Manuel González

Las guerras más terribles (y las más devastadoras) que el primer mundo está sufriendo no son de tanques o misiles, de hecho, entre los arsenales de las grandes potencias hace ya tiempo que no cuentan como armas principales tales artilugios. Las guerras son verbales, diplomáticas y, sobre todo, comerciales. Así, embargos comerciales, sanciones y subidas de aranceles están a la orden del día refrendados o desafiados por ensayos de armas reales que, por fortuna, con un poco de suerte, dormirán en los arsenales una vez cumplida su misión de la amenaza y el desafío.

Porque la guerra despiadada, la verdadera guerra, se está llevando a cabo en despachos, en los que se decide cómo invadir mercados de productos propios, cómo imponer tus bienes y servicios frente a los de la competencia y cómo ayudar a tus compañías a que dominen los mercados mundiales, lo que redundara a aumentar el poder económico, tecnológico y, como no, político, de tu propio país.

En realidad, nada nuevo bajo el sol, de hecho, este íntimo matrimonio entre empresas nacionales que se expandieron por el mundo a la búsqueda de mercados, materias primas y monopolios fue, junto con el colonialismo (el de verdad, el que consistía en la conquista de territorios en ultramar, y no el de ahora, que “sólo” es económico) el ingrediente principal de la prosperidad europea de finales del siglo XIX, que se malogró con las dos grandes guerras mundiales.

El caso es que, de las grandes Compañías de las Indias, hemos pasado a las grandes tecnológicas, los gigantes de Internet, junto con los grandes fabricantes del sector de la telefonía, la robótica y la informática. Estas empresas que, a pesar de ser internacionales, tienen muy claro cuál es su bandera, se han convertido en las principales armas de los gobiernos.

Así, como ejemplo se podría hablar de Huawei, que aparte de fabricar móviles, anda a la cabeza en la implantación de la tecnología 5G en medio planeta. Estados Unidos ha detectado que dejar esa implantación en una empresa íntimamente ligada (como todas las de su país) al gobierno chino, puede suponer, como mínimo, permitir la creación de una dependencia de un sector cada vez más estratégico en manos de un país extranjero. Y ahí ha comenzado a desplegarse el don de la palabra, la amable negociación y la simpatía arrolladora de Trump.

En el caso de Google, uno de los gigantes norteamericanos, Europa, con Francia a la cabeza (y quién sabe si España, que aquí ya no sabemos nada) la ha colocado en su punto de mira en el tema fiscal. Quién sabe si es en respuesta por la política norteamericana en contra del coche diésel europeo, alimentada por China, beneficiaria por su preponderancia en el mercado de baterías de vehículos eléctricos. Pero lo cierto es que Europa, harta de ver cómo estas grandes empresas hacen negocio en Europa para después, gracias a legislaciones fiscales más permisivas como la irlandesa o la de Holanda, se monten sus entramados societarios y logren evadir sus ingresos hacia paraísos fiscales. Es más, para Europa esta regulación es algo imperativo y necesario, ya que sus propias multinacionales juegan a este mismo juego, con lo que un golpe de efecto al gigante Google servirá de aviso a navegantes para indicar que no se va de broma.

Y en estas resulta que llega Google y mueve ficha. Tras estar en el ojo del huracán internacional por la baja fiscalidad asumida, que durante 2019 ha llegado a tensar las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Francia, comienza 2020 con un replanteamiento al respecto de sus herramientas para eludir impuestos.

Alphabet, la matriz del mayor buscador online del mundo, ha anunciado que dejará de desviar desde Irlanda sus beneficios en concepto de propiedad intelectual, aprovechando la permisividad fiscal de este país para eludir impuestos, desviando beneficio hacia su filial en las islas Bermudas.

En 2018, Google trasladó 24.500 millones de euros desde Holanda a ese archipiélago, con lo que superaba los 19.900 millones de 2017. Sin embargo, la compañía afronta 2020 con el anuncio del fin de esas prácticas. Así, han anunciado que la empresa empezará a tramitar los “derechos de propiedad intelectual desde Estados Unidos, no desde Bermudas”.

