Bancos

Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas) se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina de la sentencia por la que el pasado jueves una sección de esta Sala acordó que sean los bancos los que asuman el tributo.

Al término de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, los integrantes de la citada sección y el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, el primero ha emitido una nota en la que afirma que todos ellos “han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al alto tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

También explica que la avocación a Pleno del primero de los recursos que aún están pendientes sobre este asunto forma parte de las atribuciones del presidente Díez Picazo “siempre que lo estime necesario para la administración de justicia”, sin perjuicio de las facultades de los 31 magistrados que lo integran “para resolver lo que en derecho proceda”.

Fuentes del Supremo han explicado a Europa Press que un dato a tener en cuenta para entender lo que ha ocurrido es que el auto de admisión del recurso instado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) que dio origen a la polémica –al cambiar la jurisprudencia existente en favor de los clientes– fue firmado por el propio Díez Picazo el pasado 15 de enero, por lo que no cabe decir que no conocía que este asunto de especial trascendencia estaba siendo estudiado por la Sala que preside.

LA RESPUESTA RESPECTO A RIVAS NO CAMBIARÁ

En todo caso, y ante el descorcierto generado, Lesmes apunta en su comunicado que la sentencia conocida el jueves sobre el impuesto relativa a la determinación del sujeto pasivo que debe hacer frente al impuesto “es firme y no susceptible de revisión” por el Pleno del próximo día 5, “produciendo plenos efectos” en relación con las partes en litigio.

Añade que “simultáneamente” a dicha sentencia se deliberaron, votaron y fallaron otras dos resoluciones entre las mismas partes –la Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas– “con similar objeto, ambas pendientes únicamente de notificación”.

Estas dos sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna, precisa el alto tribunal. Es decir, los recurrentes de Rivas no verán modificada la sentencia que les exime del pago del impuesto de hipotecas, si bien el resto de casos pendientes aún están en el aire.

Recuerda asimismo Lesmes que la avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala “forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda”.

La reunión ha sido de carácter interno y no tiene trascendencia jurisdiccional, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano, que añaden que la reunión que ha obedecido a la necesidad de limar asperezas entre Nicolás Maurandi, presidente de la Sección que dictó la sentencia –que cambió la jurisprudencia existente hasta el momento sobre el sujeto pasivo al que corresponde el pago del impuesto de hipotecas–, y el propio Díaz Picazo.

Tanto el fallo de este tribunal como la decisión de Díaz Picazo de dejar en suspenso la aplicación de la novedosa sentencia en espera de que el Pleno de la Sala –compuesto por 31 magistrados– la confirme o anule en las próximas semanas ha creado una situación sin precedentes en el alto tribunal, que Lesmes trata de reconducir con la reunión de este lunes, dado su fuerte impacto económico y social.

Díaz Picazo emitió una nota el pasado viernes en la que señalaba que la sentencia podía acarrear un “giro radical” en la jurisprudencia y una “enorme repercusión económica y social”, por lo tomó la insólita decisión de que sea el Pleno el que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirmaba o no la nueva jurisprudencia.

ASOCIACIONES DE JUECES PIDEN EXPLICACIONES Y SU DIMISIÓN

La decisión que tomó el pasado viernes Díez-Picazo de avocar al Pleno de la Sala para estudiar si este “giro jurisprudencial debe ser o no confirmado” ante “su enorme repercusión económica y social”, ha hecho que Juezas y Jueces para la Democracia exija su dimisión al considerar que es el “único y exclusivo” responsable de generar un “desconcierto en la ciudadanía”.

En este mismo sentido, otra de las asociaciones, Francisco de Vitoria, ha pedido al presidente de la Sala que dé explicaciones y “aclare” qué va a ocurrir tras la reunión de los 31 magistrados. Según estos jueces, dicho comunicado “crea confusión y no contribuye a la imagen de la independencia del Poder Judicial”.

Ambas asociaciones critican que el Pleno haya sido convocado después de darse a conocer la sentencia que establecía que el pago de este impuesto debe ser asumido por los bancos y no antes, cuando Díez-Picazo era “conocedor” de que este asunto iba a ser revisado. El presidente de la Sala firmó el pasado 15 de enero el auto de admisión a trámite del recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid (Madrid), que ha dado pie a la última decisión sobre este tributo.

En dicho auto –recuerda una de las asociaciones– ya se señaló que “(…) el reciente criterio contrario sentado por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”.

El Tribunal Supremo convocará un Pleno formado por 31 miembros para confirmar o anular la sentencia hecha pública ayer en la que determinaba que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes.

Lo hace, según explica en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, por tratarse la decisión conocida ayer de un “giro radical” en la jurisprudencia y habida cuenta de “su enorme repercusión económica y social”.

De esta forma, la Sala Tercera del Supremo ha decidido someter a un Pleno de 31 magistrados, en lugar de los 6 que dictaminaron la sentencia de ayer, para confirmarla o volver a la jurisdisprudencia anterior.

Al mismo tiempo, ha dejado sin efecto, por el momento, todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objetivo similar.

El alto tribunal, cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, interpretó el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento y concluyó ayer que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como su jurisprudencia anterior sostenía), sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Esta decisión anulaba un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Al mismo tiempo, implicaba la modificación de su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos.

