B
bebe
Guest
Manuel Lionza.– La sociedad estadounidense contempla con perplejidad cómo la crisis de las hipotecas basura se ha llevado por delante varios años de su futuro y también miles de viviendas ejecutadas por impago sin las debidas garantías legales. La sociedad civil, víctima por partida doble del casino de Wall Street porque además de sufrir una tasa de paro del 10% ha tenido que rescatar con sus impuestos a gran parte de los responsables de su empobrecimiento, ha destapado un fraude que está poniendo contra las cuerdas a importantes entidades financieras por embargar viviendas hipotecadas sin seguridad jurídica.
Ni los medios de comunicación, ni juristas especializados, ni ningún otro experto o centro de estudios han sido capaces de destapar el escándalo, más propio de latitudes tercermundistas que de un país que se vanagloria de su administración de justicia y que la pone de ejemplo a otros países, incluso desarrollados.
Han tenido que ser ciudadanos anónimos, muchos de ellos víctimas de embargos, los que han investigado y denunciado, en un primer momento por Internet y después ante los tribunales, que las entidades hipotecarias o financieras embargan en Estados Unidos con documentación fraudulenta. El escándalo saltó cuando algunos ciudadanos, desempleados que perdían su vivienda por impago, descubrieron que en centenares de casos similares al suyo las entidades financieras ejecutaban el embargo con documentación firmada por personas que actuaban como si fueran fedatarios, sin preparación para ello, dando fe de su autenticidad, a pesar de que ignoraban su contenido, como se ha sabido después.
Son los llamados robo-signers, algo así como "rubricadores autómatas" que por un modesto sueldo avalaban con su firma el affidávit necesario, supuestamente ante notario, para ejecutar judicialmente el embargo. Ahora se ha sabido que algunos de esos "autómatas", apodados "esclavos del affidávit" rubricaban hasta 10.000 casos mensuales de ejecuciones hipotecarias con solo un cursillo de unos pocos días, enviando a miles de familias a la calle en una pantomima legal que puede costar miles de millones de dólares a entidades financieras y sociedades hipotecarias de Estados Unidos.
De momento, al menos cinco grandes de éstas últimas han paralizado los embargos a la espera de lo que decida la justicia, y Ally Financial, la cuarta mayor hipotecaria del país y matriz de GMAC, la antigua financiera de General Motors que hubo de ser intervenida por el Gobierno, convirtiéndose en su socio mayoritario, ha detenido los embargos en 23 estados por orden judicial.
Los fiscales generales de algunos estados están investigando conjuntamente para ver si se ha cometido un delito y emprender las correspondientes acciones contra las entidades que habrían infringido la ley. El problema, que ha saltado a los mercados de valores dañando las cotizaciones de las firmas presuntamente involucradas, ha aumentado la preocupación sobre el mercado inmobiliario, cuya recuperación sigue sin producirse.
Uno de esos "esclavos del affidávit" ha revelado públicamente su forma de trabajar: tras echar un vistazo al nombre de prestatario, su deuda y unos pocos datos más, y asumiendo que toda la información que tenía delante era correcta, estampaba su firma. En una declaración a la fiscalía, el "esclavo" en cuestión reconoció que había recibido un curso preparatorio de tres días y que ignoraba el uso judicial que se hacía de los documentos rubricados por él en el embargo de los morosos.
En su libro "La era de las turbulencias", Alan Greenspan, al que ya se señala con el dedo como el padre de la mayor crisis financiera desde los años 30, elogiaba el sistema legal estadounidense y lo ponía como el ejemplo a seguir en algunos países europeos occidentales, como España, pero también Francia, a los que reconocía, eso sí, grandes progresos en la buena dirección.
Para el inefable banquero central estadounidense, la seguridad jurídica es el estandarte del capitalismo estadounidense y una de las claves del liderazgo de Estados Unidos. ¿Que pensará hoy nuestro entrañable Alan al despertarse cada mañana con que una gran parte del sector financiero de su país está intervenido, y con unos contribuyentes a los que se les embarga su vivienda ilegalmente porque en su país no se usan los notarios, ni los registradores de la propiedad?
Ni los medios de comunicación, ni juristas especializados, ni ningún otro experto o centro de estudios han sido capaces de destapar el escándalo, más propio de latitudes tercermundistas que de un país que se vanagloria de su administración de justicia y que la pone de ejemplo a otros países, incluso desarrollados.
Han tenido que ser ciudadanos anónimos, muchos de ellos víctimas de embargos, los que han investigado y denunciado, en un primer momento por Internet y después ante los tribunales, que las entidades hipotecarias o financieras embargan en Estados Unidos con documentación fraudulenta. El escándalo saltó cuando algunos ciudadanos, desempleados que perdían su vivienda por impago, descubrieron que en centenares de casos similares al suyo las entidades financieras ejecutaban el embargo con documentación firmada por personas que actuaban como si fueran fedatarios, sin preparación para ello, dando fe de su autenticidad, a pesar de que ignoraban su contenido, como se ha sabido después.
Son los llamados robo-signers, algo así como "rubricadores autómatas" que por un modesto sueldo avalaban con su firma el affidávit necesario, supuestamente ante notario, para ejecutar judicialmente el embargo. Ahora se ha sabido que algunos de esos "autómatas", apodados "esclavos del affidávit" rubricaban hasta 10.000 casos mensuales de ejecuciones hipotecarias con solo un cursillo de unos pocos días, enviando a miles de familias a la calle en una pantomima legal que puede costar miles de millones de dólares a entidades financieras y sociedades hipotecarias de Estados Unidos.
De momento, al menos cinco grandes de éstas últimas han paralizado los embargos a la espera de lo que decida la justicia, y Ally Financial, la cuarta mayor hipotecaria del país y matriz de GMAC, la antigua financiera de General Motors que hubo de ser intervenida por el Gobierno, convirtiéndose en su socio mayoritario, ha detenido los embargos en 23 estados por orden judicial.
Los fiscales generales de algunos estados están investigando conjuntamente para ver si se ha cometido un delito y emprender las correspondientes acciones contra las entidades que habrían infringido la ley. El problema, que ha saltado a los mercados de valores dañando las cotizaciones de las firmas presuntamente involucradas, ha aumentado la preocupación sobre el mercado inmobiliario, cuya recuperación sigue sin producirse.
Uno de esos "esclavos del affidávit" ha revelado públicamente su forma de trabajar: tras echar un vistazo al nombre de prestatario, su deuda y unos pocos datos más, y asumiendo que toda la información que tenía delante era correcta, estampaba su firma. En una declaración a la fiscalía, el "esclavo" en cuestión reconoció que había recibido un curso preparatorio de tres días y que ignoraba el uso judicial que se hacía de los documentos rubricados por él en el embargo de los morosos.
En su libro "La era de las turbulencias", Alan Greenspan, al que ya se señala con el dedo como el padre de la mayor crisis financiera desde los años 30, elogiaba el sistema legal estadounidense y lo ponía como el ejemplo a seguir en algunos países europeos occidentales, como España, pero también Francia, a los que reconocía, eso sí, grandes progresos en la buena dirección.
Para el inefable banquero central estadounidense, la seguridad jurídica es el estandarte del capitalismo estadounidense y una de las claves del liderazgo de Estados Unidos. ¿Que pensará hoy nuestro entrañable Alan al despertarse cada mañana con que una gran parte del sector financiero de su país está intervenido, y con unos contribuyentes a los que se les embarga su vivienda ilegalmente porque en su país no se usan los notarios, ni los registradores de la propiedad?
