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Kenneth Rogoff, fue economista jefe del FMI y es profesor de Economía y Política Pública en la Universidad de Harvard.
El estafador encarcelado Bernie Madoff resumió recientemente muchas impresiones de los ciudadanos sobre la política fiscal, al declarar que “el gobierno en sí es un plan Ponzi”. Tal vez se tratara simplemente de una confusión de los deseos con la realidad por parte de un hombre que morirá en la cárcel después de que en 2008 se desplomara su plan piramidal sin precedentes de 50.000 millones de dólares. Personalmente, sospecho que el nada envidiable puesto de Madoff en los libros que recogen las plusmarcas estará asegurado durante una buena temporada. Aun así, en vista de que muchos de los gobiernos del mundo afrontan una combinación letal de deuda tradicional insostenible, obligaciones en materia de pensiones de jubilación sin precedentes y una reducción del crecimiento, no podemos por menos de peguntarnos qué es el plan fiscal.
La deuda general del Gobierno de los Estados Unidos, incluidas la federal, la estatal y la local, ya ha superado la plusmarca del 120 por ciento del PIB alcanzada al final de la segunda guerra mundial. Naturalmente, el Japón esta en una situación aún peor, pues su deuda estatal suma más del 200 por ciento del PIB. Aunque resulta compensada parcialmente por las reservas de divisas extranjeras, el Japón afronta ahora unos gastos enormes destinados a la labor de socorro por el desastre... además de sus deprimentes tendencias demográficas. Los niveles de deuda de muchos otros países ricos están también alarmantemente cercanos a los máximos en 150 años, pese a la relativa paz reinante en gran parte del mundo.
No hay una salida fácil. De momento, los bajos tipos de interés están limitando los costos del servicio de la deuda, pero los niveles de ésta sólo se pueden reducir muy gradualmente a lo largo de períodos largos, mientras que los tipos de interés (ajustados en función de la inflación) pueden aumentar mucho más rápidamente, incluso en el caso de los países ricos. Las crisis de deuda suelen surgir inesperadamente y afectar a países cuyas trayectorias en materia de deuda carecen de margen para el error o la adversidad imprevista.
La consecuencia más inmediata y directa de disponer de una política fiscal independiente sería la de frenar el gasto produciendo un contrapunto a un crecimiento del Estado y unos pronósticos de ingresos panglosianos. En principio, un consejo consultivo independiente y respetado podría también obligar a los gobiernos a reconocer los costos ocultos de las garantías estatales y las deudas no incluidas en los balances.
Ya es hora de examinar nuevos posibles planteamientos. Naturalmente, ningún cambio por sí solo eliminará la enorme propensión al gasto deficitario en la mayoría de los sistemas políticos modernos ni tampoco excluirá el riesgo de crisis de deuda e inflación futuras. Muchos países necesitan reformas drásticas para volver sus sistemas tributarios más eficientes y sus programas de subsidios –incluidos sus planes de pensiones– más realistas.
El reciente advenimiento de consejos consultivos fiscales es un comienzo institucional prometedor. Varios países, incluidos Dinamarca, los Países Bajos, los Estados Unidos y Bélgica, tienen organismos de vigilancia ya antiguos, como, por ejemplo, la Oficina Presupuestaria del Congreso de los EE.UU. (OPC), pero, si bien esas antiguas instituciones han resultado ser enormemente útiles, suelen estar muy limitadas. La OPC, por ejemplo, tiene libertad para publicar proyecciones fiscales a largo plazo basadas en sus propios y mejores cálculos de crecimiento, pero se ve obligada en gran medida a aceptar “remedios” futuros inverosímiles con su valor nominal, lo que neutraliza en cierto modo la posible eficacia de cualquier crítica de las políticas con déficit.
Para reforzar la credibilidad, varios gobiernos están avanzando cautelosamente hacia la creación de consejos fiscales con mayor independencia, muchos de ellos con una función inspirada en la de los bancos centrales. Suecia, el Reino Unido, Eslovenia y el Canadá forman parte de esa nueva vanguardia.
