L
lib
Guest
La crisis financiera y la crisis nuclear en la central nuclear de Fukushima, en el Japón, comparten al menos cuatro similitudes:
La metáfora del “cisne negro” sugiere que esos sucesos reflejan la dificultad para evaluar correctamente los riesgos de sistemas complejos.
Los reglamentadores demostraron su incapacidad para pronosticar y prevenir las crisis.
Las “secuelas” son de naturaleza potencialmente transfronteriza.
Se socializarán parcialmente los costos que entrañarán las consecuencias de la imprudencia de las empresas.
Desde luego, el grado 9 de magnitud del terremotó que afectó al Japón es un suceso sumamente excepcional: un suceso tan poco frecuente, que no se puede evaluar con modelos basados en datos históricos limitados. Los acontecimientos muy poco probables, pero que tienen importantes repercusiones –llamadas “riesgos posteriores a largo plazo”–, también han estado en el centro de la crisis financiera.
Una causa de la crisis financiera fue el deseo de las entidades financieras de seleccionar (y, en algunos casos, crear) productos con réditos superiores a la media en tiempos normales, pero pérdidas excesivas en casos excepcionales. Las centrales nucleares antiguas en zonas sísmicas tienen una estructura similar de amortización. Además, tanto el modelo financiero como el nuclear no parecen haber servido para apreciar correctamente las correlaciones entre riesgos diferentes.
Mientras que las entidades financieras intentaron mitigar los riesgos juntando hipotecas de máximo riesgo, el sistema de refrigeración de Fukushima pudo resistir a un tiempo un apagón eléctrico y un terremoto, pero no un maremoto, además. Ahora bien, en los dos casos las probabilidades de fallo estaban correlacionadas y su aparición conjunta propició la catástrofe.
Las dos “fusiones”, la nuclear y la financiera, suelen dejar tras sí “secuelas”. En el caso japonés, sólo el viento y la falta de una frontera territorial impidieron repercusiones de la mayor importancia en países vecinos. En la Europa continental, muchos reactores se encuentran a menos de 100 millas (161 kilómetros) del territorio de otro país, por lo que es probable que un accidente nuclear en Europa tuviera consecuencias transfronterizas.
Pero, como la reglamentación financiera, la reglamentación nuclear en la UE, aun con su Tratado Euratom, sigue siendo esencialmente nacional y, dadas las disparidades en la importancia de la energía nuclear para las economías europeas, el consenso sobre la armonización reglamentadora resulta difícil de conseguir.
Francia, por ejemplo, seguirá dependiendo de su capacidad de generación nuclear, que seguirá representando el porcentaje mayor de su electricidad. En cambio, Italia podría desear un medio ambiente con un riesgo nuclear nulo, pues no produce electricidad procedente de centrales nucleares, pero está rodeada (a menos de 100 millas) por una central eslovena, una suiza y seis francesas. La renuencia francesa a someter sus centrales nucleares a una reglamentación europea propuesta por sus vecinos escépticos respecto de la energía nuclear es comparable con los esfuerzos británicos para impedir una importante armonización europea de las reglas que rigen los mercados financieros, en vista de la importancia de su sector financiero.
Otra similitud entre la actual crisis en el Japón y la reciente crisis financiera es la de que la errónea evaluación de los riesgos se debió en gran medida a la asimétrica distribución del bienestar social y del costo individual que entraña una mitigación más eficaz de los riesgos. Tanto Lehman Brothers como la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pudieron aumentar sus benéficos mientras el riesgo que estaban dispuestas a aceptar no se materializó. No cabe duda de que su dirección se benefició de ello, mientras todo salió bien. Sin embargo, cuando estallaron las crisis, el costo de la fusión excedió el valor de mercado de las empresas, por lo que hubo que socializarlo.
De modo, que existe un fallo estructural a la hora de abordar actividades privadas complejas que corren el riesgo de causar grandes daños a la sociedad. De hecho, es algo que se entiende perfectamente y ésa es la razón por la que tenemos reglamentadores de la mayoría de esos sistemas.
Pero, antes de la crisis nuclear del Japón y de la crisis financiera, los reglamentadores no podían prevenir el riesgo. La Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos no exigió más capital a los bancos de inversión ni que pusieran fin a los procedimientos arriesgados en los grandes bancos de inversión. El reglamentador nuclear del Japón no impuso el cumplimiento de unas normas de seguridad más estrictas.
Hay varias razones que explican ese fallo de la reglamentación, incluida la incapacidad para obtener y asimilar todos los datos pertinentes, la dificultad política para aplicar pareceres estrictos y la dificultad para crear modelos de los riesgos posteriores a largo plazo. En consecuencia, depender de unas escasas probabilidades de fallo, de las políticas nacionales, de la prudencia de los agentes privados y de la supervisión por los reglamentdores no parece suficiente para prevenir una catástrofe. Así, pues, ¿qué se debe hacer?