Con esto se acabará parte de la polémica, aunque tensará más las relaciones a ambos lados del atlántico. La empresa dejará de tributar en paraísos fiscales para hacerlo en su país de origen, lo que seguirá sin beneficiar a Europa, pero hará feliz a su presidente, que pasará a defender a esta empresa a capa y espada como asunto de estado, contra la imposición de cualquier tasa Google o invención malévola de estos europeos trasnochados.

Mientras tanto, no hace mucho, Google fue sancionada por 150 millones de euros por abuso de posición dominante en Francia, el país que más activamente a propuesto una tasa contra las actividades comerciales de esta empresa. Siendo Francia también la que ha auspiciado en el seno de la OCDE la creación de un impuesto que se pueda aplicar globalmente y no unilateralmente según cada nación.

Además, Google ha protagonizado las tres mayores sanciones de la historia de la Comisión Europea. En marzo del pasado año, Bruselas le castigó con 1.494 millones de euros, por “abusar de su posición dominante” en el mercado publicitario online, sanción que se sumó a la anterior de 2.420 millones por abuso de posición dominante de su herramienta de compras y a otra, con el récord de 4.340 millones, por haber utilizado Google su sistema operativo (Android) en beneficio propio.

La cumbre de Chile, que se celebró en Madrid para un acuerdo mundial para combatir el cambio climático y sus efectos, terminó y como casi todas las que exigen un consenso lo más global posible e inversiones económicas a todos los implicados, se cerró con un “acuerdo de intenciones ambiciosas”. Y poco más.

Todo ello a pesar de las advertencias de la ONU, que dice que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los 2 grados (la otra meta que se establece en el Acuerdo de París). Lo que también ha advertido es que, si no se hace nada, si siguen las emisiones como hasta ahora, la temperatura media del planeta se incrementará en 3,2 grados, lo que tendrá consecuencias desastrosas en buena parte del planeta.

Brasil fue el principal opositor a un acuerdo por no querer aceptar dos párrafos sobre océanos y uso de tierras, tratando de limitar el mismo al ámbito atmosférico. Al final cedió en ello, por lo que se ha acordado que se iniciará una nueva labor en el marco de la ONU sobre el océano y el cambio climático para estudiar cómo fortalecer las medidas de mitigación y adaptación en este contexto.

Lo que no se ha conseguido es una regulación en los mercados de carbono, algo que ya se atascó el año pasado en la cumbre de Katowice (Polonia) y que se esperaba resolver ahora. Sin embargo, este es el tema más complicado, porque es en el que se toca el tema del dinero de lleno.

Fue en el Protocolo de Kioto de 1.997 en el que se habló en serio de este tema. Se reconoció que los países industrializados eran los culpables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de los últimos 150 años y, por tanto, se estableció que serían los que más debían comprometerse a reducir las mismas. En cuanto a los países en vías de desarrollo, se les invitaba a que hiciesen lo que pudieran dentro de las limitaciones de su economía.

Así fue como nació el comercio de los derechos de emisión. Un gobierno establece un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos en un territorio. Las empresas son obligadas a gestionar un número de bonos (un bono es el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono). Aquellas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite deberán comprar créditos a otras compañías que contaminen por debajo. La transferencia de créditos es entendida como una compra en la que el comprador está pagando una cantidad de dinero por contaminar, mientras que el vendedor se ve recompensado por haber logrado reducir sus emisiones. De esta forma se consigue, en teoría, que las compañías que hagan efectiva la reducción de emisiones sean las que lo hagan de forma más eficiente (a menor coste), minimizando la factura agregada que la industria paga por conseguir la reducción.

Hablando en término agregados, a nivel de países, un país que tenga una cuota asignada de emisiones y logre reducirla, puede vender sus excedentes de derechos de emisión a países que sobrepasen su cuota.

Los críticos de este sistema aducen directamente que no sirve para nada, ya que el balance final de reducción de emisiones es cero, ya que lo que unos dejan de contaminar es compensado por los que contaminan de más.

Así, las diferencias entre Brasil (con Estados Unidos, China y Australia en la sombra), interesado en poder utilizar el mayor número de créditos de emisiones que ha generado desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y la Unión Europea, preocupada porque su mercado de derechos de emisiones se pueda ver inundado de ese tipo de créditos si no se fijan controles estrictos, han impedido la concreción de un acuerdo en lo que se llama el mercado de “compraventa de la contaminación”.

