Manuel González

Tras la caída de Berlín, que significaría el final del Tercer Reich y, por tanto, de la segunda guerra mundial, tuvo lugar una extraña celebración entre el mariscal soviético Gueorgui Zukhov, uno de los pocos militares de los que se dice que jamás perdió una batalla, y el general Eisenhower. Ambos celebraron la victoria brindando con Coca-Cola. Ante la agradable sorpresa que mostró el mariscal, le respondió el futuro presidente de los Estados Unidos ordenando el envío periódico de una serie de paquetes de White Coca, Coca-Cola sin caramelo, sin etiqueta y sin color. Este sería el primer contacto de un producto plenamente occidental con la plana mayor soviética. Esta relación se iría incrementando con cuentagotas a lo largo del tiempo.

El siguiente encuentro de envergadura tuvo como protagonistas a Nikita Jrushchov, el líder soviético, al entonces vicepresidente estadounidense Richard Nixon y una botella de Pepsi. Ambos líderes discutían sobre el mejor sistema de gobierno y, ante el acaloramiento del soviético, un perspicaz ejecutivo de Pepsi le ofreció el refresco, que fue bebido sin problemas. La imagen del líder soviético con la Pepsi en la mano sería utilizada como reclamo publicitario.

Cuando tiempo después Pepsi se lanzó a la conquista de la Unión Soviética se encontró con problemas con el pago. Los rublos no eran intercambiables en los mercados internacionales, por lo que se optó por una suerte de trueque. El pago se haría con vodka. Así, a partir de 1972, Pepsi se empezó a fabricar en la Unión Soviética mientras que grandes cantidades de Stolíchnaya, una marca moscovita de vodka creada a principios de siglo, eran comercializadas en todo occidente. En los 80, el consumo de Pepsi en la URSS, aun como producto de lujo, se elevaba a 1000 millones de botellas anuales, fabricadas en 21 plantas de producción.

Pero empezaba el proceso de desintegración soviética, lo que complicó el tema de los pagos. La solución llegó en 1989 con el trueque más estrambótico: la URSS pagó la factura de Pepsi con la entrega de parte de la obsoleta flota de guerra rusa. Así, 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor fueron entregados a la compañía, que se convertía de esta forma en la séptima potencia naval del mundo en flota submarina. Nuevamente, Pepsi utilizó esto para su beneficio publicitario, afirmando que estaban desarmando a la URSS más rápidamente que los acuerdos diplomáticos.

Otro de los momentos estrella lo protagonizó, cómo no, McDonald’s. A principios de 1990, en plena Perestroika, el primer McDonald’s abría sus puertas en la Unión Soviética. El acontecimiento, fue multitudinario y las colas interminables, a pesar de que los tres rublos que costaba una hamburguesa (4 céntimos de euro actuales) eran entonces una pequeña fortuna. Ese día, en el que las colas comenzaron a las 4:30 de la madrugada, visitaron el establecimiento cerca de 30.000 personas.

No fue fácil para la compañía su establecimiento. Debido a las restricciones en las importaciones, se vieron obligados a construir un gran centro de procesamiento en las afueras de Moscú para producir los alimentos. La falta de suministro eléctrico en el mismo por falta de cableado obligó a las autoridades rusas al despliegue de militares para tender líneas eléctricas con las que dar servicio a la planta.

Y es que eran tiempos convulsos en la Unión Soviética. De hecho, sólo un año más tarde, el propio Gorbachov se vería obligado a dimitir, lo que llevaría a su fin a la URSS, dando origen a la caída del comunismo y la Rusia que hoy conocemos.

Quizás fue esa una de las razones por las que McDonald’s recibió 27.000 solicitudes de empleo para ese primer establecimiento, de los que sólo 630 fueron aceptados. Los tiempos que llegaron después fueron demasiado agitados para el crecimiento de la compañía. La inestabilidad y la hiperinflación golpearon fuerte y sin piedad la economía rusa. De pronto en los mostradores había de todo, pero casi nadie se podía permitir nada.

