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En los últimos dos años, la mayoría de los países del mundo escogieron ampliar al gasto público para atenuar el impacto de la crisis financiera global sobre sus economías y ciudadanos. Sin embargo, este año, con la aparición de signos de recuperación económica, los países avanzados han pasado rápidamente del estímulo a la consolidación fiscal.
Ahora los países en desarrollo están siguiendo esta misma tendencia. Un estudio reciente de la UNICEF en 126 países muestra que se espera que una cantidad importante de países de ingresos bajos y medios reduzcan su gasto público en 2010-2011.
Esto viene en mal momento, justo después de que los gobiernos mundiales se comprometieran a alcanzar las metas de desarrollo, como reducir la pobreza y la mortalidad infantil, acordadas en septiembre último en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
Para la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, la incipiente recuperación económica parece ser frágil y desigual. De hecho, muchos de estos países siguen siendo vulnerables a la volatilidad de los precios de los productos básicos, las debilidades del sistema financiero, la menor demanda de los mercados mundiales y las carencias de financiamiento externo, ayuda para el desarrollo e inversión.
Lo que es más importante, según la ONU y el Banco Mundial, el impacto social de la crisis económica mundial se sigue sintiendo en términos de un aumento del hambre, el paro y el malestar social. La combinación del alza de los precios de los alimentos y los combustibles y la crisis financiera y económica ha reducido el poder de compra de las familias pobres, así como su acceso a servicios sociales y oportunidades de empleo.
Más aún, los hogares pobres han reducido su consumo alimentario, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que cerca de mil millones de personas sufren hambre y malnutrición. Además de los millones que ya cayeron en la pobreza en 2008-09, otros 64 millones podrían caer en la extrema pobreza durante 2010 como resultado de la combinación de los persistentes efectos de la crisis.
En los años 80, los programas de ajuste exigían que la mayoría de los países redujeran sus gastos, incluidas las partidas presupuestarias destinadas a educación, salud, agua, agricultura y otros sectores de gran importancia para los hogares de bajos ingresos. Como clamara el Presidente de Tanzania, Julius Nyerere: "¿Tenemos que dejar morir de hambre a nuestros niños para pagar nuestras deudas?"
La mortandad infantil se elevó entre los grupos de bajos ingresos de varios países en desarrollo, y aumentó la desigualdad. Este periodo pasó a ser conocido como "la década perdida". UNICEF respondió con la propuesta Ajuste con rostro humano, que argumentó que se debe proteger a la infancia durante las crisis económicas. Abogó por políticas macroeconómicas más expansivas para generar empleo, inversiones del sector público para beneficiar a los pobres y la creación de sistemas de protección social.
Treinta años más tarde, y déjà vu, el mismo mensaje es válido. Otra vez se está haciendo que los pobres de los países en desarrollo sufran las peores consecuencias de una crisis que no contribuyeron en modo alguno a crear. Es imprescindible que esto no nos lleve a otra década de desarrollo perdida y que los hogares pobres -en especial los niños- no sufran como lo hicieron en los años 80.
Y, sin embargo, podría ocurrir así. Nuestro estudio de la UNICEF en 126 países en desarrollo encontró que entre casi la mitad de aquellos que están reduciendo el gasto público, las medidas de ajuste comunes incluyen límites o reducciones de los salarios del sector público, eliminación de subsidios alimentarios y la reorganización y racionalización de sistemas de protección social de por sí insuficientes.
A menudo estas medidas de ajuste se adoptan sin examinar su impacto social. ¿Cuántos niños pobres padecerán falta de comida y atención de salud, o morirán como consecuencia de ello? ¿Cuántos niños no recibirán educación porque los profesores se ausentan debido a los bajos salarios, o simplemente porque los niños pobres deben trabajar para complementar los ingresos de sus familias?
El ajuste del gasto público eleva el riesgo de una recuperación que discrimina a los pobres y genera, en consecuencia, mayores niveles de desigualdad en los países en desarrollo. La contracción fiscal prematura y/o el retiro de medidas contracíclicas amenazan al apoyo público que es esencial para promover la recuperación entre los más golpeados por la crisis.
A medida que la recesión global pierde fuerza, el imperativo más urgente es una recuperación para todos, que sea incluyente, amplíe las oportunidades de empleo, reduzca las desigualdades y dé sustento a los procesos de desarrollo.
Se puede lograr, si se sostiene la ayuda a los países pobres, los gobiernos se centran en políticas macroeconómicas expansivas que apoyen el empleo y las actividades económicas de base amplia, se introducen nuevos planes para ampliar los servicios de salud y protección social para los pobres y las inversiones en educación, agua potable, higienización, agricultura y seguridad alimentaria reciben el apoyo que requieren.
