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El Parlamento Europeo se ha propuesto plantarle cara a la morosidad. Hoy ha aprobado una directiva que fija, como normal general, un límite de 30 días para pagar las facturas. En el caso de las administraciones públicas, este plazo se podrá prolongar, como máximo, hasta los 60 días cuando esté justificado.
Para evitar lagunas, la derogación del límite sólo será aceptada bajo circunstancias especiales. Este es el caso de los hospitales públicos, que podrán ampliar el plazo más allá de los 60 días ya que en gran parte están financiados a través de reembolsos de los sistemas de seguridad social.
La nueva legislación ha sido aprobada con 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones y busca garantizar que las pequeñas empresas no tengan que afrontar problemas financieros debido a la demora en el pago de facturas por parte de otras compañías o de la administración pública y puedan reforzar así la solvencia, la innovación y el empleo.
El acuerdo, que establece sanciones por incumplimiento, deberá ser formalmente aprobado por el Consejo y los estados miembros tendrán dos años para cumplirlo.