droblo
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Nuño Rodrigo:
¿Entregaría usted 11.000 euros al Gobierno de, pongamos, Eslovaquia porque un banco español que quebró tenía una filial en ese país? Seguramente no. Y la inmensa mayoría de los islandeses opinan de la misma forma, y no quiere abonar 3.500 millones de euros (en un país de 317.000 habitantes) al Gobierno británico que compensen la garantía que éste aportó a los clientes que tenían depósitos en la filial de Landsbanki.
Éstos ya recuperaron su dinero, y la pelea es entre dos Gobiernos. Ambos, junto con Holanda, firmaron un protocolo de compensación por los gastos derivados de la quiebra de los bancos islandeses. Un protocolo que fue aprobado por el Parlamento pero que el presidente del Gobierno, siguiendo un camino previsto en la legislación islandesa, someterá a referéndum, tras haber recibido firmas de una cuarta parte del electorado pidiendo dicha consulta pública.
La respuesta británica ha sido amenazar con aislar financiera y políticamente a Islandia. Tras el rescate del país nórdico, con ayuda del FMI, se habló incluso de una rápida entrada en el euro. Ahora la situación se ha invertido, aunque también es cierto que la entrada en la moneda única parece menos bicoca hoy que hace un año.
Lo sorprendente no es la decisión del Gobierno de preguntar en referéndum si quiere destinarse el 40% del PIB a compensar a terceros países. La agresiva y amenazante táctica británica puede parecer poco elegante o propia de matón de instituto, pero en el Atlántico Norte ha habido peleas más duras por un puñado de fletanes o bacalaos.
Lo sorprendente es que Fitch rebajase a bono basura el rating islandés simplemente a raíz de la consulta, cuyo resultado seguramente sea una renegociación de unas condiciones, por otra parte, propias del Tratado de Versalles. Mal vamos cuando las agencias de rating se convierten en los árbitros de conflictos diplomáticos
¿Entregaría usted 11.000 euros al Gobierno de, pongamos, Eslovaquia porque un banco español que quebró tenía una filial en ese país? Seguramente no. Y la inmensa mayoría de los islandeses opinan de la misma forma, y no quiere abonar 3.500 millones de euros (en un país de 317.000 habitantes) al Gobierno británico que compensen la garantía que éste aportó a los clientes que tenían depósitos en la filial de Landsbanki.
Éstos ya recuperaron su dinero, y la pelea es entre dos Gobiernos. Ambos, junto con Holanda, firmaron un protocolo de compensación por los gastos derivados de la quiebra de los bancos islandeses. Un protocolo que fue aprobado por el Parlamento pero que el presidente del Gobierno, siguiendo un camino previsto en la legislación islandesa, someterá a referéndum, tras haber recibido firmas de una cuarta parte del electorado pidiendo dicha consulta pública.
La respuesta británica ha sido amenazar con aislar financiera y políticamente a Islandia. Tras el rescate del país nórdico, con ayuda del FMI, se habló incluso de una rápida entrada en el euro. Ahora la situación se ha invertido, aunque también es cierto que la entrada en la moneda única parece menos bicoca hoy que hace un año.
Lo sorprendente no es la decisión del Gobierno de preguntar en referéndum si quiere destinarse el 40% del PIB a compensar a terceros países. La agresiva y amenazante táctica británica puede parecer poco elegante o propia de matón de instituto, pero en el Atlántico Norte ha habido peleas más duras por un puñado de fletanes o bacalaos.
Lo sorprendente es que Fitch rebajase a bono basura el rating islandés simplemente a raíz de la consulta, cuyo resultado seguramente sea una renegociación de unas condiciones, por otra parte, propias del Tratado de Versalles. Mal vamos cuando las agencias de rating se convierten en los árbitros de conflictos diplomáticos