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Cataluña se acerca a las elecciones del 27 de Septiembre, unas elecciones que para algunos tienen un carácter puramente plebiscitario como instrumento para declarar la independencia y constituir en el territorio catalán un nuevo estado, mientras que otros hablan de que son unas elecciones importantes pero no marcarán un antes y después en el territorio catalán. Dado que existe una enorme incertidumbre que afecta a la sociedad civil, al entorno empresarial y a los diferentes sectores de la política nacional, daré un enfoque desde el punto de vista legislativo, político y económico sobre la realidad de la independencia de Cataluña en las siguientes líneas.
Si nos centramos en términos puramente legislativos, el proceso de autodeterminación que pretende la lista del Junts pel Sí, es absolutamente inviable porque no encaja dentro de ningún marco jurídico. En primer lugar, en el marco legislativo constitucional se especifica que «La soberanía nacional reside en el pueblo español», por lo que una autonomía no tiene competencias para establecerse como nuevo estado. Seguidamente si nos centramos en el derecho internacional, la autodeterminación sólo es reconocida a los pueblos coloniales y, por extensión, a los pueblos sometidos a dominación extranjera, por tratarse de situaciones calificadas como contrarias al derecho internacional. De no atender a esta realidad legislativa, tanto interna como externa, hablaríamos de una declaración unilateral de independencia. Este supuesto se impide la creación de un estado de derecho, porque partimos de la ilegalidad en el proceso de autodeterminación. Reduciéndolo al absurdo, sería como si el barrio barcelonés de Pedralbes o bien una humilde comunidad de vecinos, hiciera una votación cuyo resultado estuviera vinculado a la independencia para obtener una fiscalidad más favorable a sus intereses, un hecho obviamente que carece de sentido común dentro del derecho por falta de competencias, al igual que la secesión de una autonomía.
Dejando atrás el punto de vista legislativo, centrémonos en el factor político de la autodeterminación. Para que Cataluña se establezca como Estado de Derecho, debe existir un reconocimiento por parte de los demás Estados. Dado que no hablamos de un escenario de acuerdo a la legalidad vigente, ningún estado reconocería el proceso como tal porque muchos estados tienen potenciales nacionalismos internos que de reconocer el proceso catalán que no se ajusta al derecho, darían alas a esos nacionalismos, creando factores de inestabilidad en sus respectivos países y un riesgo político in crescendo. Entre los nacionalismos más intensos de los países próximos nos encontramos con Bélgica – Flandes, Alemania – Bavaria, Francia – Bretaña y Córcega, Italia – Cerdeña, Véneto y Trentino-Tirol del Sur.
Sobre la entrada o salida de Cataluña en la Unión Europea, un escenario que los propios economistas independentistas identifican en consenso como la «necesidad de que Cataluña siga dentro de la UE para garantizar la viabilidad como Estado independiente» y que existe como reto «trabajar para conseguir que ningún Estado miembro de la UE se oponga a la solicitud de adhesión en la UE». Sobre este punto no hay debate porque el los Tratados de la UE se especifica en el artículo 49 que cualquier Estado europeo que desee solicitar el ingreso como miembro en la Unión debe dirigir su solicitud al Consejo. Este último, antes de tomar su decisión, debe consultar a la Comisión y pedir un dictamen conforme al Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría absoluta de los miembros que lo componen. El Consejo, que es representado por todos los Estados miembros, se pronunciará entonces por unanimidad. Por lo tanto, un proceso que nace de la ilegalidad, como el actual, no existe reconocimiento externo por lo que todo sigue igual con Cataluña dentro de la UE, en el supuesto de que el procedimiento fuera legal, se aplicaría el artículo 49.
Además, ya tenemos las declaraciones de los mandatarios europeos. La canciller alemana, Angela Merkel ha comentado que «todos tienen que respetar, garantizan la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados», el presidente de la República Francesa, François Hollande comentó que «Cataluña es una región de España, por tanto, este es un tema interno de España. Es competencia de su soberanía en exclusiva. No tengo nada más que comentar al respecto» y por último el premier británico David Cameron sobre el proceso de autodeterminación insistió en que debe hacerse «conforme al imperio de la ley» y que «Cuando una parte de un Estado se separa de ese Estado, no formará parte de la Unión Europea, y deberá ocupar su puesto a la cola de otros países que han solicitado ser miembros de la Unión. Ésa es la postura asumida por la Comisión y los principios constitucionales de la Unión Europea». Las declaraciones de los mandatarios europeos se mueven al unisono por lo que una Cataluña que declarase unilateralmente la independencia, no tendría un reconocimiento externo. El único apoyo externo político que tiene el proceso de autodeterminación en todo este tiempo es de unos pocos congresistas estadounidenses, un factor claramente insuficiente para los propósitos de secesión.
Vayamos con el punto de vista económico del proceso… A pesar de que los factores legislativos y políticos hacen inviable que Cataluña se forme como un nuevo Estado, vamos a repasar en primer lugar las consecuencias económicas que se han dado antes de las elecciones del 27 de Septiembre y seguidamente valoraremos qué escenario económico se produciría en una Cataluña independiente.