Ahora, McDonald’s tiene 735 restaurantes en Rusia de los que más de un centenar se encuentran en Moscú en los que se ha dado de comer a 140 millones de personas. Y sirve, además de para servir comida rápida, como un curioso termómetro del para medir el estado de las relaciones de Rusia con Occidente, ya que el gobierno de Putin suele transmitir la presión geopolítica a empresas de países vecinos o naciones rivales. Lo cual sólo es una de las funciones que la multinacional ha tenido. Otra curiosa ha sido el servir para establecer un tipo de cambio no oficial entre monedas no intercambiables. Es decir, entre monedas sin un tipo de cambio establecido o poco fiable, a veces, el precio que artículos de multinacionales establecen cada nación puede dar una idea aproximada del tipo de cambio entre las monedas.

En la actualidad, McDonald’s celebra sus treinta años en Rusia. El evento, que pretendía conmemorarse reviviendo precios de aquel entonces, se ha visto truncado por las autoridades rusas ante el temor por el famoso coronavirus que, sin haberse declarado en Rusia ha provocado que el Ayuntamiento de la capital rusa haya recomendado “abstenerse de realizar eventos públicos en un futuro cercano en lugares donde los ciudadanos se reúnen en masa, para minimizar así los riesgos de infección”.

La obsolescencia de cualquier producto, medio de producción o incluso idea ocurre cuando se vuelve anticuado o inadecuado a las circunstancias, de modo que pierde su utilidad y como consecuencia es sustituido por algo mejor o más adecuado al entorno actual. Esto significa, en esencia, que lo obsoleto deja de usarse.

Es por eso que haya muchas voces alertando de que los avances en el desarrollo de la “Inteligencia Artificial”, definida como disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables con las que realiza la mente humana, acabará haciendo del ser humano un ente obsoleto y por lo tanto sustituible por máquinas o robots que harán mejor lo que hacemos.

Esto abre la puerta a muchos interrogantes, no sólo los que conciernen al futuro inmediato del reparto de la riqueza y el aumento de la brecha entre ricos y pobres, sino también los que atañen a un uso de los avances tecnológicos en el ámbito militar.

En este sentido, el cosmólogo Max Tegmark, del MIT, menciona en su reciente libro Vida 3.0: ser humano en la era de la inteligencia artificial, que existe una gran presión económica para hacer obsoletos a los humanos. Sobre todo, porque los avances de la inteligencia artificial son ya en sí un gran negocio, sumamente rentable y de largo alcance.

De hecho, este científico estima que la llegada de una Inteligencia Artificial General (IAG) que supere a la humana es cuestión de décadas. En su visión del futuro, podríamos acabar viviendo en una civilización idílica donde robots superinteligentes harían nuestro trabajo, crearían curas para todas nuestras enfermedades o diseñasen sistemas para obtener energía limpia de fuentes sostenibles e inacabables. Sin embargo, también advierte que, si no somos capaces de transmitirle nuestros objetivos con precisión, es posible que a esa nueva inteligencia dominante en la que depositemos nuestras vidas no le interese nuestra supervivencia o, incluso, que asuma un objetivo absurdo que nada tenga que ver con nuestro bienestar, el cual sería sacrificado en aras de ese objetivo superior.

Es por eso que Tegmark aboga por que la comunidad global debe implicarse en un debate para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro beneficio. Esta discusión deberá afrontar problemas concretos, como la gestión de las desigualdades generadas por la automatización del trabajo, pero también un intenso esfuerzo filosófico por definir y acordar qué es bueno para toda la humanidad para después inculcárselo a las máquinas.

Y es que el peligro ahora está en que el desarrollo de la IA está en manos de compañías mercantiles cuya principal motivación es ganar dinero. Es decir, aunque muchos de los científicos y líderes tecnológicos que están construyendo la IA son muy idealistas, lo cierto es que, en la más cruda realidad, es rentable poder sustituir en los procesos de producción la mano de obra por maquinas. Esto hace que la investigación no busque sino rentabilizar lo invertido, lo que significa, en última instancia la búsqueda de la obsolescencia del factor humano como mano de obra.

