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Tras el amago del anterior, este viernes el consejo de ministros ha dado luz verde a las líneas esenciales de la (re)reforma del sistema financiero o, para ser más exactos, el marco que va a determinar el porvenir de las cajas de ahorros, siquiera en su formulación actual.
Entre medias se han producido declaraciones, maniobras, presiones, encuentros y desencuentros entre Gobierno, confederación sectorial (Ceca), directivos de las entidades más señaladas y partidos políticos. La sensación dominante es que el Ministerio de Economía ha tenido que dar relativa marcha atrás en algunos de sus planteamientos y cabe la probabilidad de que el Banco de España esté todavía más descontento que semanas atrás; suponiendo que sea verdad, como se dijo, que el supervisor se inclinaba por una reconversión más radical.
A nadie se oculta que el sector ha ejercido notable presión, particularmente a través de Isidre Fainé, presidente de La Caixa, en funciones de presidente de la Ceca. ¿Será cierto que en Economía andan relativamente descontentos con él porque aseguran que la formulación inicial le fue comentada y mostró plena conformidad, aunque luego haya variado de postura para complacer al sector? No es nada fácil saberlo, dado que el proceso se ha desarrollado con relativa opacidad. En todo caso, Fainé pasa por ser una voz influyente cerca del presidente Rodríguez Zapatero; de las pocas, al parecer, escuchadas en La Moncloa.
Parte de esas presiones habrían fructificado aún más en el Partido Popular que, de una actitud y disposición comprensivas frente al eventual decreto, estaría migrando hacia una postura crítica que podría desembocar incluso en un voto negativo o todo lo más abstención. Aunque sin perder su habitual inconcreción, Mariano Rajoy parece haber pasado de un relativo entusiasmo a una postura más escéptica en los últimos días.
La cuestión de fondo es, en esencia, doble. De una parte, no todo el mundo está convencido de que las cajas, en su actual formulación, deban desaparecer. La práctica imposición de que se conviertan en bancos tiene partidarios, pero también detractores que no acaban de ver cómo y por qué van a mejorar las cosas en el sistema financiero tras su conversión. De otra parte, se cuestiona muy a fondo que se pueda o deba tratar de forma discriminatoria a unas cajas, al parecer por el mero hecho de serlo, imponiéndoles mayores exigencias que al resto de competidores. Ha habido quien incluso ha amenazado con plantear ante las autoridades de competencia semejante discriminación.
Sin duda, en el ámbito de las cajas se concentra buena parte de los riesgos asumidos de forma un tanto imprudente en los últimos años. También es evidente que muchas de ellas han sucumbido al manejo político, más que mantenido una gestión estrictamente profesional. Pero no está del todo claro que liquidarlas sea la única solución. ¿No había alternativas para gestionarlas mejor?
En todo caso, el Gobierno ha transmitido de nuevo cierta imagen de improvisación. No sólo por reformular una reforma del sistema financiero, entre otras cosas invalidando unas fusiones promovidas hace apenas un año con particular empeño, sino también por lo que lo finalmente aprobado tiene de variante de lo anunciado, en rueda de prensa sorpresa, por la vicepresidenta económica semanas atrás. ¿No hubiera sido mejor negociar antes y anunciar después? Si no fue posible o conveniente valdría la pena que se explicara por qué. Dar a entender que no se tienen ideas claras siempre se antoja peor.
Entre medias se han producido declaraciones, maniobras, presiones, encuentros y desencuentros entre Gobierno, confederación sectorial (Ceca), directivos de las entidades más señaladas y partidos políticos. La sensación dominante es que el Ministerio de Economía ha tenido que dar relativa marcha atrás en algunos de sus planteamientos y cabe la probabilidad de que el Banco de España esté todavía más descontento que semanas atrás; suponiendo que sea verdad, como se dijo, que el supervisor se inclinaba por una reconversión más radical.
A nadie se oculta que el sector ha ejercido notable presión, particularmente a través de Isidre Fainé, presidente de La Caixa, en funciones de presidente de la Ceca. ¿Será cierto que en Economía andan relativamente descontentos con él porque aseguran que la formulación inicial le fue comentada y mostró plena conformidad, aunque luego haya variado de postura para complacer al sector? No es nada fácil saberlo, dado que el proceso se ha desarrollado con relativa opacidad. En todo caso, Fainé pasa por ser una voz influyente cerca del presidente Rodríguez Zapatero; de las pocas, al parecer, escuchadas en La Moncloa.
Parte de esas presiones habrían fructificado aún más en el Partido Popular que, de una actitud y disposición comprensivas frente al eventual decreto, estaría migrando hacia una postura crítica que podría desembocar incluso en un voto negativo o todo lo más abstención. Aunque sin perder su habitual inconcreción, Mariano Rajoy parece haber pasado de un relativo entusiasmo a una postura más escéptica en los últimos días.
La cuestión de fondo es, en esencia, doble. De una parte, no todo el mundo está convencido de que las cajas, en su actual formulación, deban desaparecer. La práctica imposición de que se conviertan en bancos tiene partidarios, pero también detractores que no acaban de ver cómo y por qué van a mejorar las cosas en el sistema financiero tras su conversión. De otra parte, se cuestiona muy a fondo que se pueda o deba tratar de forma discriminatoria a unas cajas, al parecer por el mero hecho de serlo, imponiéndoles mayores exigencias que al resto de competidores. Ha habido quien incluso ha amenazado con plantear ante las autoridades de competencia semejante discriminación.
Sin duda, en el ámbito de las cajas se concentra buena parte de los riesgos asumidos de forma un tanto imprudente en los últimos años. También es evidente que muchas de ellas han sucumbido al manejo político, más que mantenido una gestión estrictamente profesional. Pero no está del todo claro que liquidarlas sea la única solución. ¿No había alternativas para gestionarlas mejor?
En todo caso, el Gobierno ha transmitido de nuevo cierta imagen de improvisación. No sólo por reformular una reforma del sistema financiero, entre otras cosas invalidando unas fusiones promovidas hace apenas un año con particular empeño, sino también por lo que lo finalmente aprobado tiene de variante de lo anunciado, en rueda de prensa sorpresa, por la vicepresidenta económica semanas atrás. ¿No hubiera sido mejor negociar antes y anunciar después? Si no fue posible o conveniente valdría la pena que se explicara por qué. Dar a entender que no se tienen ideas claras siempre se antoja peor.