Manuel González

Mientras nuestros dirigentes políticos bailan el rigodón de los acuerdos políticos al lento ritmo de las cigarras veraniegas, una nueva noticia en el ámbito macroeconómico ha vuelto a sacudir la paz estival. La deuda pública española ha vuelto a crecer con fuerza en el segundo trimestre del año, 18.148 millones más, superando por primera vez la cifra de 1.107.287 millones de euros: la mayor cantidad de la historia en términos absolutos. Lo que significa, por otro lado, que cada uno de nosotros tenemos una deuda pendiente de 23.800 euros, si lo expresamos en términos per cápita.

En porcentaje sobre el PIB, que permite comparar la deuda de un país con la riqueza que produce al año, sube al 100,9%, un nivel que sólo se ve superado por el hito histórico de 1.909, en el que se alcanzó el 102% del PIB. Habría que remontarse unos años más, durante la guerra de Cuba, para encontrar valores superiores.

De este modo, a pesar de los severos recortes, desde que Mariano Rajoy accedió a La Moncloa a finales de 2011 la deuda de España ha crecido en 357.000 millones pasando de menos del 70% del PIB a rebasar el 100%. Un legado parecido al que dejó tras sus siete años de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2004 se encontró un nivel del 45%. Con la diferencia de que ya ha superado a la cantidad total de endeudamiento del Gobierno Zapatero en 9.227 millones de euros.

Sin embargo, desde el Ministerio de Economía lanzan un mensaje tranquilizador que matiza en dos sentidos estos datos. Por un lado, hay que tener en cuenta la fuerte estacionalidad del calendario de deuda, ya que éste depende de las fechas de emisión y las de las amortizaciones y resulta que los principales vencimientos se producen en los meses de enero, abril, julio y octubre. Por otro, el Ministerio hace hincapié en la tendencia desaceleradora iniciada en 2013, de manera que aseguran que se logrará cumplir con el objetivo del Programa de Estabilidad Europeo a cierre del 2016, que dejará la deuda en el 99,1% del PIB, debido, sobre todo, al crecimiento económico. No sólo eso, sino que además reducirá la cifra hasta el 96% en 2019.

La Comisión Europea, en cambio, prevé que la deuda española cierre el año por encima del 100% del PIB y reclama una nueva ronda de ajustes para contener el déficit -España lleva ocho años sin cumplir el objetivo- que podría alcanzar los 20.000 millones entre este año y el que viene. El Ejecutivo en funciones asegura que tiene margen para cubrir ese agujero con la subida de la recaudación por la mejoría de la actividad, aunque ya se pronostica que el crecimiento económico será el año que viene algo menor de lo esperado.

Por ahora, en cuanto al tema de la colocación de la deuda, no está habiendo demasiados problemas, se sigue colocando en buenas condiciones y así será mientras se mantenga el paraguas del Banco Central Europeo que garantice la solvencia. El problema vendrá cuando se acabe esta cobertura del BCE o cuando el bono de países más solventes, como el alemán, recuperen su rentabilidad.

Para reducir esta deuda, se podrían seguir varios caminos. Con Aznar o Felipe González se hizo a base de privatizaciones, vía que no tiene ahora mucho futuro debido a que ya no hay tanto que se pueda vender. La atrayente posibilidad de poner en marcha la máquina de fabricar dinero a costa de devaluación e inflación es inviable porque el mando sobre la política monetaria ya no reside en España. Y en cuanto al impago de la deuda, no es una solución, es romper la baraja, y sólo serviría para encarecer una futura financiación.

Puestos así, sólo cabe un crecimiento sostenido por encima del 1,5% anual. Y para conseguirlo se ha realizado un ajuste fiscal y una política de devaluación salarial salvaje para recuperar la competitividad que serviría para generar crecimiento que reequilibre las cuentas. Aunque esto sea a costa de destruir el tejido social del país, creando una mayor desigualdad, bolsas de pobreza de difícil reabsorción y empleos con salarios que no cubren las necesidades de los trabajadores.

