Se veía venir. La dinámica preelectoral que todo lo impregna -menos la fecha de los comicios- tenía que incidir en una de las cuestiones que más inquieta a una gran masa de ciudadanos: la dificultad, a veces imposibilidad, de hacer frente a la hipoteca contraida en tiempos de eufórica prosperidad. Con una derivación asimétrica de responsabilidades entre acreedor y deudor que los dirigentes políticos han acordado mitigar, sin llegar a la por algunos preconizada cancelación del préstamo con la entrega del bien -vivienda- hipotecado. El tiempo dirá si sirve para clarificar o añadir confusión.
Previo pacto entre PSOE, PP y CiU, se han acordado varias cosas. En primer término, instar a las entidades financieras que constituyan hipotecas de responsabilidad limitada, única figura prevista en la ley vigente para la llamada dación en pago. Lo cierto es que ya lo hacían, aunque poco, y es de suponer que se pretende que lo hagan más. ¿A qué precio? De eso, no se ha llegado a hablar.
Otro punt de acuerdo ha sido estudiar la posibilidad de elevar el porcentaje de valoración del inmueble por el que el banco puede adjudicárselo en caso de ejecución hipotecaria, cuando nadie puja por él en subasta. Este porcentaje está fijado por la ley de Enjuiciamiento Civil en el 50 por 100 de la última valoración realizada. Lo que se pretende es que la cantidad se acerque más al valor real, aunque el incremento no se ha determinado.
Otro punto coincidente es que se supervisen las condiciones de los créditos hipotecarios para que no haya cláusulas abusivas. En este sentido, según ha explicado el diputado de CiU, Pere Macias, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, habrá una especial atención a la cláusula suelo, consistente en limitar la bajada de los intereses, a pesar de que los tipos de referencia se sitúen en mínimos.
Estos acuerdos vienen a complementar el anuncio hecho por el presidente Rodríguez Zapatero de elevar el límite de ingresos salariales no embargable desde los 641 a 961 euros mensuales para personas sin familiares a cargo y que podría alcanzar los 1.350 euros para quien tenga a su cargo dos familiares sin ingresos.
Aun con la prudencia habitual en el sector, desde bancos y cajas ya se han deslizado insinuaciones de populismo, pero de momento no son más que propuestas que habrán de llevarse a la instancia parlamentaria correspondiente... aunque el vicepresidente-candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha aprovechado una comparecencia como ministro de Interior para anunciar que la próxima reunión del consejo de ministros -viernes, 1 de julio- podria ver la luz un decreto ley sobre estos asuntos.
Por ahora, nadie ha mencionado nada sobre si las medidas que vayan a adoptarse tendrán o no alguna fórmula de retroactividad.
Previo pacto entre PSOE, PP y CiU, se han acordado varias cosas. En primer término, instar a las entidades financieras que constituyan hipotecas de responsabilidad limitada, única figura prevista en la ley vigente para la llamada dación en pago. Lo cierto es que ya lo hacían, aunque poco, y es de suponer que se pretende que lo hagan más. ¿A qué precio? De eso, no se ha llegado a hablar.
Otro punt de acuerdo ha sido estudiar la posibilidad de elevar el porcentaje de valoración del inmueble por el que el banco puede adjudicárselo en caso de ejecución hipotecaria, cuando nadie puja por él en subasta. Este porcentaje está fijado por la ley de Enjuiciamiento Civil en el 50 por 100 de la última valoración realizada. Lo que se pretende es que la cantidad se acerque más al valor real, aunque el incremento no se ha determinado.
Otro punto coincidente es que se supervisen las condiciones de los créditos hipotecarios para que no haya cláusulas abusivas. En este sentido, según ha explicado el diputado de CiU, Pere Macias, presidente de la Comisión de Vivienda del Congreso, habrá una especial atención a la cláusula suelo, consistente en limitar la bajada de los intereses, a pesar de que los tipos de referencia se sitúen en mínimos.
Estos acuerdos vienen a complementar el anuncio hecho por el presidente Rodríguez Zapatero de elevar el límite de ingresos salariales no embargable desde los 641 a 961 euros mensuales para personas sin familiares a cargo y que podría alcanzar los 1.350 euros para quien tenga a su cargo dos familiares sin ingresos.
Aun con la prudencia habitual en el sector, desde bancos y cajas ya se han deslizado insinuaciones de populismo, pero de momento no son más que propuestas que habrán de llevarse a la instancia parlamentaria correspondiente... aunque el vicepresidente-candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha aprovechado una comparecencia como ministro de Interior para anunciar que la próxima reunión del consejo de ministros -viernes, 1 de julio- podria ver la luz un decreto ley sobre estos asuntos.
Por ahora, nadie ha mencionado nada sobre si las medidas que vayan a adoptarse tendrán o no alguna fórmula de retroactividad.