Como en el caso de las finanzas, garantizar que el causante de un riesgo pague su costo parece el método más sensato. Si todas las centrales nucleares estuvieran obligadas a asegurarse contra el riesgo que entrañan para la sociedad (dentro y fuera del país en que estén radicadas), afrontarían el verdadero costo económico de sus actividades.
En ese mundo ideal, el seguro de las centrales particulares estaría vinculado con factores que se puedan o no modificar, como, por ejemplo, la situación en una zona densamente poblada y la conciencia del riesgo por parte de la población local. Además, la evaluación de riesgos debe estar vinculada con los factores de riesgo de las centrales particulares, como, por ejemplo, la situación en una zona sísmica, la contención secundaria, unas medidas de seguridad más estrictas de lo aparentemente necesario, etcétera. Las centrales en zonas densamente pobladas con normas de seguridad menos estrictas, por ejemplo, afrontarían unos costos de seguros mayores, lo que podría propiciar una eliminación de las centrales con más riesgo por decisión propia.
Sin embargo, la aplicación de ese plan no es probable. En primer lugar, resulta virtualmente imposible evaluar correctamente las características que propician el riesgo. En segundo lugar, semejante plan impondría grandes costos a sólo unas pocas empresas en un unos pocos países. Sus gobiernos lucharían denodadamente para proteger a dichas empresas para que no se vieran obligadas a pagar por los riesgos que representan para la sociedad.
Ese probable resultado es idéntico a la iniciativa en pro de un fondo bancario europeo o mundial de seguros contra la próxima crisis financiera. Sin embargo, en los dos casos un seguro perfecto podría servir, de todos modos, como criterio válido de guía para la elección de las políticas que aplicar.
Dos medidas contribuirían al avance hacia la adopción de dicho criterio: en primer lugar, el cierre de las centrales nucleares no por su edad, sino por sus características en materia de riesgo, por esquemáticamente que se calcule, y, en segundo lugar, la introducción de seguros transnacionales obligatorios contra los accidentes nucleares. Conforme a ese plan, en 1986 se habría obligado a la Unión Soviética, por ejemplo, a pagar los costos del accidente de Chernóbil acarreados a los agricultores y a los sistemas de atención de salud europeos.
La aplicación de esas mejoras sería difícil, desde luego. Sin embargo, como en el caso del sector financiero, la crisis puede ser la madre de las reformas.
Georg Zachman, investigador.
La metáfora del “cisne negro” sugiere que esos sucesos reflejan la dificultad para evaluar correctamente los riesgos de sistemas complejos.
Los reglamentadores demostraron su incapacidad para pronosticar y prevenir las crisis.
Las “secuelas” son de naturaleza potencialmente transfronteriza.
Se socializarán parcialmente los costos que entrañarán las consecuencias de la imprudencia de las empresas.
Desde luego, el grado 9 de magnitud del terremotó que afectó al Japón es un suceso sumamente excepcional: un suceso tan poco frecuente, que no se puede evaluar con modelos basados en datos históricos limitados. Los acontecimientos muy poco probables, pero que tienen importantes repercusiones –llamadas “riesgos posteriores a largo plazo”–, también han estado en el centro de la crisis financiera.
Una causa de la crisis financiera fue el deseo de las entidades financieras de seleccionar (y, en algunos casos, crear) productos con réditos superiores a la media en tiempos normales, pero pérdidas excesivas en casos excepcionales. Las centrales nucleares antiguas en zonas sísmicas tienen una estructura similar de amortización. Además, tanto el modelo financiero como el nuclear no parecen haber servido para apreciar correctamente las correlaciones entre riesgos diferentes.
Mientras que las entidades financieras intentaron mitigar los riesgos juntando hipotecas de máximo riesgo, el sistema de refrigeración de Fukushima pudo resistir a un tiempo un apagón eléctrico y un terremoto, pero no un maremoto, además. Ahora bien, en los dos casos las probabilidades de fallo estaban correlacionadas y su aparición conjunta propició la catástrofe.
Las dos “fusiones”, la nuclear y la financiera, suelen dejar tras sí “secuelas”. En el caso japonés, sólo el viento y la falta de una frontera territorial impidieron repercusiones de la mayor importancia en países vecinos. En la Europa continental, muchos reactores se encuentran a menos de 100 millas (161 kilómetros) del territorio de otro país, por lo que es probable que un accidente nuclear en Europa tuviera consecuencias transfronterizas.
Pero, como la reglamentación financiera, la reglamentación nuclear en la UE, aun con su Tratado Euratom, sigue siendo esencialmente nacional y, dadas las disparidades en la importancia de la energía nuclear para las economías europeas, el consenso sobre la armonización reglamentadora resulta difícil de conseguir.
