Manuel González

El miedo suele ser un gran aliado en estados de alarma como el que ahora atravesamos. Aprovechando la situación, estafadores y delincuentes intentan hacer su temporada alta ya que el raciocinio de las personas anda ocupado en otros menesteres, haciéndoles más proclives a caer en engaños y fraudes.

Así, desde la venta de mascarillas a domicilio hasta el hacerse pasar por funcionarios de la sanidad pública son solo algunas de las triquiñuelas de estos malparidos para aprovechar la situación y golpear el bolsillo de los más débiles, normalmente ancianos, a sabiendas de que el miedo será un aliado para su propósito.

Así, por ejemplo, varios usuarios han denunciado una estafa en la que una persona se hace pasar por empleado de una cadena de supermercados. Llama para supuestamente facilitar la adquisición de alimentos y evitar que la posible víctima se desplace al supermercado, ofreciéndole tomar el pedido por teléfono. La compra, afirma el estafador, se puede pagar en efectivo o, lo más peligroso, dando su número de tarjeta de crédito.

Otro caso que se está dando es el de una empresa fantasma que se encarga de llamar a personas mayores para hacerles una “prueba gratuita de coronavirus” a domicilio. De esta manera consiguen el acceso al domicilio, algo que aprovechan para tirar de fuerza física y obtener un beneficio a costa de una incauta víctima.

Pero el gran tirón lo está teniendo en submundo de las ciberestafas. Plataformas en las que se venden mascarillas o desinfectantes que nunca llegan, o empresas que venden contenidos digitales, con suscripciones a servicios que directamente no existen. Muchas veces, estas transacciones se realizan suplantando a organizaciones como Unicef o la Organización Mundial de la Salud y buscan, además de nuestro dinero, nuestros datos personales (para luego conseguir dinero, sin duda).

Ya en las primeras semanas, cuando el virus solo se había expandido por China de forma masiva, la empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó de e-mails que parecían llegar desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, ofreciendo recomendaciones de prevención. Para verlas, los usuarios tenían que abrir una página, introduciendo antes la contraseña de sus correos electrónicos. Y ahí es donde se abría la puerta a los ciberdelincuentes.

Después, ha sido el Cuerpo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil el que alertaba de otros timos, como el que circulaba por WhatsApp y en el que para comprarse una mascarilla había que facilitar datos bancarios. Estos ataques son conocidos como phishing, adquirir información confidencial de las víctimas suplantando la identidad de una fuente legítima. El fenómeno existe desde que existe Internet, pero un detonante como una situación de alarma lo ha agravado.

En este sentido, no cabe duda de que son una de las industrias con mayor tasa de crecimiento. Según Catherine De Bolle, directora de la Europol, es sorprendente lo rápido que los delincuentes desarrollan sus modelos de fraude: “Mientras mucha gente está luchando contra la epidemia y ayudando a las víctimas, hay delincuentes que están aprovechándose de la crisis; es algo que no podemos aceptar… las estafas en una crisis sanitaria son especialmente peligrosas y pueden poner en peligro vidas”.

En el sector farmacéutico, ya antes de la aparición de esta crisis, siempre han aparecido medicamentos falsificados en Internet fácilmente adquiribles en momentos en que escasean. En una reciente investigación mundial en 90 países junto con otras autoridades policiales, se identificaron más de 2.000 sitios web en los que se ofrecían píldoras, aerosoles o ungüentos ineficaces contra el coronavirus.

Para protegernos de estos delincuentes no hay nada como el sentido común y una alta dosis de desconfianza. De hecho, las autoridades recomiendan a los consumidores desconfiar si en la publicidad y ofertas de venta de productos o servicios se utiliza un lenguaje o imágenes que sugieran explícita o implícitamente que un producto puede prevenir o curar la infección por COVID-19; o se hace referencia a médicos, profesionales sanitarios, expertos u otras fuentes no oficiales que declaran que un producto puede prevenir o curar una infección por el coronavirus.

Igualmente, siempre hay que levantar la ceja si se utilizan expresiones que urgen al usuario a adquirir el producto haciendo referencia a la escasez o a la oportunidad. Y, por supuesto, hay que desconfiar también si se pide información personal sin justificación o si se precisa instalar algún tipo de aplicación para adquirir el producto o servicio.

