España, junto a Francia y el Reino Unido, aún permanece dentro del protocolo de déficit excesivo debido a que el país cerró en el año 2016 con déficit del público del 4,33%, por encima del objetivo de déficit del 3% que se refleja en los tratados de la UE. Sumado a los déficits anteriores, actualmente España mantiene una deuda pública del 100% sobre PIB, unos niveles muy preocupantes para el país, ya que no se ha buscado profundizar en una política de estabilidad presupuestaria en los últimos ejercicios.
Sin duda, en los últimos años, se ha experimentado un fuerte cambio en la economía española con un fuerte consumo, la mejora de las inversiones y las exportaciones netas que han permitido un crecimiento más sano, por ello, España está creciendo a un ritmo del 3% y para este año se prevé un crecimiento del 3,1%, siendo la economía desarrollada que ofrezca un mayor crecimiento, mientras que Francia e Italia siguen en una fase de estancamiento. Con las reformas ejecutadas, la economía española ha ganado una fuerte dosis de competitividad, flexibilidad y mayor capacidad de resistencia frente al crecimiento anterior orientado al ladrillo y el apalancamiento.
Los cambios para España son notorios pero insuficientes. Cabe recordar que los datos actuales de deuda pública y desempleo estructural permanecen elevados. Aunque también hay que decir que, en términos dinámicos, España lidera el crecimiento de empleo en Europa. El factor de la deuda sin lugar a dudas es más preocupante ya que concede poco margen de maniobra a la política fiscal en un supuesto que se produzca un shock externo y se desencadenen turbulencias financieras.
Desde el FMI, se está recomendando España una nueva vuelta de tuerca a los impuestos buscando mejorar la recaudación en concepto de IVA, ya que es relátivamente inferior a la recaudación del resto de Europa. En esta reforma se pretende grabar de manera gradual una mayor cantidad de bienes de consumo al tipo general del IVA, que se encuentra en el 21%, para obtener unos recursos con el objetivo de reducir deuda.
Aunque también existe la opción de reducción del gasto público para el equilibrio presupuestario y la mayor eficiencia en el gasto. Por ejemplo, desde el poder político las administraciones utilizan anualmente 18.000 millones de euros en concepto de subvenciones tanto empresas públicas como privadas. El empleo público sigue siendo alto y caro, pues en el año 2015 se dictó el 11,1% del PIB para algo más de 3 millones de trabajadores del sector público con un salario medio de 36.600 euros, lo que implica algo más de 10.000 euros más por encima del salario medio en España, siendo una de las diferencias más altas en Europa.
España no puede permitirse crecer y seguir arrastrando un déficit que sigue torpedeando la evolución de la deuda pública. Por ahora, la política monetaria de interrogación en el mercado secundario de deuda está ayudando a España a poder refinanciar los vencimientos de deuda. Sin embargo, el tiempo se acaba, y cuando el BCE deje demeter mano en los títulos de deuda veremos como la rentabilidad de la deuda se incrementa, haciendo que sea más caro refinanciar los vencimientos de deuda que se vayan produciendo. En ese momento, lo ideal para España es tener el menor stock de deuda pública para refinanciar.
Marc Fortuño