Para acabar, la posibilidad de que en realidad la cantidad de deuda no sea de 1,1 billones de euros, sino que en realidad sea de 1,5 billones, ya que, dependiendo del sistema de valoración, podríamos incluir una serie de partidas que elevarían la cifra en casi un 50%. Tal y como se encarga de aclarar el Banco de España en sus propios documentos, el concepto de endeudamiento que se utiliza actualmente no es exacto en sus mediciones porque no es una medida de las deudas totales. Esto es así porque no incluye todos los pasivos o deudas que tienen las Administraciones Públicas entre sí.

En menos de treinta años nuestro país ha pasado de tener una estructura administrativa centralizada a situarse entre los países más descentralizados de la OCDE. Los padres fundadores del estado democrático, en el que nacieron las Comunidades Autónomas, tuvieron muy presente el tema de reconocimiento de las nacionalidades históricas, la cesión de competencias y un sistema de transferencia de fondos desde las comunidades más excedentarias de recursos a las más pobres, con vistas a limar las diferencias entre ellas. Pero, desde una perspectiva puramente económica, pudiera parecer que limitaron los medios financieros para el ejercicio de estas competencias, que seguirían estando en su mayoría en manos del gobierno central, que sería el que, en última instancia, tendría el poder de abrir o cerrar el grifo a la financiación autonómica.

Es por eso que puede decirse que los mecanismos de responsabilidad financiero-fiscal de las CC.AA. han sido un fracaso. La crisis ha producido un elevado deterioro financiero en algunas de ellas y un efecto contagio de su pérdida de reputación sobre las restantes. La deuda ha crecido vertiginosamente en todas las regiones y no ha habido mecanismos tempranos de corrección del mismo debido a las dificultades a las que se enfrentan las CC.AA. para hacer uso de instrumentos correctores por el lado tanto de los ingresos como de los gastos.

Por eso, el modelo de financiación autonómico actual está tocado de muerte por caducidad. La reforma del actual sistema, en vigor desde el 2009 y que por ley tenía una vigencia de cuatro años, se anuló porque «no hay dinero», en palabras de Rajoy, prorrogándose hasta el día de hoy.

La desigualdad se da entre las regiones de régimen común, pero si se añaden las que están fuera del sistema con conciertos propios, País Vasco y Navarra, la situación aún es más desigual. Ambas tienen una financiación por habitante mucho mayor que cualquier comunidad, ya que son autonomías “ricas” en renta que no aportan nada a la solidaridad regional y recaudan más. Ello provoca que, si el español medio recibe de media unos 2.049 euros de financiación por habitante, en Navarra la cantidad se dispara a 3.677 y a 4.292 en el País Vasco, según las balanzas fiscales territoriales de 2012. Esto provocó que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamase en 2012 un trato similar (PDF). Siendo este uno de los motivos que más suspicacias políticas levanta entre comunidades.

Las Comunidades Autónomas tienen cuatro fuentes principales de ingresos: impuestos compartidos, que son los que el Estado recauda, y una parte va para la Comunidad Autónoma, impuestos cedidos, recaudados directamente por cada Comunidad y fondos, que son las compensaciones de las diferencias entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar.

Respecto a los impuestos compartidos son tres: IRPF, el IVA (ambos se comparten al 50%, exceptuando la subida de diciembre de 2011 que es únicamente para el Estado), y especiales (en el que las Comunidades se quedan el 58% de lo recaudado).

En cuanto a los impuestos cedidos, aquí nos encontramos con patrimonio, sucesiones, donaciones, Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Son las propias Comunidades las que recaudan, controlan y, hasta cierto punto, regulan normativamente estos impuestos.

En tercer lugar, tenemos los fondos, que son tres:

• El fondo de garantía es el encargado de asegurar los mismos recursos por habitante ajustado (es decir, se tiene en cuenta la dispersión de la población, la dependencia o la insularidad).
• El fondo de suficiencia global financia las necesidades globales de las Comunidad Autónoma, una vez tenidos en cuenta el resto de ingresos.
• Y el fondo de convergencia autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas. Es decir, para reducir las desigualdades entre Comunidades, incidiendo en aquellas con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población y menor crecimiento de población.

