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Toda empresa está sujeta, en mayor o menor medida, al llamado riesgo político que se refiere al riesgo de que un gobierno lleve a cabo decisiones políticas que den como resultado la obtención de efectos adversos sobre los beneficios empresariales y sobre los diferentes objetivos corporativos en cuestión. Las acciones políticas adversas pueden variar desde muy perjudiciales, como por ejemplo atentados directos a la propiedad privada en forma de expropiaciones, a los de carácter más financiero, tales como la creación de leyes que impiden la plena circulación de capitales. Las consecuencias directas en relación al riesgo político son la atracción o salida de capitales y también la facilidad o dificultad de emitir deuda para financiar los presupuestos del Estado.
En términos generales podemos identificar dos tipos de riesgo político, el riesgo macro y micro. Por riesgo macro se entienden la acciones negativas que afectará a todo tipo de empresas, como la expropiación o insurrección. Un ejemplo claro lo vimos en Venezuela cuando Hugo Chávez se paseaba por la una calle del municipio Libertador, expropiando negocios a dedo. Por contra, el riesgo micro se relaciona con aquellas acciones adversas que sólo afectan a un determinado sector industrial o de negocios, que habitualmente se suelen referir como estratégicos. Entre los múltiples ejemplos, podemos señalar el que sufrió Repsol por parte del gobierno argentino al expropiar el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes únicamente a la empresa española.
El riesgo político no sólo está vinculado a la acción de un gobierno sino también en la inacción o la llamada ingobernabilidad (incapacidad para formar gobierno o acuerdos), que supone un factor de incertidumbre importante, y cotiza en negativo. Dejando atrás, los aspectos ideológicos que normalmente se distribuyen entre los ejes izquierda-derecha, lo que verdaderamente importa para la inversión es el eje estabilidad-inestabilidad. La estabilidad política permite llegar a acuerdos para una correcta aplicación de reformas estructurales para estimular el crecimiento de largo plazo. Los inversores no sólo quieren saber qué regulaciones o bien qué sistema fiscal está instalado en un país, sino que desean una certidumbre en la continuidad política para minimizar el riesgo expuesto de toda inversión.
Como todo riesgo, las empresas deben gestionar el riesgo político mediante una cobertura. Ésta es ofrecida por los seguros que se adapten a las necesidades y objetivos estratégicos de cada compañía, así como a las características de cada operación, ya sea una operación de inversión, financiación o de comercio internacional. Los tipos de cobertura para enfrentarse al riesgo político más frecuentes están vinculados al impago del deudor público, el CEN o riesgo a la expropiación o nacionalización de activos, actos de terrorismo para determinados tipos de activos y la ejecución indebida de avales que pudieran impedir.
Finalmente, en la actualidad, las tensiones geopolíticas, la caída del precio de las materias primas y los movimientos separatistas, entre otros, están configurando el panorama de riesgo político a nivel mundial. Según el MAPA DE RIESGO POLÍTICO 2015 DE MARSH proporciona una puntuación de riesgo total por país para 185 naciones, los diez países que más riesgo político han tenido este año son República Centroafricana, Sudán, Siria, Afganistán, Guinea-Bisáu, Yemen, Congo, Libia, Haití y Mauritania. Por contra, Canadá, Dinamarca, Noruega, Suecia y representan a los países de mayor estabilidad política, que destacan por tener su riesgo político minimizado, lo que supone un factor catalizador para sus respectivas economías.
