Empleo sumergido

La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, lo que supone casi un 8% del PIB generado anualmente en nuestro país, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Por regiones, quienes tienen más empleo irregular son Cataluña , Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia  y Castilla y León.

El pasado mes de marzo el gobierno anunció que estaba preparando un plan para hacer aflorar empleo no declarado. Se aprobó el 29 de abril con el nombre de «medidas para la regularización y control del empleo sumergido» y entró en vigor el pasado 7 de mayo mediante un Real Decreto-Ley.

La verdad es que ha dado mucho de qué hablar, ya que parecía que iba a ser algo sencillo que se aprobaría sin muchas dificultades, pero finalmente han sido necesarios varios borradores para llegar a un acuerdo: primero iba a haber amnistía para las empresas y empleados que lo regularizarna, luego no y lo que lo que iba a haber era un aplazamiento de las cuotas para hacer más fácil el pago a la Seguridad Social, después el Ministerio de Economía y hacienda no está de acuerdo, y va a sancionar a las empresas que afloren su actividad…

Tras tantos ires y venires, os voy a dejar aquí el resumen de lo que finalmente se ha publicado, que al fin y al cabo «es lo que va a misa»:

• Desde el 7 de mayo y hasta el próximo 31 de julio, los empresarios que lo deseen podrán dar de alta a la Seguridad Social a los empleados que no tienen declarados sin recibir sanción administrativa.
• Los empresarios podrán voluntariamente regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren ocupados por los mismos de manera irregular y podrán acogerse a cualquier modalidad de contratación, si bien el contrato no podrá ser inferior a seis meses en caso de que sean contratos temporales.
• Pasado este ‘periodo de gracia’, que concluye el próximo 31 de julio, se endurecen las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos. En concreto, el plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
• Cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos ‘en negro’ la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.
• Se intensificarán las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años.
• Se realizarán campañas de sensibilización pública.
• Las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción es grave.
• Por último, el Ministerio de Trabajo se compromete, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, a realizar una evaluación y seguimiento de los resultados de las medidas y oirá a la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Atendiendo a las conclusiones de dicha evaluación, procederá a adoptar o promover las medidas de adaptación o modificación que resulten adecuadas.

¿Creéis que estas medidas harán que disminuya el empleo sumergido en España?