Por tanto, si el objetivo de desarrollar la IA es aumentar el bienestar de la raza humana, lo lógico sería involucrar en su desarrollo a psicólogos, sociólogos, economistas, etc. con el fin de intentar determinar lo primero qué significa ser feliz. Si no se hace así, estas decisiones serán tomadas por los programadores y creadores de esta tecnología, las empresas que financian los proyectos y los Gobiernos que las apadrinan. En definitiva, un plantel de gente que quizás no sea la más adecuada para tomar estas decisiones ya que entre sus motivaciones no se encuentra necesariamente el pensar en el bien común.

Según la Unesco, en un documento llamado “Inteligencia artificial, promesas y amenazas” son los tres posibles riesgos que sufriría el ser humano con el desarrollo de la IA: La escasez de trabajo, problemas en la autonomía y libertad del individuo, en aras de su seguridad y, al final, la superación del género humano, que se iría sustituyendo por máquinas cada vez más inteligentes.

A día de hoy se empiezan a ver las consecuencias de los dos primeros puntos, sobre todo en lo que se refiere a la sustitución del trabajo humano. Dependiendo de si las máquinas son capaces de sustituir solo al trabajo poco calificado, calificado o todo el trabajo, se darán consecuencias distributivas distintas, pero en todos los casos presumiblemente de gran magnitud, por lo que los países deben ir preparándose.

Hasta ahora, la máquina ha sido capaz de sustituir a las personas en trabajos rutinarios, llevando a algunas profesiones casi a su extinción. Pero el pronóstico es que este proceso se acelerará a futuro. Así, no solo personas con trabajos rutinarios y/o de baja calificación, sino muchos trabajadores calificados (traductores, analistas de datos, gestores…), serán potencialmente reemplazados por máquinas. Y el proceso ya lleva años llevándose a cabo; tanto es así, que empieza a calar entre la gente el sentimiento de que la generación actual vive peor que la anterior, por ser más pobres que sus padres, lo cual podría explicar el ascenso de opciones políticas como la de Trump o los nacionalismos.

Si bien no hay acuerdo con respecto a cifras precisas, los expertos coinciden en vaticinar que no falta mucho para que la automatización de los trabajos sea la norma en todas las áreas. Según un informe de la consultora Accenture, a nivel mundial el 50% del total de empleo privado podría ser automatizado casi por completo en los próximos 15 años. La transformación, según la compañía, “involucrará por igual a todas las empresas, sin distinción de tamaño y a trabajadores de todas las edades”.

Pero más allá de los debates sobre las cifras de la pérdida de puestos de trabajo, la necesidad de que los trabajadores se reconviertan, de que se adapten a los cambios, es innegable. Este proceso trae aparejado inevitablemente el temor a un aumento de las desigualdades entre trabajadores ricos, muy bien preparados, y aquellos sin la capacitación acorde a este nuevo escenario. Es decir, el mundo se tendrá que preparar para el advenimiento de una élite que controlará, ya no solo los medios de producción, sino también el devenir del futuro de la humanidad en su conjunto, así como el de una enorme parte de la población inmersa en una espiral de desempleo masivo y estructural.

Revuelta anda la situación el campo español ante el plante de grupos de agricultores exigiendo unos precios justos para sus productos. Sin ir más lejos en Don Benito (Badajoz) las concentraciones han adquirido el tinte de batallas campales cuando grupos de manifestantes, de los 7.000 que se concentraron, intentaron sobrepasar el cordón policial que los agentes antidisturbios habían dispuestos a las puertas de FEVAL, el recinto ferial donde se inauguraba la feria Agroexpo. Esto provocó que dichos agentes realizasen disparos al aire con pelotas de goma para disuadirlos primero, y cargasen contra los manifestantes después. El resultado fue de 16 heridos (como casi siempre, la mayoría policías) y 8 detenidos.

Dentro del recinto se encontraba el ministro de Agricultura, Luis Planas, acompañado por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que tenía previsto reunirse con los dirigentes agrarios, algo que no se hizo a causa de los incidentes.

