Bancos

Las patronales bancarias AEB y CECA han hecho público un comunicado en el que afirman que cumplirán el nuevo criterio del Tribunal Supremo acerca de que los bancos deben sufragar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de los préstamos hipotecarios, y han solicitado a los poderes públicos “mayor seguridad jurídica” y unas reglas “claras y predecibles” para el mercado hipotecario.

Tras aclarar que la sentencia del Supremo se refiere a una cuestión “de naturaleza tributaria” y que las entidades de crédito no han percibido “cantidad alguna” de sus clientes por este concepto, las patronales bancarias aseguran que, “como siempre han hecho”, a partir de la sentencia de este jueves, “cumplirán con el nuevo criterio establecido por el Supremo”.

No obstante, reclaman más seguridad jurídica y destacan que el mercado hipotecario español, caracterizado por unos tipos de interés “competitivos y unos plazos largos”, ha permitido el acceso a la vivienda en propiedad a un “amplios espectro” de la población.

Asimismo, afirman que los bancos han cumplido “siempre” con la normativa vigente y la “reiterada” jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, “unánime, y mantenida hasta fechas muy recientes”, principio que por lo demás, añaden, “ha presidido siempre las relaciones de las entidades con sus clientes”.

Puedes consultar Como reclamar al banco los gastos de la hipoteca que te han cobrado indebidamente.

Tal y como acaba de sentenciar el Tribunal Supremo, el banco, y no el cliente, es quien debe asumir el pago de los impuestos derivados de la constitución de una hipoteca.

Para poder reclamar los gastos de formalización de hipoteca, los interesados en recuperar su dinero necesitas realizar una reclamación extrajudicial a la entidad bancaria solicitando la devolución de las cantidades.

Todavía es temprano para conocer como actuarán los bancos aunque es previsible que no te lo ponga fácil y haya que acudir a los tribunales. En ese caso hay muchos despachos dedicados a esto que solo te cobrarán en caso de que ganes, así que si no quieres meterte en líos es una buena opción.

Merece la pena intentarlo ya que su cuantía es elevada, por ejemplo si el cliente ha firmado una hipoteca de 150.000 euros, esta cantidad oscilaría entre los 750 y los 2.250 euros (dependiendo de la comunidad autónoma)

¿CÓMO PUEDE RECLAMARSE?

Existen dos posibilidades: una vía rápida para aquellos que pagaran el impuesto de AJD hace menos de cuatro años y la vía más larga para el resto de personas.

-VÍA RÁPIDA

Aquellos que pagaron el AJD en los ejercicios de 2014 y en adelante, podrían reclamar la devolución de los ingresos indebidos directamente a la Hacienda de su Comunidad Autónoma, algo similar a lo que ocurre con las prestaciones por maternidad.

Al tratarse de un pago indebido, según ratifica el Supremo, y al no haber prescrito, las comunidades autónomas devolverán automáticamente el importe pagado, y lo harán sin coste para sus arcas, ya que lo cargarán en seguida a los bancos, según asegura el sindicato de los técnicos de hacienda, Gestha.

-VÍA ALTERNATIVA

Aquellos que pagaran el impuesto hace más de cuatro años, el derecho no prescribe, pero no es posible solicitarlo directamente a Hacienda. En ese caso:

1.- Para iniciar el proceso de reclamación es necesario reunir la documentación: la escritura de préstamo hipotecario cuyos gastos se pretendan reclamar y las facturas de notaría, registro de la propiedad, tasación del inmueble, gestoría e impuestos pagados.

2.- Después, hay que redactar un documento de reclamación dirigido a la entidad bancaria solicitando los importes abonados. Es importante realizar un requerimiento fehaciente a la entidad correcta, ya que debido a las absorciones entre bancos pueden desatender la reclamación. En el caso de haber cambiado de banco la hipoteca, este escrito debería dirigirse a ambas entidades.

3.- Estudiar con detalle la respuesta del banco con arreglo a sus razonamientos jurídicos. Puede darse el caso de que los bancos intenten negociar con los clientes y hacer propuestas que no le beneficien, obligándole a renunciar a sus derechos e impidiéndole reclamar judicialmente en un futuro esta y otras cláusulas.

4.- Controlar los tiempos de resolución de la reclamación. El banco debería resolver la reclamación en un plazo de dos meses desde que se realizó la misma, según los expertos de Legalitas Direct.

Lo más probable que la entidad trate de desanimar al cliente alargando el plazo y solicitando documentación adicional u obligándole a rehacer la reclamación usando un formulario específico. A pesar de ello, es importante que el consumidor conozca sus derechos y haga frente a estas situaciones.

5.- En caso de que el banco desatienda la solicitud, se deberá presentar una demanda en los juzgados especializados de primera instancia de las comunidades autónomas.

Para ello necesitarás esta documentación.

• Copia de la escritura del préstamo hipotecario, si no la tienes o no la encuentras siempre podrás dirigirte a la notaria donde firmaste y solicitar una copia
• Facturas de notaría, registro, gestoría. La gestoría o la entidad bancaria entrega estas facturas una vez han tramitado el préstamo hipotecario. Si no lo tienes, deberás ir a la gestoría a que te den una copia.

Dada la abusividad de la cláusula de intereses, no hay límites temporales para iniciar los trámites de reclamación

Los bancos del Ibex 35 encabezaban las caídas en la bolsa española después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que determina que son las entidades las que deberán abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes.

Las entidades más penalizadas eran CaixaBank, que se desplomaba un 7,7%, hasta los 3,52 euros por título; Bankia (-6,67%), que perdía los 3 euros por acción, y Sabadell, que caía un 6,41%, hasta los 1,18 euros, en torno a las 12.00 horas.

Por su parte, Bankinter se dejaba un 5,5% en la media sesión, hasta los 7,41 euros por acción; BBVA retrocedía un 2,79%, hasta los 5,15 euros por título, y Banco Santander veía disminuir el precio de sus acciones hasta los 4,15 euros, un 1,58% menos que al cierre de la jornada anterior.

El Tribunal Supremo ha modificado su jurisprudencia anterior y, en una nueva sentencia conocida este jueves, ha determinado que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes, como determinó en una sentencia previa del 28 de febrero de este mismo año.

La sentencia de la sala Tercera del Supremo, del 16 de octubre y cuyo ponente ha sido el magistrado Jesús Cudero, interpreta el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como su jurisprudencia anterior sostenía), sino la entidad que presta la suma correspondiente.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, “que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca”.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo se corrige a sí misma y modifica su jurisprudencia anterior aclarando que a quien debe afectar los impuestos de la hipoteca es a la entidad que presta el dinero, y por tanto, es ella quien debe abonarlo, y no el cliente.

Así lo declara el Supremo en una sentencia de 16 de octubre, de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava determinados documentos notariales o mercantiles, entre ellos las escrituras del préstamo hipotecario. La cuota es un porcentaje del importe del préstamo, y se gestiona por las comunidades autónomas. Las hay que que aplican un tipo del 0,5 por ciento como Madrid y otras como Andalucía o Aragón que cobran el 1,5%.

La sentencia anula un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

La decisión cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el magistrado Dimitry Berberoff, que postula el mantenimiento de la jurisprudencia anterior, y otro concurrente, del magistrado Nicolás Maurandi, que considera que la sentencia debió incidir en la existencia de dos impuestos en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31 de la Constitución