Brasil en concreto, defiende el comercio de emisiones sin salvaguarda para, según sus detractores obtener un beneficio extra con los mercados de carbono. Gracias a la selva amazónica el país tiene la posibilidad de neutralizar una gran parte del dióxido de carbono que emite, lo que le da la opción de emitir más CO2. De esta forma vende su cuota de contaminación a empresas o países que sobrepasan su límite.

El caso es que desde Greenpeace aseguran que la regulación de los mercados está alejando a los países del auténtico objetivo que consiste en reducir las emisiones tan rápido como se pueda.

Así, de lo poco que la cumbre puede enorgullecerse de un moderado éxito es del establecimiento de la Red de Santiago, que desarrollará su trabajo ayudando a los países vulnerables a minimizar, evitar y recuperarse de las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Aun así, el texto final es menos firme de lo que se pretendía. Ya que el texto insta a los países desarrollados a financiar esas pérdidas, pero sólo invita a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima a seguir proporcionando recursos para pérdidas y daños.

Con esto y un pataleo de Greta Thunberg, nos veremos el año que viene en la COP26, organizada al alimón entre Reino Unido e Italia.

Según datos de Eurostat, nuestro país tiene uno de los precios de la energía eléctrica más caros de toda Europa. Y no sólo eso, sino que la tendencia continua al alza, en parte porque cada vez hay menos usuarios en el mercado regulado y más en el mercado libre, en el que, casi inexplicablemente, los precios son más altos.

Y es que la liberalización del mercado de la electricidad en España, a pesar de que se pensaba que serviría que ayudaría disminuir los precios, gracias al aumento de la competencia, el efecto ha sido el contrario, ya que las compañías tienden a ofertar un mejor precio de la energía pero añadiendo servicios extras que llegan a constituir el auténtico negocio de estas empresas.

Además, la existencia de los peajes y costes fijos asociados al consumo eléctrico provocan que las 244 comercializadoras tengan un escollo insalvable a la hora de proponer descuentos visibles en sus facturas.

Nuestro país, tenía en el primer semestre de 2.009 la décima luz más cara de la Unión Europea. Es decir, de los grandes países, el nuestro era el que la tenía a precios más modestos, aunque fuese por encima de la media comunitaria. Ahora ocupa el quinto puesto, y su subida sólo se ha visto superada por la que ha tenido Letonia, que ha encarecido un 54,8% su recibo de la luz en esta década trascurrida. En nuestro país, factura eléctrica se ha encarecido un 52,38% en 10 años, frente a la media europea del 31,64%.

La explicación de las compañías señala siempre al mismo culpable (aunque la verdad sea que muchas veces es más bien un cómplice): el Estado, que controla dos de las tres partes de las que se compone la factura eléctrica.

La misma está compuesta por tres grandes conceptos:

• La energía en sí, que supone un 37,48% del total de la factura y que, realmente es el único concepto de la factura en la que pueden influir las compañías con sus ofertas, tarifas especiales o servicios añadidos.
• Los peajes, que suponen la parte más abultada del recibo, con un 41,14% del importe final del mismo. Dentro de este concepto se hallan se aglutinan conceptos como las subvenciones a las renovables, la distribución y transporte de la energía o el famoso déficit de tarifa.
• El resto de la factura, el 21,38% los componen impuestos, tanto el IVA, como los especiales.

Aun a pesar de esta subida en la última década, un respiro para nosotros, pobres consumidores, es que, con respecto al año pasado, el importe de la factura eléctrica ha disminuido un 13,4%, lo cual tampoco es un gran hecho, dado que esta bajada se debió a que en octubre del año pasado, el Gobierno decidió suspender durante seis meses el cobro del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Esto significó una bajada del 4% en la factura del consumidor, pero esta moratoria de 6 meses acabó en abril, lo que quiere decir que esta tendencia a la baja ya no existe.

En relación a esto, tampoco hay mucho mérito en comparar el 2.019 con el 2.018, ya que éste último, según Facua, fue el segundo más caro de la historia, sólo por detrás del 2.012. En 2.018, los consumidores hicieron frente a tres de las facturas eléctricas mensuales más caras de la historia.