La exigencia de los agricultores se puede resumir en una: una intervención más directa del Gobierno a la hora de fijar los precios de sus producciones, sobre todo con el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un sector fuertemente castigado por el desempleo y por unos márgenes de rentabilidad mínimos.

A estas protestas se unen las que se llevan a cabo en Jaen, en las que las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG, Infaoliva y Cooperativas Agro-alimentarias han reivindicado que la crisis del precio del aceite de oliva “es un asunto de Estado”. Según estas organizaciones el sector vive “una situación de crisis estructural, que necesita que el Gobierno ponga orden” y acabe con “la mafia italiana que tenemos en Andalucía”.

De hecho, con este tema, el delito es flagrante: importadores italianos compran aceite en España Grecia y Túnez, principalmente a un precio que oscila entre 30 y 50 céntimos el kilo, lo mezclan con producción de su país, lo embotellan y etiquetan como italiano cien por cien y lo venden a precios rebajados, entre 2 y 4 euros. Así, el fraude es colosal, aunque hasta ahora pocos embrollos hayan salido a la luz. El más llamativo de los últimos años se conoció en el 2008: Veinte empresas de toda Italia estaban implicadas y se secuestraron 2.300 toneladas de aceite, procedentes de España, Grecia y Túnez. Se mezclaba con aceite local y se revendía como “producto italiano cien por cien” no solo en Italia, sino también en el extranjero, incluso en parte se despachaba como “biológico”.

El caso es que, sea por el motivo que sea, la realidad de la agricultura del siglo XXI es que año a año los productores agrícolas y ganaderos siguen viendo, a pesar de sus protestas, cómo el precio en origen de sus productos disminuye, lo que complica la viabilidad de sus explotaciones, mientras los precios en destino, nuestra cesta de la compra, aumentan.

La gran distribución marca los precios a los que se compran los productos agrarios, lo que significa una fuerte tensión a la baja de los mismos. La forma de mantener la viabilidad de las explotaciones, por parte de los productores es la protesta permanente ante el gobierno de turno (con mayor o menor vehemencia), orientar el negocio hacia un mayor volumen, aunque esto derive en una menor calidad, y la obtención de ayudas y subvenciones, sin las cuales no existiría ya un sector primario en buena parte de Europa.

Las consecuencias de esto para el consumidor están relacionadas con la calidad. Los productos son cada vez más homogéneos, presentan menos sabor y, a veces, menos cualidades nutricionales debido a una recolección temprana (con el consiguiente uso de sistemas de conservación y maduración en cámaras). Todo ello forzado para el productor si quiere llegar a un mínimo de ingresos.

Para ilustrar las diferencias entre precio en origen de los productos agrarios (lo que el productor cobra) y el precio en destino de los mismos (lo que el consumidor paga) la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) elabora mensualmente el informe de precios en origen y destino (IPOD) con algunos alimentos para que podamos conocer la diferencia de precio de los mismos desde que se producen en el campo hasta que llegan a la mesa del consumidor.

En este informe, y tomo como referencia el de diciembre de 2.019, se observa como un alimento tan básico como las patatas, se pagaron en origen a 0,15 €/Kg de media, mientras que nosotros las compramos en los comercios a 1,20 €/Kg, lo que supone un incremento de precio del 700% en el trayecto que va desde la huerta a la mesa. Algo similar se observa con naranjas, cebollas o ajos. Este índice, a pesar de no ser un indicativo oficial, ya que no está elaborado por un organismo público, podría ser una medida bastante real de los incrementos de precios, a veces abusivos, a los que nos vemos sometidos tanto productores, como consumidores finales.

Como indicador oficial, con la misma tendencia que el IPOD, pero con menores diferencias, existe el elaborado por el Observatorio de la Cadena Alimenticia, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que mide los incrementos de precio desde el origen hasta lo pagado en lonja.

¿Cuál es la razón de estos aumentos desproporcionados de precio? Simplemente las leyes de mercado. La distribución se halla en manos de unos pocos agentes con un poder desproporcionado frente a los productores.

