Es poco probable, aunque no imposible, que lo que resta de Debate sobre el Estado de la Nación -miércoles y jueves- enmiende la voluntad de perpetuar la legislatura hasta el límite que sitúa en la primavera 2012 la celebración de nuevas elecciones generales. El presidente Rodríguez Zapatero no avanzó concesión alguna en este tema durante la primera jornada -martes-, pese a las sucesivas demandas, incluso exigencias, planteadas desde el resto de grupos parlamentarios. Habrá que esperar a la votación de resoluciones para saber si el Ejecutivo proporciona alguna pista, aunque en todo caso es presumible que ese punto de debate seguirá hasta que llegue la preceptiva disolución, que sólo el presidente del Gobierno puede anticipar.
Al margen de ello, el trámite anual se ha iniciado teñido del aire de fin de ciclo y despedida de quien ha conducido el Ejecutivo desde 2004. Todo, con el sesgo de justificación-descalificación, dependiendo de la posición ostentada a lo largo de los últimos años.
Durante la etapa de bonanza económica, el hábito parlamentario de rendición de cuentas copiado de Estados Unidos sirvió de plataforma de lanzamiento de algunas de las medidas estrella del presidente: cheque bebé, ordenadores para escolares o fin de la deducción por vivienda, entre otras, surgieron de él. Las penurias presupuestarias han cambiado el contenido y, como el año pasado, en esta ocasión ha primado el cruce de imputaciones, básicamente entre el jefe del Ejecutivo y el líder del principal partido de la oposición, sobre orígenes, desarrollo y respuestas ante la crisis. El primero, centrado en defender su labor, con especial acento en las reformas realizadas, y el segundo con mal disimulado inicio de su propia campaña electoral. Reformas, por cierto consideradas entre tímidas e insuficientes por la mayoría de intervinientes.
Aunque escasos y poco concretos, el presidente sí ha hecho algunos anuncios de medidas que prevé adoptar hasta su marcha. En primer lugar, propondrá a las comunidades la imposición de un techo de gasto por ley, como también hará el Gobierno con la administración central y los entes locales. Además, intentará aliviar situación financiera de los proveedores de organismos y empresas municipales recurriendo a nuevas fórmulas de apoyo por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y, finalmente, ha comprometido tomar medidas para proteger a quienes pierdan su vivienda por impago, aunque su materialización es, de momento, un misterio.
A salvo de que alguna novedad despeje el panorama, la conclusión inicial sugiere que quedará bajo la responsabilidad del próximo gobierno el grueso de unas reformas que curiosamente todos están de acuerdo hacen falta para salir de ésta
Al margen de ello, el trámite anual se ha iniciado teñido del aire de fin de ciclo y despedida de quien ha conducido el Ejecutivo desde 2004. Todo, con el sesgo de justificación-descalificación, dependiendo de la posición ostentada a lo largo de los últimos años.
Durante la etapa de bonanza económica, el hábito parlamentario de rendición de cuentas copiado de Estados Unidos sirvió de plataforma de lanzamiento de algunas de las medidas estrella del presidente: cheque bebé, ordenadores para escolares o fin de la deducción por vivienda, entre otras, surgieron de él. Las penurias presupuestarias han cambiado el contenido y, como el año pasado, en esta ocasión ha primado el cruce de imputaciones, básicamente entre el jefe del Ejecutivo y el líder del principal partido de la oposición, sobre orígenes, desarrollo y respuestas ante la crisis. El primero, centrado en defender su labor, con especial acento en las reformas realizadas, y el segundo con mal disimulado inicio de su propia campaña electoral. Reformas, por cierto consideradas entre tímidas e insuficientes por la mayoría de intervinientes.
Aunque escasos y poco concretos, el presidente sí ha hecho algunos anuncios de medidas que prevé adoptar hasta su marcha. En primer lugar, propondrá a las comunidades la imposición de un techo de gasto por ley, como también hará el Gobierno con la administración central y los entes locales. Además, intentará aliviar situación financiera de los proveedores de organismos y empresas municipales recurriendo a nuevas fórmulas de apoyo por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y, finalmente, ha comprometido tomar medidas para proteger a quienes pierdan su vivienda por impago, aunque su materialización es, de momento, un misterio.
A salvo de que alguna novedad despeje el panorama, la conclusión inicial sugiere que quedará bajo la responsabilidad del próximo gobierno el grueso de unas reformas que curiosamente todos están de acuerdo hacen falta para salir de ésta