La Unión Europea (UE) ha impuesto una multa récord de 4.300 millones de euros a Google de Alphabet bajo la acusación de que la empresa utiliza su popular sistema operativo móvil Android para cimentar ilegalmente su posición dominante en la búsqueda general en Internet.
A la empresa se le ha concedido un plazo de 90 días para cambiar su modelo de negocio, de lo contrario podría enfrentarse a sanciones adicionales de hasta el 5% de su volumen de negocios diario medio. Google dijo que planea apelar la decisión de la Comisión Europea. El CEO Sundar Pichai, en una entrada de blog, apoyó el desarrollo de Android como una plataforma que ha creado más opciones, no menos.
La Comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, explicó la sentencia en una rueda de prensa en Bruselas y explicó los múltiples puntos por los que se impone una multa a Google.
- Primero: Google obligó a los fabricantes de dispositivos Android a preinstalar su aplicación de búsqueda y su navegador Chrome para permitir al usuario el acceso necesario a su Play Store.
- Segundo: Realizó pagos a un gran número de fabricantes de dispositivos por preinstalar exclusivamente la aplicación Search en los dispositivos.
- Tercero: Evitó que los fabricantes de dispositivos vendieran dispositivos inteligentes impulsados por versiones alternativas «bifurcadas» de Android.
Tales prácticas equivalen a limitar ilegalmente las posibilidades de elección del usuario y del fabricante y a abusar de su posición dominante en un momento en que el uso de la telefonía móvil crecía rápidamente. Si bien Vestager reconoció que Google no impide que los usuarios descarguen, instalen y utilicen otros navegadores o aplicaciones de búsqueda, afirmó que sólo el 1% de los usuarios descargó una aplicación de búsqueda de la competencia y el 10% utilizó un navegador diferente.
Ella justificó la multa masiva basada en los ingresos relacionados con la búsqueda de Google de los dispositivos Android en la región europea desde 2011.
Las implicaciones de esta decisión podrían llevar a una variedad de escenarios. El fabricante del dispositivo puede realmente hacer el dinero «vendiendo» el espacio de los apps del defecto para la búsqueda, el browser u otros servicios como mapas al mejor postor. También puede significar que un fabricante de dispositivos será libre de instalar cualquier otra versión antigua o bifurcada de Android como deseen.
Si Google elimina las aplicaciones preinstaladas debido a esta sentencia, puede abrir el espacio para que el usuario final descargue otras aplicaciones adecuadas según sea necesario, lo que lo convierte en un campo de juego nivelado. Si Google deja de ofrecer su variedad de aplicaciones móviles como una suite preinstalada, se establece para perder en el principal de los bienes raíces del dispositivo portátil de donde hace más dinero mostrando anuncios que los que se muestran a través de aplicaciones de terceros.
La reacción inicial del mercado es que tales desarrollos pueden afectar a Google en sus ingresos publicitarios, ya que sus anuncios móviles han visto un aumento significativo en comparación con sus anuncios de escritorio.
Con sus reservas de efectivo e inversiones a corto plazo para el trimestre que termina en marzo reportadas en 103.000 millones de dólares, la multa de 5.000 millones de dólares parece «asequible» para el gigante tecnológico. En los casos en los que puede sentir el pellizco es la pérdida de ingresos futuros si decide seguir la decisión de la UE.
Si bien los diseñadores de aplicaciones han acogido con satisfacción esta decisión, ya que abre la puerta a la igualdad de condiciones para ellos en contra de Google, los activistas y expertos de la industria no son tan optimistas acerca de la decisión que se sigue literalmente por la empresa.
Citando un ejemplo de una resolución anterior similar de la UE del año pasado, en la que una investigación independiente impuso a Google una multa de 2.400 millones de euros en relación con su servicio de comparación de precios, nada ha cambiado mucho. Google no ha podido fijar su servicio de compras según lo dictado en la sentencia, y la empresa está en el proceso de apelar.
Marc Fortuño