La tensión política entre Cataluña y el resto de España está in crescendo desde el pasado domingo en el que se celebró el referéndum ilegal. El martes de esta semana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparecerá en el Parlament de Cataluña para informar sobre la situación política actual, aunque muchos esperan que esa sea la fecha en la que el Parlament establezca una declaración unilateral de independencia (DUI).
En la última semana se han producido importantes movimientos en el terreno empresarial con el traslado de sede social desde Cataluña a otra autonomía. Multinacionales tan relevantes como Caixabank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona y han decidido abandonar Barcelona con el traslado de sede social. También hay que mencionar el traslado de sede de gigantes como Oryzon, Eurona, Proclinic, Banco Mediolanum, Service Point Solutions, Arquia Banca, Ballenoil o Dogi.
A pesar de todo el revuelo generado, la prima de riesgo española no muestra unas valoraciones extremas. El viernes pasado, la prima de riesgo cerró en 121 puntos. Este dato no es especialmente alto. Si nos remontamos en los últimos tres años, observamos claramente como la prima de riesgo ha oscilado mayoritariamente entre 100 y 150 puntos básicos.
Es más, si comparamos la prima de riesgo española frente a la italiana vemos que no ha habido una gran variación en los últimos días, cerrando en 52 puntos básicos el pasado viernes. De hecho, en 2017, el diferencial entre ambas primas de riesgo se ha movido entre 50 y 70 puntos básicos. Si Cataluña supusiera un gran riesgo, muy probablemente, el diferencial de la prima de riesgo de ambos países se hubiese reducido notablemente, cayendo por debajo de los 50 puntos.
Cierto es que el factor Cataluña ha despertado una mayor volatilidad en la renta fija. Sin embargo, este repunte, por ahora, no excede de los parámetros normales. Incluso en el supuesto de la DUI, no hay que olvidar que no es lo mismo declarar la independencia, que establecer una independencia efectiva que implicaría realmente absorber las competencias que le son propias al estado central.
Marc Fortuño