Pero estas estafas no solo las reciben personas individuales fruto del miedo o la incertidumbre, sino también a los propios gobiernos. En Bélgica, las autoridades ordenaron mascarillas a un fabricante de Turquía por cinco millones de euros que nunca fueron entregadas, según informó el periódico belga Le Soir. En España, las autoridades también fueron timadas con miles de test ineficaces que daban demasiados resultados negativos.

Para terminar, solo deseo que todos estos delincuentes enfermen de verdad y se tengan que curar con aquello que venden. Pero sin duda esto no pasará. Ocurrirá como con Esperanza Aguirre, que tras pasar buena parte de su carrera política desmantelando el sistema público de sanidad madrileño, se contagió con el virus y fue atendida por ese mismo sistema público.

Con el virus campando por nuestra geografía como si no hubiera un mañana, pero con la esperanza de tenerlo controlado en algún momento del futuro próximo, nuestro país se enfrenta a un reto que va más allá del meramente sanitario. Y es que el contagio no se está limitando a las personas, todos los sectores, todas las empresas, van a sentir los efectos económicos de lo que significa ralentizar la vida de un país y, además, hacer frente a una serie de gastos extras que obligarán a disparar el gasto y a seguir engordando una deuda pública que tampoco había encontrado freno en el último lustro de recuperación económica.

El caso es que nuestro país afronta la situación de emergencia desde un punto de partida que no se puede calificar de envidiable: el volumen de la deuda pública escaló en enero hasta 1.195.942 millones de euros. Un lastre de casi 1,2 billones que representa el 95,8% del PIB, según los datos del Banco de España.

Y es que no se puede decir que nos pillase esta situación totalmente desprevenidos. Si bien es cierto que la llegada del virus ha sido inesperada, tanto por su virulencia, como por sus consecuencias, “sí se sabía que nos encontrábamos en una fase madura del ciclo económico y que, por tanto, la fase contractiva o recesiva, por un motivo o por otro, no tardaría mucho en llegar”, explica Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de Comillas Icade.

Por suerte, la actitud del BCE ha sido, tras un comienzo titubeante, bastante rápida y contundente: con una histórica inyección de 750.000 millones de euros para la compra de deuda, los mercados parecen calmarse, rebajando la presión sobre la deuda de los países periféricos.

Este cambio de actitud del BCE, curiosamente puede representar una oportunidad para nuestro país, dada nuestra coyuntura. Si no fuese por esta crisis, las Autoridades Económicas Europeas hubieran sido mucho menos benevolentes con nuestra evolución del déficit o con la deuda pública de nuestro país. Tanto es así, que la Comisión Europea parece dispuesta a suspender las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dando vía libre para que los estados olviden las metas de ajuste del déficit, lo que sería, dentro de la debacle, un pequeño respiro.

Sin embargo, lo peor de la crisis está claro quién se lo va a llevar. Para empezar, ¿cuántas personas pueden trabajar desde casa?, ¿quiénes pueden evitar el transporte público para ir a trabajar?, ¿quién tiene varios ordenadores y conexión a internet para que los niños estudien de forma remota?

La respuesta a estas cuestiones sólo nos lleva a una terrible conclusión. La enfermedad, las medidas de aislamiento y las consecuencias de las mismas se dejarán sentir mucho más en los estratos más vulnerables de la sociedad. Es decir, la epidemia está profundizando las diferencias sociales y algunos investigadores ya advierten que el golpe más fuerte recaerá sobre los más vulnerables, no solo por los efectos económicos, sino también porque están más expuestos a contagiarse.

Las personas con ingresos bajos son también las que menos pueden optar al teletrabajo y las que deben desplazarse en transporte público o estar en contacto con otras personas, lo que facilita el contagio. Y la alternativa no es mucho mejor, ya que supone quedarse sin ingresos. Sin contar con un acceso a una mejor sanidad o a unas mejores condiciones de vida.

Igualmente, si de niños hablamos, en España, donde todos los colegios y centros de enseñanza permanecen cerrados, las familias con bajos ingresos tienen dificultades para el acceso a internet o para tener un ordenador en casa con el que los pequeños puedan continuar con las clases suspendidas presencialmente. Esto es así en uno de cada cinco hogares, que no cuentan con acceso a un ordenador internet y el uno de cada diez, en los que no se cuenta con acceso a internet. Y así, algo que ya se venía comprobando tiempo atrás, que es que la desigualdad económica conlleva menor acceso a la cada vez más omnipresente tecnología, es un mecanismo que genera desigualdad en el aprendizaje y una falta de oportunidades de futuro.