En este sentido, Facua ha presentado al Gobierno un documento con sus reivindicaciones para reducir la factura eléctrica de las familias españolas, entre las que se incluirían la bajada del IVA de la electricidad al 4% y la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kilovatios de potencia contratada. Con estas medidas, la organización de consumidores argumenta que el usuario ahorraría de media casi 130 euros anuales, defendiendo que “los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas” justifican el establecimiento de una tarifa fijada “para proteger a los consumidores”.

Por su parte, las medidas que el Gobierno ha ideado pasan por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que ha aprobado su propuesta definitiva de peajes eléctricos, lo cual ya es un paso, aunque tenga que pasar todavía el trámite del Consejo de Estado. El contenido de la Circular consiste en el establecimiento de la fórmula para calcular lo que debemos pagar los consumidores por el transporte y distribución de electricidad. Las empresas van a cobrar menos que ahora por esas actividades, así que los consumidores vamos a pagar menos, una cantidad que se calcula en un 5,6% de media. Además, se establecerán seis periodos al día con peajes distintos, simplificado a tres para usuarios con menos de 15 kw contratados de potencia.

En Península, Baleares y Canarias será período punta, con peajes más altos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche de lunes a viernes. Período valle, con los peajes más bajos, de medianoche a 8 de la mañana de lunes a viernes, y los fines de semana y festivos nacionales durante todo el día. El resto de horas, de lunes a viernes, será período llano, con peajes intermedios. Ceuta y Melilla forman grupo aparte, con pequeñas diferencias respecto a lo anterior.

Estos cambios tendrían que entrar en vigor el 1 de enero. Pero se da por hecho que no se llegará a tiempo. Cuando todo esté listo, sin fecha concreta, las eléctricas tendrán un plazo de seis meses para reprogramar contadores y aplicarlo.

Se acerca el fin de año y las previsiones para el que viene, en lo que respecta a la Seguridad Social, no son buenas, aunque, a decir verdad, van a tono con las perspectivas de la generalidad de la economía.

La Seguridad Social batirá el próximo año dos records históricos y preocupantes. Por un lado, habrá más de diez millones de pensionistas y, por otro, habrá que pagarles una nómina mensual de 10.000 millones de euros, que ya, sin el apoyo de la “hucha de las pensiones”, se verá cómo se va solventando mes a mes.

Sin embargo, el problema de la sostenibilidad de la Seguridad Social debería analizarse desde un punto de vista temporal: a corto, medio y largo plazo.

A corto plazo tenemos el desafío de intentar arreglar el desfase entre ingresos por cotizaciones y gastos por pensiones, que se cifra en el entorno de los 20.000 millones de euros anuales y subiendo. Las cotizaciones, a lo largo del año, sólo alcanzan a cubrir el ochenta por ciento del total de los pagos, con lo que alcanzar el equilibrio anual es una de las cuentas pendientes del futuro nuevo gobierno. Esta es la crisis más conocida, la que sale recurrentemente en los medios de comunicación. Mirando al pasado reciente, desde 2.011 a 2.017, las cotizaciones sociales han permanecido estancadas por el alto desempleo y la reducción de los salarios en términos reales. Por eso se ha abierto una brecha entre pensiones y cotizaciones a la cual le atribuyen muchos males, como por ejemplo que la Seguridad Social sea responsable del incumplimiento de los objetivos de déficit público que tanto preocupan a Bruselas.

A medio plazo, la crisis de la Seguridad Social nos debe preocupar más. Diversos estudios, como los del Banco de España, AIReF o Fedea alertan sobre el ingobernable desfase entre ingresos y gastos a medio plazo en términos de PIB. Los gastos crecerán mucho más que los ingresos lo que lleva a la pregunta de la financiación: o se suben las contribuciones sociales, o se suben los impuestos. La emisión de más Deuda Pública sólo significaría un nuevo incumplimiento de los objetivos de Bruselas, lo que motivaría la intervención de los comisarios de la Unión Europea y un reajuste brusco. La alternativa a esto es crecer más, lo que supondría tener más cotizaciones. Además, la llegada de una inmigración controlada compensaría la paulatina disminución de la población española y, sobre todo, su gradual envejecimiento.