Por último, tenemos los impuestos propios, que sólo suponen el 2,4% de los ingresos tributarios de las autonomías (con un total de poco más de 2.000 millones de euros en datos del 2.013). Estos impuestos gravan desde las tierras infrautilizadas, las bolsas de plástico de un solo uso, el impacto visual producido por elementos de suministro de energía eléctrica, los centros comerciales hasta el ADSL.

El caso es que se habla de reforma laboral, fiscal, de horarios… como principales temas que se abordarán por parte del nuevo Gobierno al llegar al poder. Sin embargo, hay la reforma largamente aplazada que los políticos solo mencionan de pasada, la de la financiación autonómica, es un tema del que nadie parece muy dispuesto a dar demasiados detalles, porque pueden levantar ampollas en determinados territorios y abrir heridas entre los barones de cada partido. Habrá regiones que ganen, pero también comunidades que perderán.

Sin embargo, parece que el tiempo y la paciencia se acaban y ya son muchos los Presidentes de Comunidades Autónomas que expresan su descontento con mayor contundencia. El último, el mediático presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que, aunque su comunidad no es de las más perjudicadas en todo este maremágnum, ya ha expresado que en cuanto se arregle la situación del país, en lo que a Gobierno se refiere, liderará una “sublevación” junto con el resto de autonomías contra las políticas de ajustes y para reivindicar al próximo gobierno español un reparto más equilibrado del déficit.

Publica la agencia de calificación Fitch un informe que otorga a la deuda española una calificación de BBB+, alertando del fuerte endeudamiento al tiempo que destaca la diversidad en la composición del PIB. El informe, que habla del empleo, del alto nivel de endeudamiento o de las reformas llevadas a cabo, toca el tema de la posibilidad de una tercera cita electoral. La conclusión de este informe es que, aunque no hay una definición clara, existe una cierta aversión de los agentes económicos a la celebración de unos terceros comicios. El motivo de que se haya relajado la incertidumbre económica por motivos políticos es porque parece haberse conjurado la posibilidad de un gobierno liderado por Podemos, aunque siga existiendo el riesgo de que el próximo gobierno sea incapaz de mantener suficientes apoyos para gobernar con eficacia, lo que podría conducir a elecciones anticipadas.

El caso es que nuestros políticos parecen haberse empeñado en dar emoción hasta el final a la formación de gobierno. Con un aspirante a presidente que no quiere enfrentarse al proceso de investidura hasta que no tenga claro del mismo saldrá triunfante. Con un aspirante a jefe de la oposición que niega una y otra vez cualquier tipo de apoyo, activo o pasivo, que permita a su rival acariciar los laureles. Un líder de la tercera fuerza política desaparecido y un cuarto líder activo, siendo el único que realmente muestra ganas de dialogar y negociar, a pesar de ser el que menos puede ofrecer, salvo el apoyo moral que a Rajoy le puede suponer el no sentirse tan solo.

Tal es así la situación que ya ningún candidato se priva de hablar de la posibilidad de una vuelta a las urnas. De hecho, ya hay fecha para si se diera el caso: sería nuestro regalo de Navidad del 25 de diciembre. Una pena, yo hubiera preferido el 28 y papeletas en forma de monigote.

Sin embargo, si analizamos el caso desde una perspectiva puramente de costes quizás podamos intuir por donde van a ir los tiros en las próximas semanas. Por un lado, mirando a qué formación política le merece la pena repetir las elecciones, la respuesta no puede ser otra que el Partido Popular, al que ya le benefició la segunda votación y al que las encuestas le siguen dando un aumento paulatino de votos. Por otro lado, las otras tres formaciones, en mayor o menor grado continuarían su retroceso, por lo que serían los primeros perjudicados en repetir la aventura de las urnas. Lo único que está claro es que el castigo en una tercera votación se cernería sobre el partido, o los partidos, que bloqueasen el proceso de constitución de gobierno a los ojos del electorado. Es por eso que la lógica dicta que la estrategia del PSOE será optar por el no en primera votación y abstenerse en la segunda “por el bien de la estabilidad y la gobernabilidad”, sin pactos con el PP para no pillarse los dedos y poder así bloquear cualquier medida que el previsible gobierno en minoría pudiera tratar de llevar a cabo posteriormente.