El intento de legislar esta distorsión del mercado, mediante la denominada Ley de la Cadena Alimentaria, ha servido de muy poco. El desequilibrio de fuerzas sigue presente debido a la diferencias de fuerzas de los agentes y agudizado por la entrada en el mercado de nuevos competidores.

Aun así, sí que hay que reconocer avances gracias a esta legislación, como el haber obligado en las últimas campañas a firmar contratos entre productores y empresas o cooperativas a las que venden el producto, así como la vigilancia (con sanciones incluidas) a operadores por prácticas abusivas.

Igualmente, a nivel del Parlamento Europeo, se está estudiando una normativa aún más restrictiva para que no se puedan vender los productos de primera necesidad por debajo de su coste, siempre con el fin de que la poderosa industria de distribución de alimentos no abuse de los pequeños agricultores.

El año que recientemente terminó ha sido, en términos de empleo un año agridulce. Se siguió creando empleo, con un aumento de cotizantes a la Seguridad Social de 384.373, con lo que se está cerca del record histórico, al cerrar diciembre con 19,4 millones de afiliados, pero el número de desempleados sólo disminuyó en 38.692 personas en todo el año.

Esto indica que el mercado laboral se está enfriando, como prueba el hecho de que el aumento anual del empleo es el más bajo desde 2.013 y la caída del paro, la menor desde 2.012. Lo cual no augura nada bueno para un país que cuenta todavía con más de tres millones de parados.

Y así lo afirma el Fondo Monetario Internacional, que avisa que los problemas que afectan a nuestro país, entiéndase paro y deuda pública sobre todo, van a continuar por un largo periodo de tiempo. En los próximos cinco años, la tasa de desempleo no va a bajar del 12% y la ratio de deuda pública sobre PIB va a seguir por encima del 90%, según las previsiones publicadas por el organismo internacional.

Según estos cálculos, el crecimiento del PIB español será del 1,59% en 2024, cerca de su potencial. Durante los próximos cinco años la actividad en España se irá posando poco a poco sobre un crecimiento potencial del 1,5%. Por eso, el organismo reclama reformas estructurales para relanzar la actividad.

En cuanto al empleo, el FMI señala que dentro de 5 años la tasa de desempleo continuará alrededor del 12,5%, una barrera de la que le costará bajar. De hecho, no será hasta 2021 cuando traspase la barrera del 13%.

Y con estas previsiones, el nuevo Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, advierte que España necesitará entre 8 y 9 millones de trabajadores en las tres próximas décadas, es decir, unos trescientos mil al año, para mantener el nivel de su mercado laboral. Lo que no sé es si se refiere a mantener la tasa de desempleo, la precariedad del mercado laboral y la tendencia a la baja de los salarios.

La justificación que el ministro argumenta es que nuestro país corre el peligro de “japonizarse”, es decir, de convertirse en un país envejecido, con tasas de crecimiento de la población negativas. Por tanto, con el fin de mantener el sistema de pensiones, las prestaciones sociales y un nivel de vida aceptable para la gran cantidad de ancianos autóctonos que se prevé que seremos, conviene la entrada de foráneos jóvenes que vengan a trabajar y a mantener los logros alcanzados por nuestra sociedad.

Ante las dos argumentaciones creo que cualquiera puede pensar que se pierde algún razonamiento que lo pueda explicar.

Hace unos meses saltó la noticia de que la campaña de la fresa en Huelva estaba en peligro ante la falta de trabajadores dispuestos a recoger la cosecha. El pasado septiembre, la plataforma de Gestión de Empleo Agrario (GEA) publicó la oferta de 10.000 puestos de trabajo para trabajadores locales correspondientes a la temporada de recogida de la fresa. Según el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), solo se registraron cerca de 600 solicitudes, y esto en un periodo en el que el paro agrícola subió un 4% en la provincia onubense. De hecho, solo en Huelva hay más de 9.200 desempleados vinculados al sector agrícola. El año anterior ya había ocurrido lo mismo, de 11.900 puestos ofertados, sólo 800 desempleados respondieron para cubrirlos.

