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Las retrocesiones es un concepto que el cliente de un producto financiero tiende a desconocer, sin embargo es vital en el negocio de la distribución de productos financieros. Las retrocesiones son aquellas comisiones que intermediario recibe por la distribución de un producto financiero determinado que se deriva de la gestión del mismo, por lo que quedan incluidas en el precio, sin que el cliente llegue a enterarse de la existencia de un conflicto de interés.
Quién comercializa el fondo de inversión, ya sea banco comercial o un asesor patrimonial recibe su retribución mediante dichas retrocesiones. Este sistema, estaba ideado para qué se incentivará la colocación de fondos de inversión frente a otros productos de ahorro. No obstante esta práctica ha degenerado en un conflicto de interés para el partícipe.
Para hacernos una idea, en base a los datos de la CNMV, el 66,7% de los ingresos por las comisiones de gestión de las doce gestoras más importantes del país, con un patrimonio superior a 5.000 millones de euros, son para los distribuidores de los fondos. En cifras, en el año 2015, las retrocesiones supusieron un negocio de 2.335 millones de euros.
Unigest, es la gestora española cuya comisión de retrocesión es más elevada, un 85%. La gestora Santander Asset Management, que obtienen unos ingresos por comisiones de gestión de 395 millones de eures, es la gestora que mayor volumen destina a retrocesión, 301 millones de euros, lo que supone el 76% de los ingresos de gestión.
La entrada en vigor en 2018 de la directiva revisada de los mercados de instrumentos financieros, conocida como MIFID II, forzará a las entidades a definirse o bien como asesores independientes o bien como asesores no independientes, mejorando así la transparencia. En el primer caso, el cobro de retrocesiones estará prohibido por la regulación. Por el contrario, si los clientes optan por asesores no independientes, éstos deberán detallar al cliente cuanto se llevan en comisiones por la venta de un producto de inversión determinado, también deberán explicar por qué esa recomendación no es independiente y justificar su criterio de inversión frente a otro producto financiero.
Según un informe realizado por la consultora McKinsey & Co, la nueva regulación llevaría a la extinción a aquellas gestoras que cuenten con unos activos bajo gestión inferiores a los 10.000 millones de euros. Esto se debe a que la industria de la banca privada deberá ajustarse en costes, ante la nueva normativa.
