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Ayer conocimos como el Partido Popular y Ciudadanos habían logrado un acuerdo para que el partido de Rivera concediera el sí a la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo suscrito en el documento no obtiene la mayoría de la cámara, por lo que, a pesar de ser un paso, no hay garantías de que lo pactado finalmente se lleve a la práctica. Aún así, seguidamente vamos a analizar cómo afecta a los inversores las intenciones puestas de manifiesto en el documento.
Se pretende rebajar el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF. Recordemos que el déficit público ya no tiene que situarse en el 2,8% en 2016, sino en el 3,7% y en 2017 el objetivo de déficit es del 2,5%. Por lo que si se cumple con Bruselas en 2017, los inversores podrían ver esta rebaja en 2018.
El documento hace alusión a una revisión en profundidad del Impuesto de Sociedades cuyo objetivo sería aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales para aproximar la recaudación a la media de la zona euro. Todo ello se atribuye por una mejora del control de este impuesto y no a una subida nominal de los tipos. Cabe recordar que el tipo efectivo de sociedades es la relación porcentual entre la base imponible y los beneficios del grupo, por lo que finalmente se establecerían modificaciones en los gastos deducibles, perjudicando finalmente el resultado del ejercicio de las empresas y por lo tanto, la capacidad de las mismas en el reparto de dividendos.
Se cita expresamente la figura de las SICAV en materia de vehículos de inversión. Se plantea devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, haciendo que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades. Y la pregunta es ¿Qué es para los firmantes una auténtica institución de inversión colectiva? Pues que sólo se computen a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. No se termina de entender este punto ya según este criterio, podría establecerse una participación del 44,56% sobre la SICAV y 99 participaciones restantes del 0,56% cada una (en total sería el 55,44% sobre el capital) para formar los 100 partícipes.
Existe la intención de reformar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para incorporar mecanismos de colaboración entre diferentes Administraciones basados en la lealtad institucional. Se avanzará decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y barreras regulatorias injustificadas. España se encuentra en el puesto 33 del Índice Doing Business 2016, manteniendo grandes problemas burocráticos en la apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, facilidad de crédito para las las empresas y una burocracia eficiente para la formalización del pago de impuestos.
En materia de seguridad jurídica, se perseguirá la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, que unificará criterios y reforzará los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros.
Para las StartUps y sus inversores también hay novedades. Se pretende iniciar un Programa de Fomento del Capital Semilla que favorezca el desarrollo de StartUps en España. Se recuperaría la deducción previa por la remuneración mediante “stock options” para las StartUps y se ampliarán los beneficios fiscales en el IRPF para los inversores de proximidad.