La solución a esto es acudir a acuerdos de contratación en origen con otros países para traer inmigrantes que hagan el trabajo que con nuestros parados no parece que se pueda hacer.

La explicación que desde los sindicatos se da esta aparente paradoja es que las condiciones de trabajo de estas campañas son muy duras, y que tanto los salarios como las jornadas laborales están fuera de lo reflejado en el convenio laboral. Es decir, hablamos de condiciones de trabajo duras (bajo plástico a pleno sol), con más horas de las reguladas por convenio y a cambio de un salario medio de unos 43 euros diarios. Esto hace que los trabajadores nacionales agoten todas las alternativas de empleo, o de prestación por desempleo, que se les ofrezcan en otros sectores antes de optar por este último recurso.

Esto nos lleva a pensar que se abren dos posibles alternativas que podrían convivir en este escenario.

Por un lado, que quizás exista un sistema excesivamente protector con los desempleados, que se pueden permitir rechazar ofertas de empleo porque están suficientemente cubiertos por la sociedad, por lo que puede compensarles no realizar trabajos penosos a no ser que la remuneración sea atractiva.

Por otra parte, la rapacidad de según qué empresarios puede llevar a que, incluso saltándose la legalidad, las tareas a desempeñar no sean suficientemente compensadas con una remuneración adecuada, lo que desmotivaría al trabajador a aceptar el empleo.

De una manera o de otra, la solución existe y consiste en traer a nuestro país a trabajadores más desesperados y con menos coberturas que los naturales del país para realizar estas tareas que nosotros no queremos llevar a cabo, así todos ganan: los desempleados, precariamente, sobreviven, los inmigrantes están contentos por tener unos ingresos que en su país pueden suponer una pequeña fortuna y el empresario está satisfecho por poder recortar en costes salariales con unos trabajadores que le cumplen y se quejan poco. Y así nos va.

Pocas legislaturas en la historia de la democracia en España han empezado con tantos interrogantes como la que se acaba de inaugurar. El 2.020 arranca con unas perspectivas que no dejan de ser poco halagüeñas y que se podrían resumir, sin tener en cuenta la situación internacional, en cuatro puntos principales.

La gran fragmentación del arco parlamentario obligará, al fin a que nuestros políticos tengan que hablar y negociar, si quieren llegar a algún acuerdo. El Gobierno de Sánchez llevaba en funciones casi un año, lo cual ha impedido regularizar las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas o la actualización de salarios de los funcionarios. Pero también ha bloqueado la subida del salario mínimo interprofesional y ha dejado la prometida subida de las pensiones en suspenso.

Según el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la revalorización de las pensiones sería del 0,9% para este año, en relación con la inflación prevista, y tendría un coste de 3.264 millones de euros.

Según declaraciones de la ministra Magdalena Valerio, esta subida tendrá lugar una vez conformado el Gobierno con plenitud de funciones, con carácter retroactivo desde el principio de año.

Por otro lado, el enquistado problema catalán debería por fin encarar la búsqueda de una solución. Algo a lo que no ayudará la inhabilitación de Quim Torra que podría provocar una crisis de Gobierno dentro de la Generalitat, un terremoto en sus instituciones (y en las calles, no hay que olvidarlo) y hasta la llegada al gobierno de alguien afín a Puigdemont. En definitiva, una casi seguro que pronta convocatoria de elecciones catalanas en las que nadie tiene muy claro su futuro.

Además,  la presión de Europa, agudizada por unos Presupuestos que amenazan con ser los más longevos de la historia, va a tener un gran protagonismo por el incumplimiento de varios compromisos clave. Por eso, el gran caballo de batalla va a ser la consecución de la aprobación de unos Presupuestos acordes con las medidas económicas que se pretender adoptar.

También hay que tener en cuenta que, desde enero, entra en vigor en plenitud de condiciones el artículo de la 135.2 de la Constitución, algo que se introdujo con la reforma de 2011, ejecutada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea, como el ajuste estructural anual del 0,65% al que obliga Bruselas en 2.020 o incluso a tener que rebajar la deuda pública del 97% actual al 60% que marcan las reglas de Bruselas, algo prácticamente imposible. Sin duda aspectos que, en la situación actual, podrían ocasionar que cualquier gasto en el que quiera incurrir el futuro Ejecutivo corre el riesgo de ser recurrido y judicializado.