Francia, por ejemplo, seguirá dependiendo de su capacidad de generación nuclear, que seguirá representando el porcentaje mayor de su electricidad. En cambio, Italia podría desear un medio ambiente con un riesgo nuclear nulo, pues no produce electricidad procedente de centrales nucleares, pero está rodeada (a menos de 100 millas) por una central eslovena, una suiza y seis francesas. La renuencia francesa a someter sus centrales nucleares a una reglamentación europea propuesta por sus vecinos escépticos respecto de la energía nuclear es comparable con los esfuerzos británicos para impedir una importante armonización europea de las reglas que rigen los mercados financieros, en vista de la importancia de su sector financiero.
Otra similitud entre la actual crisis en el Japón y la reciente crisis financiera es la de que la errónea evaluación de los riesgos se debió en gran medida a la asimétrica distribución del bienestar social y del costo individual que entraña una mitigación más eficaz de los riesgos. Tanto Lehman Brothers como la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) pudieron aumentar sus benéficos mientras el riesgo que estaban dispuestas a aceptar no se materializó. No cabe duda de que su dirección se benefició de ello, mientras todo salió bien. Sin embargo, cuando estallaron las crisis, el costo de la fusión excedió el valor de mercado de las empresas, por lo que hubo que socializarlo.
De modo, que existe un fallo estructural a la hora de abordar actividades privadas complejas que corren el riesgo de causar grandes daños a la sociedad. De hecho, es algo que se entiende perfectamente y ésa es la razón por la que tenemos reglamentadores de la mayoría de esos sistemas.
Pero, antes de la crisis nuclear del Japón y de la crisis financiera, los reglamentadores no podían prevenir el riesgo. La Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos no exigió más capital a los bancos de inversión ni que pusieran fin a los procedimientos arriesgados en los grandes bancos de inversión. El reglamentador nuclear del Japón no impuso el cumplimiento de unas normas de seguridad más estrictas.
Hay varias razones que explican ese fallo de la reglamentación, incluida la incapacidad para obtener y asimilar todos los datos pertinentes, la dificultad política para aplicar pareceres estrictos y la dificultad para crear modelos de los riesgos posteriores a largo plazo. En consecuencia, depender de unas escasas probabilidades de fallo, de las políticas nacionales, de la prudencia de los agentes privados y de la supervisión por los reglamentdores no parece suficiente para prevenir una catástrofe. Así, pues, ¿qué se debe hacer?
Como en el caso de las finanzas, garantizar que el causante de un riesgo pague su costo parece el método más sensato. Si todas las centrales nucleares estuvieran obligadas a asegurarse contra el riesgo que entrañan para la sociedad (dentro y fuera del país en que estén radicadas), afrontarían el verdadero costo económico de sus actividades.
En ese mundo ideal, el seguro de las centrales particulares estaría vinculado con factores que se puedan o no modificar, como, por ejemplo, la situación en una zona densamente poblada y la conciencia del riesgo por parte de la población local. Además, la evaluación de riesgos debe estar vinculada con los factores de riesgo de las centrales particulares, como, por ejemplo, la situación en una zona sísmica, la contención secundaria, unas medidas de seguridad más estrictas de lo aparentemente necesario, etcétera. Las centrales en zonas densamente pobladas con normas de seguridad menos estrictas, por ejemplo, afrontarían unos costos de seguros mayores, lo que podría propiciar una eliminación de las centrales con más riesgo por decisión propia.
Sin embargo, la aplicación de ese plan no es probable. En primer lugar, resulta virtualmente imposible evaluar correctamente las características que propician el riesgo. En segundo lugar, semejante plan impondría grandes costos a sólo unas pocas empresas en un unos pocos países. Sus gobiernos lucharían denodadamente para proteger a dichas empresas para que no se vieran obligadas a pagar por los riesgos que representan para la sociedad.
Ese probable resultado es idéntico a la iniciativa en pro de un fondo bancario europeo o mundial de seguros contra la próxima crisis financiera. Sin embargo, en los dos casos un seguro perfecto podría servir, de todos modos, como criterio válido de guía para la elección de las políticas que aplicar.
Dos medidas contribuirían al avance hacia la adopción de dicho criterio: en primer lugar, el cierre de las centrales nucleares no por su edad, sino por sus características en materia de riesgo, por esquemáticamente que se calcule, y, en segundo lugar, la introducción de seguros transnacionales obligatorios contra los accidentes nucleares. Conforme a ese plan, en 1986 se habría obligado a la Unión Soviética, por ejemplo, a pagar los costos del accidente de Chernóbil acarreados a los agricultores y a los sistemas de atención de salud europeos.
La aplicación de esas mejoras sería difícil, desde luego. Sin embargo, como en el caso del sector financiero, la crisis puede ser la madre de las reformas.
Georg Zachman, investigador.