El Estado se ha convertido, definitivamente, en el gran avalista de la actividad económica. Los últimos datos del Tesoro Público indican, en concreto, que los avales prestados a empresas privadas -fundamentalmente entidades financieras- ascienden ya a 53.565 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la cantidad más elevada jamás alcanzada por la economía española, y para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta que en los últimos 15 años nunca se habían superado los 8.152 millones de euros registrados en 2008, lo que da idea de su evolución. El volumen de avales se ha multiplicado por seis en apenas un año.
La explosión de los avales públicos tiene que ver, lógicamente, con la crisis financiera, que ha obligado a las muchas entidades de depósito a salir al mercado con la garantía del Estado para obtener financiación. En particular, las cajas de ahorros, cuyas emisiones sólo pueden tener éxito si acuden al mercado con la garantía del Estado.
¿Y cuáles son esas entidades? Pues según la información del Tesoro, hasta el pasado 12 de enero Caixa Catalunya es la entidad que más ha necesitado este tipo de avales. En concreto, ha obtenido 1.650 millones de euros a través de dos emisiones, la más elevada de 1.500 millones de euros con un tipo de interés nominal del 3% y con vencimiento en cinco años. A continuación se encuentra Bancaja, que ha reclamado ayuda del Estado para emitir 1.500 millones, también al 3% y con vencimiento en 2014.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo también ha necesitado el aval del Estado para asegurar dos emisiones con un monto total de 1.500 millones, en este caso referenciadas al Euribor a seis meses más un diferencial de 33 puntos básicos.
El resto de entidades que han cerrado ya sus emisiones avaladas por el Estado son las siguientes: Caixa Galicia (1.125 millones de euros), Caixa Sabadell (305 millones a través de tres emisiones), Caja Insular de Canarias (100 millones), Caixa Terrassa (150 millones), Caja Ávila (172 millones) y Caja Rioja (98 millones). En total 6.600 millones con cargo al programa de emisiones de 2009. Caixa Girona y la balear Sa Nostra también han reclamado avales por valor de 50 millones y 344, respectivamente.
Los grandes quedan fuera
El Estado, además, está en camino de avalar otras 144 emisiones por valor de más de 47.000 millones de euros, con un tope de 57.400 millones hasta el próximo 26 de junio. El procedimiento administrativo todavía no está cerrado, pero el Tesoro ya cuenta con su adjudicación. En este grupo se encuentran la Caixa, que ha solicitado avales del Estado por valor de 2.000 millones de euros o Caja Madrid, cuya demanda de garantías públicas asciende a 4.858 millones, lo que la convierte en la entidad con mayor necesidad de avales en términos absolutos. A destacar el hecho de que en listado del Tesoro sólo aparecen tres bancos que han necesitado el soporte del Estado: Popular, Pastor y Bankinter (en yenes). Ninguno de los dos grandes, Santander y BBVA, ha reclamado la garantía del Estado para sus emisiones. Ni tampoco alguno de los medianos, como el Sabadell.
En principio, y salvo que una entidad entre en barrena, los avales no tienen coste alguno para el Estado, que ha establecido una comisión del 0,5% anual sobre el nominal emitido siempre que se trate de operaciones con vencimiento inferior a un año. En caso de que el plazo de amortización sea superior, la comisión sigue siendo del 0,5%, pero añadiendo el riesgo de crédito, los célebres CDS (Credit Default Swaps), según sus siglas en inglés.
La política de avales del Estado pretende normalizar la captación de dinero por parte de las entidades financieras, que de lo contrario tendrían que aumentar sus apelaciones al Banco Central Europeo (BCE) en busca de fondos, algo que en cualquier caso continúan haciendo. Los últimos datos indican, en concreto, que la apelación al BCE se situó en diciembre en 76.105 millones de euros, lo que supone el segundo mes consecutivo de descensos. En cualquier caso, supone un crecimiento del 19.6% respecto de diciembre del año pasado. O dicho en términos más gráficos, el 13,2% de los préstamos que hace el BCE a las entidades financieras europeas las capta España, un porcentaje superior a su peso respecto del conjunto del eurosistema.