Pero es que, a largo plazo la situación es aún más preocupante. Este es el desequilibrio existente por ofrecer prestaciones más elevadas que las que la racionalidad matemática sustenta. Debemos medir lo que cada persona aporta al sistema público y lo que rescata del mismo como pensión. Y si, como ocurre actualmente en media, las personas perciben por encima de lo que aportaron previamente, se alimenta una bola de nieve de un déficit actuarial del sistema de pensiones.

Según un estudio de BBVA Pensiones, en contra del sentir general de la población, que piensa que lo aportado durante su vida laboral supera con creces a lo obtenido con el cobro de las pensiones, “cada pensionista recibe, de media, un 30% más de lo cotizado en su vida laboral”. Esto significa que, aunque con 40 años de cotización se cubrirían las prestaciones correspondientes a 13 años de pensión, la realidad es que la duración media de estas pensiones es de 17 años, lo que significa que el Estado “regala”, de media, 4 años de prestación a cada trabajador.

Las medidas para atajar esta sangría económica no resultan fáciles de pensar, y mucho menos de aplicar, y, aunque parece existir consenso generalizado en todas las fuerzas políticas de asegurar el futuro de unas pensiones con una cierta dignidad, la verdad es que podría ocurrir, tal y como han advertido algunos expertos en más de una ocasión, que se fuerce de tal manera el sistema, sin que se tomen las medidas necesarias que, llegada una futura crisis, la Comisión Europea podría llegar a exigir un recorte de las pensiones.

Lo que es cierto, es que, lejos de corregirse por la mejora de la actividad económica y la reducción del paro, el agujero de la Seguridad Social no ha hecho sino crecer. El organismo público necesita cada año pedir más dinero al Estado para poder seguir pagando la pensión de millones de jubilados y la situación no tiene pinta de que vaya a mejorar.

A cierre del primer semestre del año, la deuda de la Seguridad Social deuda superaba ya los 48.700 millones de euros tras aumentar un 40% en el último año debido a los préstamos que el Estado ha tenido que realizar al Organismo Público para el pago de la extra de verano. Estos préstamos se tradujeron posteriormente en más emisión de deuda pública, lo que ayuda a que el pasivo del conjunto de administraciones tampoco pare de aumentar. Esto significa que dicha deuda se situase en junio en un récord de 1,2 billones de euros lo que supone un 98,3% del PIB, es decir, una deuda de 25.900 euros por cada uno de los habitantes del país.

Lo cierto es que, sea cual sea el escenario que se dé, resulta recomendable descargar a la Seguridad Social de las cargas impuestas innecesarias (financiar políticas activas de empleo, gastos imputados innecesarios, etc.) aparte de contener el crecimiento de las prestaciones y aumentar las cotizaciones sociales siempre y cuando no perjudiquen el crecimiento económico. Difícil tarea sin un Gobierno estable y un amplio consenso entre los grupos políticos mayoritarios.

Recientemente, el historiador e hispanista inglés, Paul Preston, uno de los pocos que rompen la arraigada tendencia a desprestigiar a nuestro país para poder ensalzar al suyo, ha publicado un nuevo libro. Con un nombre tan vehemente como “Un pueblo traicionado”, explica cómo una élite política y financiera corrupta ha lastrado el desarrollo de nuestro país desde tiempos inmemoriales.

Desde su punto de vista, nuestro país parece condenado a la mediocridad, a repetir los mismos errores una y otra vez, todo ello debido a la corrupción endémica que nuestro país arrastra, y que, en los 140 años que abarca el análisis del libro, parece haberse agudizado, de modo que unas élites políticas, financieras y empresariales han bloqueado cualquier intento de modernizar y reformar el país para homologarlo con los demás estados europeos.

Así, problemas como las sucesivas repeticiones de elecciones, las grandes estafas bancarias y hasta los conflictos territoriales de las nacionalidades históricas no son sino el último capítulo de una tradición que arranca de mucho tiempo atrás. Esta lacra, que no es sino la existencia de una casta corrupta, es analizada en el libro desde el caciquismo del siglo XIX, fomentado por el sistema bipartidista liberal-conservador de la Restauración borbónica, hasta la rapacidad del exministro Rato, hasta no hace tanto encumbrado como padre del milagro económico español, o los chanchullos del “yernísimo” Urdangarín.