De esta forma, lo que hasta ahora era un mandato de Bruselas, ya algo serio en sí mismo, pasaría a ser un dictado constitucional que reza literalmente que “el Estado y las CCAA no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la UE para sus Estados miembros”.

Por último, una desaceleración económica cada vez más evidente. De hecho, las previsiones del Banco de España recogen un crecimiento económico del 2% para 2.019 y una cifra tres décimas inferior en 2.020. El enfriamiento continuará en años sucesivos, con pronósticos de incrementos del 1,6% y del 1,5% para 2.021 y 2.022, respectivamente

Todo indica que, si el nuevo Gobierno logra sacar adelante sus Presupuestos Generales (previsiblemente parecidos a los rechazados anteriormente), 2.020 será el año en que las tasas Tobin (la que grava las transacciones financieras) y Google (que hace lo propio sobre determinados servicios digitales) verán la luz, a pesar de que se esté negociando en este sentido en el seno de la OCDE. Según parece, la intención es sacar adelante estos tributos y adaptarse a lo acordado cuando proceda.

El problema podrían ser las consecuencias que podrían llegar. Francia ya aprobó su propia tasa Google y la reacción de Estados Unidos fue la imposición de aranceles por valor de 2.400 millones de dólares sobre productos galos. Por tanto, aunque se espera que se mantenga el superávit exterior gracias a la buena salud de las exportaciones, situar el ojo de Washington sobre nuestros productos, que ya han recibido un golpe en el caso de determinados productos agrícolas, como el vino y el aceite, con aranceles por valor de casi 1.000 millones de euros, podría no ser la mejor de las ideas.

Por otro lado, siguiendo con el tema de los Presupuestos, la idea de mantener su apuesta por la reforma fiscal, destinada a gravar, particularmente, a las grandes empresas y a las rentas altas, puede tener efectos rebote impredecibles. Dentro de esta estrategia se ubica la creación de un tipo mínimo para el impuesto de Sociedades del 15%, que subiría al 18% en el caso de las corporaciones pertenecientes al sector financiero y al de los hidrocarburos, así como un alza del IRPF de dos puntos porcentuales para las rentas superiores a los 130.000 euros y de cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros.

Todo esto por no hablar de la derogación de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. De hecho, es uno de los puntos destacables del acuerdo entre PSOE y Podemos para asegurar el apoyo en el Gobierno. Así se anuncia la elaboración del largamente anticipado nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, cuyas principales medidas será la recuperación de “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.

Casi de la noche a la mañana, el fenómeno de Greta Thunberg ha pasado del total desconocimiento a ocupar las portadas de medio mundo con cada declaración, cada visita y hasta cada mirada de su cara poco expresiva que esta adolescente sueca pueda llevar a cabo.

El caso es que, más allá del mensaje que esta chica quiera transmitir, por otro lado, necesario y urgente como pocos, han sido muchos los medios que han señalado como ella misma, como persona, está siendo objeto de una campaña de marketing orquestada por personas cercanas a ella y aplaudida por los medios de comunicación de medio mundo.

Así, decir que Greta Thunberg ha sido la persona del año de 2.019, es algo tan cierto como que la propia revista Time así la ha bautizado. La joven activista climática, con apenas 16 años, se ha convertido en todo un fenómeno y un ejemplo de lucha por el mundo que nos rodea. Ella es la cara visible de un movimiento que le ha permitido hacer frente a líderes mundiales, además de conseguir que muchos jóvenes sigan su ejemplo y luchen contra el cambio climático. Por este motivo, la joven sueca es también un ejemplo y puede tomarse como tal para muchos. Entre ellos, empresas y marcas que quieran captar la atención de la gente y conseguir así potenciales consumidores.