Isabel Ortiz es Directora Asociada de Políticas y Prácticas de la UNICEF.
Ahora los países en desarrollo están siguiendo esta misma tendencia. Un estudio reciente de la UNICEF en 126 países muestra que se espera que una cantidad importante de países de ingresos bajos y medios reduzcan su gasto público en 2010-2011.
Esto viene en mal momento, justo después de que los gobiernos mundiales se comprometieran a alcanzar las metas de desarrollo, como reducir la pobreza y la mortalidad infantil, acordadas en septiembre último en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
Para la mayoría de los países de ingresos bajos y medios, la incipiente recuperación económica parece ser frágil y desigual. De hecho, muchos de estos países siguen siendo vulnerables a la volatilidad de los precios de los productos básicos, las debilidades del sistema financiero, la menor demanda de los mercados mundiales y las carencias de financiamiento externo, ayuda para el desarrollo e inversión.
Lo que es más importante, según la ONU y el Banco Mundial, el impacto social de la crisis económica mundial se sigue sintiendo en términos de un aumento del hambre, el paro y el malestar social. La combinación del alza de los precios de los alimentos y los combustibles y la crisis financiera y económica ha reducido el poder de compra de las familias pobres, así como su acceso a servicios sociales y oportunidades de empleo.
Más aún, los hogares pobres han reducido su consumo alimentario, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que cerca de mil millones de personas sufren hambre y malnutrición. Además de los millones que ya cayeron en la pobreza en 2008-09, otros 64 millones podrían caer en la extrema pobreza durante 2010 como resultado de la combinación de los persistentes efectos de la crisis.
En los años 80, los programas de ajuste exigían que la mayoría de los países redujeran sus gastos, incluidas las partidas presupuestarias destinadas a educación, salud, agua, agricultura y otros sectores de gran importancia para los hogares de bajos ingresos. Como clamara el Presidente de Tanzania, Julius Nyerere: "¿Tenemos que dejar morir de hambre a nuestros niños para pagar nuestras deudas?"
La mortandad infantil se elevó entre los grupos de bajos ingresos de varios países en desarrollo, y aumentó la desigualdad. Este periodo pasó a ser conocido como "la década perdida". UNICEF respondió con la propuesta Ajuste con rostro humano, que argumentó que se debe proteger a la infancia durante las crisis económicas. Abogó por políticas macroeconómicas más expansivas para generar empleo, inversiones del sector público para beneficiar a los pobres y la creación de sistemas de protección social.
Treinta años más tarde, y déjà vu, el mismo mensaje es válido. Otra vez se está haciendo que los pobres de los países en desarrollo sufran las peores consecuencias de una crisis que no contribuyeron en modo alguno a crear. Es imprescindible que esto no nos lleve a otra década de desarrollo perdida y que los hogares pobres -en especial los niños- no sufran como lo hicieron en los años 80.
Y, sin embargo, podría ocurrir así. Nuestro estudio de la UNICEF en 126 países en desarrollo encontró que entre casi la mitad de aquellos que están reduciendo el gasto público, las medidas de ajuste comunes incluyen límites o reducciones de los salarios del sector público, eliminación de subsidios alimentarios y la reorganización y racionalización de sistemas de protección social de por sí insuficientes.
A menudo estas medidas de ajuste se adoptan sin examinar su impacto social. ¿Cuántos niños pobres padecerán falta de comida y atención de salud, o morirán como consecuencia de ello? ¿Cuántos niños no recibirán educación porque los profesores se ausentan debido a los bajos salarios, o simplemente porque los niños pobres deben trabajar para complementar los ingresos de sus familias?
El ajuste del gasto público eleva el riesgo de una recuperación que discrimina a los pobres y genera, en consecuencia, mayores niveles de desigualdad en los países en desarrollo. La contracción fiscal prematura y/o el retiro de medidas contracíclicas amenazan al apoyo público que es esencial para promover la recuperación entre los más golpeados por la crisis.
A medida que la recesión global pierde fuerza, el imperativo más urgente es una recuperación para todos, que sea incluyente, amplíe las oportunidades de empleo, reduzca las desigualdades y dé sustento a los procesos de desarrollo.
Se puede lograr, si se sostiene la ayuda a los países pobres, los gobiernos se centran en políticas macroeconómicas expansivas que apoyen el empleo y las actividades económicas de base amplia, se introducen nuevos planes para ampliar los servicios de salud y protección social para los pobres y las inversiones en educación, agua potable, higienización, agricultura y seguridad alimentaria reciben el apoyo que requieren.
Isabel Ortiz es Directora Asociada de Políticas y Prácticas de la UNICEF.