Y digiriendo esto, llegan y hacen pública la sentencia de los ERE de Andalucía (donde, por cierto, a lo mejor sí hubo un poco de caciquismo) y nos encontramos que buena parte del Gobierno socialista que había estado al frente de la Comunidad Autónoma desde su creación, resulta que son culpables de la mayor estafa al conjunto de una sociedad de nuestra historia por importe, por duración y por impacto social.

Ya hace unos años un estudio de la Universidad de Las Palmas ideó un nuevo método para ponerle una cifra al coste de la corrupción en España. La cifra en concreto es de 40.000 millones de euros al año (precios del 2008) y se obtuvo, según los autores del estudio, con una nueva metodología que “permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos”. Con este método se incluía la corrupción que no sale a la luz, por ser desconocida o no haber pasado por un juicio, así como costes que no se incluyen en el resto de los medidores, como el desánimo a invertir a causa de la corrupción. A día de hoy esta cifra podría quedarse corta.

Lo que también está claro es que esta abultada cifra no incluye (porque es imposible de calcular) partidas como los costes de oportunidad, o los costes de las diligencias e investigaciones de los propios casos de corrupción, que ocupan recursos de unos juzgados saturados de trabajo y con menos medios que nunca debido a los recortes. Como tampoco mide los costes de aquellas acciones de políticos y empresas donde la corrupción no estuvo en el desvío de fondos, sino en la mala planificación, peor ejecución y control y ninguna consecuencia, como son la construcción de aeropuertos sin aviones, polideportivos sin público y obras públicas que multiplicaron sus costes por previsiones mal hechas y por decisiones que en nada tuvieron en cuenta a aquellos que al final debían de pagar la factura. En este caso la corrupción está en la propia creación de esos proyectos inútiles o en los sobrecostes que toda obra pública parece llevar siempre asociados, sin que nadie necesariamente desvíe fondos.

El caso es que nuestro país, en un ranking que abarca los 150 países sobre los que hay datos fiables, está en el puesto número 50, lo que viene a significar que somos víctimas de una corrupción estructural, que se define, más que como un mero sinónimo de soborno o extorsión, en un diferencial de poder en el que predomina el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de recursos. Es decir, es un tema económico, por supuesto, pero también es una forma específica de dominación social, susceptible de existir, tanto en el sector público, como en el privado, como en connivencia con ambos, que suele ser lo habitual. Por tanto, hay que entender que el objetivo final de un corrupto puede ser, no tanto el beneficio económico como la acumulación de poder y privilegios de forma ilegítima.

Volviendo al hilo principal del libro, según el autor en algunas de sus conclusiones, nuestros mandatarios y responsables políticos rara vez han estado a la altura. Siempre hemos tenido reyes ineptos, políticos apocados, militares incompetentes, analfabetos enriquecidos con la miseria del pueblo, validos codiciosos, camarillas serviles y empresarios y banqueros sin escrúpulos que nunca tuvieron en mente sino su propia riqueza.

Y este ha sido y es el mal endémico que arrastramos. De la lista de arriba, escójase lo que se quiera para definir nuestro Gobierno actual. En enero, a las urnas.

Hasta hace 50 años, los noruegos eran considerados por sus vecinos escandinavos como los “primos pobres”, algo paletos y vulgares. Noruega era entonces un país pobre de agricultores, poco más que de supervivencia, que el suelo y el clima del país no dan para mucho, y pescadores, repartidos por la oscura inmensidad de los montes escandinavos. En aquella época, los noruegos albergaban un sentimiento mayoritario para integrarse en la Comunidad Económica Europea (CEE, el germen de la actual de la Unión Europea).

Pero cuando los noruegos se dieron cuenta de que vivían encima de una de las mayores reservas de combustibles fósiles del planeta, optaron en referéndum por mantenerse al margen de la integración europea. A partir de ese momento, el país pasó de ser uno de los más pobres de Europa al más igualitario, el menos corrupto y el que, de forma sistemática, mejor puntuaba en todos los niveles de bienestar y progreso del mundo.

El gobierno noruego tomó las riendas en lo que a la explotación de los recursos petrolíferos se refiere y el resultado ha sido que este país se ha convertido en el ejemplo a seguir en el continente europeo y en el modelo por antonomasia de la socialdemocracia y el estado del bienestar.

