamente opta a un puesto de funcionario, de hecho, De Guindos ha declarado que, si el cargo fuese político, él sería el primero en mostrar su desacuerdo, el interés mostrado por medios de comunicación nacionales y extranjeros demuestra que no es un nombramiento más.

Por otro lado y sin que tenga nada que ver con todo lo anterior, se dice que cuando un funcionario de carrera demuestra ineptitud o comete un grave error en el ejercicio de su cargo lo que se hace es ascenderlo, cambiándole de área, para apartarlo del ojo del huracán. De este modo, tanto el funcionario como la Administración gestionan una crisis a gusto de todas las partes, ya que se crea la ilusión de un castigo, que en realidad no existe, para acallar las voces más críticas.

Me sigue chirriando algo, y no sé qué es…

El empleo precario y los bajos salarios hacen que un importantísimo sector de la sociedad, casi el 50% de la misma, viva en situaciones de precariedad, es decir, en el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión. No sólo por la pérdida del empleo de la propia persona o de otros miembros del entorno familiar, sino también por la aparición del fenómeno del “trabajador pobre”, por el cual los salarios obtenidos por el trabajo no bastan para rescatar a la familia del riesgo de pobreza.

Sin embargo, está siendo también en esta época en las que las grandes fortunas están creciendo como nunca desde hacía años. Ya hace un tiempo que recuperaron lo perdido con la crisis y ahora están engrosando sus cuentas a buen ritmo, además de estar aumentando el número de ricos, lo cual estaría muy bien, si no fuera porque este aumento del poder económico de las clases favorecidas se está logrando al mismo tiempo (si es que no es a costa) de la precarización de las clases medias, lo que significa una polarización de la sociedad entre ricos y pobres. Siendo este el posible inicio de futuros problemas sociales que la falta de clase media siempre ha dado lugar en cualquier sociedad.

En este contexto se engloba uno de los grandes debates nacionales pendientes, como es la reforma del sistema de pensiones. La gravedad de la crisis económica de la que está saliendo España ha profundizado y adelantado el problema latente, de fondo, que está empezando a crear el envejecimiento de la población en las pensiones de la Seguridad Social. La manifestación más clara de esta circunstancia es que desde 2012 el Fondo de Reserva de las pensiones ha disminuido en más de dos terceras partes. De modo que, en principio, sólo queda Fondo de Reserva para el abono de otras tres pagas extraordinarias. Es decir, hasta las Navidades de 2017. Más allá, como se indicaba en los antiguos mapas para señalar territorios no explorados, “hay dragones”.

La causa inmediata del problema es la destrucción de 3,5 millones de empleos durante la crisis y, con ello, el fuerte recorte de los ingresos por la caída de las cotizaciones sociales, además del aumento de las prestaciones por desempleo. Y aunque ahora el empleo se esté recuperando, las políticas de bonificaciones para fomentar esta recuperación y la precarización del empleo no logran conseguir el suficiente pulmón para estabilizar el gasto social. De este modo, el déficit de la Seguridad Social es de 15.000 millones anuales. Con una partida de pensiones que crece cada año a un ritmo del 3% y sin medidas que alivien este desvío.

Las medidas que se apuntan para tratar de aliviar el incierto futuro del sistema de pensiones se pueden esquematizar en los siguientes puntos:

La primera, la más viable para no tener que recortar las pensiones en el futuro, es hacer reformas estructurales que aumenten el empleo, disminuyan la tasa de paro, y hagan posible un incremento de los salarios. Este podría ser el camino emprendido por el Gobierno de Rajoy, pero con un fallo importante: los recortes llevados a cabo durante la crisis han afectado a los gastos en educación, formación e investigación tecnológica. Con lo que el único camino para fomentar la competitividad ha sido la devaluación de salarios, lo que empeora los ingresos por cotizaciones.

La segunda medida consistiría en llevar a cabo una reforma del sistema de pensiones que incluya la creación de un mecanismo de “cuenta nocional”: dentro del sistema público, el trabajador tendría una cuenta individual de cotización. En la jubilación, la prestación obtenida tendría relación directa con el esfuerzo contributivo. Los trabajadores que hubieran contribuido más, devengarían una pensión mayor. Este modelo permite introducir instrumentos de ajuste automático, una jubilación flexible y el equilibrio entre las contribuciones y las pensiones en relación a la esperanza de vida. Otro de las medidas a abordar es la subida de las bases de cotización eliminando los topes e igualando la cotización de la Seguridad Social a la cuantía real del salario.

En esta línea de mayor reparto del esfuerzo contributivo, se podrían eliminar las deducciones fiscales a los planes de pensiones privados. Suprimiendo además la actual posibilidad que tienen los trabajadores autónomos, hasta los 48 años, de cotizar a la Seguridad Social por la base mínima que, aplicando el tipo, se queda en 260 euros mensuales.

La tercera (y mi favorita) es aceptar la reducción de la pensión media sobre el salario medio y compensarla con más recursos procedentes de ahorro privado. Es decir, con planes privados de pensiones. El problema de esta medida es que, dada la progresiva devaluación de salarios y la cada vez mayor precariedad de buena parte de la sociedad, tan sólo el hecho de llegar a fin de mes es todo un reto para muchas familias. Por lo que las mismas no disponen de los recursos necesarios para alimentar un producto financiero que les pueda garantizar un nivel digno de vida en un futuro cuando no pueden garantizarlo en el presente.