Y esto por no hablar de los innumerables expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que van a provocar miles de personas afectadas por despidos. Y aunque las medidas auspiciadas por el Gobierno intentarán paliar en algo la sangría económica de estas familias, lo cierto es que el varapalo está servido.

La recuperación del empleo en su debido momento dependerá de la duración de esta situación de confinamiento, la cual depende de nuestra capacidad de atajar la expansión de la enfermedad. Es de desear que, si la situación no se alarga demasiado, los mecanismos de ajuste adoptados, que protegerán durante un tiempo a trabajadores y empresas, permitan retomar el pulso económico en un periodo razonable. El problema vendrá si la situación se alarga en el tiempo.

Lo cierto es que seguimos ciegos ante la realidad extremadamente desigual de nuestras sociedades. Hoy en día la desigualdad social se traduce en 15 o 7 años de diferencia de esperanza de vida si se pertenece a una clase social u otra. La experiencia de la crisis anterior ya nos llevó a un aumento de las desigualdades, que no se han corregido en estos años de bonanza. Aunque este virus esté siendo bastante democrático en lo que a personas afectadas se refiere, las consecuencias económicas que se tendrán que afrontar serán de todo menos igualitarias.

¿Qué tiene que ocurrir para que un hijo se desentienda de los negocios de su padre y renuncie públicamente a su herencia económica? Sobre todo, si hablamos de algo que ha ocurrido en el seno de una monarquía. Pues eso es lo que ha hecho el Rey actual, que no el “emérito”, con su padre, desentendiéndose de todos los negocios del progenitor y cubriéndose las espaldas por lo que pueda venir.

La historia ha surgido tras la apertura de una investigación de la fiscalía suiza acerca de la actividad de una cuenta en el banco suizo Mirabaud, perteneciente a una fundación panameña llamada Lucum y cuyo primer beneficiario parece ser nuestro exrey “el campechano”. De hecho, ha sido un ingreso en esta cuenta de 100 millones de dólares lo que ha levantado las sospechas del fiscal del país helvético Yves Bertossa, al ser sospechoso de formar parte de un pago de comisiones por la construcción del AVE a la Meca.

Desde esa cuenta se transfirieron en 2.012 alrededor de 65 millones de euros a una cuenta en Bahamas de Corinna Larsen, la antigua amiga de Juan Carlos I y, por lo que parece ya no tanto. Esta última atribuye el ingreso a una donación del Rey emérito, al que el fiscal suizo señala como primer beneficiario de la cuenta investigada.

Y así, de un plumazo, la Casa Real (que ya no es la de Juan Carlos I) se quita de encima cualquier implicación con las fundaciones Zagatka y Lucum, con el banco Mirabaud y con cualquier actividad sospechosa. Es decir, esta decisión supone una ruptura de cualquier relación de la Casa del Rey con los negocios que pudiera tener en el extranjero Juan Carlos I, quien podría tener que enfrentarse a una investigación judicial, tanto en Suiza (donde no tiene inmunidad) como aquí, que ya se verá si le alcanza.

Sin embargo, esto es sólo la culminación de un secreto a voces. Los negocios internacionales del rey Juan Carlos I le han permitido acumular una gran fortuna desde sus primeros pasos como príncipe. Sin embargo, este patrimonio no se refleja en ninguna de las cuentas oficiales del Estado y es prácticamente imposible conocer cuánto dinero acumulan los Borbones y, en concreto, el rey emérito. La última cantidad atribuida a Juan Carlos I se aproximó a 2.000 millones, según la revista Forbes. Pero la realidad es que ésta es sencillamente inestimable por ahora.

Los inicios de esta fortuna, teniendo en cuenta que en su momento hablamos de un príncipe sin corona y con una fortuna inexistente, se remontan al final de la dictadura, cuando Franco decide explotar la buena mano que el futuro monarca tenía con los dirigentes de países árabes para intentar que la crisis del petróleo de 1.973 afectase lo mínimo a nuestro país. Esto cristalizaría en 1.977, cuando Juan Carlos I recibió del todavía príncipe saudí Fahd bin Abdulaziz el montante de 100 millones de dólares a interés cero con el supuesto objetivo de “fortalecer la democracia” en España. De este préstamo no consta ni que se devolviese ni que llegase a las arcas del Estado.