Las atribuciones del consejo fiscal de Suecia son particularmente amplias, pues cuenta con el mandato no sólo de pronosticar, sino también de examinar más profundamente las motivaciones y las consecuencias de la política gubernamental. En principio, un consejo fiscal independiente podría haber prestado una ayuda inestimable durante la crisis financiera. En los EE.UU., semejante organismo podría haber sopesado los costos y los beneficios de los planes de rescate, tal vez contribuyendo a poner fin a la parálisis del Congreso y a avezar a los contribuyentes para que afrontaran un aumento del riesgo.
Sería excesivo abrigar la esperanza de que esas nuevas instituciones fiscales lleguen a ser tan importantes o poderosas como los bancos centrales, al menos en un futuro más o menos inmediato. Hay mucho más consenso sobre la política monetaria que sobre la política fiscal y ésta es mucho más compleja y multidimensional. Aun así, el principio general parece un paso importante hacia la sensatez fiscal.
Naturalmente, los consejos fiscales por sí solos no son suficientes, por bien concebidos que estén. Seguirá siendo muy tentador para cada generación decir: “Mis nietos serán dos o tres veces más ricos que yo, conque, ¿a quien le importa que hayan de pagar alguna deuda?” Además, el ciclo político crea una propensión muy fuerte al déficit, pues los dirigentes procuran adornar las impresiones de salud económica y prosperidad aumentando los gastos visibles a costa de deudas ocultas y una menor inversión a largo plazo.
Para resistir esas poderosas presiones, los consejos fiscales requerirán auditorías periódicas de su labor por organismos internacionales, como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, tanto para proteger su independencia como para fomentar la rendición de cuentas.
Desde luego, Bernie Madoff puede aún acabar teniendo razón y el suyo no resultar ser el mayor plan Ponzi de la Historia, pero una mayor transparencia y una evaluación independiente y más sistemática de las políticas gubernamentales podrían ser un paso muy útil hacia la resolución del perpetuo enigma de los déficits desmesurados. No cabe duda de que se trata de una de las ideas más innovadoras y prometedoras surgidas en un panorama normativo bastante baldío.
El estafador encarcelado Bernie Madoff resumió recientemente muchas impresiones de los ciudadanos sobre la política fiscal, al declarar que “el gobierno en sí es un plan Ponzi”. Tal vez se tratara simplemente de una confusión de los deseos con la realidad por parte de un hombre que morirá en la cárcel después de que en 2008 se desplomara su plan piramidal sin precedentes de 50.000 millones de dólares. Personalmente, sospecho que el nada envidiable puesto de Madoff en los libros que recogen las plusmarcas estará asegurado durante una buena temporada. Aun así, en vista de que muchos de los gobiernos del mundo afrontan una combinación letal de deuda tradicional insostenible, obligaciones en materia de pensiones de jubilación sin precedentes y una reducción del crecimiento, no podemos por menos de peguntarnos qué es el plan fiscal.
La deuda general del Gobierno de los Estados Unidos, incluidas la federal, la estatal y la local, ya ha superado la plusmarca del 120 por ciento del PIB alcanzada al final de la segunda guerra mundial. Naturalmente, el Japón esta en una situación aún peor, pues su deuda estatal suma más del 200 por ciento del PIB. Aunque resulta compensada parcialmente por las reservas de divisas extranjeras, el Japón afronta ahora unos gastos enormes destinados a la labor de socorro por el desastre... además de sus deprimentes tendencias demográficas. Los niveles de deuda de muchos otros países ricos están también alarmantemente cercanos a los máximos en 150 años, pese a la relativa paz reinante en gran parte del mundo.
No hay una salida fácil. De momento, los bajos tipos de interés están limitando los costos del servicio de la deuda, pero los niveles de ésta sólo se pueden reducir muy gradualmente a lo largo de períodos largos, mientras que los tipos de interés (ajustados en función de la inflación) pueden aumentar mucho más rápidamente, incluso en el caso de los países ricos. Las crisis de deuda suelen surgir inesperadamente y afectar a países cuyas trayectorias en materia de deuda carecen de margen para el error o la adversidad imprevista.