El hecho de que actúe como ejemplo para millones de jóvenes, ha conseguido la movilización de los mismos, cambiando hábitos y pensamientos. Mientras siguen las andanzas de la activista en tiempo real en pantallas de millones de dispositivos, se asocian a causas, empiezan a demandar actuaciones y piden explicaciones en diferentes plataformas de internet. El paso siguiente es la reacción de las marcas. Ahora se les empieza a pedir que se alíen a una causa social, que respeten al medio ambiente y que no solo ofrezcan productos y servicios sin ningún tipo de causa tras ellos. Es decir, que estas marcas se sumen también a la causa de Greta.

¿Pero cómo empezó todo? Greta comenzó su ascensión a finales de agosto de 2018 tras iniciar por su cuenta una huelga de defensa del clima delante del Parlamento sueco. Esta huelga se hizo viral y se convirtió en el movimiento internacional Fridays for Future, en el que cada viernes se convocan huelgas y concentraciones estudiantiles en todos los rincones del planeta, aparte de concentraciones más masivas cada cierto tiempo. De esta huelga, a charlas en Estocolmo, conferencias sobre el cambio climático en Polonia, con el auspicio de la ONU, el Foro de Davos en Suiza, discursos en media Europa y, de ahí, a Estados Unidos para hablar en la Cumbre sobre Acción Climática de la ONU en Nueva York.

Lo cierto es que para muchos se ha convertido en el emblema del hartazgo de una generación, la cual ha decidido decir basta y propiciar un cambio de paradigma en el modelo de sociedad que hoy tenemos.

Para otros, esta chica no es más que una creación que, por su fama, puede ser utilizada como un producto viviente, o alguien que tal vez inconscientemente incite promociones de según qué productos.

Con respecto a los primeros, la adolescente sueca es una chica joven que, a pesar de su Asperger (enfermedad dentro del espectro autista), ha sabido enfrentarse sólo con sus hechos y sus palabras a las grandes fuerzas políticas, empresariales y mediáticas de medio mundo. Es, por tanto, un ejemplo a seguir, una guía, casi religiosa, hacia un mundo más justo, más verde y más igualitario. El hecho de verla, tan pequeña, tan frágil, tan en directo, enfrentada a los hombres más poderosos del planeta, incita a legiones de jóvenes a seguir su ejemplo, lo que mueve a empresas y gobiernos, cuando menos, a hablar de ese cambio de paradigma.

Con respecto a los segundos, esta chica, al margen de sus creencias, que nadie pone en duda, es un producto de marketing como otros tantos. De hecho, los más exacerbados críticos apuntan a que Greta no es sino una marca hecha a medida de políticos multimillonarios como parte interesada de la fama y la capacidad de movilización de la adolescente. Por tanto, desde estas partes interesadas se busca mantener el foco mediático continuamente sobre Greta, como generadora de movimientos que interesan a los grupos que en la sombra la patrocinan.

Lo cierto es que los movimientos políticos en torno a la contaminación del planeta y al cambio climático están generando una partida de ajedrez, a nivel mundial, en el que cada jugada y cada pieza está perfectamente orquestada para la consecución de unos fines.

Posiblemente estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo orden mundial en el que el derecho a contaminar (y por tanto a producir) se conviertan en la clave. Podría llegar el momento en que un país como China, gran fábrica mundial y el mayor foco de contaminación del planeta, tenga que pagar a otros países para que le dejen seguir contaminando a cambio de que éstos puedan seguir comprando sus productos, en lugar de producirlos ellos, con lo que no contaminarían.

Es decir, los países podrán optar entre ser más respetuosos con el medio ambiente, y comprar lo que necesiten a terceros, o producir ellos mismos lo que necesiten, con lo que contaminarían su medio ambiente.

Como medida de presión para llevar a cabo este intercambio, la figura de Greta Thunberg es clave. Ella representa la alternativa: un cambio de paradigma en el que perdemos comodidad, pero ganamos calidad de vida. Menos consumo, producción más eficiente, más reciclaje y menos negocio para esos productores contaminantes, ya sean empresas o países, de modo que, o cambian ellos, o cambia el modelo de consumo.