Pero el pelotazo grande parece ser que fueron las comisiones especiales ingresadas por la compra de cada barril de petróleo que adquiría España. Según Roberto Centeno, exconsejero delegado de Campsa, cada barril de petróleo que compraba España llevaba un sobrecoste de entre 1 y 2 dólares, que iban a engrosar las cuentas personales del Rey.

Estaríamos hablando de que, por cada petrolero de 200.000 toneladas, transportando entre 1.400.000 y 1.600.000 barriles, de unas comisiones de unos 2 millones de dólares del año 1.979. Así fue como en pocos años entró en las listas de potentados de la revista Forbes. Sin embargo, su nombre salió de la lista de los más ricos a raíz de gestiones diplomáticas.

El siguiente apunte lo tenemos con la vinculación a la cuenta “Soleado” a la que se vinculan otros nombres ilustres de los años del “pelotazo”. Los Albertos, Javier de la Rosa, el clan de los Pujol o dirigentes del PP pasaron presuntamente todos por Suiza, con ingresos en la cuenta “Soleado”, que salió a la luz con la detención del bróker suizo Fasana en el marco de la Operación Gürtel. En esta cuenta también estaría el exmonarca. Nadie sabe cuántos millonarios españoles hay en esa cuenta, ni cuánto dinero guarda en total, pero por lo que han contado algunos de sus clientes –como el banquero y expresidiario Javier de la Rosa– puede tener allí guardados alrededor de 200 millones. Sí que se conoce que allí guarda también su dinero la red de Francisco Correa, líder de la trama de corrupción conocida como Caso Gürtel, y algunos diputados del PP imputados por corrupción.

Casi una década después, la información relacionada con la cuenta que gestiona sigue bajo secreto de sumario, al igual que los supuestos ahorros del rey emérito que allí se atesoran.

Pero tampoco hay que olvidar los negocios llevados a cabo con la aristócrata alemana de origen danés Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Se cree que la fortuna labrada por la pareja en sus años de romance gracias a los negocios, entre otros, con la petrolera Lukoil podría llegar a los 30 millones de euros. Precisamente fue el descubrimiento de esta relación lo que casi hizo saltar por los aires la institución, hasta el punto de hacerle abdicar.

El caso es que el Rey actual, supuestamente educado con unos férreos principios de honradez (como todos, seguramente) se ha desvinculado de los negocios de su padre, por lo menos de los que se han descubierto hasta ahora, y le ha retirado la asignación de la Casa Real que éste recibe, lo que significa una expulsión de la Casa Real.

En este sentido, sin duda que la crisis del coronavirus ha venido muy bien a la Casa Real para hacer pública esta información. Las trastadas del padre bien pueden valer un trono en los tiempos que corren.

Con la que tenemos liada con el coronavirus, sin ánimos republicanos, se nos está pasando por alto un fenómeno cuyas consecuencias humanas y económicas van a tener un largo recorrido.

Me refiero a la plaga de langostas que está asolando primero el cuerno de África y ya ha afectado a una docena de países, siendo los más afectados Kenia, Etiopía y Somalia. Esta plaga de langostas del desierto que azota África es el peor brote registrado en décadas, provocando daños en el medio ambiente, los campos de cultivo y la seguridad alimentaria de millones de personas, en una zona que, ya históricamente no destaca por garantizar el suministro de comida permanente a sus habitantes.

Con un tamaño estimado de 2.400 kilómetros cuadrados, la nube de langostas (que siempre he pensado que tenía su nombre mal escogido) se desplaza a una velocidad de hasta 150 kilómetros al día dejando sólo madera seca por donde pasa.

De hecho, según el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, “Una nube de langostas de un kilómetro cuadrado, es decir, de 40 a 80 millones de langostas, puede consumir en un solo día alimentos suficientes para alimentar a 35.000 personas al día. Se estima que el presente enjambre tiene un tamaño de hasta 2.400 kilómetros cuadrados, lo que significa es que habría entre 100.000 y 200.000 millones de langostas en ese solo enjambre, y que estarían devorando suficientes alimentos para alimentar a 84 millones de personas cada día”. Y lo peor es que, con la llegada de la temporada de lluvias, se pueden dar las condiciones para que el tamaño del enjambre crezca exponencialmente.