El fondo gubernamental de las pensiones de Noruega, alimentado con los ingresos obtenidos de la explotación del petróleo, ha hecho ricos a los ciudadanos del país nórdico. El ser el 7º productor de petróleo del mundo y el tercero de gas natural unido a una gestión acertada, ha convertido a este fondo en una fuente de riqueza en sí misma, de tal modo que podría decirse que el país nórdico ha descubierto petróleo dos veces.

El fondo (que hoy es el mayor fondo soberano del mundo) fue creado hace ya 23 años y ha superado recientemente por primera vez el billón de euros de patrimonio, tanto como el PIB de España. Teniendo en cuenta que en el país viven solo 5,3 millones de personas, a cada uno le corresponde cerca de 200.000 euros. El origen de este fondo tuvo lugar cuando los políticos noruegos empezaron a plantearse entonces que sería bueno ir acumulando unas reservas financieras para poder hacer frente a las oscilaciones de los mercados de materias primas y para preparase ante el futuro agotamiento de sus reservas de combustibles fósiles.

Uno de los principales responsables del fondo, Yngve Slyngstad, consejero delegado de Norges Bank Investment Management (NBIM), que ha anunciado su jubilación con 55 años, aun no se puede creer el éxito del modelo. Bajo su batuta, durante 11 años, el fondo ha logrado una rentabilidad media anual del 8%, aunque el retorno total desde la creación del fondo haya sido algo inferior, del 5,9% anual.

Estos rendimientos han permitido que el capital se acumule, y se acumule, de modo que, actualmente sólo un tercio del fondo procede de los ingresos del petróleo, el resto, aproximadamente unos 600.000 euros provienen de la revalorización de las inversiones y de la fortaleza de la corona noruega frente a otras divisas. Es decir, que los gestores han logrado generar riqueza por más de 600.000 millones de euros.

Los ingresos de los que se nutre el fondo son los impuestos que se cobran a compañías petroleras con licencia para explotar campos de crudo de Noruega, los cánones que pagan las firmas que están haciendo prospecciones y los dividendos generados por la compañía petrolera semiestatal Equinor.

Este dinero se transfiere cada año del Ministerio de Finanzas al fondo del petróleo. La gestión de su patrimonio está encargada al banco central de Noruega. Desde el Gobierno se fijan las líneas generales de la política de inversión, así como las exclusiones: aquellas compañías en las que el fondo no invertirá por incumplir ciertos principios éticos. Entre ellas se encuentran empresas armamentísticas (como Lockheed Martin, o los fabricantes de aviones Boeing y Airbus), las tabaqueras (Imperial Tabacco, Philip Morris…), pero también los supermercados Wall Mart (por su política de venta de armas). En 2016 el fondo anunció que se desharía de 52 compañías productoras de carbón que tenía en cartera. Sus principios de inversión socialmente sostenible son un referente mundial.

A día de hoy, este fondo tiene inversiones en 9.158 compañías de 73 países del mundo (85 de estas empresas son españolas, como Telefónica, Iberdrola o Inditex) y se calcula que el fondo, del que el 70% son títulos bursátiles, controla el 1,5% de todas las compañías cotizadas del planeta.

En cuanto al uso del fondo, el Gobierno noruego sólo puede disponer de él en una pequeña cantidad cada año, de media algo más del 3%. Aun así, en el país hay un amplio consenso sobre cómo usar ese fondo: mejor gastar poco hoy y ahorrar para el futuro. De hecho, los años que el Gobierno tiene superávit fiscal, los recursos se transfieren al fondo. Si hay déficit, el descuadre se complementa con dinero del vehículo soberano. En cuanto a las previsiones, se espera que para el 2.025 los gestores puedan administrar ya la cantidad de 1.2 billones de euros.

Ahora es cuando se me ocurre el juego de las diferencias con la “hucha de las pensiones” española que, a pesar de no haber podido contar nunca con los ingresos anuales constantes del petróleo, llegó a contar con 68.000 millones de euros. De esa importante cantidad, sólo quedarán a final de año algo menos de 1.500 millones, tras anunciarse que se hará frente a la paga extra de Navidad de los pensionistas con parte de los restos del fondo. Y para el verano que viene ya veremos, total no importa, seguramente estaremos más preocupados por unas nuevas elecciones.