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Cada país tiene sus peculiaridades económicas, sociales, políticas y demás que establecen un riesgo promedio en las inversiones que se efectúan, lo que se conoce como riesgo país porque de acuerdo con este entorno económico, los inversores tendrán una mayor o menor probabilidad de incurrir en pérdidas por poseer determinados activos. Específicamente, el riesgo país está vinculado con al capacidad o la incapacidad de afrontar los pagos de la deuda del sector público. Las agencias de rating realizan sus calificaciones del riesgo país mediante una serie de variables que miden la capacidad de efectuar las transferencias internas y externas. Estas variables se agrupan en tres categorías: Aquellas que miden la salud de la economía, las que se utilizan para medir la capacidad del sector público de afrontar los servicios de la deuda (la transferencia interna) y aquellas variables que miden la capacidad de la economía en obtener divisas y cumplir los compromisos adquiridos en divisas extranjeras (la transferencia externa).
La salud de la economía se mide principalmente por la tasa de crecimiento, la tasa de inflación y el nivel de ingreso per capita. El mix perfecto de una economía es aquella que muestra elevadas tasas de crecimiento y un aumento del ingreso per capita, mientras que la inflación está controlada. Al mismo tiempo, el desarrollo del mercado de capitales es una variable a tener en cuenta ya que los países con un sistema bancario perfectamente desarrollado y que cuenta con grandes inversores institucionales tendrá una mejor posición para afrontar los pagos.
La variables que miden la capacidad de afrontar la deuda son el déficit fiscal y el nivel de deuda pública. Aquellos gobiernos cuyos déficits fiscales estén desatados no sólo deben financiar el gasto político y social del país sino los vencimientos de deuda con nuevas emisiones, lo que tiende a ser un circulo vicioso que ataca a la solvencia de la nación.
Entre los indicadores que analizan la capacidad de realizar una transferencia externa tenemos a la relación entre la deuda externa y las exportaciones o también el stock de reservas internacionales frente a las importaciones de la economía. Aquellos países que presentan una elevada relación entre deuda externa frente a exportaciones presentan una mayor vulnerabilidad, al igual que aquellos países que cuentan con menores reservas internacionales.
Existen otros elementos un tanto más subjetivos para establecer el riesgo país como la voluntad de pago a sus acreedores. Esto supone que los gobiernos pueden valorar o tomar la decisión de no pagar la deuda porque estiman que los costes del default no serán superiores a otros costes como costes por los costes sociales o bien los costes de la estructura administrativa. Dado que la voluntad es un término demasiado ambiguo y muy discutible, lo que si hay que tener claro es que las valoraciones de los partidos políticos sobre si hay que afrontar o no los pagos de la deuda, genera una incertidumbre adicional en el riesgo país.
En base a las anteriores variables que afectan al riesgo país, las agencias de calificación de riesgo consideran si los instrumentos emitidos por un determinado país son aptos como grado de inversión (investment grade)dependiendo de la capacidad de pago y su representación en letras implica aclanzar Baa3 para Moody’s o BBB- para el resto de calificadoras. Sin embargo, tampoco hay que tener una fe ciega en sus calificaciones porque han habido graves errores en la valoración del riesgo país. Por ejemplo, a finales de los años setenta ¿Saben cuál era la calificación de Moody’s y S&P sobre Venezuela? Una AAA, y justo antes de que el país sufriera la crisis de deuda. El problema en este caso en particular o bien en otros supuestos posteriores es que las agencias de calificación tienden a dar un peso muy relevante en sus análisis de riesgo a las variables económicas que miden la generación de divisas frente a la deuda, como por ejemplo deuda exportaciones o bien el déficit en cuenta corriente del balance de pagos, y un peso menor a aquellas variables que miden la solvencia de los gobiernos y la capacidad potencial de crear nuevas divisas. En el ejercicio 1980-81 Venezuela presentaba un superávit de cuenta corriente del 6% pero su déficit primario (descontando intereses) era del 12%, lo que conllevo a una dura crisis en la economía venezolana.