Las consecuencias de la alimentación de estos animalitos son claras: cada bicho como su peso diariamente, por lo que se estima que más de 200 toneladas de cultivos y pastos son devoradas diariamente en países que, bien sufren hambrunas cíclicas, como Somalia o Eritrea, o bien sufren desabastecimiento por culpa de la guerra, como Sudán del Sur. Esto significa el anuncio de una nueva crisis alimentaria que podría afectar a los 12 millones de personas que ya padecían inseguridad alimentaria antes de que llegara la nube de insectos, pudiendo esto extenderse a 20 millones de personas más, si no se controla la plaga, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Kenia y Etiopía, con más recursos que sus vecinos, han movilizado al ejército y están llevando a cabo fumigaciones masivas, sin embargo, los recursos de estos países también andan escasos, tanto en medios aéreos, como en pesticidas, por lo que han pedido ayuda internacional. En el caso de Kenia, el miedo es que la plaga llegue a los parques nacionales y las zonas de conservación donde pastan los grandes herbívoros, junto con los depredadores que los cazan. Dado que la explotación de estas reservas tiene un papel clave en la industria del turismo de Kenia, una parte importante de la economía del país podría salir mal parada, con consecuencias nefastas para varios años.

Por lo visto, el origen de esta plaga hay que buscarlo en el consabido cambio climático. Lluvias anormalmente abundantes, procedentes de un sobrecalentado océano Índico en el 2.018 y el 2.019, en la península arábiga (fenómeno que, curiosamente explica también la tremenda sequía que ha asolado a Australia), propiciaron un aumento de la vegetación que sirvió de alimento a una población creciente de estos insectos. Cuando agotaron los recursos en su lugar de origen, saltaron el mar Rojo e iniciaron su aventura africana.

Por otro lado, las temperaturas más elevadas también implican que las langostas pueden madurar con mayor rapidez y dispersarse hasta entornos más elevados, lo que multiplica la capacidad de acción de los enjambres. Esto significa que lo de este año puede ser sólo el principio, y que la llegada de estas plagas se hará más frecuentes y más graves en los próximos años.

En la crisis actual, David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, advirtió el 14 de febrero que la región podría enfrentar una “catástrofe” que requeriría más de mil millones de dólares en asistencia. Hablamos de campañas para paliar el hambre, en primera instancia, y también de medidas para intentar restituir a los afectados sus medios de vida. No hay que olvidar que estas personas viven de la agricultura y la ganadería en su mayor parte.

Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha hecho un llamado a los Estados miembros para que contribuyan con 76 millones de dólares con el fin de controlar la propagación de las langostas en el Cuerno de África.

Hasta ahora, en un mundo más preocupado por la lucha contra la expansión de otro bicho mucho más pequeño, solo se han recibido alrededor de 20 millones de dólares, según el organismo de las Naciones Unidas, lo que pone en riesgo los esfuerzos para reducir una plaga regional que podría provocar más sufrimiento, desplazamiento y posibles conflictos.

Para terminar, y que el mundo sepa de nuestra solidaridad sin límite, debido a los fuertes vientos registrados últimamente en las Canarias, parece ser que se han detectado algunos de estos bichos en las islas. Éstas, lejos de ser ajenas al problema, han sufrido de vez en cuando la visita de estos voraces insectos, la última importante a finales de los años cincuenta.

La noticia, que no ha sido confirmada por ningún medio oficial, habla de avistamientos en los municipios tinerfeños de Tacoronte, al Norte, y Adeje, en el Sur. También fue anunciada en las redes sociales su presencia en la playa de Las Canteras de Las Palmas, pero en este caso podría tratarse en realidad de libélulas.

Ya era difícil hace una semana prever los efectos económicos de lo que lleva camino de convertirse en una pandemia que marcará un antes y un después en la marcha de la economía mundial.

Cuando la enfermedad estaba contenida en China y países adyacentes ya se hablaba con prudencia de unos efectos muy localizados en el origen, que irían sacudiendo en cascada a países emergentes proveedores de materias primas, y atacando posteriormente a las economías de países avanzados con un efecto tanto mayor cuanto más abiertos estuvieran éstos al comercio mundial. En este último segmento estaría nuestro país.

La aparición de nuevos focos de infección cambia totalmente el panorama ya que se abre la vía para que se puedan producir problemas de oferta y también de demanda en otras zonas geográficas distintas a las que se contemplaban inicialmente y que pueden afectar de forma más nítida a las cadenas internacionales de producción. Además, en la medida en que se empiecen a adoptar en otros países medidas de aislamiento y cuarentena similares a las tomadas por China, los problemas de demanda se agudizarán, dando lugar a una contracción globalizada.