Quizás ese sea el motivo por el que el PP no estaría dispuesto a intentar la formación de gobierno en minoría, porque le habrían permitido ser presidente para no poder gobernar. Este es el punto en el que el partido de Rajoy no quiere pillarse los dedos y estarían dispuestos a no aceptar presentar su candidatura al Rey, porque candidato sí, pero cándido no.

Por eso el PP anda como loco por conseguir que el PSOE se involucre de alguna manera en un acuerdo de gobernabilidad, acuerdo para el que ha presentado un documento (PDF) que establece las líneas básicas de un marco de entendimiento para negociar las reformas institucionales, la política económica, la política educativa y la política social. Este documento pone de manifiesto las coincidencias entre PP, PSOE y Ciudadanos en sus respectivos programas, como el avance en la recuperación, la reforma del modelo de financiación, la voluntad de pactos en educación, ciencia y cultura, un pacto social o el fortalecimiento institucional.

En el documento se señalan puntos concretos del pacto PSOE-Ciudadanos firmado en la anterior legislatura que el PP podría asumir, como las medidas de apoyo a autónomos, la apuesta por la innovación tecnológica, el pacto nacional del agua, la “mochila austriaca”, refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, abordar el régimen de las SICAVs, un pacto por la educación, otro por la ciencia, una cartera común de servicios que garantice el acceso en condiciones de igualdad en toda España o una reforma electoral, además de medidas concretas contra la corrupción entre las que incluyen la reducción de los aforamientos. En definitiva, mucho humo, mucha palabrería y pocos compromisos concretos de cambios sustanciales.

Por ahora sólo Ciudadanos, sin nada que perder, ha aceptado suscribir el acuerdo, lo que le permite colocarse la medalla al mejor negociador. Sólo falta ver el pulso entre PP, impelido de forma cada vez más perentoria por la obligación de intentar formar gobierno, y PSOE, obligado a tensar la cuerda lo máximo posible sin llegar a romperla, que podría significar un desastre para el partido. ¿Y Podemos? No se sabe, ni está ni se le espera. No entran en las quinielas por ahora, imagino que simplemente esperan a que llegue su momento.

Con la época de canícula comienzan los avisos de incendios forestales, al tiempo que se aplican en toda su dureza las reglamentaciones correspondientes a impedir que un error humano pueda ser el origen de una tragedia en el monte. Pero tales reglamentaciones, todas las campañas de concienciación del mundo poco pueden hacer para detener la destrucción mientras existan los que ganen más con la quema de los bosques que con su preservación.

Lo que es claro es que la inmensa mayoría de los incendios vienen de la mano del hombre y, en muchos casos, provocados para beneficio de unos cuantos. Aunque tal hecho esté lleno de mitos. Así, uno de los motivos que siempre se ha alegado para la provocación de incendios han sido los motivos urbanísticos: se compra un terreno rural, se quema con lo que se fuerza la recalificación, y se gana un dineral construyendo una urbanización de lujo junto al bosque que haya quedado. Evidentemente han existido incendios motivados de acuerdo a ese plan, pero no es una explicación a los siniestros que ocurren en zonas con interés urbanístico nulo.  Así, pese a estar en el imaginario colectivo, la causalidad incendio-cambio de uso del suelo no es demasiado frecuente (0,34% de los incendios y 0,12% de la superficie quemada en el periodo 2001-2012), siendo así que hasta en Greenpeace desmontan el mito entre incendios y construcción.

Los que sí está demostrado es la alta relación entre incendio y dedicación de la tierra quemada al pastoreo. Mientras que se piensa que las recalificaciones son todas para la construcción, la mayoría de recalificaciones se hacen para cambios de uso agrícola y ganadero. Esa es la verdadera realidad de las recalificaciones y gran parte de bastantes incendios. Renovación de la masa forestal, cambios de uso a viñedos, plantaciones de nuevos cultivos o necesidad de pastos ganaderos (el 68% de los incendios en 2008).