Por ahora, éstas han sido las primeras consecuencias económicas del proceso de secesión:
- Más de 1.500 empresas catalanas han iniciado la travesía hacia Madrid desde el año 2010. En el último año, 987 compañías de Cataluña trasladaron su domicilio fiscal a otras regiones, de las que 446, casi la mitad, lo ubicaron en Madrid.
- La inversión extranjera realizada en Cataluña durante el año 2014 cayó un 15,8% respecto al año anterior, en cambio, a nivel nacional aumentó un 9,8%.
- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P) establece el rating de Cataluña en ‘BB/B’ a largo y corto plazo en el rango de ‘bono basura’ desde que se acogió al rescate del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y mantiene la perspectiva estable porque prevé que el Gobierno central siga proveyendo de liquidez a la Generalitat para asumir los vencimientos de su deuda.
- En agosto, el interés del bono catalán se disparó un 40% por la próxima amenaza soberanista. Los bonos a diez años emitidos en febrero de 2010 escalaron del 2,307% hasta el 3,232%.
Obviando los factores vinculados a la legalidad y a la política que impedirían la autodeterminación, en el supuesto de una Cataluña independiente vamos a valorar cuáles serían las consecuencias económicas de Cataluña como nuevo Estado.
En primer lugar, habría una caída del Producto Interior Bruto (PIB), las estimaciones están por encima de una caída ligeramente superior al 10%. Ahora mismo el desempleo en Cataluña se encuentra en el 20% y se vaticina que se podría incrementar hasta el 30%. Esto se debe a que a independencia reduce las relaciones comerciales entre un 25% y un 70% entre las partes de un país que se fragmenta, según distintas experiencias históricas de secesión por «efecto frontera». Evidentemente, en un supuesto de secesión unilateral las cifras deberían serán mayores al no tener un respaldo externo y por lo tanto que los inversores se alejen de todos estos elementos de riesgo.
Algunos economistas han comentado que la secesión mejoraría la calificación crediticia de Cataluña, un argumento que no es cierto porque la propia agencia de calificación S&P comentó que «Si Cataluña dejara de ser parte del Reino de España, creemos que los indicadores crediticios soberanos, incluyendo el nivel medio del PIB per cápita, las cuentas externas, y la posición de las finanzas públicas, se debilitarían». Obviamente un Estado nuevo constituye un mayor riesgo para los inversores, lo que significaría un sustancial incremento del coste de la deuda, por lo que difícilmente encontrarían financiación en los mercados para pagar los vencimientos próximos.
También veríamos un escenario de tensión en el sistema financiero. El total de créditos de Cataluña es de 292.000 millones y el saldo de depósitos total de Cataluña es de 195.000 millones. Así que en el supuesto de que el BCE no apoyara al nuevo país habría graves complicaciones financieras.
Sobre las cuentas públicas de Cataluña, el informe de la Societat Civil Catalana comenta que el déficit de la Generalitat aumentaría hasta -20.000 millones de euros un 10,3% PIB (déficit actual 4.000 millones 2% PIB). Este déficit se formaría por las nuevas competencias de exteriores y defensa, menor recaudación por la recesión, un aumento de los subsidios por desempleo, y el aumento del pago de intereses.
Como se ha reflejado ante la falta de acceso a la financiación de los mercados que respalden el déficit público sólo quedaría el camino de recortes. Así que habría que profundizar más en los recortes del presupuesto en un importe de 16.000 millones de euros (20.000 millones – 4.000 millones). Las grandes partidas que les perjudicaría dichos recortes serían en el escenario más probable sanidad y educación.
Sobre cuál sería la deuda pública de Cataluña hay muchas interpretaciones pero en principio, en una resolución consensuada (que no es el escenario previsto) al Estado catalán le correspondería una parte alícuota de la deuda Estatal, Seguridad Social, otras entidades de la Administración Central y demás obligaciones financieras y asimismo, también activos correspondientes. En ese supuesto la deuda pública catalana pasaría del 30% del PIB hasta más del 110%.
Conclusión:
En principio el escenario más probable es que si tras los comicios hay una mayoría parlamentaria, se siga adelante con el proceso de autodeterminación y dado que no se ajusta a los elementos jurídicos señalados hablaríamos de un proceso ilegal. Evidentemente esto generará una elevada incertidumbre en el horizonte temporal que tendrá consecuencias económicas. Asimismo, independientemente de si el Estado español tendría capacidad o no de hacer cumplir la ley (que en principio sí), lo que está claro es que no hay un apoyo externo sólido al proceso, por los propios riesgos políticos que tienen Alemania, Francia Italia y demás países de sucumbir a una espiral secesionista en sus propios territorio. Todo esto es un muro de contención que anula el proceso de autodeterminación catalán, dejando en Cataluña no sólo una fractura económica sino también social.