Así, con la incertidumbre aun como bandera para poder estimar los efectos económicos de la expansión de la enfermedad, la única guía que se puede seguir para estimar los efectos económicos del riesgo de pandemia son los estudios realizados con el brote de Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS por sus siglas en inglés) de 2003.

En este sentido, un documento en el año 2017 de los economistas Victoria Fan, Dean Jamison y Lawrence Summers estimó que las pérdidas anuales que se esperaban por el riesgo de pandemia se situarían alrededor de 500.000 millones de dólares, lo que equivale al 0,6% del PIB mundial anualmente. Otros estudios, como el realizado en el año 2016 por la Comisión sobre un Marco de Riesgo de Salud Mundial para el Futuro, valoran los eventos de enfermedades pandémicas en un coste en la economía mundial de más de 60.000 millones de dólares por año.

Lo que sí se sabe es que el coste económico que supuso el brote del SARS de 2.003 fue de 40.000 millones de dólares de entonces. Sin embargo, lo que no tiene en cuenta el estudio es que aquel brote estuvo muy contenido geográficamente y bastante limitado en el tiempo. El coronavirus actual es más contagioso que el SARS (a principios de febrero el número de afectados por el coronavirus ya triplicaba los afectados por el SARS en 2003), y su expansión está prácticamente descontrolada. Sin embargo, presenta una tasa de mortalidad netamente inferior (en torno al 2% frente al 10% del SARS). Por otro lado, hay que tener en cuenta que el SARS alcanzó su pico en términos del número de afectados diarios con bastante rapidez, en abril de 2003 (la OMS había declarado la emergencia global el 12 de marzo), pero a partir de ahí su ritmo de avance se desaceleró y en julio dejó de ser una amenaza.

Aun así, el impacto del SARS sobre el PIB de China tuvo lugar en el segundo trimestre: pasó de un crecimiento del 11,1% en el primer trimestre al 9,1% en el segundo. En el tercer trimestre, los agentes económicos se habían olvidado del susto y la economía crecía ya a ritmo normal. El informe del FMI del año siguiente habló de un impacto poco relevante.

Pero este no es el escenario. Aunque el virus no se hubiese extendido fuera de China, el nivel de integración mundial de la economía asiática es mucho mayor ahora que en el 2.003. Entonces la economía china representaba un 4% de la economía mundial, ahora representa un 17% del PIB mundial, lo que significa que una ralentización del gigante puede tener efectos mucho más graves ahora que en el 2.003.

En el escenario actual sólo se puede decir que todos los sectores, y seguramente todos los países, van a verse afectados en mayor o menor grado. Para empezar, todo lo que tenga que ver con el turismo, viajes, hoteles, etc. se va a ver fuertemente afectado.

Lo ocurrido en China con la contracción de la demanda, el cierre de empresas y comercios hasta el fin de la cuarentena (o hasta que el Gobierno chino diga) se puede reproducir a lo largo y ancho del mundo. En Europa ya lo empezamos a observar en Italia y, en nuestro país, ya sufrimos consecuencias económicas antes incluso de que la enfermedad llegase a nuestro territorio, con la suspensión de la fiesta de las telecomunicaciones de Barcelona.

Por tanto, o la enfermedad remite por sí sola, o las consecuencias pueden ser impredecibles. Aunque hay una tercera vía.

Esta tercera opción consiste en que se nos pase la tontería. El grado de mortandad que la enfermedad está alcanzando no llega al 2% de los afectados, y casi todos ellos son personas mayores o ya enfermas anteriormente. Sin embargo, si atendemos a la alarma desatada, a los estrictos controles sanitarios desplegados y a los medios humanos y materiales desplegados, quizás podría ocurrir que aún no hubiésemos conocido el alcance real de la enfermedad.

Aun así, si hablamos de una enfermedad que produce menos víctimas potenciales que una gripe común ¿merece la pena la cantidad de controles y el coste que supone la implantación de barreras a la enfermedad? ¿debemos pagar un coste tan elevado en términos de contracción de la economía? No hay que olvidar que de pobreza también se muere.

Ya no es cuestión de este Gobierno, ya que fuese el que fuese la configuración política del mismo se encontraría con el mismo problema, pero lo cierto es que el sostenimiento de la Seguridad Social será uno de los principales lastres para la economía española durante los próximos años.

Es un hecho demostrado que la solución para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones parece lejos de encontrar arreglo si se atiende a que se enfrenta a un desfase entre ingresos y gastos que alcanza cada año los 18.000 millones de euros, es decir, el 1,5% del PIB de media.