Otro motivo habitualmente repetido es el del negocio de la madera quemada para la industria papelera. El problema es que realmente la madera quemada, aunque barata, necesita de un proceso de blanqueamiento para usarse en la fabricación del papel. Además, en los últimos años las comunidades autónomas cada vez más han enfocado sus esfuerzos en mantener la madera quemada en los lugares ardidos, con el objetivo de la creación de barreras forestales para evitar la pérdida de suelo.

Igualmente, no deja de ser un también un mito, aunque se hayan dado casos, que una parte de los incendios pueden estar provocados por los mismos trabajadores que se encargan de extinguirlos, debido a las amenazas de recortes que se ciernen sobre sus puestos de trabajo. Pero da pistas sobre un motivo real: los recortes en materia de prevención son otra de las causas principales de incendios, sin parecer darse cuenta de que un recorte en la prevención es asegurarse un gasto 10 veces mayor en la extinción y recuperación del monte.

En definitiva, los principales problemas del bosque español son el calor, el abandono y las malas prácticas agrarias. El abandono de las prácticas rurales que incluían la ganadería extensiva o la recogida de leña y que conllevaban un cierto cuidado del espacio forestal, ha motivado el abandono de los bosques debido al poco valor de las actividades relacionadas con ellos y al envejecimiento de la población rural. Por otro lado, la falta de una regulación efectiva y los vacíos legales entre ordenamiento jurídico estatal y autonómico lleva a una descoordinación en las medidas preventivas, que son las más importantes.

Por último, un apunte más acerca del negocio de los incendios, que, si bien no conllevan necesariamente el estallido de los mismos, sí es una trama que ha crecido al hilo de la lucha contra el fuego, debido a la cada vez mayor presencia de empresas privadas en los servicios de prevención y extinción por la vía de las concesiones y contratas públicas.

Se trata de la investigación llevada a cabo por la Udef a un grupo de empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales por pactar precios e influir en las adjudicaciones públicas de España, Portugal e Italia. Estas empresas contaban con multitud de políticos y altos cargos de varios territorios, sobre todo de Valencia y Cataluña, para garantizarse la mayor parte de contratos. De hecho, es en la comunidad valenciana en la que se han llevado a cabo las detenciones más importantes, como la del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano.

La trama estaba presuntamente dirigida por el empresario Vicente Huerta, gerente de Avialsa, a la que Castellano benefició en Valencia, durante los años los años 2007 a 2014 y el funcionamiento era, como suele ser muy simple: a cambio de las correspondiente comisiones y regalos, se pactaba previamente con Avialsa en las condiciones de cada nuevo contrato las mejoras que debía introducir la empresa para adjudicarse el concurso. La causa está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público. Hubo más de 20 detenciones en Alicante, Valencia y otras provincias españolas y se practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Mientras que la cantidad presuntamente malversada supera los 100 millones de euros y la Policía también investiga si los empresarios movieron hasta 600.000 euros en dinero negro desde Italia.

Así que, ahora ya lo sabemos: cuando el bosque se quema, posiblemente alguien está ganado dinero.

Que las vacaciones de verano son el mejor momento del año para descansar y reponer fuerzas para encarar el fin de año con nuevas energías es algo que por sabido no deja de ser en muchas ocasiones falso. De hecho, son los problemas y las dificultades que convierten el descanso estival en una odisea lo que más ayuda a considerar la vuelta al trabajo y a la rutina diaria como una bendición. Y es que, al margen del calor excesivo, de los precios abusivos y de los trastornos corporales que provocan el hecho de alejarse uno de su entorno, sólo el hecho de llegar al deseado destino vacacional (o volver de él, según donde te pille) puede ser digno del más esforzado argonauta.

