No pocos están recordando estos días la campaña orquestada para la imposición del llamado canon digital. Constatando, entre otras cosas, el agudo contraste entre el ruido de entonces y los silencios de ahora, cuando han emergido algo más que fundadas sospechas sobre el verdadero destino de al menos parte del dinero manejado por la Sociedad General de Autores de España (SGAE), parte central del activo lobby que logró la introducción del controvertido recargo sobre toda clase de aparatos, soportes y dispositivos susceptibles de almacenar o copiar un archivo digital. En la memoria está lo que manifestaron, amenazaron y patrocinaron destacados creadores, cuyo núcleo central coincidía bastante con aquel otro grupo, bautizado como clan de la ceja, pidiendo el voto para José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones de 2004.
El cariño mostrado desde el Gobierno hacia los creadores nucleados en torno a la cúpula de la SGAE ha tenido en los últimos años más frutos que el recargo digital. De ahí que esté sorprendiendo tanto empeño por expresar distancia por parte de varios ministros y el propio presidente, desde que el fin de semana la Guardia Civil entró por orden judicial en la sede madrileña de la entidad.
Aunque no tan agudo, el distanciamiento ya había empezado a percibirse a medida que sentencias y resoluciones, judiciales y comunitarias, han ido declarando irregular la obligatoriedad del canon e introduciendo exenciones a su aplicación. El punto más controvertido se situó desde el principio en que su exacción no distinguía el uso dado al objeto gravado. En realidad, presumía la potencial condición de pirata a todo el que dispusiera de medios para vulnerar u obviar el cumplimiento de los preceptos establecidos en materia de protección de derechos de autor. No menos discutido fue lo que algunos señalaron como trato de privilegio otorgado a la SGAE en la gestión de los fondos recaudados por ese concepto, teniendo en cuenta que no es la única entidad de este tipo existente en España.
Caso que acaben probadas, las conductas denunciadas revisten particular gravedad. Deseable sería que, además de los que resulten directamente responsables, algo les correspondiera a quienes tanto les han secundado, defendido y protegido, aunque ahora no lo recuerden... o intenten que lo olviden los demás. ¿Continuará?
El cariño mostrado desde el Gobierno hacia los creadores nucleados en torno a la cúpula de la SGAE ha tenido en los últimos años más frutos que el recargo digital. De ahí que esté sorprendiendo tanto empeño por expresar distancia por parte de varios ministros y el propio presidente, desde que el fin de semana la Guardia Civil entró por orden judicial en la sede madrileña de la entidad.
Aunque no tan agudo, el distanciamiento ya había empezado a percibirse a medida que sentencias y resoluciones, judiciales y comunitarias, han ido declarando irregular la obligatoriedad del canon e introduciendo exenciones a su aplicación. El punto más controvertido se situó desde el principio en que su exacción no distinguía el uso dado al objeto gravado. En realidad, presumía la potencial condición de pirata a todo el que dispusiera de medios para vulnerar u obviar el cumplimiento de los preceptos establecidos en materia de protección de derechos de autor. No menos discutido fue lo que algunos señalaron como trato de privilegio otorgado a la SGAE en la gestión de los fondos recaudados por ese concepto, teniendo en cuenta que no es la única entidad de este tipo existente en España.
Caso que acaben probadas, las conductas denunciadas revisten particular gravedad. Deseable sería que, además de los que resulten directamente responsables, algo les correspondiera a quienes tanto les han secundado, defendido y protegido, aunque ahora no lo recuerden... o intenten que lo olviden los demás. ¿Continuará?
