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En 2010, por segundo año consecutivo, prácticamente todos los países de la Unión Europea incumplieron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que exige mantener el déficit público por debajo de la barrera del 3 por 100 del PIB. La media, 6,4 por 100, más que duplicó esta cifra y sólo cinco estados, Estonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Luxemburgo respetaron el límite fijado por el Tratado de Maastricht.
Los datos avanzados este martes por Eurostat indican que, por primera vez en un lustro, el gasto público invirtió su tendencia alcista y bajó ligeramente a lo largo de 2010. A priori, los 26 expedientes que la Comisión había abierto el año anterior a todos los países de la UE -excepto Luxemburgo- amenazando con sanciones podrían justificar este esfuerzo. No obstante, los detalles muestran cómo los estímulos continuaron creciendo durante el primer trimestre del año y sólo a partir de la primavera, con el estallido de la crisis griega, comenzaron a descender. ¿Señal de que los gobernantes europeos tienen más miedo a perder la confianza de los mercados que a ser multados por Bruselas?
Con la deuda ocurrió otro tanto. Justamente en el ejercicio en el que los líderes nacionales pactaron dar más importancia a este dato a la hora de juzgar las finanzas públicas de los países, engordó en más de 700.000 millones de euros en los 27, cerrando el ejercicio en el 80 por 100 del PIB, frente al 60 por 100 establecido como límite por el PEC. Es cierto que hubo menos incumplimientos que en el caso del déficit (sólo 14 de los 27 superaron la barrera), pero también que será difícil comenzar a reducir el saldo antes de 2013, cuando la mayoría tiene previsto haber corregido su déficit.
De poco sirvieron las palabras del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, avisando desde finales de 2009 de la necesidad de empezar a retirar los estímulos anticrisis. Sólo el temor a que la crisis griega se contagiara y los mercados dejaran de financiar sus necesidades convenció a los diferentes gobiernos de la urgencia por corregir el déficit para afianzar la recuperación.
El rescate griego no sólo convenció a los ejecutivos nacionales de la necesidad de cambiar sus políticas. También las autoridades comunitarias fueron conscientes de que los mecanismos llamados a preservar el equilibrio presupuestario estaban muy lejos de funcionar. La nueva propuesta en materia de sanciones por déficit excesivo intenta convencer a los países de la necesidad de respetar los límites de Maastricht, pero no lo hará al menos hasta que los estragos de la última crisis dejen de notarse en las finanzas públicas.
No obstante, la propuesta no ha nacido rodeada del halo de poderío que se podría suponer. El mantenimiento de la posibilidad de veto por los gobiernos nacionales anima al incumplimiento, sobre todo, porque los que cometieron Francia y Alemania durante el principio de la pasada década no recibieron sanción y el aluvión de expedientes de 2009 se saldó con plazos asequibles para retornar a la senda del PEC. Tampoco se ha cambiado la idea de multar con más déficit a los países que registren déficit, algo que para muchos sigue siendo ciertamente incongruente. Y, finalmente, no ha sido recibida con alabanzas ni siquiera por el BCE, que se negó a dar su beneplácito al acuerdo por considerarlo poco ambicioso.
En vista de los acontecimientos de los últimos doce meses, parece innegable que la UE tiene un déficit de credibilidad tan importante como el que registran sus cuentas públicas, pero por ahora su apuesta pasa por corregir el segundo haciendo simples retoques a un sistema que se ha mostrado poco eficiente en cuanto han aparecido dificultades.
Los datos avanzados este martes por Eurostat indican que, por primera vez en un lustro, el gasto público invirtió su tendencia alcista y bajó ligeramente a lo largo de 2010. A priori, los 26 expedientes que la Comisión había abierto el año anterior a todos los países de la UE -excepto Luxemburgo- amenazando con sanciones podrían justificar este esfuerzo. No obstante, los detalles muestran cómo los estímulos continuaron creciendo durante el primer trimestre del año y sólo a partir de la primavera, con el estallido de la crisis griega, comenzaron a descender. ¿Señal de que los gobernantes europeos tienen más miedo a perder la confianza de los mercados que a ser multados por Bruselas?
Con la deuda ocurrió otro tanto. Justamente en el ejercicio en el que los líderes nacionales pactaron dar más importancia a este dato a la hora de juzgar las finanzas públicas de los países, engordó en más de 700.000 millones de euros en los 27, cerrando el ejercicio en el 80 por 100 del PIB, frente al 60 por 100 establecido como límite por el PEC. Es cierto que hubo menos incumplimientos que en el caso del déficit (sólo 14 de los 27 superaron la barrera), pero también que será difícil comenzar a reducir el saldo antes de 2013, cuando la mayoría tiene previsto haber corregido su déficit.
De poco sirvieron las palabras del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, avisando desde finales de 2009 de la necesidad de empezar a retirar los estímulos anticrisis. Sólo el temor a que la crisis griega se contagiara y los mercados dejaran de financiar sus necesidades convenció a los diferentes gobiernos de la urgencia por corregir el déficit para afianzar la recuperación.
El rescate griego no sólo convenció a los ejecutivos nacionales de la necesidad de cambiar sus políticas. También las autoridades comunitarias fueron conscientes de que los mecanismos llamados a preservar el equilibrio presupuestario estaban muy lejos de funcionar. La nueva propuesta en materia de sanciones por déficit excesivo intenta convencer a los países de la necesidad de respetar los límites de Maastricht, pero no lo hará al menos hasta que los estragos de la última crisis dejen de notarse en las finanzas públicas.
No obstante, la propuesta no ha nacido rodeada del halo de poderío que se podría suponer. El mantenimiento de la posibilidad de veto por los gobiernos nacionales anima al incumplimiento, sobre todo, porque los que cometieron Francia y Alemania durante el principio de la pasada década no recibieron sanción y el aluvión de expedientes de 2009 se saldó con plazos asequibles para retornar a la senda del PEC. Tampoco se ha cambiado la idea de multar con más déficit a los países que registren déficit, algo que para muchos sigue siendo ciertamente incongruente. Y, finalmente, no ha sido recibida con alabanzas ni siquiera por el BCE, que se negó a dar su beneplácito al acuerdo por considerarlo poco ambicioso.
En vista de los acontecimientos de los últimos doce meses, parece innegable que la UE tiene un déficit de credibilidad tan importante como el que registran sus cuentas públicas, pero por ahora su apuesta pasa por corregir el segundo haciendo simples retoques a un sistema que se ha mostrado poco eficiente en cuanto han aparecido dificultades.