Y todo debido a que el periodo estival coincide con el periodo de huelgas del sector transporte. Ya hace un mes avisó RENFE, con una huelga que pareció de juguete, comparado con lo que podría haber sido. El motivo, el descontento de los maquinistas porque la compañía podría estar incumpliendo el calendario de jubilaciones y de nuevas incorporaciones. El caso es que la huelga se ha venido realizando en días concretos, afectando en su mayor parte a mercancías y ferrocarril de vía estrecha y cumpliendo más o menos los servicios mínimos.

El segundo aldabonazo, y este ha sido más grave, lo ha protagonizado Vueling. Y aunque no ha sido una huelga, miles de usuarios se han visto afectados por cancelaciones y retrasos que tienen su origen en una pésima gestión, saturada en cuanto la demanda crece más de lo previsto. En este caso, la compañía de bajo coste de IAG, hermanada con Iberia, ha demostrado tener una falta de planificación que dio lugar a fallos operacionales de bulto (escalas demasiado cortas, descoordinación entre departamentos inexperiencia y deficiencias técnicas, falta de personal de tierra e incluso insuficientes pilotos y aeronaves) que provocaron un derrumbe en cadena de toda la actividad de la compañía. La defensa de la compañía ha sido que todo fue un problema puntual agravado por el cierre nocturno de los aeropuertos pequeños, la operativa interna del aeropuerto de Barcelona (epicentro del descontrol) y las huelgas que sacudían a Francia esos días.

El tercer gran momento de viajar está por llegar. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto (coincidiendo con el mayor movimiento vacacional de pasajeros) está convocada la huelga de pilotos de Air Europa. El motivo la creación de Air Europa Express, tras la compra de Aeronova, a la que se están traspasando once aviones de la matriz, así como parte de su carga de trabajo. Las tripulaciones para la nueva “low cost” se están contratando fuera de Air Europa, “a bajo coste y sin convenio”, ya que no se rigen por el de la matriz, que, por otro lado, se encuentra investigación judicial. Dicha externalización de la producción afecta directamente a la progresión profesional de los pilotos de Air Europa, ya que sin compra de Aeronova las necesidades de nuevos pilotos serían de 144, de los que 72 serían comandantes mediante promoción interna y 71 copilotos en virtud de nuevos contratos. Con la compra solo existe necesidad de 34 nuevos pilotos y únicamente 17 trabajadores pueden optar a una promoción interna. Esto ha provocado que con 322 votos de 380 participantes (de un total de 436 afiliados al todopoderoso organismo sindical SEPLA dentro de la compañía) hayan votado a favor del paro ininterrumpido de cuatro días “con una cierta intencionalidad en las fechas”, según el propio sindicato.

Por su parte, Air Europa recuerda que el criterio seguido por el Gobierno a la hora de decretar los servicios mínimos ha sido mantener el 100% de los vuelos transoceánicos, así como la totalidad de los vuelos con origen y destino a Canarias y Baleares y los interislas. En lo que se refiere al resto de vuelos, se ha venido garantizando un porcentaje de la operación con el objetivo de minimizar el impacto de la huelga entre los pasajeros. Así mismo, la compañía lamenta profundamente la situación originada y pide disculpas a todos los pasajeros que puedan verse afectados por los paros, afirma que está acometiendo todas las acciones que “están a su alcance” para proteger a los clientes de la aerolínea y dar todas las facilidades posibles a los pasajeros que se vean afectados para defender sus intereses.

En definitiva, si se va a viajar en esas fechas, no hay que olvidarse del paquete básico del “viajero atrapado en el aeropuerto”, que incluye elementos de higiene básica, víveres y agua en abundancia, baterías y cargadores para móvil, tablets y todo lo que pueda servir para entretener a los niños, si los hubiera, y un cargamento extra de paciencia, que siempre es preferible esperar en el aeropuerto que en el cuartelillo de la Guardia Civil por intentar incendiar un puesto de facturación de la compañía en cuestión.

Al margen del nada edificante espectáculo que nuestro país está ofreciendo, algo que en realidad nos debería dar igual, que en todas partes cuecen habas, el hecho de que la posibilidad de unas terceras elecciones se empiece a ver como algo no descartable, puede tener algunas complicaciones que afectarían gravemente a nuestros bolsillos. Para empezar el coste directo, otros ciento y pico millones de euros por el sumidero, con lo cual estaríamos hablando de casi 500 millones de euros de gastos electorales en un año. Por no hablar de la cada vez mayor desafección a la clase política y que tendría seguramente su mayor expresión si los líderes de las cuatro fuerzas principales fuesen incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno.