UNA ‘PATADA’ A LA BANCA

Tras conocerse ayer la sentencia, los seis bancos del Ibex 35 llegaban a perder cerca de 5.500 millones de euros de capitalización bursátil en una sola jornada. Este viernes, aunque más calmados, continúan liderando las pérdidas del selectivo.

El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de una hipoteca, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, podría lastrar las cuentas de las entidades financieras.

La responsabilidad del pago de este impuesto podría tener un coste superior a los 4.000 millones de euros, según cálculos realizados por la firma de calificación crediticia Moody’s, que incluso calificaba este dictamen de más agresivo que el de las cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo ha hecho público un comunicado este viernes en el que explica que avocará a un Pleno compuesto por más de 30 magistrados el primer caso que les llegue relativo al sujeto pasivo -a quien corresponde pagar- el Impuesto de actos jurídicos documentados.

Lo hace, según explica en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, por tratarse la decisión conocida ayer de un “giro radical” en la jurisprudencia y habida cuenta de “su enorme repercusión económica y social”.

El impuesto de actos juridicos documentados (IAJD) es el gasto más elevado que se tenía que pagar por una hipoteca y el que erróneamente estaban pagando los clientes en vez de los bancos. Por tanto este fallo del supremo es muy importante para los consumidores ya que se trata de un gasto muy elevado.

Varía en función de la comunidad autónoma en la que se realizó la hipoteca y del importe de la misma.

A modo de ejemplo, para un préstamo hipotecario medio de 150.000 euros, los hipotecados tuvieron que pagar algo más de 1.700 euros por un IAJD al 1%, unos 860 euros por los aranceles notariales, otros 375 euros por los gastos de registro y aproximadamente 400 euros por los honorarios de la gestoría.

Para calcular la cantidad exacta que puedes reclamar al banco por el impuesto de una hipoteca se puede utilizar la calculadora para la devolución de los gastos de hipoteca de HelpMyCash.com.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha indicado este jueves, tras conocer la sentencia del Supremo que obliga a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos (AJD) de las hipotecas, que aquellos ciudadanos que hayan formalizado un préstamo hipotecario en los últimos cuatro años, los ejercicios no prescritos fiscalmente, pueden solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos, más intereses de demora.

De esta forma, estos ciudadanos pueden sortear el camino judicial, más largo y costoso, para solicitar la devolución de este impuesto. Así, al tratarse de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, deberán dirigirse a las hacienda autonómicas y solicitar la devolución de ingresos indebidos, más los intereses de demora, según trasladó a Europa Press el portavoz de Gestha, José María Mollinedo.

Los técnicos de Hacienda consideran, además, que esto no supondrá una merma de ingresos para las comunidades autónomas, ya que conforme les vayan llegando las peticiones de devolución de los particulares, las haciendas autonómicas podrán enviar el requerimiento de pago a los bancos hipotecantes o al banco sucesor de la entidad en caso de que haya sido absorbida por otra durante estos años.

Si ya hace más de cuatro años desde que se suscribió el préstamo hipotecario y, por tanto, fiscalmente el pago del impuesto ha prescrito, los ciudadanos tendrán que emprender acciones legales contra la entidad bancaria y solicitar la devolución, que no prescribe puesto que el Supremo ha anulado el artículo del impuesto que establecía que eran los clientes bancarios quienes pagaban el tributo.

En dicha reclamación, establecerán que existe un “enriquecimiento injusto” por parte de la entidad bancaria, a quien reclamarán que les devuelva lo pagado de más por el tributo que nunca debieron pagar.

Ante esta circunstancia, Gestha ha solicitado a la AEB, la patronal bancaria, y al conjunto del sector financiero que establezcan un procedimiento voluntario para devolver dichas cantidades y que no obliguen a los clientes bancarios a pleiterar por las cantidades pagadas de más.

Los seis bancos del Ibex 35 han protagonizado las mayores caídas en la sesión bursátil de este jueves, después de que el Tribunal Supremo haya decretado que son ellos –y no los clientes– los que deberán abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, lo que según Moody’s podría tener un coste de 4.000 millones de euros para la banca.

El Tribunal Supremo ha emitido esta sentencia al considerar que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción puede ejercitar la acción “ejecutiva y privilegiada” que deriva la hipoteca.

El banco más perjudicado en Bolsa en la jornada de hoy ha sido Sabadell, que se ha desplomado un 6,69%, hasta los 1,17 euros por acción, seguido de Bankinter, que lo hacía un 6,26%, hasta los 7,35 euros por título, y Bankia, cuyas acciones han caído por debajo de los tres euros por acción, concretamente hasta los 2,97 euros (-5,1%).

Se da la circunstancia de que estas tres entidades son las que aglutinan hipotecas medias de importes más elevados, por lo que el riesgo de impacto podría ser mayor.

CaixaBank se ha dejado un 4,53%, hasta los 3,64 euros por título, mientras que los bancos del Ibex 35 menos penalizados han sido Santander (-2,04%) y BBVA (-2,69%).

Con estos desplomes, los seis bancos del Ibex 35 han perdido en total más de 5.463 millones de capitalización bursátil en una jornada.