Lo que sí parece cosa de la política de este Gobierno es la forma de encarar el problema. Por ahora, lejos de aportar medidas para atajar la sangría, según la proyección de déficit público para los próximos años aprobada en Consejo de Ministros, el déficit generado por la Seguridad Social con respecto a las pensiones supondrá para 2.023 el 90% del déficit de todas las administraciones públicas. Esto es debido a que la ruta de gasto asumida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez vinculando la revalorización de las pagas conforme al IPC no frenará la brecha que el Sistema tiene entre ingresos y gastos. Lejos de ello, cálculos del Instituto de Actuarios apuntan que, de mantenerse esta tendencia, en el año 2.050 el déficit del sistema escalaría hasta el 5% del PIB, unos 60.000 millones de euros.

Además, mientras que la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales se ha estancado desde el año 1.999 en el entorno del 10% del PIB, los gastos en pensiones de la Seguridad Social registran un incremento progresivo desde el 8,14% del PIB en 2.008 hasta el 11,55% del pasado ejercicio.

La principal medida por la que el ejecutivo está dispuesto a apostar firmemente es la encomiable de creación de empleo, siendo este uno de los propósitos fijados por el nuevo Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Con ello se lograría la cuadratura del círculo, ya que, según cálculos del profesor de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, para lograr equilibrar el gasto en pensiones con los ingresos por cotizaciones, haría falta crear en torno a los 3,5 millones de empleos. Así, con una jugada magistral el ejecutivo de coalición habría logrado el pleno empleo en nuestro país al tiempo que garantizaría el futuro de nuestro sistema de pensiones. Para conseguir esa creación de empleo España necesitaría crece durante los próximos diez años a un ritmo del 5,51%, es decir, a un nivel similar al crecimiento económico anual de China durante los últimos 10 años.

El problema viene de que quizás esta posibilidad no sea tan viable viendo el comportamiento del mercado laboral en los últimos tiempos cuando en el primer mes de 2.020, en el que el número de parados registrados subió en 90.248 personas en relación con el mes anterior conformó el peor dato de paro en este mes desde 2.014 (cuando aumentó en algo más de 113.000 personas).

Por otro lado, si hacemos caso a lo declarado por la Ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023. Esto se traduce en una media de 240.000 nuevos puestos de trabajo, la mitad de los que se generaban durante la última legislatura de Mariano Rajoy. Dato que es bueno, pero insuficiente.

Es por eso que el debate de la financiación de las pensiones sea algo ya endémico: todos los gobiernos, todas las formaciones políticas intentan, desde hace años, aportar sus soluciones, a veces, sin escuchar a los demás. Así, por poner un ejemplo, el Índice de Revalorización de las pensiones (IRP), introducido por el PP en 2.013 para limitar el gasto en prestaciones mientras el sistema esté en déficit, no tiene suficiente consenso ni político ni social. Por lo que está condenado, pero sin más alternativas que su derogación.

Lo único en lo que parece que se podría llegar a un acuerdo es en dos puntos:

Por un lado, hay acuerdo en que se deben reordenar las facturas que paga la Seguridad Social. Tanto es así que se podría decir que su déficit se debe en buena medida a gastos ajenos. Entre estos gastos figurarían las prestaciones no contributivas, como son las de maternidad o paternidad (2.500 millones entre enero y noviembre de 2019), ayudas por hijo a cargo o incluso los gastos de personal del Ministerio (otros 2.500 millones de euros). De este modo se reduciría la deuda de la Seguridad Social, que se vería trasvasada directamente a las arcas del Estado. En definitiva, se cambia de sitio el déficit, pero sin reducción del mismo.

Por otro lado, la otra medida en la que parece haber consenso es la de seguir retrasando la edad de jubilación. Es decir, se habla de profundizar en la reforma de 2.011 para llevar la edad real de jubilación desde los 62 años actuales a los 67. También se plantea la necesidad de ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral en lugar de los últimos 25 años.

Esta medida, al margen de que efectivamente disminuiría la cantidad de jubilados que cada año pasan a engrosar las filas de los pensionistas, es un paso atrás en la lucha contra el desempleo, ya que estos puestos de trabajo se retrasan en su salida al mercado laboral, por lo que lo que se ahorra en cotizaciones, se marcha en ayudas y prestaciones a desempleados.