La consecuencia más inmediata y directa de disponer de una política fiscal independiente sería la de frenar el gasto produciendo un contrapunto a un crecimiento del Estado y unos pronósticos de ingresos panglosianos. En principio, un consejo consultivo independiente y respetado podría también obligar a los gobiernos a reconocer los costos ocultos de las garantías estatales y las deudas no incluidas en los balances.
Ya es hora de examinar nuevos posibles planteamientos. Naturalmente, ningún cambio por sí solo eliminará la enorme propensión al gasto deficitario en la mayoría de los sistemas políticos modernos ni tampoco excluirá el riesgo de crisis de deuda e inflación futuras. Muchos países necesitan reformas drásticas para volver sus sistemas tributarios más eficientes y sus programas de subsidios –incluidos sus planes de pensiones– más realistas.
El reciente advenimiento de consejos consultivos fiscales es un comienzo institucional prometedor. Varios países, incluidos Dinamarca, los Países Bajos, los Estados Unidos y Bélgica, tienen organismos de vigilancia ya antiguos, como, por ejemplo, la Oficina Presupuestaria del Congreso de los EE.UU. (OPC), pero, si bien esas antiguas instituciones han resultado ser enormemente útiles, suelen estar muy limitadas. La OPC, por ejemplo, tiene libertad para publicar proyecciones fiscales a largo plazo basadas en sus propios y mejores cálculos de crecimiento, pero se ve obligada en gran medida a aceptar “remedios” futuros inverosímiles con su valor nominal, lo que neutraliza en cierto modo la posible eficacia de cualquier crítica de las políticas con déficit.
Para reforzar la credibilidad, varios gobiernos están avanzando cautelosamente hacia la creación de consejos fiscales con mayor independencia, muchos de ellos con una función inspirada en la de los bancos centrales. Suecia, el Reino Unido, Eslovenia y el Canadá forman parte de esa nueva vanguardia.
Las atribuciones del consejo fiscal de Suecia son particularmente amplias, pues cuenta con el mandato no sólo de pronosticar, sino también de examinar más profundamente las motivaciones y las consecuencias de la política gubernamental. En principio, un consejo fiscal independiente podría haber prestado una ayuda inestimable durante la crisis financiera. En los EE.UU., semejante organismo podría haber sopesado los costos y los beneficios de los planes de rescate, tal vez contribuyendo a poner fin a la parálisis del Congreso y a avezar a los contribuyentes para que afrontaran un aumento del riesgo.
Sería excesivo abrigar la esperanza de que esas nuevas instituciones fiscales lleguen a ser tan importantes o poderosas como los bancos centrales, al menos en un futuro más o menos inmediato. Hay mucho más consenso sobre la política monetaria que sobre la política fiscal y ésta es mucho más compleja y multidimensional. Aun así, el principio general parece un paso importante hacia la sensatez fiscal.
Naturalmente, los consejos fiscales por sí solos no son suficientes, por bien concebidos que estén. Seguirá siendo muy tentador para cada generación decir: “Mis nietos serán dos o tres veces más ricos que yo, conque, ¿a quien le importa que hayan de pagar alguna deuda?” Además, el ciclo político crea una propensión muy fuerte al déficit, pues los dirigentes procuran adornar las impresiones de salud económica y prosperidad aumentando los gastos visibles a costa de deudas ocultas y una menor inversión a largo plazo.
Para resistir esas poderosas presiones, los consejos fiscales requerirán auditorías periódicas de su labor por organismos internacionales, como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, tanto para proteger su independencia como para fomentar la rendición de cuentas.
Desde luego, Bernie Madoff puede aún acabar teniendo razón y el suyo no resultar ser el mayor plan Ponzi de la Historia, pero una mayor transparencia y una evaluación independiente y más sistemática de las políticas gubernamentales podrían ser un paso muy útil hacia la resolución del perpetuo enigma de los déficits desmesurados. No cabe duda de que se trata de una de las ideas más innovadoras y prometedoras surgidas en un panorama normativo bastante baldío.