Pero los costes irán más allá, ya Montoro ha advertido que “sin Gobierno no hay presupuestos”, por lo que, si la situación de gobierno en funciones se alarga más allá de principios de agosto, se comprometerá la elaboración de los presupuestos del 2017, con lo que se tendrían que prorrogar los de este año. Las consecuencias podrían ser sumamente graves en nuestra economía; no hay que olvidar que Bruselas nos tiene bajo vigilancia: estamos por recibir una multa por nuestros “esfuerzos insuficientes en la reducción del déficit público” por un lado, por otro, los presupuestos del 2016 no gustaron en Europa y se pedían reajustes al gobierno entrante (algo a lo que se comprometió Rajoy). Y ahora resultará que tendremos, no sólo que dar por buenos los del 2016, sino que además quizás también prorrogarlos para el 2017. Con ese panorama, según Funcas (el Panel de la Fundación de las Cajas de Ahorro) el desvío del déficit amenaza este año con irse al 4,1% del PIB, el Gobierno en funciones poco podrá hacer para ajustar nada y el déficit volverá a situarse en el mismo nivel en 2017 y excederá en 16.000 millones el tope que exige Bruselas.

Por no hablar del déficit de la Seguridad Social. Con una partida de pensiones que crece cada año a un ritmo del 3% y sin medidas que alivien un desvío perenne de más de 15.000 millones, las posibilidades de bajar el déficit serán casi nulas.

A estas alturas del año, poco es lo que un Gobierno en funciones puede hacer, salvo intentar recortar el gasto todo lo posible. Con este fin, se adelantará el cierre de los presupuestos del 2016 al 20 de julio, es decir cuatro meses antes de lo previsto, para hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y asegurar el cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, cerramos el grifo a cualquier gasto no indispensable. La limitación de gastos no afectará a las pensiones, las prestaciones por desempleo, los gastos de personal o la deuda pública, ni tampoco a otros gastos establecidos por normas legales o reglamentarias o que puedan ser autorizados o aprobados por el Consejo de Ministros. Tampoco a los pagos de compromisos ya asumidos por la Administración, que podrán realizarse hasta el 30 de diciembre para evitar que queden facturas pendientes de pago.

Otra de las medidas puesta en marcha fue el acuerdo de no disponibilidad de créditos en el Presupuesto del Estado para 2016 por importe de 2.000 millones de euros, equivalente a una reducción del 3% del presupuesto de los ministerios, de los que Fomento asumió la mayor parte.

Pero lo más esperpéntico de los métodos de ahorro puede venir de medidas como la vista en la base aérea de Los Llanos, en Albacete, en la que 12 aviones Eurofighter están almacenados sin que el Ministerio de Defensa acepte todavía ser su propietario para no incurrir en un gasto que descontrole aún más las cuentas públicas. Estos 12 aviones, valorados en 1000 millones de euros, han sido fabricados por encargo de España, pero, para evitar su reflejo en la Contabilidad Nacional, se evita su recepción oficial, con lo que siguen perteneciendo a Nefmo, que es el organismo de la OTAN encargado de gestionar los Eurofighter y que tendrá el título legal sobre los aviones hasta que sean formalmente aceptados por España, aunque estén almacenados y custodiados por el Estado en la citada base aérea. Así, de los 73 cazas que se pretendía comprar, sólo hemos comprado 47, doce los tenemos “congelados”, y no hay dinero para más. Otro tanto ocurre con el programa de compra de helicópteros y con el de carros de combate.

El caso es que como no se llegue cuanto antes a un acuerdo de gobierno (sea quien sea el que lo presida), el único color que conoceremos en breve no será azul, naranja, rojo o violeta, sino quizás la mezcla de los cuatro, que vendrá a ser así como un marrón oscuro, tirando a muy negro.